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Información Crisis y deflación |
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02may12 - x)
msjes.
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| Esp - La desocupación afecta a 5,6 millones de trabajadores y los indicadores permiten hablar de depresión económica. |
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i) En España el paro llega a 5,6 millones de desocupados. El paro subió en 365.900 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 6,9% más, situándose el número total de desempleados en 5.639.500 personas, cifra inédita hasta ahora para la economía española. La tasa de paro escaló al cierre de marzo hasta el 24,44%, porcentaje casi 1,6 puntos superior al del trimestre anterior. La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el primer trimestre de 1994, cuando la tasa de paro se situó en el 24,55% (su valor más alto desde 1976). Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del ejercicio, en el que entró en vigor la reforma laboral del Gobierno del PP. En concreto, esta ley comenzó su vigencia el pasado 12 de febrero. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer trimestre se destruyeron 374.300 puestos de trabajo (-2,1%), con lo que el número de ocupados alcanzó la cifra de 17.433.200 personas, su nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2003. El descenso de la ocupación ha sido casi tres veces superior entre los varones, con 278.300 trabajadores menos (-2,8%), que entre las mujeres, que han perdido 96.000 puestos de trabajo en el trimestre (-1,2%). No obstante, el aumento del desempleo en el trimestre les ha afectado de manera similar, con 183.700 parados más en el caso de los varones (+6,4%) y 182.200 mujeres más en paro que en los últimos tres meses de 2011 (+7,5%). Con estos datos, la tasa de paro masculina se situó en el 24,09% y la femenina en el 24,86%, con un incremento intertrimestral cercano a los 1,6 puntos en ambos casos. En comparación con el mismo periodo del año pasado, el paro se incrementó en el primer trimestre en 729.400 desempleados, un 14,8%, mientras que los empleos destruidos alcanzan los 718.500 (-3,9%). En términos cuantitativos, la destrucción de empleo afectó más a los españoles que a los extranjeros. De hecho, dos de cada tres empleos perdidos entre enero y marzo estaban ocupados por españoles. En concreto, los extranjeros redujeron su ocupación en 87.300 personas (-3,8%), frente a los 287.000 empleos que perdieron los trabajadores nacionales (-1,8%). Por su parte, el número de activos se redujo en 8.400 personas hasta marzo (-0,04%), con lo que la población activa quedó constituida por 23.072.800 personas y la tasa de actividad se mantuvo estable respecto al trimestre anterior, al situarse en el 59,94%. En el último año, el volumen de activos ha aumentado en 10.900 personas, un 0,05%. La caída de la actividad se dejó sentir sólo entre los hombres. Al finalizar marzo, un total de 86.200 mujeres más querían trabajar (+0,8%), con lo que la tasa de actividad femenina se situó en el 53,35%, cuatro décimas más que en el último trimestre de 2011. Entre los hombres, la actividad bajó en 94.600 personas hasta marzo, un 0,7% menos, hasta situarse su tasa en el 66,8%, cuatro décimas inferior a la del trimestre anterior. Los parados de larga duración suben un 13% en un año Desagregando los datos de desempleo por nacionalidades, el paro de los españoles aumentó hasta marzo en 298.500 personas (+7,4%), en tanto que los extranjeros en situación de desempleo subieron en 67.400 personas (+5,5%). De esta forma, ocho de cada diez personas que se quedaron en desempleo en el primer trimestre eran españoles, situándose su tasa de paro en el 22,21%, un punto y medio por encima de la del trimestre precedente, mientras que la de los extranjeros escaló 2,1 puntos, hasta el 36,95%. Por sectores, el desempleo aumentó en el primer trimestre en todos ellos, principalmente en los servicios, con 147.900 parados más (+9,2%), seguido de los parados de larga duración (más de un año en desempleo), con 66.200 parados más (+2,8%), y de la agricultura, que sumó 59.700 parados, experimentando el mayor repunte porcentual de todos los sectores (+28,4%). Por su parte, la industria elevó su cifra de parados en 49.800 personas (+20,1%), la construcción en 29.500 (+6,5%), y el colectivo de los que buscan su primer empleo en 12.800 desempleados (+2,9%). En el último año, los sectores donde más se ha incrementado el desempleo en términos cuantitativos son el colectivo de parados de larga duración, con 276.100 parados más (+13,09%), y los servicios, con 244.600 nuevos desempleados (+16,2%). Todos los sectores destruyen empleo La destrucción de empleo en el primer trimestre afectó a todos los sectores, con los servicios a la cabeza, donde se perdieron 184.800 ocupados hasta marzo (-1,4%). El 'ladrillo', por su parte, destruyó 90.200 puestos de trabajo (-7%), mientras que la industria perdió 67.000 ocupaciones (-2,6%) y la agricultura vio desaparecer 32.300 empleos (-4%). En el primer trimestre, el número de asalariados disminuyó en 418.000 personas (-2,8%), de los que 279.600 tenían contrato temporal (-7,5%) y 138.400 tenían contrato indefinido (-1,2%), situándose la tasa de temporalidad en el 23,76%, cifra 1,2 puntos por debajo de la del trimestre anterior. Todo el empleo destruido en el primer trimestre fue a tiempo completo (-421.800), un 2,7% menos, frente al aumento de 47.500 empleos a tiempo parcial (+1,9%). Por su parte, los trabajadores por cuenta propia subieron en el primer trimestre en 46.300 personas (+1,5%), lo que situó el número total de empleados por cuenta propia en 3.014.900 personas. El paro sube en todas las comunidades El paro aumentó en el primer trimestre en las 17 comunidades autónomas españolas. El mayor incremento correspondió a Andalucía, con 81.100 parados más, seguida de Cataluña (61.500 parados más) y Comunidad Valenciana (40.100 desempleados más). Los menores incrementos correspondieron a Murcia y La Rioja, con 1.300 y 1.800 parados más, respectivamente. En cuanto a la ocupación, ésta cayó en el primer trimestre en 16 de las 17 comunidades autónomas. Se salvó únicamente Madrid, que creó 15.900 empleos. Las regiones donde más puestos de trabajo se destruyeron entre y marzo fueron Andalucía (-70.800) y Cataluña (-66.900). [Fuente: El Confidencial, Madrid, 27abr12]ii) Andalucía tendrá uno de cada tres habitantes en paro a finales de 2012. Ni en 2012. Ni en 2013. Andalucía tendrá que esperar como mínimo a 2014 para crear empleo. Y a finales de año uno de cada tres andaluces estará en paro. La tasa de desempleo de 2012 superará