REDESCA de la CIDH expresa su profunda preocupación ante discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos al trabajo y a la salud en Nicaragua

21 de agosto de 2019

Washington, D.C.- La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recibido con preocupación reiterados reportes que apuntan a que existe un patrón de discriminación y amenazas de represalias por parte de las autoridades del Estado de Nicaragua con implicancias sobre los derechos al trabajo y a la salud de personas opositoras o críticas del Gobierno.

Así por ejemplo, la REDESCA tuvo conocimiento que el pasado 10 de abril, en una reunión con trabajadores estatales, representantes departamentales del Frente Nacional de Trabajadores y del Ministerio de Salud en Carazo, habrían advertido que las y los trabajadores estatales que no estén de acuerdo con las recomendaciones del gobierno serían despedidos. Al mismo tiempo, habrían indicado que únicamente se contratarán personas que posean carnet de militancia del partido oficialista, además de revisar que las y los actuales funcionarios públicos cuenten con el mismo. También habrían instruido que, en caso de existir nuevas manifestaciones sociales, no deben prestar asistencia médica a nadie que se relacione con las protestas, e incluso se advirtió que no deben tener contacto o dialogar con personas asociadas a los movimientos de oposición. Orientaciones del mismo tipo se habrían repetido, durante el mes de julio de 2019, en otras ciudades como Jinotepe, León y Somoto. En esta última ciudad, dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), habrían amenazado con despidos a los trabajadores considerados “traidores” del partido oficialista por, entre otras razones, haber atendido a personas manifestantes heridas durante las protestas.

En general, la CIDH, mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), y su REDESCA han tomado conocimiento de manera sostenida sobre denuncias de personal de salud de hospitales públicos por haber recibido instrucciones de no atender a manifestantes heridos bajo amenaza de despido o detención. También han manifestado su preocupación por hechos de persecución posterior y acciones de intimidación que dichos profesionales habrían recibido por haber desobedecido dicha orientación, lo cual, en muchas situaciones, provocó que tengan que salir del país.

Lo anterior ha sido materia de pronunciamiento público por parte de la CIDH y su REDESCA en diversas oportunidades, así por ejemplo, en pronunciamiento de 10 de septiembre de 2018 lamentaron que el Estado de Nicaragua no haya dado respuesta a una carta de solicitud de información sobre la situación de los profesionales de la salud despedidos hasta ese momento. Previamente, en comunicados de 2 y 24 de agosto de 2018, la CIDH urgió que el Estado cese la estigmatización contra estas personas y la REDESCA afirmó que la protección del derecho al trabajo implica abstenerse de adoptar cualquier represalia laboral por ejercer la libertad de expresión o haber cumplido sus funciones para preservar el derecho a la salud en el contexto de la crisis que atraviesa dicho país. Asimismo, el 19 de diciembre del mismo año la CIDH condenó enfáticamente el deterioro de la situación de los derechos humanos y el Estado de Derecho en Nicaragua en donde, entre diversas consecuencias graves, se identificó el despido de decenas de profesionales de la salud por ejercer su labor o tener una posición crítica del gobierno. De manera más reciente, la Unidad Médica Nicaragüense indica que la cifra de despidos alcanzaría aproximadamente 410 trabajadores de la salud.

Asimismo, la REDESCA tuvo conocimiento de la denuncia que señala que, a comienzos de 2019, el Coordinador Cultural del Ministerio de Educación habría advertido a funcionarios y funcionarias de dicho ministerio no pronunciarse en contra del gobierno, a riesgo de ser despedidos. “Esta es una indicación institucional, aquí el que boicotee el proyecto se separa automáticamente, sin apelación alguna”, habría declarado el funcionario oficialista. Además, las y los trabajadores de dicha repartición han denunciado que se les ha puesto vigilancia, siendo seguidos a sus casas luego del trabajo.

De la misma forma, en Madriz y Estelí, funcionarios del Ministerio de Salud, Educación y de rama judicial, denunciaron, en abril pasado, que algunos sindicalistas alineados con el Gobierno los estarían obligando a mostrar sus celulares todos los días al ingresar y salir del trabajo para revisar contactos, conversaciones y mensajes en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y sus correos electrónicos personales, además de mantener vigilancia en las casas de las y los trabajadores. Por otro lado, el Partido Indígena Yátama, denunció públicamente que empleados públicos habrían sido amenazados, requiriendo la entrega de listas de familiares bajo la amenaza de despidos, frente a los comicios regionales del pasado marzo, para forzarlos a votar por el partido oficialista.

La REDESCA ve con preocupación que representantes del Estado estén limitando el ejercicio del derecho a la salud y el derecho al trabajo a las personas que expresen opiniones distintas a las del Gobierno de turno. En ese sentido, recuerda que es una obligación inmediata del Estado respetar y garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación en el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Para la REDESCA, la exigencia de respaldar al gobierno de turno o de obtener el carnet del partido oficialista como condición para acceder o mantener un puesto de trabajo, o la limitación al acceso a los servicios de salud por participar en protestas o manifestaciones contra el Gobierno constituyen acciones discriminatorias por razones políticas que afectan el contenido básico de dichos derechos. Es decir, la existencia de condicionamientos relacionados con la adscripción, militancia u opiniones políticas, que estarían siendo requeridos por el Estado de Nicaragua, resultan contrarios a los principios de igualdad y no discriminación en relación con los derechos al trabajo y a la salud.

En esa línea, se recuerda que la CIDH, dentro del Capítulo IV. B. del Informe Anual 2018, concluyó que las restricciones a estos derechos se enmarcaban en un patrón de represión sistemática. Específicamente, se resaltó que “a fin de mantener una estructura estatal de absoluto control del poder ejecutivo, se pudo corroborar que servicios esenciales (como la atención de emergencias médicas), se privan en relación con la afiliación política de la persona afectada. De igual manera, no se permite que profesionales de la salud puedan ejercer libremente su profesión, por cuanto su trabajo se ve limitado por razones políticas.” En tal sentido, la Relatora Especial sobre DESCA, Soledad García Muñoz, hizo notar que “la persistencia hasta hoy de las referidas prácticas son una evidencia preocupante de un patrón discriminatorio generalizado y sistemático que afecta gravemente la vigencia del derecho a la salud y del derecho al trabajo en Nicaragua”.

De acuerdo a lo anterior, la REDESCA hace un urgente llamado al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato dichas prácticas discriminatorias que afectan el ejercicio de los derechos al trabajo y a la salud, generan un efecto intimidante por las posibles represalias y debilita seriamente los esfuerzos de contribuir a la superación de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país.

La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.