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De
los PanamáPapers a los ParaísosPapers
Las
caras del fraude fiscal corporativo en la región
Jorge Coronado
ALAI AMLATINA, 14/12/2017.- Cuando en abril del
2016 fue publicada
la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación
(ICIJ) sobre el bufete panameño Mossack Fonseca, quedó en
evidencia algo que
estuvo casi cuatro décadas: cómo operan los servicios offshore
para las grandes
empresas transnacionales y grandes fortunas, cómo gestionan,
hacen registros,
conducen y operan una entidad en un país extranjero a fin de
obtener beneficios
financieros, legales y fiscales.
Con los Panama Papers se reveló el
entramado del opaco mundo offshore
usado para evadir el pago de impuestos, esconder fortunas,
entre otros actos
ilícitos más, al cual el bufete panameño había contribuido con
la apertura de
214.000 sociedades offshore para empresas transnacionales y
personas físicas
provenientes de países de todos los continentes. Casi todas las
multinacionales que están en
el ranking Fortune 500 y los 40 principales bancos del mundo,
son parte
fundamental de la cartera de clientes del bufete.
¿Y cómo se sustenta este entramado? Usando la figura de
sociedades offshore que,
bajo el amparo del secreto bancario, logran esconder quién o
quiénes son los
verdaderos dueños. Estas
sociedades se
crean en jurisdicciones opacas, mejor conocidas como Paraísos
o Guaridas
Fiscales, donde no se pagan impuestos o se pagan en muy poco
porcentaje.
Se mueven a nivel global, en ese mundo
oculto, entre 500 y 600 mil millones de dólares por
actividades vinculadas al
comercio internacional y cerca de 200 mil millones de dólares
en activos
financieros que provienen de la riqueza privada personal. Los Panama Papers
empezaron a evidenciar que
el proceso consiste en crear, supuestamente, en forma legal
miles y miles de
sociedades offshore, en jurisdicciones o países que no son los
países de origen
de los dueños de dichas sociedades.
¿Dónde se encuentran estos paraísos o
guaridas fiscales? Hay
un debate global
sobre los criterios para determinar qué país es o no un
paraíso fiscal. Diferentes
instituciones multilaterales o
países específicos tienen sus propias listas, de acuerdo con
criterios
diversos: bajos niveles de impuestos directos, transparencia
institucional, si
existe legislación que bloquee el intercambio de información,
si los no
residentes se benefician de rebajas impositivas sin tener
actividad económica
real, entre otros.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) ha venido reduciendo
drásticamente su listado de
paraísos, hasta llegar a considerar únicamente a dos; la Unión
Europea tiene su
propio listado (Black List) en el que ni siquiera aparece
Suiza como paraíso
fiscal. Con estas
listas, ambas
instituciones tratan de esconder una realidad que hoy ya no se
puede ocultar:
que son decenas de países o jurisdicciones las que hoy
facilitan la existencia
de sociedades offshore.
Otra filtración ha reforzado el
conocimiento sobre cómo funcionan las sociedades offshore y
las guaridas
fiscales: los Papeles del Paraíso (Paradise Papers). Ahora ya no son sólo los
bufetes de abogados
los responsables de este tipo de estrategias, sino también
grandes empresas
consultoras que asesoran en conjunto con dichos bufetes la
realización de una
acción global de evasión fiscal.
Salen a relucir en los Paradise Papers
el rol activo de las “Big Four” (Deloitte, KPMG, Ernst &
Young, Price
Waterhouse Coopers) como las grandes asesoras de las
transnacionales y de las
élites políticas y económicas que han escondido sus ganancias
y patrimonios en
las guaridas fiscales por medio de sociedades offshore.
Los
Paradise Papers
evidencian el mundo de la agresiva planificación fiscal que es
utilizada para
eludir las obligaciones fiscales de las transnacionales y de
las grandes fortunas
patrimoniales.
La planificación fiscal busca
desarrollar una compleja estrategia de opacidad y erosión de
la base tributaria
de nuestros países a partir de una actividad legal, como es el
comercio
internacional, valiéndose de métodos como:
a)
Falsa Facturación: Es la acción de
sobrefacturar o subfacturar en las importaciones y en las
exportaciones, elevar
artificialmente precios o cantidades de productos importados o
de elevar costos
de producción; práctica muy desarrollada por parte de las
transnacionales a fin
de trasladar en uno u otro caso las diferencias económicas a
un paraíso fiscal
por la vía de una sociedad offshore.
b)
Manipulación de Precios de
Transferencia: Se conoce que aproximadamente el 60% del
comercio mundial se
desarrolla entre “partes relacionadas” o “transacciones
intrafirma”; eso quiere
decir que se hace entre empresas transnacionales y sus
subsidiarias, la
manipulación de precios de transferencia proviene de ocultar
dicha relación y
que las administraciones tributarias las determinen como
“partes
independientes”, es decir, que entre ellas establecen precios
para el comercio
de bienes y servicios, que no son los reales, dejando a las
administraciones
tributarias sin la posibilidad de determinar el precio real de
las
transacciones económicas.
