i) Análisis: "La
Consulta Previa es cosa juzgada, lo malo es que muchos "especialistas"
no
terminan de aceptarlo"
A modo de introducción
Los derechos indígenas han tomado por asalto las páginas de todos
los
periódicos de Bolivia y están en boca de montón de periodistas a raíz
de
lo que sucede en relación al conflicto en el TIPNIS.
Pareciera que muchos "activistas verdes" han desempolvado el
convenio
169 de la OIT que es Ley del Estado Plurinacional de Bolivia desde el
11
de julio de 1991 y, en esa relectura del Convenio han "descubierto"
que la
consulta previa era obligatoria, vinculante y daba el derecho a los
pueblos indígenas al consentimiento.
No podemos decir lo mismo de profesionales formados en derecho en
universidades del país como es el caso de ex Defensor del Pueblo
Waldo
Albarracín abogado boliviano o, abogados formados en universidades de
Argentina como es el caso del director del CEJIS Leonardo Tamburini, pues
ellos deberían conocer a detalle el Convenio 169 de la OIT (Ley 1257
del
12 de julio de 1991); sino ¿Cómo entenderíamos que el primero haya
sido
Defensor del Pueblo y el segundo se diga asesor de indígenas sin
conocer
los derechos establecidos en dicho convenio?.
Ahora bien, el nivel de conocimiento previo con el que se
desenvuelve
el periodismo, antes de emitir una opinión o un juicio de valor, es
pobre;
por lo que no podemos exigir mucho, aunque muchos pueden ya
considerar un
gran avance el que los periodistas hayan comenzado a conocer el
Convenio
169 de la OIT a pesar de que el mismo es Ley interna boliviana desde
el 11
de julio de 1.991.
En ese contexto de alta publicidad más que de alta información, se
debate de manera mediática el Derecho a la Consulta que tienen reconocidos
los pueblos indígenas y el sazón a dicho debate lo incorpora el
gobierno
de la "revolución democrático cultural" que emite criterios que en
lugar
de aportar en el debate le ponen la sal y pimienta que hace falta o,
¿Cómo
más podríamos entender lo que ha dicho el abogado, ex director del
CEJIS y
hoy Ministro de la Presidencia D. Carlos Romero cuando afirma que la
Consulta no es vinculante?... O que el cientista social, matemático
brillante de UNAM hoy Vicepresidente del Estado Plurinacional el
compañero
Álvaro García Linera que en su afán de aprendiz de jurisconsulto
afirma
que la Consulta es obligatoria sólo para la extracción de recursos
naturales y no así para la construcción de carreteras?... Podríamos
simplemente decir que la ignorancia es atrevida y perdonar el lapsus
del
Vicepresidente pero, en ese afán de "el jefe siempre tiene la razón"
salta
otro abogado, D. Héctor Arce Zaconeta y hace suyas las palabras del
Vicepresidente, entonces ahí ya no podríamos decir que hay ignorancia
pues
el Presidente de los Diputados de la Asamblea Legislativa
Plurinacional
ALP es formado en derecho y no puede entenderse su actitud de otra
forma
que el deliberado intento de quedar bien con "su" Vicepresidente. Lo
que
no podemos entender es cómo no asumen que nadie, menos un funcionario
público puede aducir desconocimiento de la ley, menos aún desconocimiento
de una Sentencia Constitucional. Les guste o no, las leyes se cumplen
y
las Sentencias Constitucionales son de obligatoria ejecución sin
dilación
alguna.
En fin, desde Agosto mucha tinta ha corrido en torno a los
Derechos
Indígenas y mucho se ha expresado tanto a nivel político como
jurídico y
los "opinadores" además influyen en los movimientos sociales y
terminan
coexistiendo dos formas de entender los Derechos Indígenas. La del
oficialismo y la de los insurrectos indígenas de Tierras Bajas,
cuando el
Derecho Indígena es uno y sólo admite entenderse tal y como es.
Lo que preocupa es que, se ha iniciado este debate sobre una Cosa
Juzgada, vale decir, sobre un hecho que tiene Fallo Constitucional y
que
los abogados antes que emitir opiniones políticas debieron ayudar a
entender a los no abogados que el debate que hoy alimentan es vano,
pues
se dice cosa juzgada a un hecho que ya tiene su qué, su cómo, su
cuando,
es decir:
- Ya se tiene definido Qué se consulta
- Ya se tiene definido Cómo se consulta y,
- Ya está definido Cuando se debe hacer la consulta
Además esta Cosa Juzgada surge no de un grupo de asesores de tal o
cual
bando sino del máximo tribunal que tiene la estructura jurídica del
Estado
Plurinacional, el Tribunal Constitucional, pues se trata de una
Sentencia
Constitucional, la 2003/2010-R del 25 de Octubre de 2010.