ampliamente la barrera del 30%: alcanzará el 33,5%, como certifica el último estudio de Analistas Económicos de Andalucía (AEA), dependiente del grupo Unicaja. Las previsiones ya detectaron el año pasado una tasa de paro rozando el 30%. "Habrá un momento en que la creación de empleo supere a la reestructuración empresarial, será entonces cuando comience a rebajarse la tasa de paro", señala Francisco García, consejero delegado de AEA. El problema es que ese escenario ni está, ni se le espera a corto plazo. Hay brotes verdes, sí, se crea empleo en Andalucía, pero es más fuerte y severa la destrucción de empleo. Los datos no invitan al optimismo. La población ocupada en Andalucía descenderá el 4,2% este año. El informe de Unicaja deja claro que durante el cuarto trimestre de 2011, en términos interanuales, sólo en Málaga aumentó el empleo (1%). La mayor caída de la ocupación fue en Almería, con una tasa superior al 10%. El número de parados se incrementó en todas las provincias, a excepción de Granada, y excepto en las provincias de Granada, Jaén y Sevilla, al cierre de 2011, la tasa de paro superó el 30%. Las previsiones remarcan una caída de la población ocupada del 4,2%, lo que, unido al previsible ligero crecimiento de la población activa, daría lugar a una tasa de paro para el promedio de 2012, del 33,5%. Analistas Económicos de Andalucía apunta a la necesidad de tomar medidas para corregir los desequilibrios presupuestarios y reducir los altos niveles de endeudamiento. Las estimaciones realizadas por Analistas Económicos de Andalucía apuntan a una caída del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz este año del 2,5% (en España el descenso será del 2,1%). Los economistas apuntan que esta reducción sería el resultado de una merma de la actividad en todos los sectores productivos, más intenso en la construcción (-7,1%), y de la contracción de los componentes de la demanda interna. En concreto, se prevé en 2012 el gasto de los hogares se reduzca en un 2,8%, mientras que en el gasto en consumo de las administraciones públicas y de las instituciones sin ánimo de lucro caiga un 6,5%. Para 2012 los economistas vaticinan en Andalucía una caída generalizada de la actividad en todas las provincias. Córdoba, Málaga y Granada podrían mostrar una menor contracción, con descensos inferiores al 1,5%, mientras que en Almería y en Huelva la caída de la actividad podría ser más intensa, superior al 3,5%. [Fuente: Por Agustín Rivera, Málaga, El Confidencial, Madrid, 27abr12]iii) La OIT rechaza la austeridad española como fórmula para recuperar el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) rechaza la austeridad como fórmula para recuperar el empleo en España e insta al Gobierno a apoyar la inversión productiva mediante la reanudación del crédito a la economía real, sobre todo las PYMES. Esta es la conclusión del resumen sobre la situación del mercado laboral español, elaborado por la OIT en el marco de su informe general sobre el trabajo en el mundo, dado a conocer días después de que el paro se situara en España en el primer trimestre del año en el 24,4 % de la población activa, el nivel más alto desde 1994. Para la OIT, las medidas de austeridad aplicadas por el Gobierno actual y el anterior "han afectado al crecimiento y al empleo en el corto plazo y, por el momento, no se han traducido en una reducción significativa del déficit fiscal", que era el objetivo perseguido. Raymond Torres, director del Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL) de la OIT, manifestó que no se puede fiar solamente a la austeridad y los recortes presupuestarios la recuperación de la economía y del empleo, y señaló que las políticas de reducción del déficit han tenido un efecto contrario al deseado. "Se pensaba que esos recortes iban a fomentar la confianza y la inversión, crear mayor crecimiento en algún momento y empleo, pero en realidad lo que está pasando es que sigue cayendo la confianza y la inversión", argumentó este experto de la OIT. A eso hay que sumar que el crecimiento de las exportaciones y de la inversión "no han compensado el impacto negativo que las medidas de austeridad tienen sobre la demanda privada", y que "la inversión ha disminuido debido a la caída de la inversión pública y a la contracción de la inversión privada por la restricción del crédito". 'España no tiene un problema de competitividad' Torres achacó la última ola de destrucción de empleo en España "a las políticas de austeridad" y consideró que esta tendencia se ha acentuado tras un breve periodo entre finales de 2009 y mediados de 2010 "en el que el mercado laboral se deterioró menos". Tras la crisis de 2008, argumentó, las exportaciones españolas han mostrado cifras de crecimiento anual positivas, por encima de la media mundial, "lo que indica que España no tiene un problema real de competitividad, sino problemas estructurales". "El problema ahora es que con la ralentización de la economía mundial, la posibilidad de compensar la débil demanda interna con las exportaciones es menor", argumentó el experto de la OIT, que consideró que la solución pasa por la reanudación del crédito. "La recuperación económica en España no será posible hasta que no se reanude el crédito a las PYMES (...). Algunas medidas deseables serían disponer de un sistema de garantías de crédito, aumentar el número de mediadores que consideran peticiones que no han sido atendidas por los bancos y proveer de liquidez a los bancos", dijo. Para ello, es necesario "reformar el sistema financiero para que se centre en su verdadera labor de dar crédito a la economía real". En el informe de la OIT, se subraya que "merece la pena considerar la creación de una banca pública que se dedique a la promoción de la inversión en sectores estratégicos" o reactivar instancias ya existentes como el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En cuanto al mercado laboral, Torres indicó que "es imposible identificar tendencias en función de las varias reformas que se han llevado a cabo en España en los últimos años", pero afirmó que "reducir el coste del despido en un momento de crisis no soluciona el problema, sino que genera más destrucción de empleo". La última reforma del mercado laboral en España, en su opinión, se ha abordado con "planteamientos ideológicos que no se corresponden con lo que se sabe de las experiencias de reforma que sí han funcionado y que son mucho más equilibradas". [Fuente: El Mundo, EFE, Madrid, 30abr12]iv) La producción española de cemento en 2012 será equivalente a la de 1967. El cemento vive uno de sus peores momentos. Tras varios años sin levantar cabeza, las estimaciones de negocio para