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Argentinos.
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>> La parte más visible de la
dictadura que se instauró el 24 de marzo de 1976 en Argentina, fue la de la
violenta represión militar, la tortura, la transgresión
de derechos y libertades, la utilización del miedo
y el terror como forma de control social.
Pero detrás de los uniformes y de la
violencia organizada, estaban los que alentaron, impulsaron y apoyaron el
trágico golpe. Empresarios, grupos económico- financieros, representantes
de transnacionales, miembros de la jerarquía eclesial y sectores
políticos que nunca pudieron alcanzar el poder por vías
democráticas. Fue la movilización de las Madres, de familiares y amigos, de
compañeros y de las organizaciones por los Derechos Humanos, las que con su
lucha y tenacidad lograron los primeros avances judiciales para establecer la
responsabilidad de los ejecutores de la represión. De los que coordinaron y
ordenaron la muerte y la tortura. Pero durante largo tiempo permanecieron a
resguardo los responsables intelectuales de la dictadura. Poco a poco,
las denuncias, las investigaciones, las marchas y la demanda de gran
parte de la sociedad abrieron paso a que los juicios en busca de la
verdad, comenzaran a imputar a los que al resguardo de sus despachos y
oficinas alentaron a las Fuerzas Armadas para que actuaran contra su propio
pueblo.
Mucho tiempo ha transcurrido desde
aquella valiente y precursora impugnación del ex fiscal Hugo Cañón a la
Ley de Obediencia Debida y Punto Final en 1987. Mucho se avanzó desde
entonces en el esclarecimiento de las responsabilidades criminales de los
ejecutores. Cientos de militares y miembros de las fuerzas de seguridad han sido
juzgados y condenados. Pero dentro del aparato judicial,
perviven cómplices y herederos de los represores. Y estos están empeñados en
prolongar indefinidamente la impunidad de los que los que incitaron la
ruptura institucional y apoyaron de forma entusiasta los secuestros, torturas y
asesinatos de miles de ciudadanos.
Utilizando argucias legales, desestimando
pruebas o aplicando una sistemática obstrucción a la tarea de los fiscales, se
emplean a fondo en "rescatar" a personajes conocidos por su trayectoria cómplice
con los criminales que tomaron hace 39 años el poder por la fuerza en
Argentina. Están entre ellos Vicente Massot, del diario "La Nueva
Provincia" de Bahía Blanca, miembro de la familia propietaria de un medio que
actuó antes, durante y después del golpe como el "faro
ideológico" de la dictadura, con panegíricos a los militares, ocultando
información, publicando noticias falsas elaboradas en las unidades de
inteligencia de la dictadura, y señalado como responsable del secuestro y
asesinato de dos trabajadores gráficos que habían organizado sindicalmente a sus
compañeros del taller del diario de los Massot.
Otro siniestro personaje es Carlos
Pedro Blaquier, titular del Ingenio Ledesma desde hace más de 40 años, poseedor
de una de las fortunas más grandes de Argentina y de A.Latina.
Blaquier en la llamada "noche del apagón", en 1976 permitió la entrada de
grupos operativos de la represión a la zona de viviendas de los trabajadores del
complejo agro-industrial donde se produjeron secuestros y desapariciones.
La "falta de mérito" se extendió también como una aberrante herramienta de
impunidad para los responsables de "Clarín" y "La Nación" en la trágica
operación de apropiación de Papel Prensa de la que resultó despojada la familia
Graiver. En estos y otros casos queda en evidencia la implicación de los
cómplices y herederos de la dictadura en el aparato
judicial.
Cobra validez la declaración que en
diciembre del 2012 firmaban numerosos jueces, fiscales, defensores públicos y
funcionarios de la justicia argentina con el título de "Una Justicia
Legítima". En uno de sus párrafos expresaban: " En ese sentido sostenemos que la independencia del
Poder Judicial es un principio cardinal del sistema republicano, que no debe
entenderse limitado a la relación que debe existir entre los poderes del Estado.
Los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de
las grandes empresas, de los medios de comunicación concentrados, de los jueces
de las instancias superiores e -incluso- deben ser independientes de las
organizaciones que los
representan.”
