Tinkunaco: Tinkunaco 2.080/12 - Re: Esp - Actualizacion de info sobre la crisis de derechos civiles

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Crisis social y de
derechos civiles

11dic12 - xx) msjes.

Esp - La crisis económica profundiza la crisis de derechos civiles y pone en evidencia los problemas estructurales de la transición post franquista.

i) La frágil salud del Rey destapa el vacío legal sobre la abdicación.
¿Qué ocurriría si el Rey quedara incapacitado físicamente para seguir desempeñando su labor de jefe del Estado? ¿Ocuparía el Príncipe de Asturias la Regencia de forma transitoria hasta que el monarca se recuperase? ¿Se vería forzado Don Juan Carlos a abdicar para que el heredero ocupase el trono? ¿Cómo se realizaría el traspaso de poderes entre padre e hijo? ¿Bastaría la voluntad real o deberían pronunciarse también las Cortes? La frágil salud del Rey, que a punto de cumplir 75 años sigue recuperándose en el hospital San José de Madrid de su última operación de cadera, ha destapado el vacío legal que pesa sobre la sucesión en la Corona, cuando están a punto de cumplirse 34 años de la aprobación de la Constitución.
El Título II de la Carta Magna, relativo a la Corona, señala en su artículo 57.5 que "las abdicaciones y renuncias, y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, se resolverán por una ley orgánica". Estas leyes regulan tanto derechos fundamentales y libertades públicas como la arquitectura institucional y territorial del Estado, y requieren de una mayoría absoluta en el Parlamento para su aprobación. Sin embargo, ningún partido político se ha atrevido en estos 34 años a plasmar en una ley de tal rango ese precepto constitucional. Y el resultado es un vacío legal que, si el Rey quedara inhabilitado, obligaría a los poderes públicos a improvisar sobre la marcha un procedimiento para la transición entre Don Juan Carlos y Felipe de Borbón.
"En el caso de inhabilitación permanente del Rey habría que distinguir entre la incapacidad física y la mental", sostiene Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la UNED. "En la primera, el monarca podría y debería abdicar para permitir el ejercicio pleno de la Jefatura del Estado por su sucesor. Pero si se tratara de una incapacidad mental, en la que no fuera posible obtener del Rey una manifestación libre de su voluntad como la que requiere la abdicación, habría que reconducir la situación aplicando el artículo 57.5 de la Constitución, que establece que una ley orgánica resolverá las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho en el orden de sucesión a la Corona". El problema, claro, es que esa ley no existe.
El procedimiento del relevo
Puesto que la Carta Magna omite cualquier referencia concreta al procedimiento que debería aplicarse para formalizar el relevo en la Corona en caso de abdicación o renuncia -tarea que los padres de la Constitución dejaron a los partidos y dirigentes políticos, pero que éstos no han cumplido hasta la fecha-, cada experto en Derecho Constitucional dicta su propia receta. "Lo aconsejable sería que la Casa del Rey comunicara al presidente del Gobierno, y a los presidentes del Congreso y del Senado, la voluntad del monarca de abdicar en favor del Príncipe de Asturias", apunta Gómez, autora del libro La monarquía parlamentaria: familia real y sucesión a la Corona. "A partir de ese momento se pondría en marcha el mecanismo parlamentario para elaborar una ley orgánica ad hoc, que debería ser aprobada por ambas Cámaras por mayoría absoluta. Lo normal es que los dos grandes partidos, PP y PSOE, la apoyaran", añade.
En este punto, los constitucionalistas están divididos. Unos son partidarios de que el Parlamento apruebe cuanto antes una ley orgánica que, con carácter general, fije la casuística y los procedimientos a seguir por el Rey, el Gobierno y las Cortes. Pero la mayoría se inclina por una ley ad hoc que resuelva caso por caso cada abdicación cuando ésta se produzca. "Si el Rey estuviera incapacitado para ejercer el cargo, y dicha incapacidad fuera reconocida por las Cortes, el Príncipe de Asturias, que es mayor de edad, pasaría a ejercer la Regencia en su nombre, sin que hiciera falta una ley", opina Ignacio Torres Muro, catedrático de la Universidad Complutense. "Otra cosa es que el Rey decidiera abdicar por encontrarse incapacitado. En ese caso las Cortes deberían aprobar una ley orgánica resolviendo ese problema concreto, es decir, aceptando la decisión del Rey de dejar el trono".
Juan Carlos Gavara, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, no comparte completamente ese criterio. Recuerda que el artículo 59.2 de la Constitución establece que si el Rey se inhabilita para el ejercicio de su autoridad, "ya sea por una incapacidad física o psíquica que le impida el ejercicio permanente de sus funciones, dicha imposibilidad sí deberá ser reconocida por las Cortes mediante una ley orgánica, y solo a partir de ese momento entraría a ejercer la Regencia el Príncipe". Pero, ¿y si Don Juan Carlos sufriera una incapacidad física duradera o permanente que lo mantuviera prácticamente inmovilizado en una silla de ruedas? "Entonces tendría que renunciar o abdicar, que es un acto personalísimo y privado, ya que las Cortes solo tendrían que intervenir en caso de duda o para confirmar la decisión del Rey".
"La dificultad estriba en interpretar lo que es inhabilitación o imposibilidad de seguir desempeñando sus funciones constitucionales, que se sobreentiende que ha de ser duradera, aunque puede ser reversible", sostiene José María Porras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. "En este caso se debe entender que la Constitución se refiere solo a circunstancias de enfermedad física o psíquica, las cuales habrán de ser apreciadas y reconocidas por las Cortes, como es propio de una Monarquía parlamentaria. Y tendrán que ser las propias Cortes las que constaten la desaparición de esas circunstancias incapacitantes, lo que conducirá a la extinción o resolución formal de la situación de Regencia. Otra cosa bien distinta es la abdicación del Rey, sometida a un régimen jurídico-constitucional diferente. Si el titular de la Corona renunciare, por los motivos que fueren, serán también las Cortes las que deberán aceptar, a través de una ley orgánica, esa renuncia".
¿Incapacidad parcial?
El problema que plantearía una incapacidad física solo parcial -por ejemplo, una movilidad nula o muy reducida- es que Don Juan Carlos podría seguir ejerciendo muchas de sus funciones constitucionales, pero no todas. Así, nada impediría a un monarca en silla de ruedas sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes o ser informado de los asuntos de Estado. En cambio, difícilmente estaría capacitado para asumir "la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales" -misión que le encomienda el artículo 56.1 de la Constitución-, por los frecuentes viajes oficiales al extranjero que conlleva esa labor.
"El Rey solo abdicará si cree firmemente que ya no puede prestar ningún servicio al Estado", afirma la catedrática Yolanda Gómez. "Si abdicara ahora algunos lo interpretarían como un intento de echar tierra sobre ciertos asuntos que están en la mente de todos. Además, ningún monarca ha abdicado en España en circunstancias normales; siempre se han producido de forma violenta o traumática, y esa circunstancia también debe pesar en el ánimo del Rey".
La Casa del Rey, como casi siempre, mantiene una posición de prudencia también en este espinoso debate. Un portavoz oficial de La Zarzuela consultado por El Confidencial admite que "ningún partido político ha planteado en los 34 años transcurridos desde que se aprobó la Constitución la conveniencia de aprobar esa ley orgánica". ¿Y no ha llegado ya el momento de hacerlo? "Deben ser los partidos los que tomen la iniciativa", remata el mismo portavoz.

[Fuente: Por José L. Lobo, El Confidencial, Madrid, 02dic12]

ii) Los españoles no saben qué hacer con su Constitución sin que se les rompa todo.
En un Estado en el que la mayoría de la población actual no pudo siquiera votar el 6 de diciembre de 1978, la Constitución se ve sometida a una doble tensión: la pugna entre las fuerzas centrífugas de Catalunya y Euskal Herria y la centrípeta del PP y PSOE, y la guerra entre los derechos humanos, sociales y políticos y la voracidad del capitalismo.
Según el último sondeo del CIS, un 51,5% de los encuestados está poco o nada satisfecho con la Constitución, mientras que un 37% está bastante o muy satisfecho. Además, el 44,4% cree que se cumple poco o nada. Ante estas evidencias demográficas, demoscópicas y políticas, ¿hay que reformar la Constitución? «Depende para qué, con qué objetivos, y con el acuerdo que se cuente y el que concite», respondió ayer Mariano Rajoy. No es solo que el presidente del Gobierno español cumpla con el tópico de contestar a las preguntas con nuevas incógnitas, sino que muestra una duda existencial que evidencia la falta de un rumbo común en el Estado español.
Mariano Rajoy acudió al Senado, que este año acogió el acto institucional por encontrarse el Congreso en obras de reforma. Aunque hubo oferta doble de discursos -hablaron los presidentes de las dos cámaras-, no fue suficiente para atraer a los representantes de CiU, Amaiur, PNV, BNG y Geroa Bai. La incomodidad de catalanes, vascos y gallegos nacionalistas con el corsé constitucional quedó en evidencia en un momento de enfrentamiento sin disimulos entre la actuación recentralizadora del Gobierno español y la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca y catalana.
Pero a la Constitución española ya no solo le tiran las costuras nacionales, también se le empiezan a deshilachar las sociales. Tampoco los representantes de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) estuvieron presentes en la recepción oficial. Cayo Lara, coordinador general de IU, se acercó hasta el exterior del Senado para explicar que ayer no había nada que celebrar. Declaró que quienes podían tener motivos de alegría «son los banqueros, los especuladores financieros y los grandes defraudadores». Entre tanto, la mayoría de la ciudadanía ve que se «violan sistemáticamente los derechos sociales, laborales y civiles de los ciudadanos», tales como el trabajo, la vivienda, la sanidad o la educación pública.
El PP, entre interrogante e interrogante de su presidente, cuela decretos y proyectos de ley que van recentralizando competencias y españolizando alumnos. IU y otros grupos de izquierda pretende conectar con la calle y la ciudadanía que ayer protestaba ante el acto del Senado y llamaba «chorizos, ladrones, sinvergüenzas» a los políticos asistentes.
El PP, en su cruzada; la izquierda, protestando; los nacionalistas vascos, gallegos y catalanes, ausentes... ¿y el PSOE? El PSOE despistado, desorientado, desnortado...
Cuando Alfredo Pérez Rubalcaba vio la manifestación de la Diada en Barcelona, sacó del baúl de los recuerdos la reivindicación del Estado federal. Ahora que la Comunidad de Madrid ha vivido unas jornadas de movilización en la Sanidad pública, el secretario general del PSOE llegó a la celebración del Senado con la reivindicación de añadir a la Constitución un artículo 27 bis para que la Sanidad sea un derecho fundamental «al lado de la Educación». Y claro que está bien que la Sanidad sea un derecho y que cada cual proponga el modelo de estado que considere oportuno; lo que resulta difícil de entender es que un partido que gobernaba hasta anteayer y espera volver a hacerlo mañana (o pasado o al otro) ande a salto de mata con cuestiones fundamentales.
Reformada y toqueteada
El discurso oficial, expresado ayer por el presidente del Congreso, Jesús Posada, es que «no es el momento de plantear aventuras revisionistas de dudoso resultado». Sin embargo, esta actitud inmovilista ante las reclamaciones que llegan desde la periferia territorial y la base social se vuelve docilidad ante las reclamaciones del capitalismo europeo.
La integridad de la Constitución saltó por los aires en agosto de 2011 cuando, en un abrir y cerrar de ojos, PSOE y PP la violaron para introducirle un artículo que antepone la deuda con los bancos a los derechos de las personas. Lo recordaba ayer Cayo Lara, quien hablaba de que «se ha modificado el artículo 135, para garantizar el pago de la deuda y los intereses; y se ha hecho una amnistía fiscal para que los grandes defraudadores incumplan el artículo 31», el que establece que, teóricamente, «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad».
Entre tanto, los movimientos de defensa de los desahuciados se preguntan dónde está el derecho a un vivienda digna. Millones de parados son inconstitucionales o no son españoles porque el artículo 35 establece que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a trabajar» y, con ello, «a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia».
Pero las reformas constitucionales no solo llegan de manera declarada, aunque sea en pleno periodo vacacional para pasar más inadvertida. En un año de Gobierno, el PP ha desplegado una batería de decretos ley (más que en toda la legislatura anterior) que van alterando la relación entre el poder central y las comunidades autónomas, invadiendo competencias y fijando «normativa básica» de obligado cumplimiento que llegan a detalles como el de la paga extra de diciembre.
Madrid no solo quiere garantizar desde su Constitución que «todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria», sino también quiere decidir cómo lo hacen.
De Gorbeia a Colón
Y mientras el Gobierno del PP pisotea sus derechos más elementales y va alterando las reglas de juego del estado social al gusto del capitalismo más salvaje, españoles «de derechas e izquierdas» han encontrado un enemigo común: el ansia de libertad de vascos y catalanes.
La fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes) quiso montar ayer una réplica a la Diada catalana y convocó una concentración por la unidad de España en la Plaza de Colón de Madrid, aquella en la que en tiempos de Aznar plantaron una enorme bandera rojigualda. Y encontró el apoyo no solo de gentes como Jaime Mayor Oreja y María San Gil, sino también de otros como Pablo Castellano (ex IU), Nicolás Redondo Terreros y Teo Uriarte.
Las huestes de Santiago Abascal calentaron motores hace unas semanas poniendo una bandera española en la cruz de Gorbeia, y ayer llenaron de «piperpotos» parte de la céntrica plaza madrileña. Según reseñas periodísticas, ni llenaron Colón ni pudieron competir con el 11-S catalán. También hubo una movilización españolista en Barcelona, que «La Vanguardia» cifró en 2.500 manifestantes y la Guardia Urbana en 7.000.
España es en estos momentos esa cosa en la que su ministro de Educación (el de Educación, insisto) dice de sí mismo: «Soy como un toro bravo, me crezco con el castigo». Cuando en realidad es el matador que torea y da la puntilla a las lenguas y al sistema educativo. Pura confusión. Solo hay una cosa clara: manda la derecha española.