El peso de los Flujos Financieros
Ilícitos (FFI) en América Latina es elevado, dada la
dependencia económica de
la región con los Estados Unidos; el 38% de dichos flujos
provienen del
comercio con este país y un 19% del comercio con China; luego
sigue, por orden
de importancia, el comercio con la Unión Europea. América Latina concentra
el 20% del total de
los flujos financieros ilícitos de los países en vías de
desarrollo, esto
equivale al 3.6% del PIB regional. Sólo
en el 2013, sumaron 213.000 mil millones de dólares. Ello significa que
América Latina deja de
percibir en cobro de impuestos de esos flujos financieros un
promedio de
$10.000 mil millones de dólares al año.
Según datos de la CEPAL, entre 2004 y
2013, los FFI por manipulación de precios de transferencia del
comercio
internacional representaron para América Latina $764.765 mil
millones de
dólares
Los cuadros evidencian la gravedad del
problema. Por una
parte, las cifras son
astronómicas y con respecto al peso del PIB nacional de los
países, nótese que
en los Estados de economías más pequeñas, como las
centroamericanas, aunque los
volúmenes no sean tan altos, sí tienen un peso relativamente
elevado si los
comparamos como porcentajes del PIB.
Si relacionamos la Falsa Facturación
como porcentaje del total de comercio internacional que
realizan los países y
como porcentaje del PIB de dichos países, notaremos que los
FFI son un fenómeno
de impresionantes dimensiones.
Entonces,
es lógico afirmar que el fraude fiscal desarrollado por las
transnacionales en
América Latina tiene un costo altísimo que provoca que la
región sea el
continente más desigual del planeta, donde la protección
social se ha
deteriorado a niveles que dejan a millones de trabajadores en
total
desprotección y vulnerabilidad social.
Finalmente, si vinculamos los incentivos
fiscales, exoneraciones o privilegios fiscales, aunque formal
y teóricamente no
pueden ser establecidos como FFI, sí representan una erosión
muy alta en el
ingreso de recursos públicos.
La
“carrera a la baja”, entendida como la competencia entre
países a fin de
brindar las mayores ventajas fiscales y tributarias para
atraer Inversión
Extranjera Directa (IED), representa un altísimo costo en
gasto
tributario. Se calcula
que los países en
vías de desarrollo dejan de percibir cerca de $138.000
millones de dólares,
pues lo que pagan las transnacionales por impuestos por
regalías, dividendos e
intereses ha descendido en un 30% desde los años 80.
Esto hace que América Latina deje de
percibir un 4.64% de su PIB regional por estas regalías; con
respecto a los
ingresos tributarios del gobierno central dichas regalías
representan a nivel
de la región cerca del 34% de los Ingresos Tributarios de cada
Gobierno
Central. Hay casos
alarmantes como el de
Guatemala, donde las exoneraciones representan el 70% de
dichos ingresos; o
México, Honduras y Costa Rica, donde representan el 40%; o
Brasil, Chile,
Ecuador y Colombia donde representan entre el 20% y el 40% de
los ingresos
tributarios de cada gobierno central.
Para América Latina los FFI son una
gigantesca sangría de recursos por parte de las
transnacionales, que utilizan
las sociedades offshore en guaridas fiscales, para trasladar
miles de millones
de dólares desde los territorios donde operan, que defraudan a
los estados
utilizando la falsa facturación y precios de transferencia, y
que en conjunto
con el alto costo de los incentivos fiscales o exoneraciones
nos dejan sin
recursos para financiar políticas sociales, servicios públicos
de calidad y
sistemas de protección social universales y sostenibles.
Detener esta sangría
de recursos significará romper el círculo de la pobreza, la
exclusión y la
desigualdad social que existe en nuestra región.
Jorge Coronado es
especialista en fiscalidad internacional, miembro de la
Comisión Nacional de
Enlace (Costa Rica) y parte del Consejo directivo de
Latindadd.
Publicado
en América Latina en
Movimiento 530,
diciembre 2017, Fraude fiscal corporativo, co-edición ALAI
–Latindadd https://www.alainet.org/es/revistas/530
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de este artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/189860
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