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HOY
RETORNA EL JUICIO
Se conocerá
la resolución al pedido de ampliación de imputaciones
Al confirmarse la
quema de cadáveres, el ocultamiento de cuerpos y otras metodologías del aparato
represor, las distintas partes fundamentaron hace dos semanas por qué las penas
deben ser mayores
PRENSA
Y DIFUSIÓN
APDH
LA PLATA
(17AGOSTO2012)
La fiscalía fue acompañada en varios argumentos que se plantearon semanas atrás por las distintas querellas del
Juicio, como Justicia Ya!, Abuelas de Plaza de Mayo y APDH La Plata en
representación de varias víctimas y familiares de lo que comprende parte del
Circuito Camps. Una de ellas tiene que ver con la idea de “garantizar la
seguridad” de las víctimas para que no declaren en reiteradas ocasiones en los
juicios que los vinculan por el pasado represivo.
LOS
ARGUMENTOS JURÍDICOS
El
primer postulado planteado por la Fiscalía del Juicio tuvo que ver con el concepto
de “delito continuado”, que justifica esta ampliación de imputaciones a los
acusados de ser parte del Terrorismo de Estado.
“El código habla de hechos interdependientes en una unidad histórico
contextual. Es decir, son hechos diferentes entre sí pero guardan concatenación
que se desarrolla teniendo a las mismas personas como víctimas. Enlaza los secuestros, las privaciones ilegales de la
libertad y la muerte. La privación ilegal con tortura ha sido consideración
necesaria para calificar estos homicidios como homicidios alevosos”, expresó el
Fiscal Schapiro.
De
este modo, fue dando características de un marco contextual histórico único,
que implica un plan de desaparición con homicidio bajo un mismo estándar:
Secuestros,
alojamientos en Centros Clandestinos de Detención, sometimiento a tormentos y
condiciones que también constituyeron tormentos. Las víctimas pasaban frío,
encapuchadas, estaban mal alimentadas, flageladas. Más tarde eran en muchos
casos retiradas de los lugares de cautiverio y de acuerdo a lo que dijo el
Equipo de Antropología Forense recibieron disparos mortales de armas de fuego
fraguando o no enfrentamientos.
“Al
homicidio sobrevenía desaparición de los cuerpos que era la segunda
desaparición, mediante NN previo paso por morgues dependiente de la Policía en
algunos casos”, completó en este sentido la Fiscalía.
Fueron
varias horas de exposición frente al Tribunal, donde se dio una especie de
avance de lo que serán los alegatos, aunque aún se desarrolla la etapa de
testimonios. “No podemos desconocer que aquí se trata de familia de términos
jurídicos que responden a un mismo núcleo de derechos fundamentales. Son todos
crímenes contra derechos fundamentales de la persona y que poseen una semejanza
valorativa, que podemos considerar como derechos iguales que se violan. Todos
son delitos de lesa humanidad”, indicó el Fiscal Fernández.
La
misión como Fiscalía, según indicaron, es la reparación judicial de estos
hechos. “Que no solo significa la identificación de estos restos, sino la
determinación judicial de la verdad histórica, la asignación de
responsabilidades penales a los imputados y la aplicación de la sanción
correspondiente para comprender la magnitud de los hechos a los que nos
enfrentamos, este es el sentido de nuestra ampliación”, dijeron.
CASOS
Y PRUEBAS
La
ampliación de imputación refiere a 14 acusados que provocaron 33 víctimas. Luego de las investigaciones,
testimonios y pruebas, se conocieron cuatro grandes métodos de los responsables
para hacer desaparecer los cuerpos y con ello la evidencia de las muertes:
-
Fusilamientos
-
Simulación de enfrentamientos
-
Vuelos de la muerte
-
Quema de cadáveres
En
esta línea, se determinó que hasta el momento el Equipo de Antropología Forense
encontró 19 fosas comunes, con 91 cuerpos clandestinos.
Los homicidios
denunciados fueron contra Graciela Sagués de Perdigue, Silvia Anahí Fernández
de Mercader, José Roberto Bonetto, Carlos Simón, Silvia Amanda González de
Mora, María Adela Gariú de De Angelis, Luis Alberto Ciancio, Hector Hugo
Malnatti Salazar, Elsa Cicero de Sobral, Carlos Eduardo Lugones y Mónica
Graciela Santucho, cuyos cuerpos fueron identificados por el EAAF.
Otras víctimas
del aparato terrorista fueron Patricia Dillon, Roberto Ibáñez, Carlos Alberto
William, Federico Bachini, Guilermo Sobral, Nora La Spina, Mario Miguel
Mercader, Liliana Piñeiro y Susana Traverso, de quienes se conoce la fecha
aproximada de asesinato, en “enfrentamientos fraguados”, ocurridos durante el
segundo semestre de 1976 y principios de 1977.
