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Comercio
electrónico en la OMC: lo que Argentina no quiso que se oiga
Sally
Burch
ALAI
AMLATINA, 13/12/2017.- ¿Cuáles serían las opiniones tan
“disruptivas” que el
gobierno argentino quiso apartar de la Organización Mundial del
Comercio –OMC-,
cuando negó la inscripción de unos 60 participantes a la Reunión
Ministerial, y
a varios impidió el ingreso al país, sea al negarles la visa o,
en dos casos
incluyendo el mío, mediante la deportación?
Uno
de los temas de la agenda de la Reunión Ministerial de la OMC,
que hoy se
cierra en Buenos Aires, con mínimos acuerdos, es la propuesta de
abrir
negociaciones sobre el comercio electrónico. Un tema sobre el
cual
numerosas organizaciones y personas hemos estado advirtiendo que
no es
conveniente para los países en desarrollo, para nuestros PyMES,
ni para la
ciudadanía en general.
Hoy
el comercio en bienes y servicios digitales está remplazando,
aceleradamente,
el comercio en bienes y servicios físicos, en numerosas áreas, y
eso se
extenderá mucho más con el “Internet de las cosas” y la
inteligencia
artificial. En principio, el comercio electrónico podría traer
muchos
beneficios, para crear empleos, innovación, entre otros. No
obstante, el
problema es que, en ausencia de regulaciones, la transición
hacia lo digital en
muchas áreas favorece una mayor concentración –cuando no
monopolización–.
Es justamente lo que estamos viendo, cuando un 50% del comercio
electrónico en
el mundo hoy pasa por Amazon.com, mientras que Google y Facebook
concentran
gran parte del mercado publicitario en Internet.
Quienes
proponen estas negociaciones argumentan que favorecerán a las
PYMES; pero las
pequeñas empresas son las que menos podrán competir con estas
corporaciones,
que tienen los beneficios de escala, subsidios, infraestructura
nacional,
avances tecnológicos, etc. Lo que necesitan son regulaciones y
políticas
nacionales que les den oportunidades de desarrollar su capacidad
tecnológica,
acceso preferente a mercados y competencias.
Pero
las medidas vinculantes que los países desarrollados quieren
imponer en la OMC
(y que de hecho ya se habían negociado en los acuerdos
comerciales TPP y TISA),
buscan más bien la desregulación, y priorizan cláusulas cuyo
efecto será
reforzar aún más esta concentración de poder en unas pocas
grandes empresas
transnacionales (ENTs).
Esta
agenda pro-ENT, impulsada desde 2016 por EE.UU., y ahora por
Europa y Japón
(dada la política unilateralista del gobierno de Trump),
implicaría, entre
otros:
-
El "libre flujo de datos", que en la práctica significa que los
datos
personales de todos y todas se convierten en un commodity que
las grandes
corporaciones pueden llevarse y explotar, con grandes ganancias,
sin ningún
beneficio personal ni colectivo para quienes entregan los
datos.
Significa también que nuestros países poco podrán hacer para
proteger la
privacidad de su ciudadanía, ya que se aplicarán las leyes del
país donde se
almacenan los datos (que en el caso de EEUU, son poco favorables
para su
población nacional y casi nulos para los usuarios
extraterritoriales).
Vale
tener presente que los datos son muy codiciados en tanto insumo
básico de la
economía digital. Si los países en desarrollo renuncian a la
posibilidad
de regular adecuadamente su extracción y uso (por ejemplo con
exigencia de
almacenamiento local de datos), estarán sacrificando la
posibilidad de sacarles
provecho para desarrollar su propio sector tecnológico.
-
Se negaría a los países en desarrollo la posibilidad de exigir a
los inversores
transferencia tecnológica, lo que significa perder una
oportunidad para
desarrollar conocimiento y capacidad local (formación de
trabajadores) y
desarrollar su propio sector tecnológico.
-
Los países no podrán exigir que las grandes empresas extranjeras
de comercio
electrónico tengan presencia física en el país. Esto significa,
por un
lado, pérdida de empleos, o su precarización mediante la
tercerización o
contratación de trabajadores autónomos, y por otro que los
consumidores no
tendrán recurso legal dentro del país para reclamos.
-
Tampoco podrán exigir a las empresas cuyos servicios digitales
se contratan que
abran el código fuente, o que usen software nacional. Esto es
particularmente preocupante en el caso de la inteligencia
artificial, ya que
son sistemas con capacidad de tomar ciertas decisiones
autónomamente, mediante
algoritmos, que si no se sabe cómo operan, difícilmente se podrá
pedir
rendición de cuentas por malas decisiones o garantizar que no
tengan un sesgo
incorporado.
Próximos
pasos
En
todo caso, por ahora, la apuesta de abrir negociaciones no
prosperó. Una
mayoría de países en desarrollo, liderados por India y casi toda
África, se han
negado hoy a que se dé este mandato a la OMC. Es un logro,
considerando
que las presiones para aceptar fueron muy fuertes.
Pero
el tema no termina allí. Otros 70 países (principalmente los
que son
parte de las negociaciones de TISA, y también Argentina),
adoptaron una
declaración a favor del comercio electrónico “y las
oportunidades que crea para
el comercio incluyente y el desarrollo”, donde ponen énfasis en
las
oportunidades para los MiPYMES; y acuerdan emprender un trabajo
en paralelo, a
partir del 2018, abierto a todos los países, para “iniciar un
trabajo conjunto
exploratorio hacia futuras negociaciones en la OMC sobre los
aspectos relacionados
con el intercambio comercial del comercio electrónico”
(traducción
libre). Todo indica que es una forma de circunvalar los
procedimientos
formales de la OMC (donde ya existe un grupo de trabajo sobre
comercio
electrónico, sin mandato negociador), para volver con fuerza en
la OMC con un
acuerdo pre-negociado, con los MiPYMES como la carnada para
concitar
adhesiones.
Al
igual que muchos otros temas que se discuten en la OMC, el
comercio electrónico
(y la nueva economía digital) tiene implicaciones de gran
importancia para los
derechos humanos, el desarrollo, la justicia social, entre
otros. Y estos
temas no deben discutirse en espacios cerrados y sin voces de la
ciudadanía.
Sería un error pensar que la agenda del comercio electrónico es
un tema técnico
que se puede dejar en manos de “expertos”. El futuro de
nuestros países y
su desarrollo podría estar fuertemente comprometido si estas
negociaciones
prosperan.
Todo
indica que son las críticas a propuestas como éstas que
Argentina quiso
minimizar en las reuniones de esta semana.
-
Sally Burch es periodista británica- ecuatoriana, directora
ejecutiva de la
Agencia Latinoamericana de Información – ALAI.
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