[Fuente: Por Iñaki Iriondo, Gara, 07dic12]

iii) Un general alerta contra los militares que quieren "quebrar el ordenamiento legal".
Militares en activo y retirados tratan de "inocular y fomentar en el interior de las Fuerzas Armadas un nocivo estado de opinión" en favor de una intervención militar en Cataluña. Tan sombría advertencia la ha hecho el teniente general Pedro Pitarch, de acreditada trayectoria democrática y uno de los militares españoles más prestigiosos y de curriculum más brillante: fue jefe de la División de Logística de la OTAN, director general de Política de Defensa en la etapa de José Bono al frente de ese ministerio y comandante general del Cuerpo de Ejército Europeo.
Pitarch, que pasó a la reserva hace tres años, señaló ayer a El Confidencial que "algunos militares" están tratando de "instar públicamente a quebrar la disciplina y el ordenamiento legal" a través de Internet, las redes sociales y foros de opinión. Él mismo ha colgado en su propio blog un artículo titulado "¿Latente 23-F?" en el que advierte de que "el perverso espíritu que animó el intento de golpe del 23-F parece seguir latiendo y aflora a la menor ocasión".
Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por este diario no han querido pronunciarse sobre esa supuesta corriente de opinión en un sector del Ejército ni sobre el artículo de Pitarch. "No entramos a valorar el malestar individual en las Fuerzas Armadas, pero no hemos detectado ningún malestar colectivo. Los militares son libres de pensar lo que quieran", dijeron a El Confidencial.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, destituyó la semana pasada al general de brigada Ángel Luis Pontijas por un editorial publicado en la revista Ejército, órgano oficial del Estado Mayor del Ejército de Tierra, que criticaba la "más que dudosa proclamación de intenciones soberanistas del pueblo catalán, que rompería la unidad nacional". El editorial de la publicación, de la que Pontijas era director, arremetía en su número de noviembre contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y señalaba que las "singularidades" de Cataluña -entre ellas la supuesta marginación del castellano- "provocan una disminución de la credibilidad de nuestra nación" y "perjudican la estabilidad política".
"Saltarse las leyes"
La destitución de Pontijas ha provocado, según el teniente general Pitarch, que militares en activo y retirados estén "haciendo circular profusamente mensajes incitando a saltarse las leyes y la normativa vigente". Pitarch, que entre 1990 y 1994 fue asesor de Seguridad y Defensa del entonces presidente del Gobierno, Felipe González, añade que "compadecerse y apoyar al compañero en malos momentos es una cosa; felicitarle públicamente cuando actúa fuera de la ley o la norma legalmente establecida es otra distinta", en alusión a la supuesta oleada de adhesiones al general Pontijas mostradas por compañeros de armas tras su cese fulminante.
El pasado 13 de septiembre, dos días después de la multitudinaria manifestación de la Diada, que congregó en las calles de Barcelona a cientos de miles de personas en favor de la independencia, Pitarch ya advirtió que "los militares son extraordinariamente sensibles a fenómenos políticos" como el supuesto clamor secesionista en Cataluña. "Por eso intranquilizan algunas actitudes, verbales de momento", añadía el general, "que se perciben en personas o grupos directa o indirectamente relacionados con el mundo militar. Sus pronunciamientos reflejan estados de opinión y líneas de pensamiento muy arraigadas en amplios sectores de las Fuerzas Armadas".
Las fuentes del Ministerio de Defensa consultadas explicaron ayer a El Confidencial que el cese del general Pontijas, que aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de Defensa, fue decidido por Morenés no sólo por las opiniones vertidas contra Mas y el independentismo catalán en la revista Ejército, sino "sobre todo por haber quebrado el principio de confianza". Según esas fuentes, el general Jaime Domínguez Buj, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, solo tuvo conocimiento del polémico editorial cuando éste ya se había publicado. El texto ha sido eliminado de la página web de la revista, pero su edición en papel fue distribuida por todas las bases y unidades militares.

[Fuente: Por José L. Lobo, El Confidencial, Madrid, 06dic12]

iv) La sociedad de la infanta Cristina ingresó en solo un año 860.000€ de fondos captados por Nóos.
Aizoon S. L., la inmobiliaria propiedad al 50% entre la infanta Cristina de Borbón y su marido, Iñaki Urdangarín, ingresó en solo un año 863.889,54 euros procedentes de los fondos públicos captados por el Instituto Nóos en Baleares y la Comunidad Valenciana. Esa cantidad fue cargada por los duques de Palma a la supuesta entidad sin ánimo de lucro en 12 facturas diferentes entre 2004 y 2005, según ha revelado ahora la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de petición de responsabilidad civil a Urdangarín y su exsocio, Diego Torres, en el que exige a ambos una fianza de casi 8,2 millones de euros.
La hija menor de don Juan Carlos ocupa desde junio del pasado año la presidencia de la empresa, fundada en 2003 con un capital social de solo 3.000 euros y utilizada posteriormente para vaciar las arcas del Instituto Nóos. La infanta Cristina fue secretaria general de Aizoon hasta el verano de 2011, pero a partir de esa fecha figura como máxima responsable de la sociedad, mientras que Urdangarín es ahora secretario. Esa extraña maniobra se produjo apenas 10 días antes de que el juez José Castro impulsara la investigación, interrogando por primera vez a Torres en calidad de imputado.
El dinero desviado desde Nóos a Aizoon entre 2004 y 2005 procede exclusivamente de los fondos que la supuesta entidad sin ánimo de lucro captó del Gobierno balear, entonces presidido por Jaume Matas, y de la Generalitat Valenciana, que encabezaba Francisco Camps: casi seis millones de euros. El extenso informe elaborado por el fiscal Pedro Horrach, en el que reclama a Urdangarín y Torres una fianza civil millonaria, detalla también cómo la inmobiliaria ahora presidida por la infanta Cristina se llevó un sustancioso bocado -el 15%- de aquella cantidad, que Matas y Camps otorgaron sin concurso previo ni fiscalización posterior.
Aizoon cargó en 2004 cinco facturas al Instituto Nóos por un importe total de 191.559,34 euros. Todas ellas correspondían a los supuestos trabajos que aquella realizó para la entidad "sin ánimo de lucro" por la organización de la primera edición del Valencia Summit, un foro sobre turismo y deporte patrocinado por la Generalitat y el Ayuntamiento. El 8 de septiembre de aquel año, la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau -controlada por la alcaldesa Rita Barberá- suscribieron con Nóos el convenio que hizo posible aquel evento.
La artimaña se repite
En realidad, la inmobiliaria del yerno y la hija del Rey no hizo ninguna gestión: se limitó a facturar por trabajos ficticios. La artimaña se repitió un año más tarde. En 2005, Aizoon ingresó 672.330,20 euros por seis facturas cargadas al Instituto Nóos. La primera, por importe de 116.000 euros, correspondía a las supuestas tareas de gestión logística que llevó a cabo en la primera edición del Illes Balears Forum, un congreso sobre turismo y deporte calcado al de Valencia que Urdangarín y Torres organizaron en Palma. Los 556.330,20 euros restantes fueron facturados por Aizoon a cambio de los supuestos servicios prestados en el Valencia Summit de 2005.
El fiscal, sin embargo, no cita a la infanta Cristina en su escrito. Se limita a señalar que Aizoon es una sociedad mercantil "copropiedad y administrada por Iñaki Urdangarín, a través de la que se desviaban los fondos públicos recibidos por el Instituto Nóos". Tampoco menciona el fiscal a la duquesa de Palma cuando advierte que, si Urdangarín y Torres no pagan la fianza de 8,2 millones de euros, se procederá al embargo de los bienes de las empresas a las que Nóos desvió los fondos ilícitamente captados, Aizoon entre ellas.
La sociedad, que sirve en realidad para gestionar el patrimonio familiar de los Urdangarín-Borbón, ha tenido tres sedes diferentes en los últimos años. La primera fue el palacete que se levanta en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes, por el que los duques de Palma pagaron más de seis millones de euros y sobre el que ahora pesa la amenaza de embargo. La segunda estuvo en el número 224 de la calle de Balmes, también en Barcelona, donde compartía sede con el Instituto Nóos. El último traslado se produjo el pasado mes de agosto: en esta ocasión, Aizoon se mudó al despacho del abogado de Urdangarín, Mario Pascual Vives, en el Paseo de Gracia de la capital catalana.

