 | Información Persecución sistemática |
04feb19 - vii) msjes.
| |
| Col - La persecución y asesinato de líderes sociales se complementa con amenazas a comunidades campesinas. |
iii) Entrevista a Claudia Duque sobre el conflicto con origen en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
La Juez Segunda Promiscua de Apartadó, MARIA MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, al parecer sigue insistiendo en apoyar la petición de los militares de la Brigada XVII, de obligar a nuestra Comunidad de Paz a retirar de la red informática nuestras constancias históricas y censuras morales, referidas a todas las vejaciones, atropellos y desconocimiento de nuestros derechos humanos fundamentales que cometen militares, policías, paramilitares y, en general, agentes del Estado. Su sumisión a los armados que matan y oprimen, trata de presentarla como una “acción legal”. Sin embargo, va contra las leyes y principios constitucionales en muchos aspectos:
Es deplorable que funcionarios de un Estado, ya muy lejos de poderse identificar como “Estado de Derecho”, caigan en tantos errores y decisiones inmorales, por su afán de dejarse manejar por armados que han perpetrado tantos crímenes de lesa humanidad y realizado tantas prácticas de genocidio en tantas décadas, evadiendo todas las denuncias, protestas, llamados apremiantes de la comunidad internacional, de tribunales internacionales y de franjas conscientes de la especie humana. Todo esto produce un profundo dolor de patria.
[Fuente: Comunidad de paz San José de Apartadó, 28ene19]
Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar nuevas constancias ante el país y el mundo sobre las formas de violencia, agresión y violación de los derechos humanos fundamentales que el Estado colombiano, a través de sus agentes directos e indirectos, aliados en la estrategia paramilitar, continúa perpetrando contra nuestra Comunidad.
Las últimas semanas de 2018 se caracterizaron por una arremetida intensa del paramilitarismo, con todo el apoyo pasivo y activo de las instituciones, para controlar a la población campesina de la zona: se está produciendo un sometimiento económico asfixiante del campesinado, ahorcándolo con vacunas o impuestos ilegales sobre los principales campos de su producción y trabajo de sobrevivencia: la tierra, el ganado, la madera. Simultáneamente las unidades veredales son copadas por “puntos” del paramilitarismo, quienes ejercen como espías y se afirman como “autoridades” ilegítimas que se creen con poder de dictar normas y mantener bajo chantaje a todos los pobladores.
No han faltado intentos de soborno a los mismos integrantes de nuestra Comunidad de Paz, ofreciéndoles sumas atractivas de dinero para que se conviertan en informantes internos sin necesidad de retirarse de la Comunidad, aportando informaciones que consideran cada vez más urgentes para llevar a cabo las amenazas de muerte contra nuestros líderes e integrantes, amenazas que durante todo el año 2018 fueron recurrentes y que se presentaron con un cierto carácter de retaliación por no haber podido llevar a cabo los crímenes planeados para el 29 de diciembre de 2017.
Los hechos de los cuales queremos dejar constancia son los siguientes:
Nuevamente agradecemos a tantas personas, comunidades e instituciones del país y del mundo quienes se han mostrado solidarias con nuestra causa desde principios éticos insobornables y resistiendo a todos los intentos de amordazamiento de la Brigada XVII y de su cooptada Juez Promiscua municipal.
[Fuente: Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 04ene19]
Nos pronunciamos ante el país y el mundo nuevamente como Comunidad de Paz, pese a que el Estado con su brazo militar nos quiera silenciar también por vía judicial. Dejamos constancia sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por querer luchar civilmente por un proceso de vida y la defensa del territorio.
El 06 de diciembre de 2018 nuestra comunidad de paz ejerció su derecho de protestar por las injusticias que estamos atravesando, en el cual nuestra Comunidad en cabeza del Representante Legal German Graciano Posso se le impuso una sanción por desacato, “con arresto de cinco (5) días, los cuales debería purgar en los calabozos de la estación de policía ubicadas en San José de Apartado, y multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Consejo Superior de la Judicatura”. Situación que se suma a la lista de agresiones que vivimos en la Comunidad y el corregimiento en general causadas por los paramilitares y la fuerza pública.