Mientras no exista plenamente esa
independencia, la impunidad seguirá protegiendo a los responsables intelectuales
y colaboradores de la dictadura del 76. Y los sectores populares seguirán
luchando por la verdad y la justicia. Y seguirán señalando y denunciando
a los Massot, Blaquier, Magnetto, Mitre, a las empresas Ford, Mercedes
Benz, a los jerarcas de la Iglesia argentina y a todos aquellos que fueron
cómplices de la dictadura militar y de sus trágicas consecuencias para el pueblo
argentino.-
Redacción de SERPAL
Servicio de Prensa
Alternativa.
Catalunya, España.
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A 39 años del Golpe, el Partido Judicial
resiste juzgar a los civiles cómplices.
Cuatro fallos similares y en cadena sentaron
antecedentes peligrosos en casos emblemáticos de crímenes de lesa humanidad de
los '70.
Con sus recientes resoluciones, jueces de primera y
segunda instancia parecieron enviar un claro y ominoso mensaje a la sociedad:
será cuanto menos difícil que prosperen los procesos contra empresarios cercanos
y/o integrantes de la dictadura. Los casos que exculparon a Massot, Blaquier,
Magnetto y Agustín Bottinelli, ex jefe de redacción de Para
Ti.
/ Franco Mizrahi ( “Tiempo Argentino”)
El caso
Massot y la gran corporación bahiense
Del juez
ad hoc Pontet a la
Cámara Federal
La "falta de mérito" –una forma encubierta de
sobreseimiento– que benefició al director del diario bahiense La Nueva Provincia,
Vicente Massot, acusado por violaciones a los Derechos Humanos durante el
terrorismo de Estado, la firmó el juez ad hoc Claudio Pontet. El mismo viernes 6
de marzo, este abogado de matrícula devenido en magistrado de manera momentánea
exculpó a Massot – sindicado como "coautor" de los asesinatos de dos obreros
gráficos y de realizar aportes esenciales para favorecer el genocidio desde el
periódico familiar– y sobreseyó a Hugo Sierra, secretario del ex juez durante la
dictadura Guillermo Madueño, acusado de manipular el testimonio de secuestrados.
"Tapó un escándalo con otro escándalo", había asegurado el fiscal local, José
Nebbia, al momento de los hechos.
Según consignó Tiempo Argentino, Pontet aterrizó al
juzgado federal Nº 1 de forma polémica: remplazó en el cargo a Álvaro Coleffi,
el único magistrado que avanzó contra civiles en la localidad bonaerense y que
dejó el despacho por presiones de la corporación judicial. La decisión de que
Pontet se transforme en juez la tomó la Cámara Federal bahiense, lo
que derivó en un pedido de nulidad de la designación por parte de
la Unidad
Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca. Ocurre que la
cámara sólo determina las subrogancias "cortas" –menores a 60 días–. Las más
extensas le corresponden al Consejo de la Magistratura. Los fiscales
federales locales Nebbia y Miguel Palazzani entienden la de Pontet es una
suplencia "larga", por lo que presentaron un recurso en Casación que aún no
obtuvo respuesta. También recusaron a Pontet por sus antecedentes: se lo vincula
con imputados de lesa humanidad.
En un fallo sumamente polémico en materia de lesa
humanidad, la Sala
IV de la
Cámara de Casación Penal dictó la "falta de mérito" del titular
del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier.
El "caso Massot" evidenció lo mancomunada que está la
corporación judicial local. Fue ubicado en el cargo por la cámara, por sorteo.
Había una lista de diez abogados de matrícula del Colegio Público de Abogados de
Bahía Blanca para ocupar el cargo que fue compuesta por la Cámara Federal
local. Curiosamente, en esa lista estaban el abogado de Massot (Rubén Diskin) y
el del arzobispo Guillermo Garlatti (Héctor Bertoncelli), acusado de encubrir al
capellán del Ejército Aldo Vara, fallecido en Paraguay donde estaba prófugo.
Garlatti también fue sobreseído.
Massot, Sierra y Garlatti representan las tres patas
civiles vinculadas a la dictadura beneficiada por la justicia federal de Bahía
Blanca: un empresario de medios; un representante del Poder Judicial y otro de
la
Iglesia.
