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Información Impunidad |
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07abr15 - v)
msjes.
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| Esp - Varias organizaciones solicitan a los partidos políticos españoles que adopten medidas concretas a favor de las víctimas republicanas del franquismo. |
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i) Carta abierta a los partidos políticos y organizaciones sociales del Estado español: contra la impunidad y por la democracia. Version en FrançaisEs evidente que en los últimos años la sociedad española se ha sensibilizado por la situación de las víctimas de la represión franquista, lo que ha dado lugar al surgimiento de numerosas asociaciones relacionadas con estos hechos. A pesar de los años transcurridos, cualquiera que se acerca a esta cuestión se encuentra por parte del Estado con la dejación de la situación de las víctimas, de la memoria y de los derechos humanos.Y es precisamente desde el discurso de derechos humanos desde donde se puede hacer frente a la situación concreta y exigir al Estado la justicia necesaria para poner fin a la desmemoria, dejación e impunidad a que se ha reducido esta cuestión de forma, muchas veces, intencionada. En un momento en que los modelos de impunidad impuestos en otros países, como Argentina y Chile, han visto caer su legitimidad y su legalidad, creemos que es oportuno que el Estado Español, en parte responsable de dichos modelos, asuma su propia problemática, la que denominamos el "modelo español de impunidad", y ponga fin al mismo en forma democrática y con el respeto que todas las víctimas se merecen, pero teniendo muy claro que la finalidad es consolidar las libertades civiles y los derechos humanos. Es necesario que se entienda que la justicia es lo contrario de la venganza. Es necesario que no se equipare, en un discurso perverso, el concepto de justicia al de venganza, pues ello posibilita que se considere el olvido como una de las bases del estado de derecho. Ninguna sociedad puede sobrevivir al desconocimiento de su propia historia, por horrible que ésta sea... Y es evidente es que el discurso de derechos humanos y libertades no se recuperó aún de la pérdida de ambos valores tras el golpe de estado franquista A partir del 14 de abril de 2004, con la publicación del informe "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas" y su Plan de Acción, dio comienzo el desarrollo de un discurso sobre las víctimas republicanas de la Guerra Civil, de la Segunda Guerra Mundial y de la dictadura franquista, discurso ausente en los partidos políticos y en la inmensa mayoría de las organizaciones sociales españolas. Por primera vez se hicieron públicos documentos que permiten la categorización criminal del régimen franquista y de su participación, como parte de los Países del Eje, en la guerra de agresión nacionalsocialista que sufrieron la práctica totalidad de los países europeos, pero muy especialmente los países del Centro y del Este de Europa. De especial importancia es la resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, que define al régimen franquista diciendo: "(a) En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini." Esta definición, unida a la actuación del fascismo español, nos permite afirmar que fue un régimen criminal y que sus crímenes permanecen impunes judicialmente en virtud de artificios legales pergeñados durante la denominada "transición". En este sentido, es totalmente contrario al derecho internacional vigente que continúen en vigor leyes como la mal llamada "ley de amnistía", que fue en realidad el parapeto jurídico de los responsables franquistas de la comisión de crímenes contra la humanidad. En fechas más recientes, este marco de impunidad se ha visto complementado con la también mal llamada "ley de la memoria". Este modelo legal de impunidad sancionado por el Congreso tiene diversos efectos prácticos en el ámbito legal, pero principalmente, ha supuesto la indefensión y exclusión de las víctimas republicanas y la declaración de legalidad del ordenamiento jurídico franquista. Estas cuestiones, que no son menores, conforman una base de ilegitimidad sobre la que se asienta el régimen político actual. Este problema de fondo no puede superarse con voluntarismos frívolos tales como querer mirar sólo al "futuro promisorio", al tiempo que nos negamos a analizar el pasado, menos aún cuando ese voluntarismo pretende desconocer que el fascismo español está inmerso y es consecuencia de la historia europea. No