Pues bien, en Bolivia y en toda América Latina y por qué no
decirlo en
todos los Estados de Derecho, los Tribunales Constitucionales se
constituyen en esa suerte de dirimidores de discusiones como las que
hoy
se viven en el país.
Es decir: ¿Se consulta o no al TIPNIS?. ¿Se hace la Consulta
Previa o
ex post?. ¿Se hace el referéndum?. ¿Se debe consultar a la CIDOB o a
los
que viven en el TIPNIS?. ¿Es o no es vinculante lo que se determine
en la
consulta?. ¿Para qué se consulta?. ¿Quién es el responsable de la
consulta?...
Una Sentencia Constitucional pone fin desde el punto de vista
jurídico
a la controversia con relación al derecho conculcado, lo que
significa que
toda la discusión que circula en los medios de comunicación
(periódicos,
radios, televisión y en la web) sobre el Derecho a la Consulta Previa
es
inútil. El Tribunal Constitucional del Estado Plurinacional de
Bolivia ya
definió estos tópicos en Octubre del año 2010.
Y al poner fin a esa controversia jurídica, también pone fin a la
diatriba política que se han empeñado unos y otros en alimentar, ya
que
como es de conocimiento de todos, una Sentencia Constitucional se
cumple,
no se discute, no se analiza, no se interpreta, simplemente se cumple
y
ejecuta. Y se cumple porque es de OBLIGADO cumplimiento por parte de
TODOS
los funcionarios públicos como de los privados.
Con este preámbulo, pasemos a entender lo que se expuso líneas
arriba
para que no quede duda alguna.
El derecho a la Consulta Previa
Los Derechos Indígenas en Bolivia han sido ampliamente difundidos
por
ONG's que se dicen a sí misma defensoras de los derechos humanos. Lo
que
quiere decir que SI existe conocimiento de los mismos.
El Derecho a la Consulta ha merecido estudios de los que se
destacan
algunos de reciente data como el del CEJIS en sus "Lecciones
Aprendidas
de la Consulta Previa" de Iván Bascopé (Coordinador), que tiene
más de
tres centenas de hojas exponiendo éste derecho con relación a las
denominadas industrias extractivas.
La consulta previa ha sido incorporada en la Ley de Hidrocarburos
3058
de 2005 y tiene un reglamento de Consulta y Participación que incluso
en
su primera versión ha contado con la participación de las
organizaciones
indígenas de tierras altas y tierras bajas.
A pesar de ello, la Consulta Previa no se aplica como manda la Ley
y se
argumenta entre otras cosas que no se aplica porque no se ha
reglamentado
el Convenio 169 ley de Bolivia desde 1991, porque no existe una Ley
de
Consulta o simplemente porque sólo existe Consulta para el Sector
Hidrocarburos, lo demás es de libre albedrío.
En ese contexto de negación de la vigencia de dicho derecho, la
Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu APG IG, que es propietaria
de
la TCO Itika Guasu ubicada en la Provincia O'Connor del Departamento
de
Tarija, Estado Plurinacional de Bolivia, asumió que al ser
propietaria de
una TCO, todo lo que se quiera hacer dentro de ella debe ser
consultada y,
se atrevió en febrero del 2008, a manifestar su "NO CONFORMIDAD"
porque la
Secretaria Departamental de Caminos SEDECA dependiente de la
Prefectura de
Tarija hizo un contrato de alquiler de un campamento de propiedad del
SEDECA pero que está dentro de la TCO Itika Guasu, sin que se haya
cumplido la Consulta Previa. Así expone la Sentencia Constitucional
2003/2010-R el hecho en cuestión:
II.1. Mediante convenio suscrito el 21 de enero de 2008,
por
el SEDECA Tarija y PETROSUR SRL, se establece como objeto del mismo
que
dicha Institución en calidad de propietario del campamento Cañadas,
provincia O`Connor, Tarija, otorgara a favor de PETROSUR SRL el derecho
de uso y goce de dichas instalaciones en actividades de habitación
y
otras similares que no sean incompatibles para el fin con que fue
diseñada dicha construcción, por el lapso de cuatro meses, hasta el
21
de mayo de 2008, en contraprestación, PETROSUR SRL se compromete a
refaccionarlo para lograr su habitabilidad. Asimismo, se estableció
entre las obligaciones del SEDECA Tarija garantizar a PETROSUR SRL el
derecho de utilización de las instalaciones del campamento Cañadas
por
el tiempo de duración del convenio (fs.13 a 15).
II.2. A través de nota de fax recibida el 21 de febrero
de
2008 por PETROSUR SRL, Never Barrientos, Presidente de la Asamblea
del
Pueblo Guaraní Itika Guasu refiere su no conformidad con el
convenio
suscrito con el SEDECA Tarija en inmediaciones de la Tierra
Comunitaria
de Originaria (TCO) Itika Guasu, argumentando que de acuerdo a la
Ley
1257 y 3760, toda actividad que pueda afectar a su territorio debe
ser
consultada de forma previa, en este sentido espera la rectificación
de
su conducta (fs. 20).