[Fuente: Por José E. Lobo, El Confidencial, Madrid, 27nov12]

v) La Fiscalía pedirá una fianza civil de 8,2 millones para Urdangarin y su socio.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach solicitará este miércoles al juez del 'caso Nóos' una fianza de casi 8,2 millones de euros para el duque de Palma, Iñaki Urdangarin y su ex socio, Diego Torres, para cubrir posibles responsabilidades civiles derivadas de las condenas que le podrían imponer por este caso de corrupción.
Según han informado fuentes jurídicas, la fianza que pedirá Horrach será con carácter solidario para los dos principales imputados en este caso de corrupción en torno a las actividades del Instituto Nóos.
La fianza civil, que se diferencia de la penal en que no comporta el ingreso en prisión en caso de impago, tiene en este caso como objetivo garantizar que los imputados abonarán el dinero público supuestamente malversado en caso de ser condenados en juicio.
En el escrito que presentará el miércoles en el juzgado de Palma, el fiscal pedirá esta fianza como medida principal, pero en caso de que no se le acepte, planteará al juez de forma subsidiaria rebajarla a una cantidad de entre los 5 y 6 millones de euros.
El juez de Palma José Castro deberá luego decidir si adopta esta medida pedida en el marco de esta causa, en la que se investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y también por Torres, de unos 5,8 millones de euros de dinero público entre 2004 y 2007.
Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarin, ha declarado que la fianza le parece "exagerada", aunque prefiere no manifestarse sobre la petición fiscal porque todavía no tiene constancia oficial de que se haya presentado esta petición.
La Fiscalía Anticorrupción y el juez Castro sospechan que Urdangarin y Torres obtuvieron durante esos cuatro años de forma irregular fondos públicos de los gobiernos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana. La fianza pone así cifra al supuesto desvío de fondos públicos llevado a cabo por el duque de Palma y su socio mediante el Instituto Nóos.
Esta medida cautelar se destina a cubrir las posibles responsabilidades civiles si Urdangarin es condenado de algún delito de corrupción, que en este caso se traduce en el dinero supuestamente malversado que tendría que devolver a los gobiernos balear y valenciano.
Aunque la fianza asciende a 8,2 millones, el fiscal Pedro Horrach ha calculado que el duque de Palma, junto a su ex socio, se apropió en realidad de alrededor de 6 millones de euros públicos. Esto se explica porque a ese dinero hay que añadir un tercio de la cantidad total, margen obligado establecido por el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El fiscal considera que ambos desviaron el dinero público a este instituto sin ánimo de lucro que ambos presidieron mediante facturas falsas o infladas.
Nóos organizó para el ejecutivo balear de Jaume Matas el Illes Balears Forum, un encuentro sobre turismo y deporte por el que cobró 2,3 millones de las arcas públicas en 2005 y 2006, y para la Generalitat Valenciana la cumbre Valencia Summit, por la que facturó 3,5 millones.
Según la ley, Urdangarin tiene 24 horas para depositar la fianza, pero los abogados penalistas coinciden en que los jueces suelen ser laxos en su cumplimiento y dan al imputado más margen para depositar su dinero o bienes.
Para hacer efectivo el pago, Urdangarin puede hacerlo en metálico, con un aval bancario o depositando bienes para embargar. En este último caso, el juez debe considerar estos bienes suficientes para cubrir la fianza y el imputado puede disponer de ellos, aunque no venderlos.

[Fuente: El Mundo, EFE, Madrid, 20nov12]

vi) Urdangarin: un ciudadano de excepción al que la Caixa le otorgó una hipoteca de cinco millones con un sueldo de 3.000 euros.
Como dos ciudadanos cualesquiera, los duques de Palma pidieron al banco una hipoteca para pagar su casa. El precio de esa vivienda y el importe de la hipoteca son, en cambio, extraordinarios: en 2004, Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta Cristina, desembolsaron 5,8 millones de euros por una torre de lujo situada en una zona privilegiada de Barcelona. Allí vivieron con sus cuatro hijos hasta que decidieron trasladarse a Washington y allí residen de nuevo ahora (y de momento), cuando el estallido del caso Nóos ha forzado al yerno del Rey a regresar a casa.
En octubre de 2004, La Caixa concedió a Urdangarin y a la hija del Rey una hipoteca a la altura de la vivienda: cinco millones de euros. La cifra contrasta con el salario del exjugador de balonmano en esa época. Ese mismo año, en la declaración de la renta que presentó a Hacienda, Urdangarin dijo haber ingresado apenas 36.000 euros como rendimientos del trabajo. O sea, unos 3.000 euros brutos de salario al mes, si se cuentan 12 mensualidades. Cada trimestre, la pareja debía afrontar el pago de 52.000 euros de la hipoteca.
Esos y otros muchos datos aparecen en la documentación que la entidad bancaria ha remitido al juez que investiga el caso, José Castro. Hace un mes, el magistrado solicitó el "expediente completo" de garantías para conceder el préstamo y las condiciones de la hipoteca de la vivienda, ubicada en el barrio de Pedralbes. Se trata de una hipoteca a 30 años vista, con un interés de Euribor más 0,5% que debía revisarse por primera vez, precisamente, el pasado mes de septiembre. Según la documentación aportada por la entidad bancaria, el capital del que ha dispuesto la familia Urdangarin hasta la fecha son 3,6 millones, o sea el 77% del total.
Dado el elevado importe de la hipoteca, esta fue aprobada por el comité permanente de créditos de la entidad. En su análisis de riesgos, La Caixa incluye a Urdangarin en el segmento de "personas de 28 a 40 años sin relación laboral" y, al definir su profesión, la engloba en la categoría de "universitarios y similares". Ese informe detalla que el duque de Palma disponía entonces de recursos económicos por un total de 1,3 millones, repartidos a partes iguales entre cuentas a la vista y libretas de ahorro. Y añade que Urdangarin -que es cliente de la entidad desde 1986- figura como "avalista" en otros tres préstamos hipotecarios.
El año de concesión de la hipoteca -2004- es, también, el año en el que arrancan los grandes negocios que impulsó el yerno del Rey y cuyas irregularidades le han llevado ante el juez. En apenas tres años, Urdangarin y su exsocio al frente del instituto Nóos, Diego Torres, lograron hacerse con la adjudicación de grandes eventos relacionados con el deporte y el turismo. Lo consiguieron, sobre todo, gracias a sus contactos en las altas esferas políticas de los Gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del Partido Popular. Según el juez Castro y el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, el duque y el exprofesor de Esade desviaron buena parte de los fondos públicos recibidos: 2,3 millones por dos ediciones del Illes Balears Fórum y 3,7 por tres ediciones del Valencia Summit.
Además de los 36.000 euros por rendimientos del trabajo, Urdangarin declaró algo más de 52.000 por rendimientos del capital y unas ganancias por acciones de casi 24.000 euros. Como patrimonio inmobiliario consta la antigua casa familiar en la avenida Pedralbes de Barcelona, valorada entonces en 414.000 euros. A la sazón, el duque ejercía como vicepresidente del Comité Olímpico Español y estaba implicado ya, de lleno, en el proyecto de Nóos y en la maraña de empresas con la que acabó tejiendo, presuntamente, una red para malversar fondos públicos. Ese año, todas las empresas implicadas facturaron 1,2 millones, según los informes de Hacienda.
Urdangarin declaró que disponía de acciones por valor de 327.000 euros en Aizoon, la sociedad patrimonial inmobiliaria que compartía a medias con la infanta Cristina. También poseía entonces participaciones por medio millón en Nóos. Con todo, el resultado de la declaración no fue favorable para el duque: le tocó pagar 4.374 euros. Y escogió la opción de fraccionar en dos el pago.

[Fuente: Por Jesús García y Andreu Manresa, El País, Madrid, 26oct12]

vii) El Gobierno no compensa a los pensionistas por el aumento del IPC.
El Consejo de Ministros ha aprobado la no aplicación de la desviación de la inflación en 2012 que figura en la Ley de Seguridad Social, que deberá ser modificada.
Por tanto, en enero, los 8,9 millones de pensionistas no recibirán una paga para compensar esta pérdida de poder adquisitivo, que será de 1,9 puntos para el conjunto de pensionistas, ya que el IPC está en el 2,9% y las pensiones subieron un 1% a comienzos de este año.
Esta decisión supone un ahorro para la Seguridad Social de 3.856 millones de euros.
Sin embargo, en la nómina correspondiente a enero el Gobierno subirá las pensiones a cuenta del IPC previsto de 2013 un 1% a los 2,3 millones de pensiones superiores a los 1.000 euros y un 2% para las 6,6 millones (dos de cada tres pensiones) que figuran por debajo de este umbral de los 1.000 euros.
El gasto total de esta actualización a cuenta en 2013 será de 1.513 millones, de ellos 1.452 corresponden a pensiones contributivas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, apuntó que ésta es "una medida difícil" pero sostuvo que "el Gobierno no puede hacer frente a una actualización de 1,9 puntos" de las pensiones.
4.000 millones del fondo
El Gobierno ha aprobado en el consejo la modificación de la Ley del Fondo de Reserva para que la Seguridad Social pueda disponer de otros 4.000 millones de dicho fondo para poder pagar la nómina de las pensiones del mes de diciembre así como la paga extra de Navidad que acumularán un gasto de unos 15.000 millones.
La ley del Fondo de Reserva actual no permite un rescate anual superior al 3% del presupuesto total de las pensiones contributivas, rescate de 3.063 millones que ya se hizo efectivo en septiembre. Con esta modificación, el Gobierno habilita un nuevo rescate en este año. Por tanto, el saldo neto del Fondo de Reserva quedará en 62.000 millones.

[Fuente: Por Francisco Nuñez, El Mundo, Madrid, 30nov12]

viii) Los 'no responsables' de los EREs en Andalucía.
Hasta el mismo Griñán ha acabado reconociendo el "fracaso". Tras 16 años sin una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía y después de cinco meses de trabajo en balde, las pesquisas de los grupos parlamentarios sobre el escándalo de los EREs falsos ha acabado en una pantomima sin precedentes. El fiasco de todos los partidos políticos no sólo confirma que las comisiones de investigación no sirven para nada, sino que ratifican la desazón que en los ciudadanos generan sus representantes públicos.
Las conclusiones de la comisión (que contó con 32 comparecencias) ha acabado minando la relación entre el PSOE e Izquierda Unida, además de provocar que sólo se hayan señalado dos culpables (Francisco Javier Guerrero y Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía), frente a una pléyade de "no" responsables políticos del caso. El PP ha intentado situar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán en cabeza de todos ellos. Es más, el grupo parlamentario popular coloca en el mismo escalafón a Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía. El PP también incluía en esta nómina a los consejeros de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo.
"Ha quedado probado que, en los años que investiga esta Comisión, la Presidencia de la Junta de Andalucía y su Consejería conoció y amparó por conveniencia política la concesión de ayudas públicas otorgadas sin ley y de forma arbitraria y fraudulenta. Por ello son responsables políticos D. Manuel Chaves, D. José Antonio Griñán y D. Gaspar Zarrías y se solicita su dimisión de las responsabilidades públicas que ostenten en la actualidad, si las hubieren", argumentaba el PP.
En la comisión de investigación, Chaves reconoció la corrupción en su etapa como presidente de la Junta. "Ha habido actos corruptos que deben ser condenados, que caiga todo el peso de la ley", acabó así su comparecencia en la comisión de los EREs falsos. El presidente de la Junta avanzó aún más: "No estoy, ni voy a estar incurso en ninguna responsabilidad penal", declaró Chaves a preguntas del portavoz del PP, Carlos Rojas, sobre su responsabilidad política sobre actos delictivos sobre las ayudas de la Consejería de Empleo a través de la partida 31.L, el llamado fondo de reptiles, de más de 1.000 millones de euros.
"Errores de vigilancia"
¿Y Griñán? Él mismo reconoció en su comparecencia del 25 de septiembre de 2012 los "errores en la vigilancia" en la tramitación de los EREs falsos. Eso sí, argumentó que ni era "el padre, ni el presidente de las prejubilaciones fraudulentas". "Todo ello me lo ha dicho el PP sin pruebas de ningún tipo", remarcó Griñán, que insistió en que muchas personas se beneficiaron "de ayudas, desempleo o reinserción profesionales y transición a la edad de jubilación".
El informe de la Cámara de Cuentas, maquillado, en ningún caso quiso implicar a Chaves o Griñán. "Es un escándalo que la Cámara de Cuentas de Andalucía no haya proporcionado a la Comisión de Investigación el expediente completo de la auditoría realizada al programa 31L, como se le ha solicitado reiteradamente. Es crucial conocer la totalidad de las actuaciones del Órgano Fiscalizador andaluz, con todas sus etapas (borrador, anteproyecto, informe provisional e informe definitivo), porque es improcedente que la Comisión cierre sus conclusiones sin el análisis pormenorizado de todo el material que conforma el expediente completo del trabajo auditor", argumenta el PP. "Yo creo que [el PP] ha forzado mucho. Si se hubieran centrado en las piezas medias, quizá le hubiera ido mejor. La pieza mayor se le ha ido de las manos. ¿En qué cabeza cabe pensar que esto se diseñó desde el Consejo de Gobierno?", cuenta un político especialista de gran experiencia orgánica en el PSOE en El Cortijo andaluz (La Esfera de los Libros).
Los ex consejeros Fernández y Viera
Izquierda Unida había elevado su responsabilidad política en los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera. También se han librado. Fernández estuvo cuatro meses en la cárcel. Viera no ha sido ni siquiera imputado en la comisión de investigación de los EREs, al ser aforado (es diputado en el Congreso de los Diputados). El ex secretario general del PSOE de Sevilla no quiso explicar cómo la trama de la Sierra Norte de Sevilla logró 51 millones de euros de ayudas, frente a los 31 millones del resto de Andalucía. "Conozco allí a mucha gente, voy a El Pedroso desde 1965 [tiene una casa en el pueblo], pero no he dado ayudas a familiares directos", declaró en la comisión.
El exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá es otro de los nombres que no aparece como responsable de la comisión, a pesar de su inclusión en las conclusiones de IU, que presidía la investigación parlamentaria. El PP indicó que permitió actuar a Guerrero "sin ningún control y en total libertad". Francisco Javier Guerrero ("no soy un putero, soy jovial"), ex director general de Trabajo con los consejeros Guillermo Gutiérrez, Viera y Fernández, salió de la cárcel el pasado 22 de octubre. El PSOE le considera el cerebro de toda la trama. Ni IU ni el PP consideran que él fuera en solitario el cabecilla del fondo de reptiles, que él mismo ha denunciado que existía.
Lo más sorprendente en esta fracasada comisión de investigación es la figura de Manuel Gómez, el exinterventor general de la Junta de Andalucía, como uno de los responsables del escándalo de los EREs falsos ("La culpa es del apuntador", como escribió Javier Caraballo). Gómez indicó que era el mayor escándalo de corrupción en la historia de España. El exinterventor llegó a reconocer que la Junta de Andalucía podría "haber terminado con el nido de corrupción de los ERE en 24 horas si hubiera tenido voluntad de hacerlo". Al final el PSOE le acusó de no haber avisado del incendio. El bombero Gómez argumentó exactamente todo lo contrario: que avisó en 15 ocasiones sobre la falta de procedimiento en las ayudas.
Con todo, la instrucción judicial del caso, ahora pilotada por el magistrado Iván Escalera, juez sustituto de Mercedes Alaya, aún le quedan muchos capítulos por instruir. Escalera, amigo del PSOE de Casariche, según confirma en la red social Facebook, y sobrino carnal de un histórico dirigente del PSOE de Sevilla, como desveló El Confidencial, decretó el secreto del sumario, que se levantará este jueves, salvo que lo prorrogue la juez Alaya, que podría incorporarse al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla este mismo mes. A la espera de lo que digan los tribunales, políticamente no hay ningún responsable.