este 2012 siguen deparando malas noticias. Según la patronal del sector, Oficemen estima que para este año la producción total apenas alcanzará las 16 millones de toneladas, una cantidad equivalente a la registrada en 1967, en pleno desarrollismo económico, cuando la renta per capita era sólo de 5.000 dólares por español. En términos del cemento como indicador de la actividad industrial, la crisis ha hecho retroceder a España más de 40 años en el tiempo. Antes de poder coger el aire al sector, Juan Béjar se encontró con el tarifazo aprobado a finales de marzo por Industria recién aterrizado en las presidencias de Portland Valderrivas y Oficemen. El primer paquete de medidas aprobado ha supuesto una subida de la factura eléctrica un 0,91% para la gran industria, un porcentaje casi irrelevante en comparación con el trasladado al consumidor doméstico (7%), pymes (4%) o industrias medianas (2,78%). Sin embargo, el anuncio de nuevas reformas que completen la reforma del sector energético hace temer a los cementeros nuevos contratiempos. Si la tarifa eléctrica representa cerca del 30% de los costes en el sector industrial, en el cemento este porcentaje puede llegar hasta el 18%. Un componente fijo y determinante en su estructura de gastos que se ha duplicado en los últimos cuatro años con motivo de los cambios regulatorios, según explica Juan Béjar, que alerta de la "flagrante pérdida de competitividad" que suponen estas revisiones tarifarias, sobre todo para una industria en la que la energía equivale al 35% de sus costes globales y tiene un peso mucho más importante, por ejemplo, que el coste salarial. Estableciendo paralelismos, según el director general de Oficiemen, Aniceto Zaragoza, si la reforma del mercado laboral ha sido una de las actuaciones claves del actual Gobierno, cuánto más tiene que ser la reforma del sector energético por la trascendencia que tiene para el conjunto de la actividad económica, más allá del precio final que se traslade a los consumidores domésticos, sin duda el aspecto políticamente más comprometido para cualquier partido político. Está en juego, según los cementeros, la competitividad del tejido industrial español en un momento de plena crisis. Como han padecido otros sectores, la incertidumbre regulatoria y los bandazos sobre el modelo energético han convertido al sector industrial en pagador de una buena parte de los sobrecostes añadidos al sistema, que ha visto como su contribución a la tarifa se ha duplicado en sólo cuatro años, como recuerda Béjar. En buena parte, por la parte alícuota que sufragan de las primas a las renovables, una situación que no ha ocurrido en otros países, como Alemania, donde el desarrollo verde se ha trasladado de manera marginal (0,5€/MW) a la tarifa eléctrica de la gran industria. Soluciones a medida Para resolver parte del problema, las cementeras reclaman un marco de relación directo con las eléctricas, poder establecer acuerdos bilaterales, algo que no permite la política de precios marginales. Pretenden asumir sólo el coste de suministro y evitar el régimen especial que carga el total de la factura. Según datos de Oficemen con información pública, los costes de suministro (generación, transporte y distribución) en 2005 representaban un 72% de su factura eléctrica, por sólo el 44% de 2010 al haberse incluido en la tarifa otros costes adicionales (primas, impuestos, déficit). Tanto para Béjar como para Zaragoza, el Gobierno afronta la oportunidad de reformar de manera integral el modelo energético del país. Sin embargo, temen que en esta revisión que prepara el Ministerio de Industria afecte al servicio de interrumpibilidad, una partida de los costes regulados de la tarifa que representa cerca de 400 millones de euros. Esta retribución abona desde 2007 a los grandes clientes industriales por estar disponibles para interrumpir su demanda en caso de necesidad del sistema. Sin embargo, dada la actual sobrecapacidad del sistema, esta bonificación está en cuestión. En definitiva, los fabricantes de cemento invitan al Gobierno a que aborde de manera amplia la revisión de la política impositiva de la tarifa. Si una de las palancas para salir de la crisis es la exportación, "tenemos que ser competitivos en precios y por tanto en el coste indirecto que representa la energía". En la actualidad, España sólo exporta 4 millones de toneladas, por los 16 millones (cifra récord) alcanzados en 1986, cuando "sí éramos competitivos". Ahora, cualquier nueva subida en la tarifa, según la asociación cementera, impedirá que esta industria sea viable siquiera para exportar. [Fuente: Por Carlos Herranz, El Confidencial, Madrid, 23abr12]v) Las peticiones de la banca española al BCE suponen dos tercios del total de la eurozona. La deuda de las entidades españolas con el BCE se disparó hasta los 227.600 millones de euros en marzo, esto es un 49,3% más respecto a los 152.432 millones contabilizados en febrero, un nuevo récord histórico, según datos del Banco de España. Este importe es el saldo vivo que las entidades residentes en España aún tienen pendiente de devolver al instituto emisor europeo como consecuencia de la financiación que el organismo les ha concedido previamente y se alcanza tras la segunda subasta de inyección de liquidez a tres años del BCE. La financiación neta concedida en marzo por el Eurosistema a las entidades españolas representó el 63% del total de la Eurozona, que ascendió a 361.695 millones de euros. En cambio, este importe bruto de apelación no recoge el dinero que los bancos españoles han tomado prestado del BCE y han vuelto a depositar en el organismo para recibir una rentabilidad del 0,25% a un día. Ante el cerrazón del mercado interbancario, el crédito solicitado por la banca española al organismo que preside Mario Draghi se multiplicó por cinco respecto al registrado en marzo de 2011 (42.244 millones). [Fuente: El Confidencial, Madrid, 13abr12]vi) La reforma financiera 'oculta' un agujero de 140.000 millones en préstamos promotor. "Demasiado amable", "light"... Con estas palabras calificaba ayer Ángel Bergés, consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), el Real Decreto Ley 2/2012 que regula la reforma del sector financiero y que, en su opinión, ha dejado al margen de la reestructuración la nada despreciable cifra de 140.000 millones de euros en préstamos al sector promotor y considerados como "normales" por la normativa. Un decreto que sólo incide y exige fuertes provisiones sobre los 170.000 millones de préstamos al sector considerados subestándar pero que, según los expertos que participaron ayer en la Conferencia Inmobiliaria, antesala del SIMA, deja al margen los