Al analizar la composición de la Cámara Federal de
Bahía Blanca se comprenden varias decisiones. Sus tres integrantes –hay dos
vacantes– son:
-Luis Néstor Montezanti es un ex Personal Civil del
Ejército que revistó en el Batallón 601 durante el terrorismo de Estado.
Actualmente, es profesor universitario, titular de cátedra en la Universidad del Sur en
la facultad de Derecho. En 1979, avaló en una revista jurídica la pena de muerte
legal. Por su pasado fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, pero no se logró
llevar al acusado a juicio político. "Hacen falta nueve votos para lograr el
juicio. Tuvo el respaldo de los radicales", explicó una fuente del Consejo. Algo
similar sucede en la
Academia, donde existe un debate en torno a su destino: se
pidió echarlo de la universidad por sus vínculos
castrenses.
-Ricardo Emilio Planes es un juez jubilado que fue
convocado para que la cámara pudiera funcionar cuando falleció Ángel Argañaraz.
Su llamado tal vez no fue azaroso. En 1987, la Cámara Federal de Bahía Blanca
tuvo su momento de gloria cuando se pronunció por la "inconstitucionalidad" de las leyes de Obediencia Debida y
Punto Final. Aquel tribunal estaba integrado por Luis Alberto Cotter e Ignacio
Larraza y el mentado Planes, que en aquel memorable fallo votó en disidencia:
para él, las leyes del perdón eran constitucionales. Consideraba necesaria una
"pacificación nacional" y una "reconciliación". Hablaba de "amnesia" respecto de
los dolores del pasado. Relacionado al gobierno radical, dos años después, con
el menemismo se opuso a los indultos. Si bien estuvo distanciado con Montezanti
cuando se encontraron en la cámara las diferencias ya se habían
limado.
-Pablo Candisano Mera es el más joven del trinomio.
Integró la lista Bordó encabezada por Luis María Cabral, presidente de
la
Asociación de Magistrados. Se lo vincula con el secretario
judicial Santiago Ulpiano Martínez –quien también es muy amigo del beneficiado
Hugo Sierra–. Con el apartamiento de Coleffi, Martínez había logrado
transformarse en juez subrogante y retrasó el "caso Massot", pero fue recusado
por "falta de imparcialidad" por los fiscales. Actualmente, compite con Coleffi
por transformarse en juez natural del juzgado federal Nº 1 de Bahía Blanca. Días
atrás rindieron el examen escrito ante representantes del Consejo de
la
Magistratura. "Son todos muy corporativos", explicó una fuente
que conoció los pasillos de los tribunales bahienses. Por caso, Candisano
también entabló amistad con el fiscal general de Bahía Blanca, Alejandro
Cantaro. Compartió con ellos diversos viajes.
La cámara con estos integrantes llegó a negar un
allanamiento al diario LNP. Este recién se concretó cuando asumieron al frente
de la Unidad
Fiscal local los procuradores Palazzani y
Nebbia.
El
"ingenio" de la
Casación que protege a Blaquier
La Sala IV y un
fallo tan polémico como peligroso.
En un fallo sumamente polémico en materia de lesa
humanidad, la Sala
IV de la
Cámara de Casación Penal dictó la "falta de mérito" del titular
del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y del entonces gerente
administrativo de la empresa, Alberto Lemos, en las dos causas en las que
estaban procesados por violaciones a los Derechos Humanos. Estaban vinculados a
tres secuestros ocurridos el 24 de marzo de 1976 y a otros 20 que se ejecutaron
durante la Noche
del Apagón, cuatro meses después. La resolución con la que se blindó al
empresario azucarero fue sumamente simbólica y preocupó a los organismos de
Derechos Humanos. ¿Quiénes la rubricaron?
-Gustavo Hornos, presidente subrogante de la cámara
que avaló de forma unánime la falta de mérito de Blaquier. Hornos es hijo de un
coronel retirado del Ejército, ex alumno de la Escuela de Defensa Nacional y hermano
de otro magistrado, Roberto Hornos. Entre otros cargos, integra el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación. Fue denunciado junto a
otros jueces de Casación por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura en 2007
por su actuación en juicios de lesa humanidad. Sorteó la acusación en su
contra.