existe por tanto esa "excepción española" que permite comprender la democracia alemana, francesa, italiana e incluso la japonesa obviando su ruptura con los modelos legales nacionalsocialistas, fascistas o imperialistas. Hoy no es discutible afirmar que el régimen fascista español cometió crímenes contra la población civil y que practicó el asesinato, el exterminio, la tortura, el sometimiento a esclavitud, la deportación, la persecución por motivos políticos, raciales y religiosos, así como el encarcelamiento arbitrario. No obstante, esta constatación empírica, es rechazada por la práctica totalidad de los partidos políticos y de los tribunales, los cuales intentan crear un absurdo e inmoral sistema doctrinal que permita ocultar para siempre la historia del fascismo español. Tampoco la posibilidad de una Comisión de la Verdad, en cualquiera de sus formas, constituye un mecanismo de respuesta al problema de la impunidad, sobre todo si se tiene en cuenta que las comisiones de la verdad no pueden suplir la obligación que pesa sobre el Estado de investigar, a través de su poder judicial, los crímenes del franquismo. El 18 de noviembre de 2006, a raíz de un informe publicado por la Sección Española de Amnistía Internacional, la Presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (AfarIIREP) se dirigía a esta organización en una carta pública, en la que dejaba claro su rechazo a la posibilidad de una Comisión de la Verdad en cualquiera de sus formas, y ello por tres cuestiones básicas: a) Porque en un estado de derecho lo que debe primar es el derecho a la justicia y esto no se consigue a través de una Comisión de la Verdad; b) Porque el derecho internacional aplicable en la jurisdicción europea obliga al cumplimiento de normas jurídicas que una Comisión de la Verdad no puede garantizar; c) Porque las Comisiones de la Verdad han significado en la práctica la configuración de modelos de impunidad. El juez francés Louis Joinet estableció unos principios básicos sobre los modelos de impunidad que fueron discutidos, y como reconoce en la introducción de su informe final, contó con la crítica y el apoyo de las organizaciones que participaron en el "Seminario Internacional: Impunidad y sus efectos en los procesos democráticos" realizado en Santiago de Chile en diciembre de 1996. Por primera vez un documento de Naciones Unidas define la impunidad como "la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas". Es con estos antecedentes que nos dirigimos a las organizaciones sociales y políticas, para que incluyan el discurso de las víctimas republicanas y el de la lucha contra la impunidad y tengan en cuenta los problemas reales existentes para buscar las alternativas prácticas que den solución a estos problemas. Es el Estado quien ha de garantizar el derecho a la justicia, con todas las implicaciones que ello supone, como es el acceso a los archivos de la represión, a las causas de la muerte en los registros civiles, al respeto de la normativa forense en materia de exhumaciones de restos humanos (y no de restos antropológicos, que es como se ha tratado hasta el momento a las víctimas de ejecuciones judiciales y extrajudiciales cometidas por el régimen franquista). El Estado no puede declinar ni hacer dejación de sus obligaciones en materia de derecho penal internacional. Es indudable que en el caso del Reino de España la falta de responsabilidad penal de los autores de violaciones graves a los derechos humanos es absoluta y, por ende, el sistema de impunidad pergeñado durante la transición sigue incólume. Y si dejamos que se implanten definitivamente los modelos de impunidad, corremos el riesgo cierto de perder las libertades que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos pretendió universalizar. Los modelos de impunidad surgen con la pretensión de resolver el dilema que representan la democracia, las libertades y la expresión del uso racional de ambas, que son los derechos humanos. Les caracteriza la vanidad, que se plasma en "la presunción de gobernar hasta más allá de la tumba..., en la más insolente de todas las tiranías", como tan bien respondiera Thomas Paine a Edmund Burke. Y esto es así porque como decía Jeremy Bentham "del poder de perdonar sin límites surge la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, de la impunidad de la delincuencia en todas sus formas, la impunidad de todas la formas de maldad, de la impunidad de todas las formas de maldad, la descomposición de los gobiernos, de la descomposición de los gobiernos la descomposición política de la sociedad". No se puede construir el futuro dando la espalda al pasado y restaurar la justicia significa devolver a las generaciones venideras la libertad, para lo cual es necesario obligar al mundo político a recuperar su conexión con las formas de vida éticas donde la fraternidad y la solidaridad ocupen su lugar. De lo contrario condenamos a las generaciones venideras a vivir en plena soledad y en un espacio vacío. 