préstamos llamados 'normales'. Para Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea, "ninguno de los créditos sobre suelo es normal. Además, nosotros hemos conseguido refinanciar en varias ocasiones préstamos que las entidades siguen considerando normales, aunque la probabilidad de cobro sea cero". Tanto Bergés como Echavarren coincidieron en señalar ayer que esos préstamos podrían suponer un problema adicional al sector financiero en un futuro no muy lejano. "Ante un ritmo de ventas tan débil el una parte importante de esos 140.000 millones puede pasar a tener problemas en breve", dijo Bergés para quien, éste es, precisamente uno puntos débiles de la normativa. "Se limita solamente a los activos inmobiliarios dañados en los balances de los bancos sin tener en cuenta, por ejemplo, el crédito a pymes y empresas no vinculadas al sector inmobiliario, los créditos al consumo o los 650.000 millones de euros concedidos en hipotecas vivas donde la morosidad se encuentra actualmente en torno al 1% pero que previsiblemente superará el 2% o incluso el 3%". "De ahí salen otros 65.000 millones necesarios para un saneamiento futuro del sector financiero complementario a esos 50.000 millones que contempla el Real Decreto". Una cifra, que, en su opinión, "se reparten de una manera muy light para suavizar el impacto a través de fusiones, recomposiciones de las cuentas de resultados..." Sin olvidar, según apuntó Bergés que, "los bancos no sólo tienen problemas con los activos inmobiliarios sino con los activos vinculados al sector público. Se les exige capital para cubrir el riesgo inmobiliario pero no el riesgo de impago público". Para Echavarren, la normativa "muestra claramente cuáles la prioridad de nuestro país: salvar al sector financiero. Llevamos cinco años de crisis y el nivel de financiación sigue siendo el mismo que 2008, unos 320.000 millones de euros: 170.000 son préstamos dañados y 150.000 préstamos normales", recordó Echavarren quien cargó duramente contra un sector financiero que "ha tratado de quedarse con la liquidez de los promotores, que sobrerreacionado a la crisis, ahogando y estrangulando a las empresas del sector. Han tomando todas las garantías reales y personales que han podido. El consejero delegado de Irea, la primera firma española en número de operaciones de reestructuración financiera en los últimos tres años -73 procesos, con un volumen de deuda superior a los 19.500 millones de euros y más de 3.000 millones en activos vendidos a las entidades-, acusó también a la banca de "incumplir sus acuerdos verbales y también escritos con las promotoras en un chapapote de negociaciones en el que se ha visto la verdadera cara de las entidades. Han financiado la harina pero no la fabricación del pan". Y añadió que "la reestructuración del sector ha servido para que algunos promotores sigan, pero sólo los que han defendido con uñas y dientes sus activos y no sehan dejado contaminar por la banca. Te quitan el agua y el pan pero al mismo tiempo te ayudan a desarrollar. Están entrando en situación crítica empresas muy prudentes con activos libres de cargas y que han conseguido aguantar hasta ahora". Además, otro de los problemas de este Real Decreto, para Ángel Bergés, ha sido la imagen que se ha transmitido a nivel internacional. "Cuando se anunció la reforma del sector financiero se dijo que iba a ser una reforma agresiva y que iba a transmitir confianza. Pero al cuarto de hora de su aprobación comenzó el goteo de entidades que anunciaban que cumplían con sus exigencias lo que despertó las dudas internacionales. No ha generado los traumas que se pensó que iba a provocar". Escaso o nulo impacto sobre los precios de la vivienda Respecto al impacto que puede tener la reforma financiera sobre los precios de la vivienda y que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, situó en el 35%, Bergés ha descartado un impacto excesivo. "Per se no tiene por qué provocar un hundimiento de los precios de la vivienda ni del suelo". En su opinión, "los requerimientos de saneamiento requieren una provisión media en la cuenta de resultados del 31% vivienda terminada, del 50% en vivienda en curso y del 60% para suelo. Unos porcentajes que se encuentran muy en línea con la caída experimentada ya por los precios de la vivienda". No de acuerdo con los datos oficiales pero sí los extraoficiales. Tampoco Mikel Echavarren o Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Célere, consideran que el Real Decreto vaya a acelerar la caída de precios. De hecho, este último criticó las declaraciones realizadas por el ministro De Guindos, ya que perjudicaron las ventas de la compañía. "Tenías 18 reservas pendientes de formalizar contrato y a raíz de esas declaraciones ocho se cayeron. Los clientes nos decían, ya bajarás el precio. El resto nos costó un gran esfuerzo comercial sujetarlas". El suelo sólo tiene salida si se desarrolla Respecto al suelo, el activo más tóxico en el balance de los bancos, Bergés considera que "la única manera de que salga de sus balances es con un desarrollo. Si Lo que se pretende es sacarlo directamente al mercado, sin desarrollo, vendiéndoselo a terceros tendrán que reducir los precios hasta un 99%". Bergés ha subrayado que el Real Decreto aprobado pretende precisamente que las entidades financieras den salida al suelo mediante la venta a terceros, algo que a su parecer es una "absoluta entelequia". "No nos engañemos, llevamos casi cinco años de crisis y, más allá de lo que ha hecho el real decreto, los activos adjudicados e improductivos pesan como lastres", ha señalado. En este sentido asegura que es fundamental discriminar el producto ya que "habrá suelos que nunca saldrán al mercado y otros que lo harán siempre y cuando se desarrollen, evidentemente en aquellas zonas donde se necesita". [Fuente: Por Elena Sanz, El Confidencial, Madrid, 19abr12]vii) Standard & Poor's baja el rating de once bancos españoles, entre ellos Santander y BBVA. Standard & Poor's ha bajado el rating de once entidades financieras españolas, entre ellas BBVA y Santander. Esta revisión se esperaba y se produce después de que la agencia de calificación rebajara la pasada semana en dos escalones la nota de España desde hasta BBB+, por entender que existen "riesgos significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria", algo que podría repercutir negativamente en la calidad crediticia de España. En su comunicado S&P rebaja la calificación a Santander, Banesto, Santander Consumer, BBVA, Banco Sabadell, Ibercaja, Kutxabank, Banca Cívica, Bankinter, Barclays y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Además, la agencia estadounidense ha puesto en