EL FUERO DEL TRABAJO Y
LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES.
DECLARACIÓN DE LA
SECCIÓN DE DERECHO DEL TRABAJO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS (IDEL) DE
LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS
(FACA).
La
justicia del trabajo es el último refugio con que cuentan los trabajadores
cuando padecen actos ilícitos o daños sufridos en ocasión de la dación de
tareas. Cuando ella se torna ineficiente y no cumple su misión, a los
trabajadores sólo les espera la marginalidad social y la miseria. En un
país en el que la corrupción empresaria ha llegado al punto del escándalo, el
trato que reciben los trabajadores y la burla sistemática y fraudulenta del
orden público social es natural al abuso y la explotación. Siendo las víctimas
de ese corrupción, sujetos de especial consideración tuitiva constitucional,
necesitan de abogados para su defensa.
El
fuero del trabajo y el ejercicio de la abogacía en el mismo, merecen un
trato justo que no reciben, de la prensa sensible a los intereses empresarios,
ni del presidente de la República.
No
hay acceso a la justicia de los sectores más desprotegidos de la población, sin
el ejercicio libre, honesto y digno de la
defensa.
El IDEL-FACA advierte
que la justicia del trabajo viene siendo objeto de un trato peyorativo, al mismo
tiempo que se deja de proveer los recursos humanos y materiales para que pueda
cumplir su cometido. Prueba de ello es la falta de provisión de los cargos de
los magistrados, permaneciendo vacantes los puestos de desempeño, por incuria
del Poder Ejecutivo en la elevación de los
pliegos.
A
comienzos de junio pasado, estaban vacantes 29 Juzgados de Primera Instancia
sobre un total de 80 y 8 vocalías de distintas salas de la Cámara sobre un total
de 30.
También el IDEL advierte que la campaña de medios alentada desde los sucesivos
gobiernos, contra la mal llamada industria del juicio, se lleva a cabo infamando
a los abogados laboralistas y difamando al fuero del
trabajo.
Se
reitera en la ocasión la política económica que a partir de una extorsión
montada sobre la crisis, hizo pagar los costos del ajuste a los trabajadores
reeditando el discurso y propiciando las mismas herramientas de flexibilidad que
llevaron al paìs a una tasa de desempleo superior al veinte por ciento y
propiciaron la tercerización y el fraude laboral y previsional que hoy
impera.
Manifestaciones del presidente de la República, (recogidas el domingo 24 de
julio en el diario La Nación) en las que expresa que una de las dos condiciones
que esperan las inversiones para concretarse es "...una justicia laboral más
equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte", alientan
un lamentable enfoque clasista que no puede ignorar ese estado de
cosas.
Un
auténtico aliento a las inversiones, no puede afirmarse con indiferencia de los
derechos humanos y sociales, la defensa de los mismos y el respeto a la
independencia del poder judicial que se agravia.
Acompaña a este proceso los anuncios, que pasan por otra nueva reforma de la Ley
de Riesgos del Trabajo 24.557, que se alienta desde sectores de gobierno,
proponiendo el cese de la competencia laboral en los juicios de reparación de
daños por infortunios propios de accidentes de trabajo y enfermedades causadas
por el trabajo. Un artilugio procesal de ese tipo, consiste en una reaccionaria
respuesta de censura, discriminante y contraria a la Constitución Nacional y los
Tratados de Derechos Humanos y Sociales que nos obligan. El fuero especializado
tiene jerarquía supralegal por imperio del art. 36 de la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales, que prescribe: "JURISDICCIÓN DEL TRABAJO": "En
cada Estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo y un procedimiento
adecuado para la rápida solución de los conflictos".
La
campaña mediática referida a la llamada industria del juicio, acompaña a una
política económica pro empresaria, que pretende socializar los costos de la
reparaciones por daños resultantes tanto de la actividad lícita como la ilícita
de los apropiadores del trabajo.
Este particular socialismo a contrapelo del que moderadamente se esboza en la
Constitución, se torna en una burla de la misma cuando los seguros sociales
obligatorios, pasan a servir para liberar de los daños que produce por el
despido arbitrario o el infortunio de trabajo que se debía evitar y se provocó
por incuria y violación sistemática de las normas de seguridad e higiene o el
deber de indemnidad de los trabajadores. En innumerables ocasiones, los
tribunales del país, han tenido que ejercer el control de constitucionalidad
difuso sobre normas inspiradas en esa política social que viola derechos humanos
y sociales.
Por
lo demás, el mantenimiento de la legislación que inconstitucionalmente veda a
los trabajadores, la actualización del valor de sus créditos y el sostenimiento
judicial de tasas de interés, hace posible que con la morosidad sistemática en
la judicialización de los daños por despidos e infortunios de trabajo,
eternizadas en prologados y burocráticos procesos que sirven para financiar a
empresarios deudores y sus aseguradoras. Son esas las causas objetivas que hacen
que la justicia del trabajo sufra el recargo de tareas que padece, y los
créditos alimentarios que en ella se procesan, se licúen a precio
vil.
Los
abogados deberán seguir cumpliendo con su ministerio, que cuando se trata de
defender a los humildes, los honra tanto o más que cuando se defiende a los
poderosos. Las corruptelas de los abusos que se dan en esa defensa, seguirán
siendo condenados por el IDEL-FACA como graves desviaciones e ilícitas que
bastardean una profesión a la que dañan. Pero la entidad tiene conciencia
que el ejercicio profesional de la defensa de los trabajadores, honra. Pese a
que por desviación totalitaria se intenta constituir al abogado, en el
chivo expiatorio de una ciudadanía necesitada, a la que se debe y que por su
intermedio alcanza el acceso a la justicia, lo que implica la garantía del
debido proceso judicial ante el juez natural.
Buenos Aires, 3 de agosto del 2016.
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