Nos movilizamos por el Corregimiento y las calles de Apartadó en nombre de nuestras víctimas y en contra de la decisión de la Juez María Mariela Gómez Carvajal, al pretender obligar a nuestra Comunidad a retractarse de hechos publicados en las Constancias públicas, que NO faltan a la verdad, como la masacre del 21 de febrero de 2005, en la que se comprobó la responsabilidad y convivencia en su actuar de militares y paramilitares. En años anteriores se dejaron en conocimiento las pruebas con testigos ante la fiscalía para que se investigara y juzgaran a los responsables de tanta barbarie, pero quienes terminaron sentenciados con la muerte por esas denuncias fueron los mismos testigos. Nuestras constancias son una medida de protección para la población y es el medio para dar nuestro testimonio, para denunciar con la esperanza de que el Estado investigue sus instituciones, pero la respuesta es que ahora los victimarios obligan a retractarse a las víctimas.
Nos presentamos allí en las instalaciones del juzgado segundo promiscuo de Apartadó, con mujeres, hombres, niños y abuelos, NO para retractarnos, sino para ratificar nuestro clamor de que nos dejen vivir en paz, que respeten la vida, la tierra, el territorio, nuestra Comunidad.
Yo soy German graciano Yo soy Comunidad de paz, porque todos somos comunidad, alzamos nuestra voz para decirle a los jueces allí, las victimas no tenemos por qué ser judicializadas como si fuéramos el victimario. Seguiremos denunciando a quienes nos quieren acallar, a quienes agreden y asesinan al campesino, a quienes nos roban los jóvenes para la guerra, a quienes nos despojan de nuestras tierras, a quienes cada día acaban con la serranía deforestando y contaminando los yacimientos de agua, a quienes imparten justicia solo para beneficiar a los que desplazan y nos despojan del territorio.
El 04 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó al Estado colombiano, referirse a la orden de arresto contra German Graciano. El Relator Michel Forst Relator Especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, manifestó en su cuenta de Twitter: “Estoy sumamente preocupado por el posible arresto de Germán Graciano, Representante legal de @cdpsanjose. Estuve en esta comunidad hace unos pocos días, durante mi visita oficial a #Colombia. Estaré dando seguimiento a esta situación”. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, también manifestó es “Inadmisible intento de encarcelar al líder de la comunidad de paz de San José de Apartadó, German Graciano. Las sanciones penales nunca deben ser utilizadas para reprimir denuncias de interés público. Espero que la @CConstitucional revise este caso”.
El mismo 06 de diciembre de 2018, voces de solidaridad de todas las regiones del país y de todo el mundo –Ayuntamientos, diputados, congresistas, organizaciones sociales, redes-, le pidieron a la Corte Constitucional que revisara ese fallo de Tutela, que no solo va en contra de nuestra Comunidad de Paz en un rincón del Urabá, sino también de todas esas personas y comunidades indígenas, afros, campesinas y organizaciones sociales en el país que defienden los derechos humanos, por ser injusto y contrario a la ley. Pero este alto tribunal no tuvo en cuenta ninguna solicitud.
El 07 de diciembre 2818 a las 10:37 de la mañana, vía correo electrónico llegó una notificación, en trámite de consulta, emitido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito, del Proceso de Incidente de Desacato, promovido por el Comandante de la Décimo Séptima Brigada, Carlos Alberto Padilla Cepeda, por considerar que la Comunidad –incumplió- el fallo de Tutela proferido por la Juez Segundo Promiscuo Municipal Apartado (Antioquia), María Mariela Gómez Carvajal, cuya decisión declara la nulidad de todo lo actuado.
En este, el despacho advierte “falencias que conducen a declarar la nulidad del trámite por violación al debido proceso, toda vez que la imposición de las sanciones obedece a la atención de claros principios constitucionales, como lo son la necesidad, la adecuación, la razonabilidad y la proporcionalidad”. Manifiesta el mismo despacho que Incidente de desacato que está en Consulta existe un “desconocimiento de estos principios”, y lo resume así:
“La sanción por desacato que se impuso al señor GERMAN GRACIANO POSSO, en calidad de Representante Legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, se hizo sin tener en cuenta que por Resolución del 26 de Junio de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitero al Estado que se mantenga las medidas que hubiese adoptado y disponga de forma inmediata las que sean necesarias para proteger eficazmente la vida integridad personal de todos los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartado entre ellos del señor GERMAN GRACIANO POSSO”.