perspectiva negativa la nota de otras cinco entidades, sobre las que decidirá a finales de mayo. En este grupo de encuentran CaixaBank y su matriz La Caixa, Bankia y BFA y Banco Popular. Tal y como explican los expertos, la rebaja a España afecta directamente a la financiación de los bancos españoles, ya que éstos usan la deuda soberana como garantía para conseguir dinero en el BCE y en las cámaras de contrapartida, como LCH.Clearnet. Precisamente, la semana pasada LCH manifestó su desconfianza sobre la deuda española y se lo puso un poco más difícil a los bancos para la obtención de liquidez. La cámara ha depreciado la deuda española -y la francesa- y pide más garantías a los bancos. "Creemos que, en un entorno de recesión económica, la trayectoria presupuestaria de España probablemente se deteriorará con respecto a nuestras previsiones de enero de 2012", ha explicaba S&P respecto a la deuda española en una nota de prensa. La decisión de S&P relega a Madrid a la categoría de emisores de calidad media capaces de cumplir con sus obligaciones de manera adecuada. La perspectiva asociada a la nueva nota de España es "negativa", lo que significa que la agencia considera nuevas rebajas. Según esta agencia de calificación crediticia, las Comunidades Autónomas son las responsables de las "desviaciones presupuestarias"detectadas en 2011. S&P aboga por que el Ejecutivo de Mariano Rajoy lleve a cabo un "esfuerzo importante" de consolidación fiscal, incluyendo aquí un "marco estricto de control presupuestario" de las CCAA. [Fuente: Cotizalia, Madrid, 30abr12]viii) La inversión foránea en deuda española cae en 61.000 millones en tres meses. España cotiza a la baja en el mercado internacional. Su deuda pública pierde adeptos extranjeros y está cada vez más concentrada en manos locales, a un nivel que no se conocía desde 2003. El saldo vivo de inversión foránea en títulos del Estado ha caído en 61.393 millones de euros en el primer trimestre del año, casi un 22%, al pasar de los 281.439 millones del cierre de 2011 a 219.601 millones en marzo, según los datos hechos públicos por el Banco de España. Así, la participación del capital extranjero en la deuda del Estado se ha encogido 13 puntos porcentuales en solo tres meses: si en diciembre era el 50,48% del total, acabó el trimestre en el 37,54%. Hay que remontarse a 2003 para encontrar un peso inferior (36,39%). La tenebrosas perspectivas económicas de España (en su segunda recesión en tres años y con una tasa de paro del 24%) y los recelos que despierta entre los inversores su sistema financiero, inundado de activos tóxicos del sector inmobiliario, provocan este abandono sostenido del dinero extranjero. La fuga de capital se agravó en los meses de febrero y marzo, que concentran en realidad la mayor parte de la pérdida de inversión. Entre enero y marzo, el saldo vivo de deuda del estado en manos de no residente se hundió en 49.826 millones, un 18%. Entre finales de 2011 y comienzos de este año, las subastas de crédito barato del Banco Central Europeo --un billón de euros a un 1% de interés-- han ayudado a la banca española para invertir en bonos, aunque varios bancos desvincularon la semana pasada su apuesta por los títulos españoles de estos manguerazos de liquidez. Ahora, el efecto de esta barra libre de dinero barato se ha diluido, pero el Tesoro Público tiene ya cubierta más de la mitad de las emisiones de deuda previstas para este 2012. Balanza de pagos Los datos de la balanza de pagos de febrero publicados hoy por el Banco de España también muestran la intensidad de la salida de capital no solo de la deuda pública, sino también de otros activos en cartera y otras inversiones. El saldo total del mes de febrero muestra una salida total por la cuenta financiera de 25.548 millones sin contar la actividad del Banco de España. Esa es la cuarta cifra mensual más alta, solo superada por los datos de mayo y junio de 2010 y por los de diciembre del año pasado, tres meses en que se superaron los 30.000 millones. En inversiones de cartera, la salida de capitales fue de 6.061 millones en febrero, de los que 3.883 millones fueron disminución de inversiones de los extranjeros en España y 2.177 millones aumento de inversiones españolas en el exterior. Donde más se apreció la salida fue en el capítulo de otras inversiones (principalmente préstamos, depósitos y operaciones temporales), donde los extranjeros sacaron 13.460 millones, pero además, los inversores españoles aumentaron su inversión en el exterior en 11.349 millones. De ese modo, en las inversiones financieras la fuga de capitales españoles fue de algo más de 13.500 millones, mientras que la de los inversores extranjeros fue de 17.340 millones. Esa fuga de más de 30.000 millones solo se vio parcialmente compensada por el incremento de la inversión directa (2.505 millones) y de la posición neta en derivados financieros (2.817 millones). El saldo final del mes es de 25.548 millones negativos para España. [Fuente: El País, Madrid, 30abr12]ix) España se encuentra en una depresión económica y no en una recesión. España ha entrado oficialmente en recesión por el descenso continuado del consumo privado y el frenazo de las exportaciones, según los datos del BdE publicados la pasada semana. Y, lo que es más grave, el Banco de España advierte que lo peor está por llegar. Se trata por tanto de una doble recesión, algo que jamás había ocurrido en nuestro país desde la Guerra Civil. Sin embargo, y como viene siendo habitual, la situación es mucho peor de lo que reflejan los datos oficiales. Para Paul Krugman, "ya no se puede hablar de recesión, España se encuentra en una depresión en toda regla". Es decir, una grave crisis económica prolongada, profunda y acumulativa, con incrementos anormales del paro, caídas profundas del consumo, la inversión y la riqueza, y cuya duración puede extenderse entre tres y diez años. Con una tasa de paro oficial del 24,4% y real del 26,5% -sumando los 435.000 "parados desencantados" que la semana de la encuesta no habían realizado búsqueda activa de empleo y que el INE clasifica como inactivos- (una tasa superior a la de EEUU en el peor momento de la Gran Depresión), un 51% de paro juvenil, una población crecientemente empobrecida de la que un 23% vive por debajo del umbral de la pobreza, unos 1,7 millones de hogares con todos sus miembros parados y cuatro de cada diez parados sin subsidio, hablar de recesión supone un engaño a los españoles. Si no se han producido todavía casos graves de hambre es solo debido a la impagable labor de Cáritas y de las órdenes religiosas, que se encuentran literalmente desbordadas, mientras unos sindicatos depredadores y