[Fuente: Por Agustín Rivera, El Confidencial, Madrid, 02dic12]

ix) Cárcel para el primer diputado del PP valenciano condenado.
Los jueces condenaron este viernes a tres años de cárcel a Pedro Ángel Hernández Mateo, diputado en las Cortes Valencianas, todopoderoso alcalde de Torrevieja durante 20 años y fiel aliado del expresidente Francisco Camps en la lucha fratricida del PP que éste libró contra los partidarios de su antecesor, Eduardo Zaplana, en la provincia de Alicante. En una durísima sentencia, en la que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia siguieron la argumentación planteada por el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri, Hernández Mateo fue hallado culpable de falsedad en documento oficial y prevaricación.
El entonces alcalde cometió los delitos en la adjudicación, en 2004, del mayor contrato del Ayuntamiento de Torrevieja; el servicio de basura por 96 millones de euros en 10 años (que han acabado siendo más), a la unión de empresas integrada por Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios.
La sentencia establece la inhabilitación para ser alcalde o cargo electivo local durante siete años. Dado que puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, Hernández Mateo podría aferrarse a su escaño. El mantenimiento del salario público hasta que la sentencia sea firme hubiera sido, sin embargo, insólito incluso para un grupo parlamentario como el del PP en las Cortes, que tiene a otros nueve diputados imputados por supuesta corrupción. Pero no ocurrirá. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que el año pasado defendía la presunción de inocencia de Hernández Mateo, anunció que éste abandonaría su escaño.
El relevo en su puesto en las Cortes será, en principio, Elisa Díaz, hija del exalcalde de Alicante y también diputado Luis Díaz Alperi, imputado en Brugal.
El tribunal, formado por Pilar de la Oliva, José Ceres y María Pía Calderón, consideró que el comportamiento de Hernández Mateo en todo el proceso administrativo estuvo "preordenado hacia una finalidad primera y principal, adjudicar el mencionado contrato del servicio de basura" a la unión de empresas finalmente ganadora. Su actuación, sigue la sentencia, "incluyó la orientación --manipulación-- de la voluntad de los integrantes en los distintos órganos que participaban en la decisión e incluso la alteración de la composición de uno de ellos, permitiendo así sortear los informes internos" y la resistencia de varios técnicos municipales, que se oponían a la adjudicación porque no cumplía los requisitos esenciales y defendían que el concurso público quedase desierto.
Hernández Mateo tuvo desde el principio la intención de entregar el contrato de la basura a Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios, establece la sentencia. Y al encontrarse con la oposición de parte de los integrantes de la mesa de contratación diseñó una "actuación compleja" para lograrlo. En primer lugar, paralizó el procedimiento y anunció que iba a consultar a tres despachos de abogados para que se pronunciaran sobre los problemas que impedían la adjudicación.
Hernández Mateo solo consultó, sin embargo, a uno, Ariño y Asociados Abogados, a pesar de que firmó dos resoluciones en las que se mencionaban que se había planteado la cuestión a tres. Si el entonces alcalde sabía que ese único despacho realmente consultado tenía, además, una fructífera relación comercial con las empresas que lograron la adjudicación, se lo calló. Ariño y Asociados bendijeron el plan del alcalde a favor de Necso Entrecanales Cubiertas-Grupo Generala de Servicios. Y el procedimiento hasta la adjudicación definitiva prosiguió ya sin mayores contratiempos gracias a los avales de este informe jurídico externo.
"Esas garantías, y aquí está el alcance real de los hechos, contribuyeron notablemente a obviar los informes internos, a soslayar las relaciones profesionales del despacho encargado de realizar el informe externo con la adjudicataria, a dirigir ciertas voluntades y, claro es, a eludir eventuales y futuras impugnaciones", concretándose así el delito de falsedad "al servicio del de prevaricación", señala la sentencia.
Los magistrados repasan los elementos que redondearon ese delito de prevaricación, haciendo que la conducta de Hernández Mateo fuera "injusta y arbitraria" e implicara una "aplicación torcida de la ley". De los 258 expedientes que se tramitaron en el departamento municipal en el año 2004, solo ese fue firmado por el alcalde. Hernández Mateo obvió un informe que debía recabar en la Consejería de Territorio después de que esta plantease obstáculos a la adjudicación. Alteró la composición de la mesa de contratación en dos personas, "concejales ambos de su propio grupo político", para lograr la mayoría. Y "pese a la magnitud del contrato", no lo adjudicó en el pleno, "sino en Junta de Gobierno, aprovechando así la mayoría municipal".
La hija de Díaz Alperi ocupará el escaño del exalcalde
La hija del exalcalde de Alicante y diputado del PP en las Cortes Elisa Díaz González es la siguiente en la lista popular por Alicante para ocupar el escaño de Hernández Mateo en cuanto este renuncie al acta tras su condena por prevaricación.
Díaz Alperi, de 35 años, ya fue diputada en la pasada legislatura, ya que entró en las Cortes también sustituyendo a otro parlamentario del PP. Precisamente, en 2009 sustituyó al hoy vicepresidente del Consell, José Ciscar, quien dejó el acta para dedicarse a la Delegación del Consell en Alicante. En esta legislatura volverá a coincidir en el Parlamento valenciano con su padre, imputado en el TSJ por el 'caso Brugal'.
Por su parte, Pedro Hernández Mateo ha sido diputado en la III, IV, V, VI y VII legislaturas y fue presidente fundador del PP de Torrevieja desde 1984; localidad de la que también fue alcalde durante 23 años.

[Fuente: Por Ignacio Zafra y EP, El País, Valencia, 30nov12]

x) Los bancos sitúan como casos aislados 250.000 desahucios desde 2008.
Las entidades vascas se han situado como referencia estatal de que evitar los desahucios es una opción real. Paradójicamente, ha ocurrido después de un suicidio producido también en Euskal Herria, donde el porcentaje de desalojos está creciendo notablemente pero sigue estando muy por debajo del de otras zonas del Estado. Tras la muerte de Barakaldo, Kutxabank anunciaba el sábado que suspende temporalmente sus desahucios de primeras viviendas, y Caja Laboral e Ipar Kutxa recordaban que hace tiempo que decidieron evitar estos desalojos traumáticos debido a la crisis.
Este compromiso no ha sido emulado por el resto de entidades bancarias, de modo que se mantiene intacto el riesgo para los usuarios vascos hipotecados por ellas (más del 30% del total). Según una ronda realizada ayer por la agencia Efe, el resto de bancos mantiene los desahucios, aunque mirando de reojo a lo que PP y PSOE puedan pactar en la reunión de hoy. Esto quiere decir que muy probablemente varias familias vascas más serán desahuciados a lo largo de esta jornada, dado que la tasa diaria media de ejecuciones hipotecarias en Euskal Herria oscila entre ocho y catorce, según las diversas fuentes.
Estos bancos coinciden en alegar que los desahucios son «la última opción». Por ejemplo, fuentes del Banco Santander aseguran a Efe que la entidad refinancia permanentemente créditos hipotecarios para clientes con problemas y añaden que un banco no quiere quedarse con pisos porque les convierte en inmobiliarias sin tener capacidad para ello.
Además, insisten en que el banco está abierto a todo tipo de soluciones y que las entidades son las principales interesadas en que no se las criminalice con este asunto. En cualquier caso, quieren alertar también sobre la posibilidad de que «la picaresca» intente sacar provecho de una mayor laxitud de los bancos con estos impagos.
Fuentes del BBVA aseguran a Efe que el banco siempre negocia con las personas que tienen dificultades para pagar un préstamo y destacan que ha renegociado 110.000 créditos, de los que 45.000 son hipotecas, añadiendo que se trata de «un cifra muy baja» frente a las 880.000 que tiene contratadas.
BBVA habla de solo 92
El BBVA destaca que de esas 45.000 hipotecas, el 90% cumple con lo firmado y con el resto se intenta solucionar el problema, aunque en ocasiones no se puede. Afirma que por ello el banco ha realizado 92 desahucios en los últimos cuatro años. Si este dato es real significa que el BBVA, segundo banco español en volumen de activos, solo habría ejecutado el 0,04% del total de los 247.188 desalojos forzosos de viviendas y locales detectados por el Consejo General del Poder Judicial.
Fuentes de esta entidad señalan igualmente que siempre agotan todas las posibilidades para evitar los desahucios y que analizan la situación individualmente para dar todo tipo de facilidades, como ampliar los plazos o los periodos de carencia.
Bankinter indica a Efe que la entidad no tiene problemas con impagos en hipotecas porque casi no existen, debido a que las condiciones para otorgar un crédito han sido habitualmente más estrictas que las de otros bancos, «lo que hace que el índice de morosidad sea alrededor de la mitad del sector».
La Caixa, con la que tenía contratada la hipoteca Amaia Egaña, asegura que su objetivo es que los clientes que tienen alguna dificultad con el pago de la hipoteca mantengan su vivienda y que su política es agotar la negociación antes de plantearse la ejecución hipotecaria. También cita que en 2009 puso en marcha un plan para buscar soluciones al desahucio o la dación en pago, del que se han beneficiado 91.000 personas. Fuentes de la entidad catalana aseguran que son una excepción los casos en los que se aprueba un desahucio.
Desde Banco de Sabadell afirman que la entidad no ha hecho ningún desahucio y que en algunos casos la persona afectada se ha quedado en la vivienda pagando un alquiler social.
El presidente de Banco Popular, Ángel Ron, asegura que su entidad no ha desahuciado a nadie en los últimos tres años y que en el único caso en el que se produjo un alzamiento la persona fue readmitida en su vivienda. También se muestra contrario a los desahucios y destaca que el Popular ha renegociado en los últimos años un volumen «razonable» de créditos hipotecarios, unos 2.800 millones y otros 1.200 en concepto de novación.
Bankia dice que ha modificado las condiciones de préstamo a 80.000 clientes desde 2009, ha aceptado 4.300 daciones en pago y considera que el desahucio es siempre la última opción y la menos deseada. Estos días ha sido noticia su decisión de evitar varios desahucios en Santa Cruz de Tenerife después de que el Ayuntamiento local amenazara con retirar sus cuentas en esta entidad.
Globalcaja y Caja Rural de Castilla-La Mancha no dan una respuesta sobre la posible suspensión temporal de ejecuciones hipotecarias y afirman que quizás hoy puedan darla, en función de lo que ocurra en la reunión entre el Gobierno español y el PSOE.
Todas las entidades bancarias consultadas comparten este criterio de no modificar su actitud hasta que no se conozca si hay un nuevo marco legal.
De los 9.304 de Catalunya a los 278 de Nafarroa
Según el Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de este año se produjo en el Estado una media de 526 desahucios diarios. Por autonomías, a la cabeza están Catalunya (9.304 en esos tres meses), Valencia (8.613), Andalucía (7.984) y Madrid (6.636). Siempre según esta fuente, entre abril y junio en la CAV se produjeron 1.231 desalojos, mientras que en Nafarroa fueron 278, solo por detrás de La Rioja (189). En cualquier caso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca maneja cifras mayores que las de los jueces: frente a los 247.188 desalojos de los que habla el CGPJ desde 2008, los afectados estiman que el número real supera los 400.000.