Hoy 09 de diciembre de 2018, a las 6:00 am de la mañana encontramos panfletos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en las afueras de nuestro asentamiento San Josesito, puestos allí por los paramilitares en la carretera que conduce desde el Corregimiento de San José hasta el Municipio de Apartadó y en las veredas LA Unión, Buenos Aires, Cristalina, La Linda, El Mariano, El Porvenir, Las Nieves, La Esperanza, Arenas, El cuchillo, La Victoria, El Corregimiento de San José entre otras veredas. Con este acto manifestando que están por todo el territorio nacional.
Mientras todo esto ocurre, nuestra comunidad, los campesinos de la región siguen viviendo la agresión paramilitar, que sigue sometiendo la población, cobrando vacunas por los animales que se tengan, por el cacao que se produzca, que vendan y compren, por la madera que se saque, cada rastra de madera la cobran a dos mil pesos y si no, no sale.
Nuestra Comunidad de Paz nació hace 21 años y 9 meses. Casi mil campesinos de las veredas de San José decidimos oponernos a que nos involucraran en la guerra a la fuerza y que nos acusaran de estar de un lado o de otro de la guerra para tener razones para matarnos. Por eso nuestro primer acuerdo común fue no participar en la guerra de ningún lado ni colaborar con los armados de ninguna manera. Pero al formar la Comunidad de Paz también decidimos que no íbamos a ser tolerantes con la injusticia ni con la impunidad. Por eso desde el principio aprendimos a no callar, a denunciar todas las violaciones a nuestros derechos.
Después de más de 8 años, en los que confiamos en que las entidades de justicia cumplirían su misionalidad, para lo que fueron creadas, y garantizarían nuestros derechos, los derechos del campesinado en el país. Pero no fue así, nos asesinaron muchos de nuestros líderes y amigos, nos siguen amenazando. Eso nos llevó a hacer una ruptura con la justicia porque nuestra conciencia no nos permitía seguir colaborando con algo que estaba muy lejos de servir para hacer justicia y que más bien servía para matar o perseguir a las víctimas. La misma Constitución colombiana afirma que nadie puede ser obligado a actuar contra su conciencia (Artículo 18) y nosotros fuimos claros: nuestra conciencia no nos permitía colaborar con algo que durante ocho años experimentamos como corrompido, pues los mismos testimonios que rendíamos los utilizaban de manera sucia.
Cuando rompimos con la justicia, descubrimos que la Constitución obliga al Presidente de la República a garantizar los derechos de todos los ciudadanos (Artículo 188). Por eso acudimos a los derechos de petición al Presidente, contándole todo lo que íbamos sufriendo como atropellos de las mismas instituciones del Estado y pidiéndole que tomara medidas para protegernos, pero tampoco los Presidentes nos escucharon y más bien les mandaban nuestras peticiones a las mismas instituciones que violaban nuestros derechos.
También acudimos a tribunales internacionales y llevamos allí todas nuestras denuncias, pero esos tribunales son muy lentos y todavía no han tomado decisiones sobre nuestro caso. Ante todo esto, decidimos comunicarnos de manera permanente con la sociedad y con la comunidad internacional para enterarlas de lo que nos ha estado pasando. Hemos encontrado muchas comunidades en Colombia y en otros países que se solidarizan con nosotros, escriben al gobierno, nos dan apoyo y fuerza moral para defender nuestros derechos.
Como pueden ver, el único camino que nos quedó para no dejarnos destruir y exterminar por un Estado que siempre nos ha atacado y que tolera y apoya pasivamente a los grupos fuera de la ley que impulsan la violencia en nuestro territorio y violan todos nuestros derechos, ha sido no callarnos y mantener enterada a nuestra sociedad y al mundo de lo que nos pasa.