Manifestar su "NO CONFORMIDAD" generó susceptibilidad entre la
empresa
y SEDECA y por lo mismo, SEDECA planteó un Amparo Constitucional en
contra
de la APG IG porque la "no conformidad" le perjudicaba en sus
relaciones
con una empresa de servicios petroleros de Argentina Petrosur.
Como podía suponerse los Jueces de Entre Ríos y el Representante
del
Ministerio Público dieron la razón a SEDECA y condenaron el
atrevimiento
de la APG IG. Es decir, los encargados de administrar justicia sabían
de
la existencia de los derechos indígenas pero a la hora de tomar
decisiones
los desconocieron y les dieron amplias garantías jurídicas a otros
menos a
los indígenas del Itika Guasu.
Eso pasó, la APG IG salió derrotada de ese atrevimiento, el
Juzgado de
Entre Ríos le dijo: "No tienes Derecho a Consulta y con un toquecito
en la
espalda le dijo a SEDECA haz lo que mejor te plazca al fin y al cabo,
estás defendiendo el interés nacional".
Duro revés recibido por el pueblo guaraní de Itika Guasu que sin
embargo no supuso que se haya amilanado, prueba de ello es que se
siguió
defendiendo los derechos indígenas y la primera consecuencia de ello
fue
el abandono sistemático de sus "asesores" y "aliados" que sólo
querían
defender los derechos como consigna política, como propaganda, tal
cual en
éste preciso momento están siendo empleados los derechos indígenas
por los
"archi defensores del TIPNIS".
Entonces la duda continúo vigente. ¿Deben o no deben ser
consultados
los pueblos indígenas cuando se construye una carretera?... Según el
Juzgado de Entre Ríos la respuesta a esa pregunta es NO, y según los
abogados de la entonces prefectura de Tarija, la respuesta fue la
misma
que hoy nos da tanto el Vicepresidente del Estado Plurinacional y el
Presidente de Diputados de la ALP: "La Consulta es sólo cuando se
extraen
recursos naturales".
Prueba de ello es lo que sucedió el año 2009, en Abril para ser
más
exactos, el Prefecto de Tarija se hizo presente en la APG IG para
informar
que se iba a Construir el Corredor Bioceánico Sur; sin informar que
el
contrato "llave en mano" ya había sido firmado con las empresas en
diciembre de 2008 y principios de enero de 2009, y que por lo mismo,
se
iba a proceder a la "Consulta Pública" para que el Estudio de Impacto
Ambiental sea aprobado por la Autoridad Ambiental Competente Nacional.
Ergo el prefecto de Tarija nos decía que estaba cumpliendo la leyes y
la
Constitución por lo que se sentía extrañado de que la APG IG pueda
interferir ese proyecto caminero que además es de interés nacional,
histórico, etc.
A pesar de toda la adversidad que puedan imaginar ya que la APG IG
no
tenía más aliados de ONG's ni siquiera de las organizaciones matrices
que
ya estaban preocupadas en ser candidatos y tener curules nacionales y
departamentales (Wilson Changaray de la APG Nacional hoy es Diputado y
Justino Zambrana del Concejo de Capitanes hoy es Asambleísta
Departamental, Andrés Segundo de UDAIPO -Tarija fue Candidato por
Manfred
Reyes Villa), a pesar de todo ello, la APG IG logró que el Prefecto
de
Tarija comprenda que los derechos indígenas no se discuten ni se
negocian,
simplemente se deben respetar y, en Octubre de 2009 se produjo la
Consulta
y Participación para la Construcción de tres tramos del Corredor
Biocéanico Sur.
Por lo mismo, a pesar de que no existía Ley de Consulta, a pesar
de que
no se había Reglamentado aún el Convenio 169 de la OIT y a pesar de
que el
Reglamento de Consulta es para actividades hidrocarburíferas, los
indígenas guaraníes de Itika Guasu hicieron respetar el Derecho a la
Consulta Previa porque simplemente demandaron el derecho a la
consulta y
fueron consultados.
Y esa actuación que fue criticada por muchos, fue precisamente la
que
hoy la Sentencia Constitucional avala al afirmar:
Esta consulta debe ser realizada de buena fe y de manera
apropiada a
las circunstancias en los siguientes casos: a. Antes de
adoptar o
aplicar leyes o medidas que puedan afectar directamente a los
pueblos
indígenas (arts. 6.1. del Convenio 169, 19 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 30.15 CPE);
b. Antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus
tierras
o territorios y otros recursos (art. 32.2. de la Declaración de
las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas); c.