[Fuente: Gara, Donostia, 11nov12]

xi) El código contra desahucios registra ocho daciones en pago en su primer trimestre.
El Ministerio de Economía ha publicado este viernes el primer balance oficial del código de buenas prácticas de la banca para evitar los desahucios de las personas más desfavorecidas. Según los datos del departamento que dirige Luis de Guindos y correspondientes al primer trimestre de aplicación de la medida entre el 11 de marzo y el 30 de junio, solo ocho de todos los procesos cerrados en este periodo se han saldado con la dación en pago, lo que ha permitido a los afectados canjear la deuda con el banco con la entrega de la vivienda. Pese a este balance, el Gobierno confía en que el número de familias beneficiadas por esta medida aumente a medida que se consolide el código con vistas a poner fin a un problema "humanitario y social", en palabras del gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y que ha puesto en alerta a un amplio sector de la sociedad.
El Gobierno no descarta rebajar las condiciones actuales para que incluya a familias que ahora fuera de esta protección. El jueves se debatirá en el pleno del Congreso y, a partir de ahí, se iniciará el trámite parlamentario donde podría haber modificaciones. Entre ellas están rebajar el mínimo de ingresos que deben tener los acogidos a este código, y que se incluyan pisos de un valor inferior. No obstante, el Ejecutivo está abierto a mirar todo, según fuentes solventes.
En total, se han recibido 568 solicitudes, 283 de las cuales se encontraban pendientes de resolver al finalizar el trimestre, es decir, un 49,8% del total. De las 285 solicitudes cuya tramitación finalizó, las entidades resolvieron 278 que correspondían a préstamos y créditos con una deuda pendiente de 36,5 millones de euros. En los siete casos restantes el solicitante desistió.
De las 278 solicitudes resueltas, en ocho casos se ha producido la dación en pago y la consiguiente extinción de la deuda. En 44 casos se ha llevado a cabo una reestructuración de la deuda pendiente de pago. El resto de solicitudes (226) han sido rechazadas por las entidades porque el deudor no cumplía las condiciones requeridas. De los 100 bancos o antiguas cajas que se han acogido al código, solo 28 han declarado haber recibido peticiones.
Economía matiza que, aunque el código de buenas prácticas entró en vigor el 11 de marzo, la gran mayoría de adhesiones de entidades no concluyeron hasta mediados de abril por el proceso burocrático e informativo que era nuevo y, por lo tanto, complicado. "Estos factores explican que, en la práctica, la vigencia del Código de Buenas Prácticas haya sido inferior a los tres meses analizados", afirma el Ministerio en una nota.
En la misma línea, añaden que "se trata de un primer intento de dar solución al problema de los desahucios para los casos de primera vivienda y riesgo de exclusión social y, como tal, debe dársele más tiempo para demostrar su eficacia". De hecho, revelan, entre julio y septiembre se han presentado ya en torno a otras 700 solicitudes.
Con el objetivo de ampliar la protección a los familias desfavorecidas, el Gobierno puso en marcha la semana pasada una moratoria de dos años para los desahucios. Los hogares que se podrán acoger a esta medida son aquellos que están por debajo de un umbral de ingresos de 19.170,4 euros anuales, lo que la hipoteca sobre vivienda habitual les suponga más del 50% de los ingresos y que además se trate de personas especialmente vulnerables por sus circunstancias familiares. Guindos calcula que unas 600.000 familias cumplen las condiciones para acogerse a esta iniciativa. La medida, sin embargo, despierta recelos entre el colectivo de jueces por la arbitrariedad de sus condiciones.
Economía sitúa el total de desalojos de familias de su primera vivienda desde el inicio de la crisis a entre 4.000 y 15.000. Esta cifra contrasta, y mucho, con las que maneja la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, que a partir de los datos del Poder Judicial habla de 350.000 ejecuciones desde 2007 y unos 160.000 desahucios.
Según los últimos datos del CGPJ, correspondientes al primer trimestre de 2012, se han registrado 48.213 lanzamientos, que es el término jurídico con la que se denomina al proceso de desalojo por impago. Esta cifra, sin embargo, no distingue entre el tipo de morosos, si son empresas o particulares, ni el inmueble afectado. En cualquier caso, este ritmo de ejecuciciones revela que se presentan unas 500 al día.

[Fuente: El País, Madrid, 23nov12]

xii) Cada cama 'privatizada' le cuesta a Madrid 665 euros más que una pública.
La marea blanca vuelve este domingo a su cauce en las calles de la capital y lo hace decidida ahora a hablarle al consejero de Sanidad madrileño en su mismo idioma. Si en el discurso de Javier Fernández-Lasquetty no existe la privatización, sino la adopción de "fórmulas más eficientes que consuman menos recursos públicos", los profesionales sanitarios tienen algo que replicarle: las camas privatizadas de los hospitales de Madrid resultan más caras que las públicas.
Es lo que demuestra el informe publicado esta semana por el sindicato CSIT Unión Profesional, el mayoritario entre los funcionarios, que analiza los presupuestos de la comunidad para 2012 y concluye que costear una cama en los hospitales enteramente públicos le sale al contribuyente por 955 euros diarios, un 74% más barato que los 1.660 que cuesta mantenerla en los hospitales donde la gestión sanitaria está privatizada.
Basta con contrastar los presupuestos de uno y otro modelo. La Administración asigna a los hospitales de servicios sanitarios privatizados -el Infanta Elena de Valdemoro, el de Torrejón de Ardoz, el Nuevo Móstoles y la Fundación Jiménez Díaz- una cantidad de 553.820.728 euros anuales para mantener 914 camas funcionantes y atender a una población de 820.000 personas. Los hospitales públicos tradicionales de la región, por el contrario, reciben un volumen de 2.792.531.561 euros anuales para atender las necesidades de salud de 4.201.169 personas y una oferta de 8.010 camas funcionantes. Es decir; cada plaza hospitalaria le cuesta a la Comunidad 665 euros diarios más si su gestión está en manos privadas. Al año paga 256.000 euros extra por cada una de ellas.
La elaboración de este análisis "de coste y eficiencia", en palabras del portavoz del Gabinete de Estudios de CSIT y responsable de la coordinación del informe, Juan Luis Martín, persigue un fin sencillo: "Comprobar si la sanidad privada es más barata para el contribuyente, como repite el Gobierno a falta de estudios previos que avalen su decisión de privatizar". Y las cifras globales, asegura, hablan por sí mismas. "Con los mismos recursos, la sanidad pública madrileña rinde más que la privada".
Incluso en el recuento paciente a paciente. La atención a un ciudadano en un hospital de gestión sanitaria privada -que acuda a consulta o a un tratamiento, sin que necesariamente resulte ingresado- le cuesta a la Administración 675 euros anuales. En los hospitales de gestión pública ese mismo promedio es de 664 euros. Cada año, la Comunidad paga 11 euros extra por cada paciente asignado a un hospital privatizado.
Esa diferencia, sostiene el sindicato, corresponde al margen de beneficio de la empresa que lo gestiona. CSIT-UP estima que "el 20% de los impuestos, uno de cada 5 euros, destinados a financiar la sanidad irán a beneficio de las empresas privadas gestoras". En un modelo de gestión pública, recuerdan, "el 100% de los impuestos recae en la financiación del sistema".
Cobrar por vecino, no por paciente
Las plataformas antiprivatización no solo critican la cantidad de dinero, sino el modo de financiación. Estos hospitales públicos madrileños donde lo sanitario está en manos privadas -bajo el modelo PPP, o public-private partnership, por sus siglas en inglés- reciben de la Administración una cantidad fija o canon que depende no del número de pacientes que atiendan, sino del número de vecinos que tengan asignados. Si esos vecinos no hacen uso del hospital, las empresas cobran igual.
Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad -CAS-, pone el ejemplo de Torrejón de Ardoz, donde la Consejería de Sanidad establece el pago de una cantidad de 571,50 euros por paciente potencial, unos 133.000 en su área de referencia. Las empresas adjudicatarias -un consorcio de Ribera Salud, Asisa y FCC- reciben 428,35 euros asignados a la asistencia sanitaria y otros 143,15 euros anuales por la prestación de servicios no sanitarios, como la administración o la limpieza.
En total, Madrid paga al hospital 76,1 millones de euros anuales con independencia de la cantidad de pacientes que atienda. "Da igual que los vecinos vayan o no al hospital, sea por propia decisión o porque el centro carezca de la unidad específica para tratarlos", explica Gómez. "Da igual que muchos pacientes de la zona, como de hecho ocurre, prefieran ir a los grandes centros públicos de la capital y no utilicen el hospital de su localidad. La empresa que lo gestiona se lleva el dinero público igual".
Inversión rentabilizada
Según CAS Madrid, el lucro no acaba en estos hospitales totalmente privatizados, sino que se extiende a los del modelo mixto -Henares, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Majadahonda, Tajo y Sureste-. En los últimos cinco años, la Administración ha pagado más de 990 millones de euros a las empresas concesionarias de estos hospitales donde las camas son públicas y sus médicos y enfermeras, funcionarios.
Estos centros funcionan bajo el modelo PFI -private finance iniciative-. La sanidad depende directamente de lo público, pero los servicios no sanitarios -administración, seguridad, limpieza, logística...- están concedidos a compañías privadas. También fueron empresas privadas, como Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, Begar-Ploder, Hispánica y CVC Capital Partners, quienes construyeron sus inmuebles. Así, este conjunto de empresas reciben un canon público por la prestación de servicios no asistenciales y para la amortización de la inversión en construcción.
"La construcción y equipamiento básicos de estos hospitales costaron alrededor de 840 millones de euros", advierte Gómez. "Según nuestros cálculos, en 2011 el conjunto del sector había recuperado el 92% de esta cantidad y al término de 2012 ya habrán rentabilizado su inversión".
Gómez no duda de la calidad del negocio. "Los contratos vencen en treinta años y pueden prorrogarse otros treinta más", explica. "Es una inversión inmejorable para los accionistas y un negocio nefasto para los contribuyentes".
Ni más baratos ni más rentables
Los sindicatos no son los únicos en remitirse a estas cifras. La Plataforma de Jefes de Servicio de los Hospitales Públicos madrileños -que representa a casi 600 médicos de más de 20 centros sanitarios de la región- dirigía esta semana una carta abierta a la ciudadanía ciñéndose al mismo argumento. No es cierto, aseguran, "que la sanidad privada sea más barata que la pública".
Aprovechando el punto y seguido en los paros y huelgas de esta semana -convocadas de nuevo para el 19 y 20 de diciembre-, los responsables médicos de la región advierten de que en los países en que coexisten los modelos público y privado, "el gasto sanitario por habitante y año es mucho más alto, y la aportación de gasto público para ello también".
En el caso madrileño, además, denuncian que "la aportación económica que la Comunidad pretende pagar a los nuevos dueños es superior al coste actual". En otras palabras; las empresas adjudicatarias de los servicios "van a tener beneficio con el dinero de nuestros impuestos".