Todos los tratados internacionales de derechos humanos defienden el derecho a la libertad de expresión y mucho más cuando es nuestra expresión como víctimas y víctimas a las cuales les han cerrado todos los demás caminos para denunciar y protestar. No nos podemos dejar exterminar en silencio. Que al menos el mundo se entere cómo nos van destruyendo progresivamente con muchas formas de violencia. Contamos con la solidaridad de quienes tienen principios éticos y sentimientos de humanidad.
Agradecemos a las miles de voces de solidaridad del país y del mundo que siempre han creído en nuestro proceso de vida, que sienten nuestra resistencia como suya, pues al igual que nosotros la defienden desde sus lugares de residencia, les agradecerles desde nuestro corazones por toda la presión que han hecho en estos últimos días al estado colombiano, para intentar quitar la tutela en contra de nuestro representante German Graciano, la orden de arresto y tumbar la sentencia en contra no solo de German Graciano sino también en contra de nuestra comunidad de paz.
[Fuente: Comunidad de paz de San José de Apartadó, 19dic18]
Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve nuevamente en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo de las agresiones y violaciones graves de sus derechos perpetradas en las últimas semanas:
En este momento son muchos los comentarios que se escuchan en la zona sobre la lucha por el control armado de nuestro territorio, el cual estaría siendo disputado entre paramilitares reconocidos de vieja data, guerrillas o armados recién llegados, algunos con brazaletes del ELN, supuestas disidencias de las FARC y unidades de fuerza pública. Es muy preocupante que una región tan golpeada por muchos años de violencia tenga seguir sometida a una guerra despiadada en la total desprotección del Estado.
En las últimas semanas se ha hablado de enfrentamientos por la zona del río Manso en el Sinú, Córdoba. Al parecer, hay disputas entre paramilitares de las AGC y grupos armados que afirman ser del ELN; buscan controlar el corredor entre el río Sinú y Dabeiba, Antioquia, y el Nudo de Paramillo.
El control paramilitar en las veredas de San José de Apartadó sigue siendo dominante, pues es notable la intensa presencia paramilitar en puntos muy estratégicos. En algunas veredas donde tienen sus grandes campamentos y donde permanecen todo el tiempo armados sin ser molestados, la fuerza pública, que debería enfrentarlos, desmantelar sus campamentos y proteger a la población civil, no hace nada para impedir su presencia y accionar, a pesar de que llevan allí muchísimos años y se han elevado muchísimas súplicas apremiantes a sus comandantes en jefe para que hagan algo y no han querido hacer nada. Esto es demasiado preocupante y repugnante y revela un Estado que no es Estado. Ahora hay una serie de nombres que son reconocidos por las veredas por ser puntos de información o mandos, como son: alias Caballo, Majute, Pantera, Peña, Darío, Cementerio, Nueve, Chiquito Malo, Pueblito, Alfredo, Alcadio, Elías Giraldo, Pollo, entre otros.
Nuestra comunidad siempre ha podido comprobar la presencia del paramilitarismo en las veredas e incluso en el casco urbano de San José. Hace unos días realizamos una peregrinación por algunas veredas, entre ellas Mulatos, La Resbalosa y La Esperanza, en la cual participaron periodistas y acompañantes internacionales. En el recorrido pudimos ver hombres de camuflado y armados en los caminos y además una fuerte presencia de “puntos” o informantes al servicio del paramilitarismo, los cuales se encuentran en las casas de los civiles portando radios de comunicación y armas cortas. En dos fincas donde había concentración de paramilitares, ya la habíamos comprobado el 30 de marzo pasado (Viernes Santo) cuando pasamos por allí en el recorrido del Via-Crucis; en ese momento hicimos la denuncia a nivel nacional e internacional mostrando testimonios fílmicos de su presencia criminal por las redes sociales, pero ni el gobierno ni su fuerza pública ni los órganos de control del Estado hicieron absolutamente nada: ocho meses después se encuentran concentrados exactamente en los mismos sitios. ¿Puede darse más evidencia de la complicidad del Estado con esos grupos criminales? ¿Dónde quedan la Constitución, las leyes, los tratados internacionales, los derechos humanos y la dignidad humana? Nada les importa. Sólo les importa amordazar a quien pretenda revelarle esa verdad a la sociedad y al mundo. Por eso la han emprendido contra nuestra Comunidad de Paz, poniendo tutelas para silenciarnos, para que no revelemos lo que estamos viendo y sufriendo, para que le ocultemos al país y al mundo sus crímenes.