31 de marzo de 2014 Propuesta de programa contra la impunidad y de fortalecimiento democrático Proponemos a los partidos políticos del Estado español que asuman y promuevan el siguiente Plan de Acción, el cual refleja de una manera no exhaustiva las consecuencias de la impunidad española. En su elaboración se tuvo en cuenta la opinión de todos los actores sociales existentes a principios de 2004. 1. Ratificación de la "Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad". 2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 [Res. 32(I)] y el 12 de diciembre de 1946 [Res. 39(I)], y a su carácter criminal según las normas de derecho internacional. 3. Declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados. 4. Elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos, el necesario conocimiento de la verdad y que fije los procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos. Dicha ley ha de tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos clandestinos, oficiales, etc. y resolver el caso de las fosas comunes producto del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla. 5. Elaboración de un Manual de Antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de guerra y a la situación histórica de la II República y del régimen franquista, que permita ordenar los desenterramientos en orden a la instrucción penal correspondiente en función del tipo de delitos y las víctimas, sean éstas civiles o soldados regulares en los frentes de batalla. 6. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas, procediendo al registro judicial de las muestras de los restos de las víctimas, así como las de los familiares que lo soliciten, y creando los parámetros de reconocimiento que surjan de la experiencia antropológico forense y sociológica. 7. Ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados, y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos y de las víctimas. 8. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático. 9. Inventario, catalogación y reorganización, con medios adecuados a la tecnología actual, de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, etc., a nivel de todas las administraciones, adecuándolos a las normas del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. Se ha de reconocer el libre acceso y la obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con las víctimas y sus familiares, organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos y con la justicia nacional o de otros países. 10. Reconstrucción de las listas de víctimas españolas en terceros países como consecuencia del régimen franquista, incluyendo especialmente a los denominados "niños de la guerra", y solicitando, si fuera necesario, la colaboración internacional, especialmente en el ámbito europeo, para lo que se contará con las organizaciones de exiliados o de organizaciones extranjeras que hayan colaborado con el exilio republicano. Se procederá a la regularización jurídica de los problemas de nacionalidad española derivados del exilio y de los que son consecuencia de la inscripción de españoles en registros de autoridades legítimas dela II República, otorgando el mantenimiento de la doble nacionalidad de los exiliados y de sus descendientes en todos los casos. 11. Reconstrucción de las listas de víctimas y represaliados desde el levantamiento franquista, de forma legalmente válida, otorgando el reconocimiento jurídico válido y teniendo especial cuidado con los menores, huérfanos y mujeres. 12. Adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de muerte. 13. Establecer un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos, religiosos y de represalias. 14. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo. 15. Legislación de reconocimiento de todos los militares que sirvieron lealmente a la II República, restableciendo su condición histórica y adecuando sus méritos reglamentarios a todos los efectos. 16. Legislación de reconocimiento de todos los militares y fuerzas irregulares de origen español que colaboraron con los países aliados en la resistencia contra los países del Eje y contra el régimen franquista, equiparándolos al reconocimiento jurídico, militar y social que se siguió en países como Francia. 