"Aunque ha tenido una actuación aceptable en los
juicios de lesa humanidad, siempre en su voto ha dicho que dejaba su opinión a
salvo en cuanto para él no había que haber reabierto los juicios. Insiste con la
constitucionalidad de las leyes de impunidad", explicó Rodolfo Yanzón, abogado
querellante en causas de lesa humanidad y denunciante de los camaristas ocho
años atrás.
-Si bien Juan Carlos Gemignani (h) no tiene
antecedentes en el Poder Judicial, pertenece a la familia de los tribunales. Su
padre, que lleva el mismo nombre, también fue magistrado: integró
la Corte de
Justicia de Entre Ríos durante la última dictadura. Fue designado por el
gobernador de facto Rubén Di Bello. Gemignani padre hizo carrera académica:
alcanzó el cargo de Decano de la Facultad de Derecho de
la Universidad
Nacional del Litoral, que lo catapultó luego para ubicarse en
el Consejo de la
Magistratura de la Nación. Padre e hijo
compartieron estudio jurídico en Paraná, informaron medios locales. Justamente,
Gemignani (h) hizo su trayectoria en el ejercicio de la
abogacía.
-El tercer y último integrantes de la sala IV es
Eduardo Rafael Riggi. Se trata de un juez que le dio mucho trabajo al Consejo de
la
Magistratura: tuvo varias denuncias en su contra. Fue
funcionario en el Camarón, la Cámara Federal Antisubversiva
creada en 1971. Fue nombrado juez durante la dictadura. "Dos de sus secretarios,
María Laura Olea y Diego Amarante, fueron abogados defensores de sus respectivos
padres, ambos militares procesados por crímenes de lesa humanidad", precisió el
sitio Infojus, la
Agencia Nacional de Noticias Jurídicas. Entre las denuncias más
mediáticas, se destaca el pedido de juicio político por haber sido contactado
por un ex agente de la
SIDE, Juan José Riquelme, para ofrecerle un soborno a cambio de
que la causa del asesinato de Mariano Ferreyra cayera en su juzgado y él
sobreseyera al sindicalista José Pedraza.
En 2007 varios abogados en representación de muchos
querellantes en causas por violaciones a los Derechos Humanos presentaron una
denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra los
integrantes de la
Cámara de Casación "por entorpecer las causas de lesa
humanidad". La presentación alcanzaba a Alfredo Bisordi (entonces presidente del
tribunal), Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Juan Rodríguez Basavilbaso,
Hornos y Riggi, entre otros. "Los únicos que sobrevivieron fueron Hornos y
Riggi”, recordó Rodolfo Yanzón, uno de los letrados que impulsó la acusación.
Desde la denuncia, el accionar de ambos se modificó, indicó. "A partir de todas
esta movida –sostuvo Yanzón– se disciplinaron. Si bien Hornos dejaba a salvo su
opinión, acompañó el nuevo proceso judicial (en relación a los juicios de
lesa)." Por caso, en 2012, revocaron las absoluciones a represores en Neuquén y
ordenaron al Tribunal Oral Federal 1 de la capital provincial que aumente la
condena de 12 años impuesta entre otros, a Raúl
Guglieminetti.
Con el fallo del 13 de marzo pasado, el máximo
tribunal penal volvió a sentar un antecedente peligroso en materia de lesa
humanidad. La revocación del procesamiento de Blaquier provocó un sismo. Ocurre
que la
Casación recorta cómo mirar las causas penales
federales.
San
Martín, sin jueces para indagar delitos de lesa
humanidad
"San Martin hoy no tiene composición de tribunal para
hacer juicios de lesa humanidad", afirmó el periodista y abogado Pablo Llonto,
querellante en causas por violaciones a los Derechos Humanos. Esta situación
compromete el avance de las causas que investigan los delitos cometidos durante
la última dictadura cívico-militar.
El tribunal a cargo de esos procesos es el TOF Nº 1,
que en la práctica sólo cuenta con una jueza firme en su cargo: Marta Milloc.