Los hechos de los cuales dejamos constancia son:
Si la Comunidad recurrió al medio de las CONSTANCIAS HISTÓRICAS, fue porque los otros medios de defensa de la vida y de la dignidad resultaron totalmente ineficaces y contraproducentes. La Comunidad tuvo que invocar la Objeción de Conciencia, fundada en el Artículo 18 de la Constitución de Colombia, cuando después de 8 años de recurrir a lo que en Colombia llaman “justicia”, no solamente no logró ninguna justicia sino que se encontró cara a cara con la más horrenda corrupción e impunidad. Acudió también al Derecho de Petición previsto en la Constitución para exigirle a los Presidentes que cumplan con su obligación de garantizar los derechos de los ciudadanos (artículo 188) y tampoco los Presidentes quisieron dar garantías a nuestras vidas, dignidad y derechos: se hicieron los sordos y los ciegos y sus secretarias jurídicas (como la hoy “magistrada constitucional” Cristina Pardo) alegaron que brindar garantías no era de la competencia del Presidente. Acudimos también a tribunales internacionales, pero allí pasan décadas y décadas en trámites sin solucionar nada. Lo único que nos quedó como protección fue acudir a las Constancias Históricas para que el país y el mundo conocieran lo que estamos sufriendo día a día como violación de nuestros derechos y dignidad. Ahora los militares, quienes han estado detrás de la mayoría de los más de mil crímenes de lesa humanidad que hemos sufrido, quieren taparnos la boca, silenciarnos, amordazarnos; quieren que el mundo no se entere de sus horrores y complicidades; dicen que eso “daña su imagen”, pero no es nuestro clamor el que daña su imagen sino los hechos que ellos cometen que nos hacen pedir a gritos compasión y solidaridad. Son sus hechos y conductas los que dañan su imagen y no nuestros gritos de dolor.
Los militares quieren castigarnos por “desacato” a una orden de mordaza que no sólo es antiética sino criminal y que en conciencia no podemos acatar. Acatarla sería ser cómplices de los victimarios que nos hostigan, persiguen y pisotean nuestros derechos; sería convertirnos en masoquistas, en personas que aceptan dejarse destruir y exterminar sin protesta ninguna. Las personas sensatas saben que esa actitud sería absurda de nuestra parte. En conciencia no podemos acatar la mordaza, la complicidad con el encubrimiento de los crímenes, el silencio frente a los horrores. Nadie, con un mínimo de sensatez y de humanidad puede acatar esa absurda tutela.
Pero además: ¡qué ironía! Esos militares que hoy nos acusan de no acatar la mordaza infame con que quieren silenciar nuestro derecho a exigir respeto a la vida y a nuestra dignidad, ellos mismos son campeones del desacato: han desacatado por más de 10 años las órdenes de la Corte Constitucional (teóricamente la más alta Corte del Estado) que les ha ordenado entregar los nombres, códigos institucionales, unidades de pertenencia y líneas de mando de todos los oficiales, suboficiales, soldados y policías que estaban presentes en los sitios, fechas y horas en que fueron perpetrados centenares de crímenes de lesa humanidad contra nuestra Comunidad de Paz. No le han obedecido a la más alta Corte (Sentencia T-1025/07; Auto 164/12 y Auto 693/17) incluso cuando la Corte les ha reiterado sus órdenes y les ha dado plazos perentorios, ellos no han obedecido; es un desacato persistente, contumaz y desafiante, y, sin embargo, siguen creyendo que son “legales”, que están cubiertos por la “legalidad”. ¡Qué ceguera!