17. Reconstrucción de los mandos de todas las organizaciones franquistas en el interior y el exterior de España, para facilitar el derecho a la verdad y el conocimiento de los perpetradores de los crímenes contra la humanidad. 18. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista. Este documento ha sido elaborado por el Equipo Nizkor después de conversaciones mantenidas con la Federación Asturiana Memoria y República.Firman:ii) El PSOE continúa con su farsa en relación con las víctimas de Mauthausen. Version en FrançaisMarear la perdizEl Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha registrado este 24 de marzo de 2015 una proposición no de ley en el Parlamento instando al Gobierno a conceder una condecoración oficial a los supervivientes de los campos de exterminio nazis. Gestos como éste serían de agradecer, si no fuera porque en 40 años de gobiernos democráticos, de los cuales ha estado gobernando el PSOE más de 20 años, (8 con mayoría absoluta) jamás han hecho nada por legislar algo a favor de las víctimas españolas del exterminio nacionalsocialista.Es evidente que es una reacción provocada por el reciente anuncio del Gobierno francés de conceder la Legión de Honor a los deportados españoles que no la han recibido aún. Pero una proposición no de ley no es más que un “brindis al sol” que, aunque fuera aprobada, no obliga al gobierno a su cumplimiento, de ahí su eufemístico apelativo. Los españoles en los campos de exterminio nazis eran identificados con el triángulo azul reservado para los apátridas, ya que Franco ordenó quitarles la nacionalidad y así siguen, porque a tal punto han sido ninguneados que ningún gobierno democrático les ha devuelto la nacionalidad española. Todos los que sobrevivieron tuvieron que adoptar la nacionalidad del país que generosamente les acogió (mayoritariamente Francia). Si bien el Sr. Zapatero ha sido el único presidente español que ha acudido a los actos oficiales en Mauthausen, en mayo de 2005, en el sesenta aniversario de la liberación del campo, fue una oportunidad perdida por lo improvisada y mal organizada. Ni siquiera estaba prevista en el protocolo del acto la presencia de Zapatero y luego tuvo una actitud vergonzosa y vergonzante incorporando a escondidas la bandera franquista y no haciendo el homenaje a las víctimas. En suma, el grupo del partido socialista que acompañaba al Sr. Zapatero actuó al margen del protocolo de las víctimas. Esta cuestión terminó cuando el PSOE tuvo que pedir perdón al parlamento por la organización de este evento. No era para menos, en la práctica el máximo organizador y quien “filtró” a los invitados no fue otro que Enric Marco, el gran impostor e integrante, en su época, de los servicios de inteligencia franquista. Dos años más tarde, al instrumentar la nueva ley de impunidad conocida como “Ley de Memoria Histórica” no se mencionó a las víctimas españolas en la II Guerra Mundial y es más, se negó la posibilidad de que hubiera un monumento dedicado a ellas, especialmente a las de Mauthausen. Ahora esta proposición no de ley del PSOE es una mera instrumentación oportunista para engañar a incautos o a aquéllos que desconozcan las desventuras de las víctimas del franquismo, a las que se les negó mediante la “ley de la memoria” existencia jurídica. En el caso de las víctimas republicanas de la II Guerra Mundial la situación es peor aún, pues se niega su mera existencia, de la misma manera que se niega la propia existencia y reconocimiento a la resistencia interna republicana conocida como “los guerrilleros antifranquistas”, a quienes se sigue registrando como “bandoleros”. El Partido Socialista Obrero Español tendrá algún día que pedir perdón a sus propios afiliados y al resto de la sociedad por estos desvaríos oportunistas que pretenden jugar con las víctimas de una forma frívola y manifiestamente cruel. Enlaces para más información: Comentario del Equipo Nizkor a otra proposición No de Ley del PSOE de diciembre de 2012 http://www.derechos.org/ Carta del Equipo Nizkor y varias asociaciones a Naciones Unidas (2005) http://www.derechos.org/ [Fuente: Archivo, Guerra y Exilio - AGE, Madrid, 24mar15]iii) La ley de Amnistía fue "una traición a las víctimas del franquismo". El 14 de abril de 2004 el Equipo Nizkor hacía público un informe titulado La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas. Una década después hay una finalidad cumplida: "crear conciencia" en torno a la Memoria Histórica. Y un "fracaso": el sistema, el