En
este caso se pusieron los puntos en aquellos imputados que se relacionaron con
lo expuesto en el juicio, donde se pudo comprobar la relación con el plan de
exterminio. Son los siguientes:
Rodolfo Aníbal Campos
Oficial Policía Provincia Buenos Aires
Autor mediato de Privación ilegal de
Libertad y tormentos en 63 hechos
Carlos Garcia
Oficial Principal Seguridad de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires;
Autor material de Privación ilegal de libertad y Tormentos en 22 hechos
Autor material de Privación ilegal de libertad y Tormentos en 22 hechos
Autor mediato de Privación ilegal de
libertad y Tormentos en 2 hechos
Co autor por dominio funcional del
hecho de homicidio en 4 hechos
Autor Material sustracción en 1 hecho
Domingo Almeida
Oficial de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires;
Cómplice primario de privación ilegal
de libertad y tormentos en 91 hechos
Cómplice primario en el delito de hacer
incierto el estado civil de un menor en concurso ideal en 4 hechos
Luis Vicente Patrault
Oficial Principal Seguridad de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires;:
Autor mediato de Privación ilegal de libertad y Tormentos en 17hechos
Autor mediato de Privación ilegal de libertad y Tormentos en 17hechos
Bernabé Jesús Corrales
Segundo Jefe de la Brigada de Investigaciones
de La Plata;
Co autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 16 hechos
Co autor material de Privación ilegal de libertad y tormentos en 16 hechos
Fernando Svedas
Comisario de seguridad y segundo jefe
de la Brigada de Investigaciones de La Plata
Co autor material de Privación ilegal
de libertad y tormentos en 63 hechos
Miguel Kearney
Subcomisario de Seguridad en la Brigada
de Investigaciones de La Plata
Co autor material de Privación ilegal
de libertad y tormentos en 86 hechos
Raúl Orlando Machuca
Oficial subinspector segundo en la
Brigada de Investigaciones de La plata
Co autor material de Privación ilegal
de libertad y tormentos en 71 hechos
Julio César Arguello
Cabo en la Brigada de Investigaciones
de La Plata
Co autor material de Privación ilegal
de libertad y tormentos en 141 hechos
Mario Víctor Sita
Sargento primero en la Brigada de
Investigaciones de La Plata. Co autor material de Privación ilegal de libertad
y tormentos en 70hechos
Daniel Jorge Lencinas
Oficial Ayudante en la Brigada de
Investigaciones de La Plata
Co autor material de Privación ilegal
de libertad y tormentos en 24 hechos
Roberto Omar Grillo
Oficial de la Brigada de
Investigaciones de La Plata
Co autor material de Privación ilegal
de libertad y tormentos en 61 hechos
Sergio Arturo Verduri
Oficial Inspector de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires
Co autor material de Privación ilegal
de libertad y tormentos en 30 hechos
Co autor material de Privación ilegal
de libertad en 1 hecho
La fiscalía amplió su acusación, y calificó a los
hechos -al igual que la responsabilidad a cada uno de los imputados- como:
- Homicidios
cuadruplemente calificados con alevosía, ensañamiento, para procurar la
impunidad respecto de los delitos de privación ilegal de libertad y tormentos.
- Alevosía.
Los homicidios se practicaron con seguridad para los victimarios con estado de
indefensión provocado hacia las víctimas. Esta indefensión, se debió a los
hechos antecedentes a los homicidios. Secuestro, privación ilegal,
despersonalización del sujeto, torturas y condiciones torturantes para no
oponer resistencia.
“Pensemos el traslado a un avión, personas tiradas al
mar. Pensemos que fueron llevadas a un lugar apartado, la incertidumbre de las
víctimas en el camino hacia la muerte. Permite calificar los hechos como
homicidios con ensañamiento”, argumentó la fiscalía.
A su vez, señalaron al aparato organizado de poder
como una empresa criminal conjunta. “Es suficiente que el ejecutor directo
pertenezca a la organización”, expresó Schapiro.
Las
víctimas permanecieron en parte de su cautiverio en Campo de Arana, Brigada de
Investigaciones, Comisaría Quinta y Puesto Vasco. “A esta altura podemos decir
que funcionaron con estrecha conexión entre sí”, expresaron en los argumentos.
La
Brigada funcionaba como centro de detenidos, donde se daban los primeros interrogatorios
bajo torturas y se distribuía a los prisioneros ilegales a Arana o Comisaría
Quinta en su mayoría.
En
la Brigada de Investigaciones funcionaba al menos un grupo de tareas, mientras Arana
era un centro dedicado a la tortura y a la eliminación de detenidos
desaparecidos. Además allí se ocultaron restos mediante la quema de los cuerpos,
denominados como la “segunda desaparición de los cuerpos” por las partes.
Comisaría
Quinta, por su parte, era un centro de depósito en condiciones infrahumanas de
detención. Prolongaba el estado de incertidumbre, y también se practicaba
tortura. Además funcionaba al menos un grupo de tareas que tenía como función
el ingreso de detenidos.
Por
último Puesto Vasco era un centro de depósito y tortura, como se pudo saber
tiempo atrás con el caso de Jacobo Timerman.
RECTIFICACIÓN
En
la nota anterior del Juicio se copió erróneamente una lista que daba cuenta de
hallazgos de cuerpos en el Cementerio de Avellaneda por el Equipo de
Antropología Forense. Pedimos disculpas a la familia de Liliana Amalia Galarza,
ya que su cuerpo aún no se ha encontrado y continúa siendo una de las miles de
desaparecidas por la dictadura.
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