Hay ironías torturantes: a nuestro Representante Legal GERMÁN GRACIANO POSSO, a quien ahora ordenan arrestar por “desacato” a semejante inmoralidad, le han asesinado 17 familiares, entre ellos su padre, sus hermanos, tíos, primos y otros parientes; el pasado 29 de diciembre llegaron a matarlo y, gracias a Dios, miembros de nuestra Comunidad lograron inmovilizar y desarmar a los asesinos, pero el mismo juzgado que hoy lo quiere arrestar, dejó libres a los asesinos alegando que se habían violado sus derechos (sólo pudo ser violado “su derecho a matar”) y al tiempo abrió un proceso contra nuestra Comunidad por “secuestrar” a los asesinos. No cabe duda, pues, que, para la juez, a los asesinos se les debió permitir matar y nuestra Comunidad debió dejar matar a nuestro Representante Legal. ¿Qué otra interpretación cabe allí? Pero a Germán lo tienen amenazado de muerte de manera insistente: familiares de los asesinos de diciembre han acudido a pobladores de San José para insistirles en que antes de terminar este año Germán tiene que haber muerto. Quizás la Juez quiere ahora arrestarlo en un sitio donde más fácilmente lo puedan matar. Todos esos crímenes están en absoluta impunidad ya que el Estado colombiano ha desacatado los clamores por justicia, no solo de nuestra Comunidad de Paz, sino de organismos y tribunales internacionales, de parlamentos e instituciones humanitarias mundiales, de personalidades y comunidades solidarias de numerosos países. Nuestro Estado desacata todos los clamores por la justicia; basta ver el horror que vivimos ahora: centenares de líderes sociales asesinados y el Estado se desentiende de esa criminalidad galopante; no quiere actuar; la única respuesta a todo este horror es la impunidad. Sólo le interesa amordazar a los que clamamos por algo de justicia y protección. Nuestras últimas peregrinaciones nos han evidenciado que el Estado no quiere actuar ni de lejos para proteger a nuestra Comunidad: los paramilitares han estado armados y uniformados en la mismas fincas donde los encontramos hace 8 meses, protegidos por una fuerza pública que los llama “primos” y departe con ellos y sólo quiere destruir a quienes señalan la aberración de su control social y territorial.
Con esta orden de arresto y de multa la Juez Mariela Gómez Carvajal se inscribe en la larga lista de operadores judiciales que persiguen a las víctimas y defienden a los victimarios, digna de ocupar un sitial en la vergonzosa galería incluida en nuestro derecho de petición a las altas Cortes del Estado (19 de enero de 2009) donde demostramos cómo ningún principio rector del procedimiento penal es respetado sino vergonzosamente pisoteado. ¡Qué dolor de país!
Por todas estas razones no callaremos ante los atropellos a los cuales somos sometidos cada día que pasa y todo por querer ser un modelo de vida y de comunidad donde no se toleren armas letales ni convivencia alguna con quienes las manejan para destruir vidas humanas, sean las nuestras o las de los campesinos de nuestro entorno.
Agradecemos una vez más a todas las personas que han escuchado nuestros clamores desde nuestra impotencia, ya que lo único que nos queda es dejar constancia de nuestros sufrimientos ante el país y el mundo, en este océano infinito de impunidad y corrupción, pero también de eso nos quieren despojar y reducirnos al silencio con tan absurdas tutelas.
[Fuente: Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 05dic18]
Más Información sobre Derechos Humanos en Colombia:
Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia
http://www.derechos.org/
Otros programas recientes de Radio Nizkor:
UN - Statement by Jaqueline Cabasso before the UN Committee
on Disarmament and International Security [Audio Document Radio Nizkor] (06m 51ss)  Go to audio file
Interview with Prof. Donald M. Ferencz on International Law
and the Illegal Use of Armed Force by State Leaders. [Audio Document Radio Nizkor] (24m 16ss) Go to audio file
The bench with the "Law Not War" motto: The brief story of a highly symbolic donation.
[Audio Document Radio Nizkor] (08m 45ss) Ir a fichero audio
Otras páginas:
|
 | This information has been disseminated on 04Feb19 by the Equipo Nizkor, Derechos Human Rights and Radio Nizkor. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Información es un servicio editado por el Equipo Nizkor. Esta información se envía desde California (USA), está sujeta a la legislación de ese país y tiene carácter gratuito y no comercial. Para ponerse en contacto con el Equipo Nizkor escriba a: nizkor@derechos.org |
No hay comentarios:
Publicar un comentario