corruptos aún no han ofrecido ni un plato de sopa a un hambriento. Desesperanza generalizada La velocidad y la profundidad en la destrucción de la riqueza de las familias jamás había alcanzado la dimensión actual en tiempos de paz: el equivalente a un 50% del PIB desde enero. La pérdida de valor de las empresas del IBEX supera los 100.000 millones de euros desde esa fecha, que se añaden a los 200.000 perdidos desde 2008; la pérdida de valor de las viviendas, 1,5 billones desde 2008 o 400.000 millones, también desde enero. La renta disponible de las familias, el motor fundamental de una economía, despuésde cuatro años ininterrumpidos de caídas, volverá a caer en mas de 40.000 millones de euros en 2012 no solo por el paro, la inflación y la caída de remuneraciones reales, también por la fuerte subida de impuesto sobre la renta, y el aumento brutal de los impuestos sobre el ahorro y el impuesto de bienes inmuebles. Y mientras millones de familias luchan por sobrevivir sabiendo que sus hijos vivirán peor que ellos, Rajoy sigue desaparecido y sin liderazgo. Y por si este entorno de depresión no fuera ya lo suficientemente dramático, el déficit del Estado en el primer trimestre alcanzó un 1,85% del PIB (el 7,4% en tasa anual, que con el déficit de CCAA y Ayuntamientos supera el 10% del PIB), un 75% más que el año anterior, para financiar gasto corriente, para que las CCAA puedan continuar el despilfarro. Después está la Seguridad Social, porque los ingresos no cubren ya los gastos de la misma y la diferencia está creciendo exponencialmente. Y, además, aunque no cuenta como déficit computable, tenemos el río de dinero para mantener cajas que deberían haber sido cerradas, la última, Caixa Catalunya, que costará 8.800 millones de euros a los contribuyentes, o con una Bankia inviable y, según el FMI, desastrosamente gestionada cuya intervewnción está cantada y nos costará 50.000 millones. ¿Con qué derecho Rajoy saquea el erario público otra vez, gracias a lo expoliado de renta y ahorro de los españoles, en lugar de cerrar las cajas y procesar a los responsables? Es algo intolerable para la nación. ¿Hasta cuándo piensan estos irresponsables seguir auxiliando a unas CCAA que no están en absoluto comprometidas con la estabilidad presupuestaria? No dicen que van a intervenir las CCAA que no cumplan, ¿pues a qué esperan para intervenir Valencia, Murcia o Castilla La Mancha, que ni cumplen ni van a cumplir?; ¿y qué hay de Andalucía o Cataluña, que ya han anunciado categóricamente que no piensan cumplir, mientras reciben miles de millones del erario público para tapar sus agujeros? Estamos en manos de insensatos que utilizan el dinero de los españoles como si fuera escombro. Y ahora Montoro dice que España necesita endeudarse en 114.000 millones, pagando el 90% más de interés por las letras, con un bono a 10 años al que los seguros de deuda (CDS) dan ya un 50% de posibilidades de impago, a lo que se suman 148.000 millones más por vencimientos de deuda. En total, 262.000 millones o el 25% del PIB. Estos irresponsables pensaban que las compras de los bancos españoles con el dinero del BCE, del que se están llevando los dos tercios del total de la eurozona, no tenían final, pero resulta que sí. Santander y BBVA no compran más deuda al Tesoro. ¿Quién, entonces, les va a comprar los casi 200.000 millones que faltan para cerrar el año? Aún peor, la rebaja de rating de S&P en dos escalones y con perspectiva negativa, a solo tres peldaños del bono basura, obligará a fondos y bancos internacionales a vender masivamente deuda española. ¿Con qué dinero va seguir financiando entonces Rajoy el despilfarro autonómico y un sistema financiero quebrado?; ¿a qué coste inasumible piensan colocar tan ingente cantidad de deuda? Unos y otros están hundiendo el país para los próximos cien años. Una pérdida de credibilidad histórica Frente a todo esto tenemos un Gobierno sin plan ni estrategia alguna, sin cohesión, dedicando sus mejores esfuerzos a apuñalarse los unos a los otros. Ni se plantea recuperar la soberanía económica dividida en 17 pedazos, lo más esencial junto con la recuperación del crédito para superar la crisis. El Ejecutivo es tan cobarde que ni siquiera ha acometido la reforma del BdE, cuyo prestigio está por los suelos, ni destituido a su gobernador, principal responsable junto con Zapatero de nuestra ruina económica. Un Gobierno que ni siquiera se plantea una alternativa energética racional, ni de lucha contra los monopolios, lo que nos lleva a pagar los precios de los productos petrolíferos antes de impuestos, del gas, de la electricidad, de las telecomunicaciones y de los servicios bancarios más caros de Europa. Cualquier gobierno sensato hubiera tomado medidas drásticas de recorte de gastos inútiles, algo sencillo cuando el despilfarro de dinero público supera los 110.000 millones. Nunca en la historia de las democracias un presidente había perdido tan enorme caudal de credibilidad y de esperanza en tan poco tiempo. Todas y cada una de las afirmaciones de Rajoy, desde "hay que bajar impuestos" a "jamás implantaré el copago" pasando por "tenemos un plan perfectamente diseñado para salir de la crisis" o "no emplearemos un euro de dinero público en rescatar a la banca", se han demostrado falsas en poco más de 100 días. Ha subido impuestos, ha implantado el copago y no tenía plan alguno. A día de hoy, ya da igual lo que Rajoy diga o prometa: su credibilidad en los mercados es cero, solo las cifras de déficit y paro cuentan, y son desastrosas. Mientras, los mercados empiezan a descontar ya que hasta los grandes bancos tendrán que ser intervenidos y la fuga de capitales se convierte en un torrente. Todo lo demás es música celestial. La intervención: el único camino Cada vez resulta más difícil evitar una sensación de desesperación y de impotencia. La casta política, empezando por un Gobierno ineficaz y siguiendo por la oposición (que hace todo lo que está en su mano para desestabilizar el país), los nacionalistas (en chantaje permanente a la nación) y los sindicatos (con su larga tradición de destrucción de empresas) está llevando a España hacia el desastre. Una nación no puede continuar viviendo así año tras año, de promesas vanas e incompetencia manifiesta, viendo como se destruye cada día su riqueza, como la clase media, el gran pilar que ha sostenido el crecimiento de nuestra economía, está siendo eliminada y sin el más mínimo horizonte de esperanza. La intervención es la única esperanza posible antes de una revuelta social cada día más cercana. La intervención supondría que España pasaría a ser dirigida por verdaderos profesionales de la economía, en lugar de por políticos