En el Día Internacional de la Niña, la CIDH reitera la obligación de los Estados de garantizar la protección especial y reforzada de sus derechos fundamentales

11 de octubre de 2019

Washington, D.C. - En el Día Internacional de la Niña, celebrado el 11 de octubre, la CIDH reitera el papel de los Estados en garantizar la protección especial y reforzada de sus derechos fundamentales y reafirma que las niñas y adolescentes tienen el mismo derecho a crecer y a desarrollarse en condiciones de igualdad y libres de discriminación.

La Comisión advierte que, en la región, las mujeres sufren violencia a lo largo de todas las etapas de sus vidas y en particular, las niñas y adolescentes enfrentan formas agravadas de violencia, que se reflejan en diversos ámbitos, tales como en la violencia doméstica, el trabajo infantil, trata, explotación laboral, y en los ámbitos educativos y tecnológico. Asimismo, la CIDH observa con especial preocupación la prevalencia de la violencia sexual, el matrimonio infantil y el embarazo en la adolescencia.

“La situación particular de las niñas está ampliamente invisibilizada al no reconocerse específicamente las problemáticas que enfrentan y las vulnerabilidades que las caracterizan,” afirmó la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH. “Sus necesidades pasan muchas veces desapercibidas bajo las categorías de ‘mujeres’ o de ‘niñez’, desconociendo la protección reforzada que requieren tanto por su condición de personas en desarrollo como por su condición de género,” añadió.

Respecto de la persistencia de violencia sexual contra niñas y adolescentes, la CIDH ha observado que en muchas ocasiones esta es ejercida por personas cercanas a ellas y en lugares cotidianos donde deberían sentirse seguras, como en sus hogares y en centros educativos. Asimismo, la Comisión advierte la prevalencia de elevados índices de embarazos adolescentes que representan un riesgo para la salud de la madre y de los recién nacidos, en tanto aumentan los riesgos de complicaciones durante la gestación, el parto y el puerperio debido a la falta de madurez fisiológica y emocional de las madres. Adicionalmente, en diversos países de la región, las adolescentes embarazadas ven su acceso a educación limitado cuando se les niega el ingreso a establecimientos educativos, exponiéndolas a diversas formas de hostigamiento, marginación y rechazo.

De igual forma, la Comisión llama la atención sobre la prevalencia de matrimonio infantil, una práctica común en la región a pesar de que resulta contraria a los derechos de las niñas. Un total de 14 Estados de América Latina y el Caribe aún permiten el matrimonio a personas menores de 16 años a través de excepciones legislativas, y seis países conservan edades mínimas de matrimonio diferentes para hombres y mujeres. Esta práctica nociva se basa en estereotipos de género discriminatorios ligados a la maternidad y al rol de las mujeres como esposas y compañeras, y tiene un impacto significativamente negativo en los planes de vida de las niñas y adolescentes. El matrimonio infantil afecta sus oportunidades de desarrollo personal, educativo, profesional y su capacidad de tomar decisiones importantes sobre sus vidas, incluida su independencia económica y su autonomía reproductiva. Además, los matrimonios infantiles conllevan en muchas ocasiones violencia de género, sexual, doméstica y psicológica y refuerzan ciclos de pobreza y precariedad.

La Comisión reconoce también la importancia de garantizar efectivamente el derecho a la participación de las niñas y de las adolescentes, como forma de empoderarlas y protegerlas, garantizándoles una actuación protagónica. Al respecto, la CIDH recuerda que es obligación de los Estados garantizar a todo niño o niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les conciernen, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez.

“En la región, las niñas y adolescentes continúan enfrentando múltiples y diversas formas de violencia, algunas desde edades extremadamente tempranas. La violencia contra ellas no puede ser normalizada ni tolerada, y es responsabilidad de los Estados actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y repararla,” afirmó la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de la Niñez. “Es fundamental erradicar patrones misóginos y discriminatorios que desoyen las denuncias, los testimonios y las voces de las niñas. Por ello, es también necesario que los Estados refuercen las tareas de prevención, de educación y de empoderamiento para que las niñas y adolescentes conozcan, ejerzan y reclamen sus derechos,” concluyó.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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