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El lunes 19 de mayo, el Congreso de Puebla aprobó la ley que faculta a policías para el uso de armas de fuego durante las manifestaciones. La iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle tuvo 32 votos a favor.
Durante la discusión de la ley, integrantes de la Asamblea Juvenil #YoSoy132 Puebla realizaron una protesta y calificaron la ley como violatoria a los derechos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las afueras del Congreso estatal.
LA LEY AL SERVICIO DE LA VIOLENCIA
Puebla a 18 de junio de 2014
El conjunto de leyes y prácticas
políticas del Gobierno del Estado de Puebla bajo la administración de
Rafael Moreno Valle han borrado con unas cuantas cuartillas y decisiones
siglos de debates, luchas y logros en materia de derechos. Durante
todos esos siglos una de las funciones principales del derecho ha sido
establecer los límites del poder para contrarrestar su tendencia hacia
el absolutismo. En ese marco, con la iniciativa de “Ley para Proteger
los Derechos Humanos y que Regula el
Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las
Instituciones Policiales del Estado” en lugar de limitar el uso de la
fuerza, más bien la favorece. Con el discurso de la defensa de los derechos humanos se pretende legitimar y legalizar su violación.
¿Cómo se determinará que una agresión es
“real, actual o inminente” y que justifique el uso de armas letales por
parte de la policía durante manifestaciones públicas? Tal vez será
cuando a juicio del Gobernador o del policía en turno se agredan los
intereses de la administración estatal o se ponga en riesgo “actual o
inminente” algún tipo de propiedad o megaproyecto.
El artículo 41 de la iniciativa
establece la clasificación de “manifestación ilícita violenta” con la
que se abre la puerta al uso de armas letales por parte de los policías
que participen en el operativo definido para la ocasión. ¿Cómo se puede
determinar que una manifestación sea en su conjunto “violenta”? ¿Se
puede emitir un juicio de este tipo, con las mortales consecuencias que
puede tener para la colectividad que protesta, sin individualizar las
conductas? ¿Qué significa autorizar el uso de fuerza letal en protestas
“violentas”? ¿Significa acaso enfrentar a policías armados frente a
manifestantes desarmados?
A pesar de que el Capítulo VII (sobre
detenciones) de la iniciativa de ley establece que no se puede
contravenir lo establecido en la Constitución, no especifica que las
detenciones únicamente pueden ser realizar en flagrancia o al ejecutar
una orden de aprehensión emitida por un juez, lo que deja un espacio de
ambigüedad que puede resultar en detenciones arbitrarias, un problema
que en México se ha padecido durante demasiado tiempo.
En un país que vive bajo el horror de
una guerra entre grupos del crimen organizado pareciera que la
preocupación central no es la violencia que se genera desde estos grupos
y desde la fallida estrategia de seguridad planteada desde el Estado
para enfrentarlos; no, la preocupación central está en situaciones que
expresan o pueden provocar descontento social, como es evidente en el
apartado de “protocolos” de la iniciativa de ley, en el artículo 18
fracción I, donde catalogan en tipos de operación: las detenciones,
emergencias o desastres naturales y manifestaciones públicas; y al
establecer, en el artículo 40, entre los elementos de riesgo a tomar en
cuenta para la planeación de operativos, “los aspectos socioeconómicos o
políticos imperantes en el momento de la manifestación”.
¿Han tomado en cuenta que esta ley, que
explícitamente faculta a los policías para hacer uso de fuerza letal
(por gradual que esta sea) será aplicada, tras su posible aprobación,
por policías capacitados para la violencia y sumergidos en un ambiente
de constante corrupción en un estado convulsionado y con un descontento
legítimo y creciente?
Además de todo lo anterior, con la
aprobación de esta iniciativa de ley se pondrían en riesgo los derechos
consagrados en los artículos 1, 9, 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 5, 8, 9, 11 y 20 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos; y 6, 7, 9, 10 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es importante señalar también que esta
iniciativa de ley es prácticamente una calca del recién aprobado “Código
que establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de
seguridad pública de Chiapas”, lo que por lo menos insinúa una
estrategia nacional que agudiza sustancialmente la criminalización de la
protesta.
Nodo de Derechos Humanos
Cel: 2225795748
Video:
https://www.youtube.com/watch?list=UUMGaMp39yC9kbmJFMEHewAg&v=GS0ozEHkz4A#t=11
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