incompetentes y moralmente corruptos que jamás nos sacarán de la crisis. La intervención supondría que, ante una propuesta a boleo de "recortar" 10.000 millones en Sanidad y Educación, se hubiera implantado la propuesta de Esperanza Aguirre: devolver al Estado Justicia, Sanidad y Educación, lo que hubiera supuesto un ahorro de 48.000 millones, sin copagos ni tasas; la intervención supondría que antes de subir un solo impuesto se acabaría con los 34.000 millones en duplicidades; que antes de subir el gas, la electricidad o los servicios bancarios, se acabaría con los monopolios; que antes de recortar inversiones e investigación se recortaría gasto corriente; que antes de dejar al Estado sin dinero para funcionar correctamente se cerrarían las diputaciones, incluidas las vascas, porque o sobran las Diputaciones forales o sobra el Gobierno Vasco. En todo caso el diagnóstico es claro: el problema no es el PP, no es el PSOE, no es IU, ni siquiera los nacionalistas. El problema son todos ellos, todas estas mafias legales dedicadas a saquear España, instaladas como casta parasitaria, privilegiada, financiada íntegramente con el expolio a los contribuyentes, con 500.000 cargos de designación política, el doble que Italia y 300.000 más que en Alemania, aparte de los cientos de miles de familiares, amigos y correligionarios, y donde la oligarquía económica está exenta, vía SICAVs, de la mayoría de impuestos. O desmantelamos esa casta o no hay supervivencia posible. [Fuente: Por Roberto Centeno, Cotizalia, Madrid, 30abr12]x) De Roubini para Rajoy: Manual para salir del euro. Las operaciones de refinanciación a largo plazo en 3 años del BCE han estabilizado la Eurozona y los sistemas financieros internacionales. La reestructuración ordenada de la deuda griega ha sentado el precedente de que cuando las burbujas de activos apalancados estallan no tienen por qué precipitar un impago desordenado, crisis de crédito, recesión acusadas y alto riesgo de depresión. La deuda de la Eurozona ya no es la gran amenaza para una recuperación global todavía frágil. Dicho eso, no se ha resuelto nada fundamental. Las contradicciones internas de la respuesta política del ajuste fiscal y estructural podrían reintensificar los desequilibrios latentes. Si el crédito del BCE a 3 años es adecuado para sostener la estabilidad financiera, la cuestión es qué pasará cuando venzan las facilidades de crédito actuales. Ninguna crisis bancaria se ha resuelto sólo mediante el crédito colateralizado de un banco central frente a una huida de los pasivos bancarios por el miedo a un déficit grave de capitales. Dejar que el legado de activos tóxicos infecte los balances los zombificará. El desapalancamiento en lugar de la recapitalización agravará la recesión. La cuestión central es cómo recapitalizar los bancos y limpiar los créditos basura con recursos fiscales, normalmente la única posibilidad con una grave crisis bancaria en países donde una parte considerable de la deuda mala es pública. El euro y sus contradicciones El propio euro es la raíz de esas contradicciones internas y fallos de diseño. Casi todas las crisis de balanza de pagos derivan en crisis monetaria o maxidevaluación. La deflación es necesaria para restaurar la competitividad y el crecimiento en el país deudor, pero agrava las cargas reales de la deuda. La estabilidad de precios hace falta para evitar aumentos reales de la carga de deuda, pero cierta inflación ayuda a reducirla, aunque ambas evitarían una depreciación real del tipo de cambio, restringiendo la competitividad. Las secuelas de la crisis internacional de 2008 han sacado a la luz unos desequilibrios insostenibles en la Eurozona. La gestión de la crisis demuestra que no sólo carece de las características de las uniones monetarias que han resistido al paso del tiempo, sino de la voluntad política para establecerlas. Sólo ha habido una transferencia fiscal mínima de los países acreedores a los deudores mediante una reducción tardía del tipo de interés de la financiación extranjera oficial. Aunque la primera -de probablemente varias reestructuraciones de deuda- ha reducido las existencias de la deuda griega, la falta de ajuste del tipo de cambio y la inadecuación del crecimiento llevará la deuda a unos índices insostenibles del 120-170% del PIB en esta década, devolviendo a Grecia a los niveles donde perdió el acceso al mercado y se vio sometida a una reestructuración. Los programas de reforma suenan bien pero podrían dejar a la Eurozona con menos en vez de más resistencia a los golpes regionales. Aunque hay libertad de movimiento de trabajadores y capital, en la práctica la migración es inadecuada y no hay suficientes cambios en el control corporativo a través de las fronteras nacionales como para facilitar el ajuste a los golpes económicos regionales. Tanto la rigidez del mercado de trabajo como su inmovilidad se deben en gran parte a la dificultad para contratar y despedir al personal y a unos sistemas de bienestar generosos desde los que es difícil gestionar las ventajas del bienestar a largo plazo entre países. Algunos programas abordan lo primero, pero no lo último. Los flujos de cartera, sobre todo de deuda, fluyen libremente y desde luego han contribuido a la crisis actual pero las preferencias nacionales hacia los paladines corporativos nacionales permanecen. Son obstáculos difíciles de superar dada su naturaleza política de tercera vía y la captura reguladora y política por intereses creados. Divorcio amistoso en 7 pasos Por todo ello, hemos elaborado una propuesta de divorcio amistoso que resolvería los dilemas políticos, contradicciones internas y fallos de diseño estructural. Al fin y al cabo, y por muy difícil que parezca, salirse de un matrimonio que no funciona es mejor que permanecer en él. A los estados miembros les interesa llegar a este divorcio amistoso porque la crisis de deuda de los países periféricos representa un déficit del capital bancario y pasivo fiscal para los miembros del centro, dado que cada vez está más claro que su interés común en solucionar la deuda y recuperar el crecimiento dentro de los confines de la UME es factible. A continuación resumimos los siete capítulos de nuestro Manual del Divorcio Amistoso de la Eurozona. El fin último es un proceso de crecimiento más equilibrado y sostenible en general. Los países que abandonen la Eurozona deben reequilibrarse hacia un crecimiento basado en las exportaciones y los ingresos. Los que permanezcan deberán reequilibrarse hacia la demanda doméstica. La salida de varios países no tiene por qué ser una tragedia, ya que podría volver a poner a Europa en un camino positivo a largo plazo si se