[Fuente: Por Rubén Díaz Caviedes, El Confidencial, Madrid, 09dic12]

xiii) ¡Qué error, Gallardón, qué error!.
El ministro de Justicia ha tenido una idea: cobrar a los ciudadanos que decidan litigar en los tribunales. Y lo justifica con un doble argumento. Por un lado, la actual coyuntura económica obliga a "equilibrar los presupuestos públicos", y, por otro, existe una auténtica necesidad de "racionalizar el funcionamiento del sistema de justicia".
Planteando en estos términos, los argumentos son impecables. Quién se va negar a reducir el gasto público. Y mucho menos, quién va a poner trabas en orden a mejorar el reparto de una justicia que se ha quedado, en muchos aspectos, obsoleta y hasta arcaica. Nadie.
El problema surge cuando se lee la letra pequeña. De forma incomprensible, el ministro Ruiz-Gallardón ha incluido a la jurisdicción social -las viejas magistraturas de trabajo- entre las materias por las que habrá que pagar a la hora de litigar. O dicho en otros términos, si un trabajador es despedido de su empresa o si reclama algún dinero al que cree tener derecho, tendrá que pagar a la Hacienda pública por ejercer un derecho constitucional. En palabras de la nueva norma, "se suprime el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita a todos los trabajadores con independencia de sus ingresos".
Gallardón, de esta forma, liquida no solamente un principio constitucional, como es el acceso a la tutela judicial efectiva, toda vez que muchos trabajadores no tendrán recursos económicos suficientes para litigar en los tribunales hasta llegar a la máxima instancia judicial. Su propuesta va más allá. Se lleva por delante uno de los fundamentos del derecho laboral, que es su carácter tuitivo. O lo que es lo mismo, se ventila de un plumazo la obligación de proteger al más débil en una relación de carácter laboral.
El carácter tuitivo del derecho laboral no es un capricho del legislador. Ni un invento de iletrados. Al contrario, forma parte de una constatación. Cuando se firma un contrato de trabajo, hay un claro desequilibrio -por razones obvias- entre el empleador y el empleado. Por eso, desde hace más de un siglo, todos los sistemas procesales que ha habido en España incorporan la defensa del trabajador. Como han señalado los sindicatos, tanto los gobiernos liberales como los conservadores de principios del siglo XX, dieron carta de naturaleza a ese principio. Siempre con un claro objetivo, proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral, que es el empleado.
La prueba del nueve
La prueba del nueve de esta evidencia es que los juzgados de lo social están saturados de reclamaciones de trabajadores, mientras que ningún empresario acude a los tribunales por incumplimiento del contrato de trabajo. Si el empleador entiende que el empleado ha incumplido el pacto, lo que hace es despedirlo, y de ahí que la tutela judicial efectiva sea fundamental. O como dice la Constitución, "sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".
En palabras del Tribunal Constitucional, en sentencia de 1983 -y posteriormente ratificada-, existe "una desigualdad originaria entre trabajador y empresario que tiene su fundamento no sólo en la distinta condición económica de ambos sujetos, sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula, que es de dependencia o subordinación de uno respecto del otro"
El error de Gallardón -sin duda arrastrado por un afán recaudador del que ya ha hecho gala en otras ocasiones- es equiparar la jurisdicción social con el resto de jurisdicciones. Como si la rúbrica de un contrato mercantil -en el que las dos partes ocupan un papel equivalente dada la naturaleza de lo comprometido- fuera equivalente a la firma de un contrato laboral. O como si fuera lo mismo reclamar en vía contencioso administrativo o en el orden civil que ante Magistratura para defender un empleo, que, en la inmensa mayoría de los hogares, supone el único ingreso económico. Se ignora, de esta forma, un principio fundamental que ya aparecía en la exposición de motivos de la ley que ahora se cambia: la concepción asistencial o social del Estado democrático de derecho, como proclama, precisamente, la Constitución.
Desamparo de Estado
El Estado social no es sólo contar con instrumentos de protección económica, como son la cobertura del desempleo o las prestaciones de la Seguridad Social, sino que también hay que vincularlo a que todas las personas tengan acceso a la tutela judicial efectiva para evitar situaciones de desamparo por falta de recursos económicos. Y el asunto de los desahucios ha demostrado las carencias del Estado protector -un principio constitucional- cuando los jueces no tutelan todo el proceso que lleva a que una familia se quede en la calle.
Por decirlo de forma gráfica, no es necesario sólo que existan leyes, sino que haya justicia. En determinadas ocasiones una interpretación mecanicista y burocrática de las normas provoca el mantenimiento de una sociedad empobrecida moralmente, que deja tirados a sus ciudadanos más vulnerables. La imparcialidad a la hora de administrar justicia no debe ser incompatible con la sensibilidad social. Y por eso no es de extrañar que todas y cada una de las asociaciones de jueces, fiscales, abogados laboralistas, procuradores, así como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General de la Abogacía hayan clamado contra una ley injusta de arriba abajo que sitúa en el mismo plano pelear por un puesto de trabajo que por cobrar una herencia millonaria.
Es cierto que la Constitución proclama que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y también es evidente que lo que hace Gallardón es modificar la que se aprobó en 1996, pero la Carta Magna también obliga a que el derecho a la justicia no cueste un euro a quienes acrediten "insuficiencia de recursos para litigar".
A nadie se le escapa que en un contexto como el actual, cualquier trabajador despedido o que vea mancillar sus condiciones laborales en la empresa, tendrá serios reparos económicos para llevar a su empleador a los tribunales, y de ahí que parezca cuanto menos injusta la norma. Por no decir un retroceso en términos históricos. Sobre todo cuando establece que sólo podrán acceder a la gratuidad quienes acrediten ingresos inferiores a 1.141 euros al mes (por catorce pagas), y, además, carezcan de bienes que impliquen suficiencia económica.
Si un trabajador tiene que elegir entre litigar y pagar la hipoteca, es muy probable que opte por lo segundo, aunque sea ultrajando sus propios derechos constitucionales. Máxime cuando recurrir hasta el Supremo -al margen de los honorarios del abogado y del procurador- le costará 1.250 euros más un gravamen situado entre 0,25% y el 0,5%. Es decir, muchos empleados tendrán que trabajar más de un mes gratis para defender sus derechos en los tribunales.
Sin duda que hay razones para pensar, como muchos creen, que se reinstaura una justicia para ricos y otra para pobres. Contraviniendo esos imperativos de carácter "ético y político" que esgrimiera -con buen criterio- el ministro Gallardón al defender el cambio legal. Estamos, sin embargo, ante un sinsentido que convierte a España en un país más pequeño y más injusto.

[Fuente: Por Carlos Sánches, El Confidencial, Madrid, 18nov12]

xiv) PP y PSOE se acercan ya al nivel de erosión de los dos grandes partidos en Grecia.
PP y PSOE sólo se han movilizado para atajar los desahucios ante el temor a una airada reacción social, pese a que ambas formaciones debaten el tema en el Congreso desde hace casi una década. Una falta de miras y una lejanía a los problemas de los ciudadanos que les pone en la senda de Grecia. Al menos así lo expone Ignacio Molina, investigador principal de Europa del Real Instituto Elcano, que en un artículo publicado ayer no sólo advierte de la "rápida erosión" a la griega que afronta populares y socialistas, sino que va más allá y alerta sobre la amenaza que pende sobre el modelo bipartidista en España.
"Ya sabemos que la crisis del euro ha arrasado con todos los gobiernos de los países del Sur. Un paso cualitativo trascendental es cuando empieza a amenazar también a los sistemas políticos en su conjunto", expone. Un cambio de paradigma que arranca de la crisis de los partidos mayoritarios: "Hasta ahora, pensábamos que era imposible el contagio a España de una pauta de evolución similar a la griega, en donde grupos radicales o euroescépticos consiguieran capitalizar el malestar ciudadano y amenazar el bipartidismo clásico (.) Sin embargo, la reciente publicación del Barómetro del CIS correspondiente a octubre de 2012 confirma algunos síntomas de muy rápida erosión en el apoyo de los dos grandes partidos".
Los números no mienten: populares y socialistas españoles ya han hecho la mitad del camino en el rechazo de los ciudadanos. Nueva Democracia y Pasok, los grupos equivalente a PP y PSOE en el país heleno, contaban con el 77,4% de los votos en las elecciones de octubre de 2009. En los últimos comicios celebrados en junio de 2012, apenas tres años después, las dos formaciones se habían dejado 35,4 puntos y sólo acaparaban el 42% de los sufragios. En España, los partidos mayoritarios sumaban el 83,8% de las papeletas cuando los españoles acudieron a las urnas en marzo de 2008. La última estimación del CIS les concede apenas un 64,5% de la intención de voto, 19,3 puntos menos. Un desplome más que inquietante.
"Es verdad que, a diferencia de lo ocurrido en Grecia, aún no han surgido partidos populistas o extremistas de derecha y que la izquierda beligerante contra la actual UE no ha desbancado a la actual socialdemocracia -expone Molina en su artículo, titulado ¿Una evolución a la griega del sistema de partidos español?-. Y es cierto también que la ley electoral seguirá dificultando mucho más que la griega el desarrollo de esta tendencia. Sin embargo, no hay dudas sobre la erosión del PSOE y del PP, que supone ya más de la mitad de la que han sufrido sus equivalentes griegos".
El drama de los socialistas
Con especial preocupación para los socialistas, que son los que más ceden tanto en España como en Grecia. En este sentido, el Pasok ha pasado en tres años de un 43,9% a un 13,2% de los sufragios, una caída de más de 30 puntos. En esta línea, el PSOE ha perdido 15,3 puntos en intención de voto, quedándose en el 28,6% desde el 43,9% que atesoraba en los comicios de 2008. Eso sí, los beneficiarios varían en función de las particularidades de cada país. La debacle socialista ha sido aprovechada en Grecia -país con un sistema consolidado sobre la base de dos grandes formaciones europeístas hasta esta crisis- por la izquierda radical (Syriza), que ha subido 22 puntos, y por dos formaciones de extrema derecha y de derecha populista, que han aumentado en 14 puntos su representación.
En España, sin embargo, el descontento ha sido sobre todo capitalizado por los partidos de raíz autonómica, con la deriva independentista en Cataluña como mejor exponente. "Una mirada a los datos recientes de Galicia, el País Vasco y Cataluña (donde destaca el hundimiento del PSOE a favor de grupos de izquierda no precisamente europeísta y la evolución populista del nacionalismo conservador en el caso específico catalán) refuerza esa conclusión", expone en su análisis el investigador del think tank. También subieron con fuerza partidos pequeños como IU y UPyD, con sendos incrementos de seis puntos, así como el voto blanco, que se incrementó en tres puntos.
Lo que finalmente está en juego es la viabilidad del modelo. "Los importantes interrogantes sobre la sostenibilidad de la deuda, el acceso al crédito financiero o las reformas estructurales que pueden ayudar a que nuestros países recuperen la senda del crecimiento, se desarrollan en paralelo a otras incógnitas aún más preocupantes sobre la capacidad que tiene el sistema político en su conjunto para seguir resultando legítimo ante sus ciudadanos", expone Molina. "Si estos no vislumbran una luz al final del largo túnel que dé sentido a tanto ajuste y si sigue deteriorándose la cohesión social, no puede resultar extraño que, entre otros efectos, se erosione rápidamente el apoyo a los grandes partido políticos", remacha.