Ocurre que el presidente del tribunal, Diego Barroetaveña, es subrogante en este
tribunal y no en exclusividad. Concurre entre dos y tres veces por semana,
explicaron fuentes judiciales. Y añadieron que su subrogancia concluye en
junio.
La situación se agravó en los últimos días, cuando el
juez Héctor Sagretti se inhibió para actuar en los expedientes de lesa
humanidad. Esto dejó a tribunal encargado de esos juicios más que
rengo.
"En una resolución inédita, se inhibió porque
consideró que su posición en los juicios ya es conocida", explicó Llonto a este
diario. Tanto Milloc como Barroetaveña convalidaron la inhibición. Esto motivó
que el abogado querellante Tomás Ojeda Quintana presentara un escrito
solicitando la nulidad de la resolución.
Este escenario produjo un cuello de botella: hay una
cola de nueve causas de lesa humanidad esperando ser elevadas a juicio, entre
ellas, la que involucra a la automotriz multinacional Ford, que espera fecha
desde el año pasado.
Se sabe, los tiempos lentos de la justicia benefician
a los victimarios.
Papel
Prensa: un rechazo tan categórico como veloz
Ercolini
no quiere indagar a Magnetto, Herrera y Mitre
Ercolini no quiere indagar a Magnetto, Herrera y
Mitre. Un día antes de que el empresario Carlos Blaquier fuera beneficiado con
la "falta de mérito", el juez federal en lo Criminal N° 10, Julián Ercolini,
rechazó tomarle declaración indagatoria al CEO del Grupo Clarín, Héctor
Magnetto; a la dueña, Ernestina Herrera de Noble; y al director del diario
La Nación,
Bartolomé Mitre, entre otros, por su actuación en el despojo de la empresa Papel
Prensa que sufrió su anterior propietario, la familia Graiver.
El pedido había sido formulado por el fiscal Leonel
Gómez Barbella, el día previo. Ante la insistencia del procurador y la querella,
quienes apelaron la decisión, Ercolini volvió a sentar su posición. A Ercolini
se lo vincula al ex procurador de la Nación, Esteban Righi, y al ex jefe de
Gabinete Alberto Fernández, a quien siempre se adjudicó relaciones con
Clarín.
De acuerdo con el libro Justicia. Era Kirchner,
Ercolini integró la cátedra de Righi en la Facultad de Derecho (UBA) desde que
tenía 20 años "como docente alumno" y allí entabló un vínculo fluido con
Fernández. El ex jefe de los fiscales "quiere a Ercolini como si fuera de su
familia", escribieron Pablo Abiad y Mariano Thieberger en su
libro.
Entre las causas calientes que tuvo se destaca la que
acusaba a Néstor Kirchner de enriquecimiento ilícito. En 2004 lo
sobreseyó.
Bottinelli, un "periodista" al servicio del
horror
Publicó en
Para Ti un reportaje falso con los a militares.
En el que fue el último caso de un "efecto dominó",
la Sala II de
la Cámara
Federal porteña benefició con la "falta de mérito" –el 17 de
marzo pasado– al ex jefe de redacción de la revista Para Ti, Agustín Bottinelli.
El ex periodista de la Editorial Atlántida había
sido procesado por el delito de coacción como consecuencia de su desempeño en la
publicación, en 1979, de un reportaje apócrifo a Thelma Jara de Cabezas, quien
estaba secuestrada de la
Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Al primero, el periodista Horacio Verbistky,
presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo definió como "el
delegado de Javier Fernández en la Cámara" que "en un alarde de economía
de recursos integra sus dos salas".
El 17 de marzo de 2008, el magistrado votó que los
crímenes de la organización parapolicial Triple A no debían ser considerados de
lesa humanidad. Sus pares de la
Sala I, Eduardo Freiler y Horacio Cattani, equipararon los
hechos investigados con el terrorismo de Estado.
Por su parte, Martín Iruzun es un antiguo camarista
al que se vincula con el "partido judicial", cuya existencia y gravitación en el
poder denunció semanas pasadas la presidenta Cristina Fernández. A Iruzun se lo
relaciona con el radicalismo.
Fuente: Diario "Tiempo Argentino", Buenos Aires,
ARGENTINA.
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24 de marzo de
2015
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