Desde la Asamblea expresamos nuestro más profundo rechazo ante un posible y acelerado acuerdo con los “
fondos buitre”,
según lo negociado por el gobierno actual y que se debate, en estos
momentos, en el Congreso de la Nación. Con ostensible sometimiento a las
exigencias de un Juez de Nueva York, sin prestar atención a los fallos
de la Justicia Argentina, sin estudio serio y sin investigación, se
busca convalidar la mayor estafa a nuestro pueblo y país que se origina
en la
deuda contraída
por la dictadura genocida instalada hace 40 años. Con un trámite
“exprés” y con un cheque en blanco al Poder Ejecutivo, delegando una vez
más la responsabilidad del Parlamento sobre el endeudamiento nacional y
sin ninguna perspectiva real de contribuir a mejorar la vida del
pueblo.
En
ese sentido, también denunciamos la inoperancia de la Comisión
Bicameral de Investigación de la Deuda, que ni siquiera presentó un
informe a fin del año 2015, tal como estipulaba la mal llamada Ley de
Pago Soberano, lo que motivó un informe individual de Claudio Lozano,
miembro de la Comisión, que evidenció la gran estafa que ha sufrido el
pueblo argentino con respecto a la acumulación y pago de deuda pública
desde la dictadura cívico-militar hasta la actualidad. Reclamamos que la
Comisión Bicameral de Investigación de la Deuda cumpla con su mandato,
con participación del pueblo y atendiendo a las consecuencias de seguir
reconociendo y pagando deudas cuya ilegitimidad e ilegalidad han sido
largamente comprobadas. Reclamamos asimismo, mientras dure la
investigación, que se suspendan todos los pagos sean a los buitres, los
“me-toos”, los demás holdouts, los bonistas que canjearon sus títulos en
2005/2010, y el
Club de Paris.
A
40 años del golpe cívico-militar que dio origen al actual ciclo de
endeudamiento y, paradójicamente, en el año del bicentenario de la
Declaración de la Independencia de nuestro país, nos encontramos ante
una mayor profundización del problema cuyas consecuencias para el país
han sido y serán dramáticas: pérdida de soberanía, profundización del
modelo extractivista, de la expoliación y destrucción de nuestros
bienes comunes, creciente desempleo y empobrecimiento, para nombrar solo algunas.
Por
todo lo expuesto, reclamamos al Gobierno y al Parlamento desistir de
someterse a las exigencias de una deuda ilegítima, fraudulenta, odiosa e
impagable. Que investiguen la deuda, empezando por los 477 ilícitos
comprobados por la Justicia Argentina en el año 2000, por la denuncia de
Alejandro Olmos, y que impulsen de manera prioritaria los demás juicios
aún pendientes en Tribunales de nuestro país que determinan el carácter
fraudulento e ilegitimo de la deuda que se nos reclama y los sucesivos
intentos del establishment político de legitimarla.
Apoyándonos
en la Soberanía Popular, sostenemos, además, la necesidad de una gran
Campaña Nacional de esclarecimiento sobre el sistema de endeudamiento
perpetuo y de una Consulta Popular acerca del pago de toda la deuda
espuria, una vez investigada.
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