[Fuente: Por Daniel Toledo, El Confidencial, Madrid, 13nov12]

xv) Carta insolidaria a los periodistas españoles.
Hace una semanas, en el centro de Murcia, me crucé ante una mesa informativa, en torno a la cual había varios despedidos de la emisora pública (es decir, al servicio del PP) Onda Regional de Murcia. Cuando una chica se me acercó con una carpeta para que firmara, me negué. Algo sorprendida por la dureza de mi gesto, me devolvió la mirada como queriéndome decir "!¡vale, hombre, vale, no te pongas así!". Quise aclararle el porqué de mi insolidaria postura, añadiendo: "Ahora estáis en la calle, pero cuando antes que a vosotros, mandaran al paro a miles de trabajadores murcianos de todos los sectores, en lugar de criticar las políticas laborales y económicas del gobierno pepero de Ramón Luis Valcárce y de los empresarios, os dedicabais a justificarlos y a darle jabón".
Porque así ha sido. Durante dieciséis años, los periodistas murcianos de todos los medios, sin excepción, salvo quizás Vega Media, en Internet, han convertido la radio y la televisión autonómica murciana, en portavoces de los intereses de la derecha murciana, la política, la empresarial, la financiera y la católica, así que ahora les ha pasado como al de la parábola de Bertold Brecht. "¿La conoces?"- pregunté a la sorprendida periodista-. La chica hizo un gesto afirmativo y se quedó allí parada, pensativa.
El mercenariazgo escandaloso en que se ha convertido la profesión periodística, vendida al actual sistema de poder en España, desde los diarios provinciales y autonómicos, hasta los de tirada estatal, hace que se cocine la información al gusto de la empresa que les paga, es decir, defendiendo los intereses de los mercados políticos y financieros (así es como hay que comenzar a llamarlos a partir de ahora), por eso, cuando la crisis pone de patitas en la calle a periodistas y redactores, becarios o de plantilla, nada pierde la libertad de información,
La reciente caída del diario de izquierdas "Público", al serle negado los mismos auxilios financieros y publicitarios que a los demás periódicos, es la excepción que confirma la regla.
De una u otra manera, por muy liberales que algún periodista o redactor sea en su fuero interno, en la práctica, prestan sus habilidades profesionales en contra de la causa de los trabajadores y de los intereses generales. Los profesionales de este periodismo servil que se practica en Murcia y en España, a excepción de algunos portales alternativos que se mueven en Internet, no merecen el beneficio de la solidaridad ni de la compasión.
Nada pierde la libertad de expresión, cuando echan a la calle a los trabajadores de Onda Regional de Murcia, y más recientemente de la emisora pública de TV (es decir, del PP) "La 7", pues éllos han apoyado a sabiendas, la impunidad de un gobierno de filibusteros, favoreciendo con sus crónicas, editoriales y artículos, un modo de hacer política marcado por su plegamiento a la delincuencia organizada e institucional.
A los parados de los medios de comunicación afines a los mercados, que han estado ganándose el sueldo durante años, jaleando el expolio de lo público y aplaudiendo el enriquecimiento ilícito masivo de sectores concretos, especialmente del político y del ladrillo, -lamento que suene así de fuerte- que aprendan aquello de que "Roma no paga a traidores".

[Fuente: Por Floren Dimas, Murcia, 10nov12]

xvi) Imputado el presidente del Parlament balear por presunta financiación ilegal del PP.
El juez de instrucción del Juzgado nº3 de Palma, José Castro, ha dictado un auto dentro del procedimiento del caso Over en el que imputa al actual presidente del Parlament balear, Pere Rotger, y levanta de forma provisional e inmediata la imputación de Rafael Torres, alcalde de la localidad mallorquina de Inca.
Rotger está citado a declarar ante Castro para el día 18 de noviembre a las 12.30 horas en las dependencias del magistrado en el Juzgado de Instrucción nº3 de la capital balear. El juez le interrogará sobre esta causa, el caso Over, que investiga una supuesta financiación ilegal del PP durante la legislatura del PP de Jaume Matas.
El portavoz del Govern balear, Rafael Bosch, ha anunciado que el PP pedirá al Rotger que ponga sus cargos como presidente del Parlament y diputado a disposición del partido.
El alcalde de Inca se libró ayer de su imputación en el caso tras su declaración ante Castro, en la que responsabilizó al presidente del Parlament de la contratación por parte del ayuntamiento inquer de la empresa investigada que ha admitido haber financiado de manera ilegal al PP.
Tras la declaración de Torres, ayer se cerró un acuerdo tácito entre el juez Castro y la Fiscalía para levantar la imputación a Torres y para imputar a Rotger, según adelanta hoy en sus páginas EL MUNDO/El Día de Baleares.
El presidente del Parlament no quiso hacer ayer declaraciones, de hecho guarda silencio desde que fue señalado por directivos de Over.
El presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, sin embargo, mantiene firme el mensaje que lanzó el martes al afirmar que no hará "excepciones" en la aplicación estricta del código ético.
Los motivos de Castro
Castro arguye en su auto que ha imputado a Rotger debido a la declaración que ofreció ayer el alcalde de Inca, que le llevó a "abrigar dudas" sobre la culpabilidad del primer edil mientras que, por el contrario, conducían a la necesidad de citar a Rotger como encausado.
Castro cuenta en su resolución que "este instructor fue abrigando dudas sobre la naturaleza delictiva de los hechos que en su día protagonizó" Torres y que "son incompatibles con el mantenimiento por más tiempo de su imputación".
El caso Over supone la rama balear de Gürtel y en él se investiga una supuesta financiación ilegal del PP y el amaño de expedientes de contratación en favor de la empresa empresa de márketing.
El administrador de Over, Daniel Mercado, confesó el presunto trato de favor (ilegal) hacia su empresa a lo largo del último mandato de Matas(2003-2007).
Encuestas sobre la calidad de vida
El juez Castro interrogó ayer al alcalde de Inca por el taller de portavocía que fue adjudicado a Over por 4.450 euros -que no se facturó- y por otro contrato firmado en 2008 por el que la empresa acabó percibiendo 17.500 euros (20.300 con IVA) por unas encuestas sobre la calidad de vida en el municipio tras el presunto amaño de un negociado, en el que participaron una empresa vinculada a Over y la mercantil Cent & Ment, que presentó un presunpuesto superior a la cantidad legalmente permitida para concurrir a este tipo de procedimientos.
La ex directora técnica de Over, Enriqueta Sierra, ya apuntó el pasado lunes que los contactos en este contexto los mantenía sobre todo con el ex alcalde de Inca y actual presidente del Parlament balear y hoy imputado, Pere Rotger. Aunque matizó que también mantuvo reuniones con Torres.

[Fuente: El Mundo, Madrid, 09nov12]

xvii) Saqueo de Bankia: 27 consejeros de PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT sin cualificación se pusieron sueldos millonarios.
El saqueo de Bankia no para de arrojar sorpresas mientras el juez Andreu sigue tomando declaración a sus responsables, aunque por el momento nadie ha sido ni siquiera multado ni mucho menos ha ido a prisión. La UE ha recomendado que el banco deje de cotizar en bolsa, pero los consejeros de PP, PSOE, IU, CC.OO y UGT aún no han devuelto ni un solo euro de sus ostentosos sueldos, que oscilaban entre los 200.000 y los 500.000 euros anuales. Uno de los más "modestos" era el de Mercedes Rojo-Izquierdo, secretaria de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, que ha declarado como imputada ante el juez Fernando Andreu por el caso Bankia, y explicó que fue designada miembro del Comité de Auditoría del grupo pese a no tener conocimientos de contabilidad o financieros, ya que tiene estudios de Farmacia aunque no ha concluido la carrera.
Fuentes jurídicas citadas por "Público" señalaron que ella misma, como consejera del Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, planteó reticencias a su incorporación a dicho Comité, pero que le contestaron que no se preocupara porque había "gente que sí sabía" en dicho órgano. Según datos del Banco de España, Rojo-Izquierdo, que fue asesora del Gabinente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid cuando ésta era ocupada por Aguirre, cobró sólo en dietas y retribuciones del BFA 144.000 euros en el año 2011. La misma compareciente aseguró que no fue informada, ni en su condición de consejera de BFA ni como miembro del Comité de Auditoría, de las reticencias del auditor Deloitte sobre las cuentas de la entidad.
También se ha sabido que según el informe anual de BFA de 2011, los autores del saqueo pertenecen a todos los partidos políticos y sindicatos: Rodrigo Rato (PP: 2.436.000 euros), Ángel Acebes (PP: 163.000), Pedro Bedia Pérez (CC.OO: 308.000), Francisco Baquero Noriega (CC.OO: 317.000), Luis Blasco Bosqued (empresario del PP) 178.000, José Manuel Fernández Norniella (PP) 672.000, Rafael Ferrando Giner (Bancaja) 307.000, José García Fuster (senador del PP) 265.000, Jorge Gómez Moreno (diputado del PSOE), 339.000; Agustín González González (alcalde del PP en El Barco de Avila 214.000); Mercedes de la Merced (PP), 376.000, Jesús Pedroche (PP) 204.000, Remigio Pellicer (empresario del PSOE) 302.000; José María de la Riva Amez (UGT), 202.000; Estanislao Rodríguez-Ponga (PP), 355.000 Mercedes Rojo Izquierdo (PP), 374.000), Ricardo Romero de Tejada (PP) 270.000, Juan Manuel Suárez del Toro (Cruz Roja) 235.000, Antonio Tirado Jiménez (PSOE) 409.000, Angel Daniel Villanueva Pareja (PP) 307.000, José Luis Olivas (PP) 1.764.000, Arturo Fernández (CEOE) 278.000, Juan Llopart Perez (Grupo Zeta) 367.000; Francisco Javier Lopez Madrid (yerno de Villar Mir) 310.000, José Antonio Moral Santin (IU) 522.000; José Manuel Serra Peris (PP) 387.000; Virgilio Zapatero Gómez (PSOE) 366.000.
Un experto que ha ofrecido su criterio a "La Vanguardia", ha explicado la situación de manera muy gráfica: "Entramos en el campo del surrealismo al analizar el consejo de Bankia. 27 miembros del consejo de BFA (matriz de Bankia), 12 millones de euros al año entre dietas y otras remuneraciones y creo que he dado sólo con uno de ellos que tuviera cierta experiencia en el sector financiero. Es muy probable que el resto no supiera ni como leer un balance de un banco tan complejo como Bankia. No os quiero hacer mala sangre, pero la mayoría de vosotros, ni con MBA ni 15 años de experiencia profesional, ni trabajando 14 horas al día tendréis ni por asombro estos sueldos, ya no os digo por ir a unas cuantas reuniones al año".