Estado español, no asume "el problema de las víctimas republicanas del franquismo", declara el presidente del organismo internacional de derechos humanos, Gregorio Díaz Dionis, en una entrevista con eldiario.es Andalucía. La Guerra Civil fue "el inicio de la II Guerra Mundial" y en ese contexto hay que repasar el relato histórico, juzgar los delitos cometidos. "Usar la historia europea" para "arreglar" la propia. Pero no hay "voluntad política", dice Díaz Dionis -hijo de emigrantes canarios en Argentina-, y esto se subraya con la ley de Memoria, "verdadera ley de punto final" que "legitima" la dictadura. Es "lo que faltó a la ley de Amnistía" de 1977, según el equipo asociado a Derechos Human Rights y colaborador de la Organización Mundial contra la Tortura. Diez años del informe sobre impunidad franquista. ¿Qué pasó desde entonces? La intención fue crear conciencia en relación a la memoria, el problema de las víctimas republicanas en el franquismo. Eso se ha conseguido. El primer año distribuimos un millón de ficheros y prácticamente todas las asociaciones han asumido ese discurso. Conciencia sí, ¿y resultados? La socialización del discurso se consiguió, pero ese documento tiene un plan de acción: la sistematización de la casuística de las víctimas. Si tomas eso es un fracaso, ni uno sólo de esos puntos se ha resuelto. ¿La ley de Amnistía reproduce el modelo arquetípico de leyes de punto final? No. Es una ley franquista en la concepción y en la definición, un fenómeno jurídico muy perverso. Una ley de punto final es otra cosa. El caso de la amnistía española es único en el mundo, perverso: los presos por luchar contra Franco no habían cometido delito en el sistema democrático, se les amnistía y después los jueces usan esa ley para amnistiar a los victimarios. ¿Un pacto de silencio sellado en la transición? No diría pacto de silencio, fue muy explícito. Fue una traición a las víctimas de la República y a los valores democráticos en cualquier país. Es muy grave lo que ocurrió en la transición si uno lo analiza desde el punto de vista de las libertades civiles y de la historia de España. ¿Qué reconocimiento jurídico tienen las víctimas del franquismo? Ninguno. La ley de la Memoria lo dejó claro, legitima al régimen franquista, es la verdadera ley de punto final. No hay reconocimiento a las víctimas de ningún tipo. ¿Qué aportó a la reparación? Nada. La ley de la Memoria es lo que le faltó a la ley de Amnistía. Viene a decir que la legislación franquista no se anula, que es legítima y por tanto sigue en vigencia. Desde el punto de vista doctrinal es una ley complementaria a la ley de Amnistía y cierra hoy por hoy toda posibilidad de reconocimiento jurídico de las víctimas. ¿Habla de texto insuficiente o de traición a las víctimas? Para mí traición, no tengo la menor duda. Otros países juzgaron sus dictaduras. ¿Y España? Si España quiere arreglar el problema de las víctimas del franquismo tiene que usar la historia europea. Tendrían que anular todas las leyes, dar estatuto jurídico a las víctimas como en Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Rusia… Es muy simple. No se trata de inventar grandes cosas. La Guerra Civil española es el inicio de la II Guerra Mundial, no una excepción histórica. Si no asumimos eso, la lectura se pierde. ¿Es un obstáculo para hablar de democracia plena? Por supuesto, es como si se viviera en libertad condicional desde el punto de vista de los derechos civiles. Hay una parte enorme de la población a la que se negó el derecho a la justicia y el acceso a los tribunales. Y eso es una característica de un estado de excepción. Pero justicia no es venganza. ¿Qué secuelas jurídicas tendrían los culpables de delitos contra la humanidad? A esta altura autores de crímenes no deben quedar vivos. Desgraciadamente, ni víctimas tampoco. Pero eso no obvia que exista el reconocimiento de lo que ocurrió, de que las investigaciones en el caso de los crímenes que se cometieron se hagan e incluso que haya las reparaciones. Aquí hay problemas muy gordos pendientes, como por ejemplo, y no es el menor, todo el secuestro de bienes de republicanos en toda España, que se los confiscaron y jamás recibieron nada. ¿Qué le parece el 'suspenso' de Naciones Unidas a España en materia de Memoria Histórica? Que no tiene aplicación jurídica. Es el mismo dilema de siempre, queda bien pero no obliga a España a nada. No hay que sacarlo de contexto, si no parece que le va a dar resolución a las víctimas y no es cierto. ¿Y a quién avergüenza? A la comunidad internacional por lo menos. Lo