Les hago saber que desde la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de
Julio, y con motivo de la extorsiva denuncia que del Ministerio de Trabajo
realizaran a Jueces del fuero, haremos llegar al Consejo de la Magistratura la
nota que debajo se pega, invitándolo a acompañarnos con su firma.
Le hacemos saber que el jueves 16/3 entre las 10 y las 13 hs.
dispondremos una mesa en la puerta del edificio de Lavalle 1268 con el objeto de
colectar las firmas de todos aquellos que quieran acompañarnos en la
presentación.
Sds. atte,
Señora Presidente del
Consejo de la Magistratura de la Nación
Dra. Adriana Donato
S/D
Gustavo Adrián Ciampa, en mi carácter de Presidente de la
Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, Personería Jurídica nro.
1888151, con domicilio en Lavalle 1474, 2° “B”, C.A.B.A. y por derecho propio,
junto con los abajo firmantes, nos dirigimos a Usted a efectos de manifestarle
nuestra más profunda preocupación por lo resuelto en la última reunión plenaria
del Consejo de la Magistratura del 9 de marzo de 2017, en la que se tratara el
pedido de juicio político de los jueces de la Cámara Nacional del Trabajo
doctores Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, así como por lo decidido en la
última reunión de la comisión de acusación.-
En
efecto, los mencionados camaristas son objeto de la más artera y repudiable
persecución política e ideológica sin precedentes por parte del gobierno
nacional que, ofuscado por el fallo que ordena cautelarmente el pago de lo
acordado en paritarias por el sindicato de trabajadores bancarios y las cámaras
empresarias del sector -a raíz del cual se fija un aumento salarial que supera
lo pauta fijada por el poder ejecutivo-, promueve a través de su Ministro de
Trabajo un pedido de juicio político contra estos jueces.-
Lo
dicho, además de insólito por cuanto una paritaria se trata de un acuerdo entre
partes en el que no interviene el estado, importa la creación de una policía del
pensamiento que hostiga a estos camaristas con el ultra objetivo de disciplinar
al conjunto de los jueces del trabajo, buscando de manera espuria que sus fallos
sean funcionales a la política económica del Ejecutivo, avalando la exclusión de
los trabajadores y sus derechos de un esquema en el cual evidentemente
sobran.-
Ante el planteo del PEN, entendemos que el Consejo de la Magistratura no ha
estado a la altura de las circunstancias; claramente ha primado la conveniencia
política –incluso por parte de quienes deben representar a la abogacía y no a la
coalición de gobierno- por sobre la realidad del injusto de que se trata; y
lejos de desestimar in limine el planteo, el CM ha procedido mediante artilugios
y dilaciones a mantener vigente la denuncia, objetivo político teniendo presente
que una denuncia tal no podría prosperar.-
Estas circunstancias son una continuidad de la andanada iniciada contra el
derecho del trabajo y el fuero laboral con la editorial de fecha 26 de julio de
2016 del diario La Nación y los dichos del presidente Macri respecto de que
“hace falta “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle
siempre la razón a una parte”, fustigando a los jueces que “obstaculizan” su
gestión.-
Los magistrados Arias Gibert y Marino, gozan de nuestra más alta estima y
respeto por cuanto han demostrado ser, en los vastos años que ostentan sus
cargos como camaristas, jueces probos, académicamente eruditos y de una conducta
intachable, cuyas sentencias no han hecho más que enaltecer la justicia laboral
poniendo siempre la protección de los derechos de los trabajadores en el norte
de sus decisiones, tal cual fuera el objetivo primario y fundamental de la
creación del derecho protectorio del trabajo; sin que ello jamás implicara el
apartamiento de la justeza fáctica en los decisorios adoptados.-
Por lo expuesto, maniobras como la que rechazamos que, cristalizan el ataque al
que están siendo sometidos los jueces, nos obligan a dirigirnos a esas
autoridades a efectos de solicitar revean el resolutorio adoptado y dispongan la
inmediata desestimación del jury promovido contra los doctores Enrique Arias
Gibert y Graciela Marino cesando de tal modo el chantaje que contra estos jueces
y todos los del fuero, el PEN intenta.-
Descontando postura favorable a lo solicitado ya que lo dicho importa la defensa
irrestricta de la independencia del poder judicial, de los principios
protectorios del derecho del trabajo y de la garantía de autonomía de las
decisiones de los jueces por sobre cualquier presión del poder político, la
saludamos
atentamente,
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