[Fuente: República Constitucional, Madrid, 08nov12]

xviii) El hermano de Montoro defiende en FAES que hay que acabar con la "barra libre" de las pensiones, la educación y la sanidad.
Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, defiende en un amplio artículo escrito para la fundación que preside José María Aznar, FAES, que "por el camino de la barra libre" no podrán mantenerse los servicios propios del Estado de Bienestar, en concreto los referidos a educación, sanidad y pensiones, pendiente éstas últimas de si se abordará su revaloración a finales de año en función del IPC. Bajo el título "Sobre la crisis y sus limitaciones" y a lo largo de dieciocho páginas, el sociólogo señala que "todo en la vida tiene un coste. Un bien material o un servicio que se presta tiene que ser financiado; alguien tiene que pagar por él".
Sentadas estas bases, critica que a lo largo de estos años se han acentuado los derechos pero no los deberes y las responsabilidades de los ciudadanos en el uso de lo público. "Es lo que incesantemente se le ha dicho al pueblo: que tiene derechos, todos los que imagina y muchos más", de modo que los sistemas sanitario, educativo y de pensiones, basados en criterios de solidaridad, "se convierten en ensalzamiento de egoísmos en la medida que alguien se siente bien por usar algo que es muy caro (ejerce su derecho) y que otros pagan para que él utilice (ignora que tiene el deber de usarlo correctamente". Pero la crisis ha venido a poner de manifiesto que "por el camino de la 'barra libre' no podrán mantenerse estructuras tan grandes y costosas" como las propias del Estado de bienestar, estructuras que generan gastos "en un crecimiento exponencial", defiende Montoro, hasta "correr el riesgo de asfixiarlas o deteriorarlas gravemente".
Para exorcizar ese riesgo, propone, hay que empezar asumiendo lo costoso del sistema y la "imperiosa necesidad" de introducir ajustados criterios de financiación y de eficiencia gestora que los hagan funcionar y sean útiles. ¿Cómo? pues sin que la prestación de esos servicios tenga porqué tener titularidad pública o estatal o buscando líneas de financiación que complemente la vía pública en situaciones que así lo requieran.
Pero el sociólogo de cabecera de FAES no sólo aborda esta cuestión sino también otras como el fenómeno del 15-M en lo que tenía de cuestionamiento del actual sistema político-económico. Entiende que este movimiento es un "anacronismo" que lo que más lejos lleva es a "redescubrir la Unión Soviética". Entiende que "no es más que una prolongación o manifestación adicional de los ya clásicos movimientos antisistema que se extienden por Occidente "y que, obviamente, no están presentes en países como China o Cuba. Todos estos movimientos antisistema (capitalista) nunca se manifiestan bajo el formato antisistema (socialista), lo que parece dar a entender que invitan a que el segundo sustituya al primero", un "anacronismo" dice, sobre todo desde 1989, año de la caída del Muro de Berlín.
Tras recordar que el Gobierno socialista permitió la prolongada presencia de las acampadas en la madrileña Puerta del Sol justo cuando ya se vaticinaba un gran triunfo del PP tanto en las autonómicas y municipales de mayo de 2011 como después en las generales, señala que el "buenismo irreal" que, a su juicio tiene el 15-M, del que luego han colgado otras convocatorias como la del pasado 25 de septiembre de rodear el Congreso de los Diputados, lo que realmente persigue con su crítica al libre mercado es "invitar" a la "intervención totalitaria del Estado", mientras que su régimen asambleario "es el mecanismo ideado por los bolcheviques para, con una mínima organización, provocar un simulacro de decisión popular que esconde una imposición totalitaria".

[Fuente: Vozpopuli, Madrid, 17oct12]

xix) El Gobierno de Zapatero donó 200 millones a ONU Mujeres antes del fichaje de Bibiana Aído.
Un país comprometido con la mujer y la igualdad de género. España abandera el ránking de los países que más dinero destinan a combatir la violencia y la desigualdad de género entre hombres y mujeres. Un liderazgo mantenido en el tiempo durante los años en los que José Luis Rodríguez Zapatero ocupó la Moncloa. Desde 2006 hasta este año, el Gobierno ha donado más de 200 millones de euros al proyecto estadounidense de ONU Mujeres que fichó a Bibiana Aído, exministra de Igualdad, como asesora "especial" de la directora ejecutiva de ONU-Mujeres, el organismo que preside Michelle Bachelet.
En 2006, dos años antes de crear el ministerio de Igualdad que dirigiría Bibiana Aído hasta su extinción, el por entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dedicó de los fondos públicos 8,8 millones de euros para Unifem, el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer. Una cantidad que se elevó hasta los 16,8 millones de euros en el siguiente ejercicio. Las aportaciones son mínimas si se compara con el chorreo de dinero que el Gobierno destinaba al mismo fondo a partir de 2008, cuando Zapatero es reelegido presidente del Gobierno y Bibiana Aído sube al Ejecutivo como ministra de Igualdad.
España inyectó más de 76 millones de euros a la ONU entre 2008 y 2009, convirtiéndose en el país que más dinero abonaba a la causa (una cuarta parte del montante global que aportaban todos los países del mundo) y coincidiendo en el tiempo con la aparición de los primeros brotes de la crisis que todavía asola al país. Ser la nación que más dinero invertía a la causa sirvió como razón de peso para que la organización compensase a España colocando en abril de ese mismo año a Inés Alberdi, esposa del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al frente de la dirección ejecutiva del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).
Ya con la hermana de la exministra Cristina Alberdi involucrada de lleno en el proyecto desde Estados Unidos, el Gobierno socialista se volcó de lleno en la organización. Pronto llegó la creación de ONU-Mujeres, una nueva agencia que englobaría Unifem y otros tres fondos y organismos que en Naciones Unidas se dedicaban a asuntos relacionados con la promoción de las mujeres, y con la que España contribuyó en 2010 ofreciéndoles otros 35,18 millones de euros, una cantidad que duplica la aportación hecha por Noruega, el segundo país que más dinero invertía en el proyecto (17,2 millones de euros anuales).
En 2011, el último año en el que Zapatero se mantuvo en el poder, España siguió imbatible en el Top One de los países más comprometidos con los proyectos de igualdad de género de la ONU. Esta vez, con la crisis ya de lleno azotando a los españoles, la aportación del Ejecutivo central superó los 20 millones de euros, once millones más que la cantidad que abonó Reino Unido y Noruega.
Lluvia de millones mientras la crisis se agudizaba
Con el ministerio de Igualdad desaparecido del organigrama oficial del Ejecutivo desde octubre de 2010, Bibiana Aído dejó su cargo como secretaria de Estado en junio de 2011 para trabajar codo con codo con la expresidenta de Chile. Muchos relacionan este 'fichaje' como medida compensatoria a la abultada cantidad de subvenciones que el Gobierno socialista entregó durante seis años consecutivos al proyecto estadounidense y que ahora solventaría colocando a la gaditana en un puesto bien remunerado (unos cien mil euros anuales) en Nueva York.
Tras la caída del PSOE del Ejecutivo central tras las elecciones del 20-N, los presupuestos del 2012 guardaron 9,2 millones de euros más para el proyecto que trabaja Bibiana Aído en Nueva York. Por ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy todavía no ha abonado ni un solo euro de lo prometido.

[Fuente: Por Ana I. Gracia, El Confidencial, Madrid, 17oct12]

xx) ONGD denuncian el "desmantelamiento" de la cooperación internacional en las comunidades autónomas.
La red de coordinadoras autonómicas de ONG para el Desarrollo (ONGD) ha denunciado el "desmantelamiento" de las ayudas a la cooperación internacional en autonomías y ayuntamientos y ha informado de que este capítulo sufrirá en 2013 un recorte de 106 millones respecto a 2012, es decir, un 44 por ciento.
Según un estudio elaborado por la red de coordinadoras con motivo de su décimo encuentro anual, la ayuda en 2013 se situará aproximadamente en 134 millones, lo que supone cinco años de caídas consecutivas (2008-2013) y un recorte acumulado de 330 millones de euros.
La red de coordinadoras asegura que en el último año la reducción de las ayudas oficiales al desarrollo fue de más del 66 por ciento en las comunidades autónomas y del 59 por ciento en el caso de las entidades locales.
A juicio de las ONGD, estos recortes están suponiendo "graves consecuencias" sobre proyectos de salud, educación o alimentación que se desarrollan en países empobrecidos pero también "sufren directamente estos recortes los proyectos que se realizan en España en materia de movilización ciudadana, denuncia social y educación para el desarrollo".
El informe de la red de ONG del Desarrollo desvela que las comunidades que más recortan, por encima del 80 por ciento, son las comunidades de Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y La Rioja. Con recortes entre el 70 y el 80 por ciento se sitúan las autonomías de Cataluña, Madrid, Murcia y Navarra y entre el 40 y el 70 por ciento las regiones de Andalucía, Aragón y Castilla y León. Por contra, los menores recortes, inferiores al 40 por ciento, se dan en Asturias, Extremadura, Galicia y País Vasco.
La coordinadora de ONGD subraya que por persona y año se destinan 5 euros a la cooperación autonómica frente a los 368 euros que se destinan a defensa, lo que -según dice el informe- deja "muy claro" las prioridades de los gobiernos en su gestión.
El informe desglosa las partidas por años y revela que en 2013 la partida presupuestaria para este capítulo será de 134 millones frente a los 240 millones asignados en 2012. En 2011 se destinaron a la cooperación internacional 342 millones, un poco menos que en 2010 cuando se reservaron para este capítulo 389. Un año antes, en 2009, las ayudas a la cooperación se llevaron 446 millones mientras que la cifra más alta se registró en 2008 con 464 millones de euros.
Por todo ello, y en el marco del décimo encuentro anual, las 17 coordinadoras autonómicas demandan la paralización de los recortes en políticas de cooperación y el pago de las deudas contraídas con las ONGD y otros actores sociales.
También solicitan la elaboración de una hoja de ruta que concrete para los próximos tres años el incremento de la ayuda oficial al desarrollo hasta recuperar los niveles máximos alcanzados en cada comunidad autónoma. La red de coordinadoras exige que se promueva la obtención de ingresos a partir de otras medidas más justas como una fiscalidad que grave más a los que más tienen, la lucha contra el fraude fiscal, la eliminación de los paraísos fiscales y la imposición de tasas a las transacciones financieras.

[Fuente: El Confidencial, Efe, Madrid, 06dic12]

Más Información en:
Crisis social y de derechos civiles
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/main.html#indig
Crisis económica española
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/main.html#eco
Deflación y crisis financiera y económica internacional
http://www.derechos.org/nizkor/econ/deflation/deflamain.html
Informe: Trabajadores pobres y empobrecimiento en España
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/indignados252.html
Un paro del 25% no tiene solución
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/indignados310.html
Bankia renovó la financiación a grandes grupos mediáticos
entre salida a bolsa e intervención
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/bankia10.html
Estrenan en Madrid un musical que promueve el absolutismo monárquico
con el apoyo del gobierno y de la casa real
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/musical.html
El sector público da un tajo de 4.990 millones a la sanidad en dos años
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/indignados304.html
El 27% de los españoles estaban en riesgo de pobreza o
exclusión social en 2011
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/indignados301.html

Caso Baltasar Garzón Real
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/main.html#garzon
http://www.derechos.org/nizkor/espana/impu/#mall
Auto confirmando que los jueces naturales del lugar de los hechos son competentes
para desenterrar e identificar a las víctimas del franquismo.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon188.html
Garzón en Argentina: en nuestro nombre, no.
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/bgarzon.html
Carta sobre el papel de Baltasar Garzón como asesor de la MAPPOEA frente a la paz
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/bgarzon1.html
Rechazo a la candidatura del Sr. Garzón a miembro del Comité
para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en
representación de España.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon175.html
Documentación aportada por Banco Santander y CEPSA a la causa en el caso del
juez Baltasar Garzón Real y los "cobros de Nueva York"
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/bgny.html

Nueva Página sobre Crimen de Agresión:

Crime of Aggression
The ICC and the definition of aggression
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miércoles, 12 de diciembre de 2012

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