que pasa es que la historia de España es muy conocida, un fenómeno estudiado y del que existe bibliografía en prácticamente todos los idiomas. ¿Para qué sirve entonces? Como campanazo a nivel del sistema de Naciones Unidas para decir: 'esto es lo que pasa en España'. Pero ojo, hay hipocresía. En Europa todo el mundo sabe lo que pasó. Lo saben desde el primer día. ¿Qué le parece el oscurantismo en torno a los archivos oficiales? ¿Los archivos españoles? Eso más que una rémora es una vergüenza. El ministerio de Exteriores tiene clasificados todos los documentos desde la guerra de Cuba hasta hoy… Sobran calificativos. Es una mentalidad oscurantista que se repite en los hechos diplomáticos. Andalucía tramita su propia ley memorialista, ¿conoce el anteproyecto? Lo conozco. No opinaré en concreto sobre el articulado, no recuerdo todo. El problema es que una autonomía no puede solucionar el problema. Tiene límites muy grandes. La Junta es la primera institución que asume de manera directa las exhumaciones pero el mapa de fosas está sembrado con miles de víctimas y el presupuesto es escaso. Problema presupuestario pero más que nada jurídico, de cómo se implementa eso. Desenterrar a las víctimas no es complicado. El problema es de voluntad política y no es real que no haya dinero. No la Comunidad Autónoma, que para eso no lo puede tener por definición, pero el Estado lo tiene. Y un juez sabe lo que tiene que hacer en una fosa, y la policía también. Y no lo hacen por… Por una orden. En el caso de la justicia es la Fiscalía General del Estado quien impide que eso ocurra. Jurídicamente está en la ley procesal penal. España, segundo país del mundo con más desapariciones forzadas sin esclarecer. Hay cientos de miles de ejecutados, y podemos hablar de millones de víctimas del franquismo sin justicia. Ése es el drama histórico y social de España. Si son muchos o pocos, ésa no es la cuestión. Si se abrieran los archivos las fosas están todas localizadas, inventariadas. Tanto el Ejército como la Guardia Civil tienen en sus archivos los datos de todo eso… que un ciudadano tenga que usar recursos propios para buscar una víctima que está en una carretera es una humillación. Es una irregularidad legal y un desprecio a sus derechos civiles. Eso es lo terrible. Un ejemplo: en el cementerio de Sevilla hay más de 3.000 ejecutados en fosas. Sevilla oculta muchos más crímenes de toda la etapa del franquismo. Toda la represión que salió de Sevilla hasta Extremadura es una de las marchas de la muerte más grandes que hubo en Europa. Ése es el drama y eso se oculta en los libros, se oculta a la población y se humilla a las víctimas que son herederos de esos que están ahí. Humilla a los vivos y a los muertos. ¿Y es herencia del franquismo que sean crímenes sin resolver? Obviamente. O no, es el franquismo vivo. La herencia sería que murió, y no murió. La prueba es que se respeta la legalidad del franquismo. [Fuente: El Diario, Sevilla, 15nov14]iv) Declaración (18nov06) puntualizando la declaración de Amnistía Internacional Sección Española sobre la cuestión de la nulidad de los juicios sumarísimos y las Comisiones de la Verdad. La Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo (afarIIREP), debe su fundación al objetivo básico de conseguir con su actuación la nulidad de los juicios del franquismo y el reconocimiento jurídico de todas las víctimas de este régimen. En relación con este objetivo: 1) Hemos tomado nota de la publicación del documento de Amnistía Internacional Sección Española: “Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo: no hay derecho” de noviembre de 2006 y de su posición de revisar las sentencias del franquismo. 2) Nos alegra que Amnistía Internacional Sección Española haya avanzado en sus análisis jurídicos con relación a nosotros, las víctimas del franquismo, evolución notoria con relación a su primer documento. 3) No obstante, dada la repercusión pública del mencionado documento y el desconcierto que ha provocado en muchos de nuestros asociados y en otras asociaciones de víctimas, afarIIREP se ve en la obligación de puntualizar, para mayor claridad conceptual, algunas cuestiones, sin que esto signifique un desprecio al derecho a la diversidad de opiniones que claramente marca nuestro accionar como asociación, Por todo ello, declaramos lo siguiente:
Declaración que hacemos en Madrid a los dieciocho días del mes de
noviembre de 2006
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Impunidad en España y crímenes franquistas
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