gestiona bien. Un resultado óptimo es que los cinco miembros en apuros de la periferia (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España) negocien una salida cooperada con financiación puente y conserven la unión aduanera de la UE para restaurar la viabilidad de los países miembros que salgan o permanezcan. La realineación de la moneda facilitaría ese ajuste. Devolver la competitividad a través del tipo de cambio nominal es mucho mejor a largo plazo tras una transición financiera potencialmente tortuosa que cambiar los precios relativos con un tipo de cambio fijo nominal, lo que implica una inflación prolongada de la deuda, potencialmente abocada a impagos desordenados y salidas de la Eurozona en cualquier caso, y una inflación sostenida por encima de los objetivos en los países excedentes. Evidentemente, las alteraciones financieras, económicas y legales serían inevitables, la UE más amplia y la comunidad internacional ayudarían a minimizar los daños colaterales. La primera fase para que el divorcio sea amistoso y evitar un resultado peor pasaría por una negociación a alto nivel y a puerta cerrada entre los jefes de Estado, ministros de Economía, gobernadores de bancos centrales, la junta del BCE y la directora gerente del FMI para comprometerlos a todos con la estrategia acordada de salida. Ésta identificaría y garantizaría la viabilidad a corto y largo plazo de los países salientes, aseguraría la viabilidad a largo plazo de la Eurozona y la credibilidad del euro y del BCE, mantendría la unión aduanera de la UE para el beneficio de todos los estados miembros actuales y futuros, y establecería un marco monetario para el BCE y los bancos centrales de los países salientes. El BCE compraría moneda de los países salientes al tramo más bajo, para mitigar pérdidas financieras nacionales, y en la Eurozona, por impagos desordenados, salidas y colapsos monetarios en el sector privado, el propio BCE y los bancos centrales de los países acreedores. La figura de la pensión transitoria o pago único es clave en este divorcio amistoso y se trataría de un anticipo para la supervivencia y cohesión de la propia UE, donde el libre comercio coexista con la Unión Monetaria Europea, los tipos flotantes de cambio y tipos de cambio fijo discrecionales respecto al euro y una europeización efectiva. Otros grandes bancos centrales, en especial la Fed, estarían en guardia para ofrecer canjes de divisas en caso de huida del euro restante. El BCE podría soportar pérdidas de este mecanismo de estabilización del tipo de cambio, pero sus tenencias de moneda saliente depreciada se absorberían con el tiempo y quedarían mitigadas por el eventual excedente externo de los países salientes. Por supuesto, el marco legal de la estrategia de salida, aplicable a los contratos (nacionales y extranjeros, públicos y privados, financieros y económicos) y regido por las leyes y el nexo territorial sería fundamental. Redenominaríamos todos los contratos nacionales de deuda pública y privada y otros en las nuevas monedas en el momento de salir. Mantendríamos la denominación en euros de los contratos extranjeros públicos y privados, sujetos a la conexión territorial del contrato o deudor, basado en el pago físico y nexo económico, en sintonía con la opinión legal de consenso. La gestión de las hojas de balance activo precedería a la introducción de la transición del tipo de cambio e incluiría la domesticación de la deuda externa de los países salientes para minimizar los desajustes en la hoja de balance antes de la redenominación. Este proceso, ya en curso a medida que los acreedores privados extranjeros reducen su exposición, se aceleraría y ampliaría todo lo posible. Los desequilibrios en el sistema de pagos y exposiciones asociadas del BCE y los bancos centrales nacionales se redenominarían por negociación y compensarían. El ensanchamiento de los pasillos de operaciones de divisas dada la caída de las primas de riesgo de divisas e inflación minimizaría los efectos de la hoja de balance. Los bancos centrales resultantes, independientes, con flotación libre y objetivo de inflación, restaurarían los amortiguadores macroeconómicos y contribuirían a la credibilidad y disciplina políticas. Los bancos y mercados financieros plantean la amenaza más grave e inmediata a la estrategia de salida. Perseguir activamente la domesticación antes de la salida reduciría las pérdidas de crédito y riesgo monetario. El tiempo ofrecido por el apoyo monetario del BCE permitiría cubrir y devolver las obligaciones denominadas en euros. Estas políticas mitigarían los daños al sistema bancario a la vez que maximizan tanto el nivel de la riqueza como la capacidad para crearla mediante una actividad económica real e inversión financiera. No obstante, las dudas sobre la estrategia política pese a su solidez intrínseca impondrían una fuga de capitales y depósitos, y podrían exigir nacionalizaciones bancarias, limitaciones a las retiradas de depósitos y una mayor dependencia en los pagos no en efectivo. La Eurozona debe desarrollar, cuanto antes mejor, planes para una salida ordenada, porque retrasar las rupturas suele acabar saliendo caro. [Fuente: Por Nouriel Roubini, RGE, Urgente24, Bs As, 05abr12]Más Información en: Página especializada sobre DESC http://www.derechos.org/ Deflación, crisis financiera y económica internacional http://www.derechos.org/ Página especializada sobre gas, petróleo y electricidad. http://www.derechos.org/ Repsol, una gestión manifiestamente mejorable http://www.derechos.org/ El holding de YPF es prácticamente desconocido en Argentina http://www.derechos.org/ El Parlatino se pronunció a favor de la nacionalización de YPF http://www.derechos.org/ El regalo envenenado de Kirchner a la familia Eskenazi http://www.derechos.org/ Un viaje por Vaca Muerta, el yacimiento de la discordia http://www.derechos.org/ Repsol había contratado como lobbista a Alberto Fernández http://www.derechos.org/ Contundente rechazo del G-20 y el FMI a la ofensiva española por YPF http://www.derechos.org/ Amplio respaldo de Brasil al plan del gobierno para recuperar YPF http://www.derechos.org/ Santander y BBVA obligan a Kirchner a pagar los 3.000 millones que les debe YPF http://www.derechos.org/ Al entrar a YPF, el Gobierno argentino ingresa a otras 15 compañías http://www.derechos.org/ Repsol tendrá que ampliar capital en 3.000 millones tras perder YPF http://www.derechos.org/ Las claves de la futura batalla judicial http://www.derechos.org/ The ICC and the definition of aggression Historic Documents | Jurisprudence Articles | Links |
Justice Robert H. Jackson, 1945
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