Antes de autorizar o emprender cualquier programa de prospección o
explotación de los recursos naturales que se encuentren en las
tierras
donde habitan pueblos indígenas (arts. 15.2 del Convenio 169, 32.2.
de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos
Indígenas, 30.15 y 403 de la CPE); y, d. Antes de utilizar
las
tierras o territorios indígenas para actividades militares (art. 30
de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos
Indígenas).
La consulta referida debe ser desarrollada con la finalidad
de
lograr un acuerdo con los pueblos o su consentimiento libre, previo
e
informado.
El Derecho a la Propiedad
El principio jurídico que rige al Derecho a la Consulta no es otro
que
el derecho propietario, es decir, tienes derecho a la consulta porque
eres
dueño del territorio donde se va a desarrollar tal o cual actividad.
Si no
eres dueño entonces no tienes derecho a la consulta, vale decir, se
Consulta porque es dueño no por otra cosa.
Parece simple, en realidad es así de simple, pero los
"especialistas"
lo complican y confunden vaya a saber uno por qué razones y en lugar
de
consolidar la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, para así
consolidar el ejercicio de los derechos indígenas, se encargan de
organizar estudios, informes, investigaciones, denuncias que terminan
y
comienzan con talleres de "capacitación", "socialización" de nuevas
normas. Claro ejemplo de ello es el caso de la "PROPUESTA DE
ANTEPROYECTO
DE LA LEY MARCO DE CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS"
presentada por
tierras bajas y altas de la que Waldo Albarracín es su redactor o, el
caso
de las propuestas normativas que emanan de las grandes elucubraciones
de
CEJIS.
Entonces, el principio jurídico de que si eres dueño tienes
derecho a
la consulta es oscurecido por esas "propuestas" de "asesores y
activistas"
de la necesidad de tal o cual propuesta. Por su parte el gobierno,
para
poder evadir esa responsabilidad y obligación que como Estado
boliviano se
tiene, desde 1996 a la fecha, los gobiernos han restringido el
derecho
propietario a los pueblos indígenas precisamente donde hay recursos
naturales que pueden ser explotados por el Estado o por los privados.
Esta táctica muy bien puede ser considerada del neoliberalismo, y del
1996 al 2006 se ha podido evadir la Consulta a los dueños porque se
les
negó ese derecho propietario, la forma de negar el derecho
propietario no
fue otra que NO TITULAR las TCO's, poner en duda la propiedad
colectiva,
privilegiar a los terceros otorgándoles título antes que a los
indígenas,
etc.
Se supuso que con la era Evo eso iba a cambiar, que la Ley de
Reconducción Comunitaria iba a servir para favorecer a los indígenas,
que
el "revolucionario" Alejandro Almaraz desde el Viceministerio de
Tierras
iba a hacer las cosas distintas, pero la realidad no fue así, este
individuo junto a otros más sólo defendieron los "intereses
nacionales del
gonismo" proteger la propiedad de los terceros en las TCO's donde hay
gas
y petrolero, minería y bosques, para así evadir la obligación de
Consulta
Previa. El propio Almaraz tiene actuaciones tan tremendamente nocivas
a
los pueblos indígenas de tierras bajas, que hoy al verlo enarbolando
las
banderas del TIPNIS solo demuestra el nivel de oportunismo del que se
nutren los "aliados" de los indígenas; es lamentable. El cambio en el
tratamiento y consolidación de la propiedad de la tierra para los
indígenas no llegó aún a pesar de la propaganda, al parecer estamos
en
proceso pues tal cambio aún no es pleno ni tiene atisbos reales de
ser
consumado.
Esto no sucede en el TIPNIS, precisamente el compañero presidente
Evo
Morales ha consolidado el derecho propietario, por lo que la consulta
no
debía estar en discusión pero, los defensores del TIPNIS no defienden
a
los indígenas, los usan, porque lo que defienden son los ríos, los
árboles, los pajaritos.
Prueba de lo mencionado es lo expresado en la Sentencia
Constitucional
con relación al derecho propietario:
Como se puede apreciar, en Bolivia se han unificado varios
términos
(Nación y pueblo indígena originario campesino) que unidos tienen
un
significado similar al que internacionalmente se le ha dado al
término
pueblos indígenas, pues contiene la mayoría de los criterios
internacionales para su definición. Así, respecto a la prioridad en
el
tiempo con relación a la ocupación y el uso de un determinado
territorio
señala que la existencia de la colectividad humana debe ser
anterior a
la invasión española; con relación a la distinción cultural, se
establece que dicha colectividad debe compartir identidad cultural,
idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y
cosmovisión; respecto a la experiencia de marginación, exclusión,
si
bien el art. 30 comentado no hace expresa mención a este elemento,
el
mismo se encuentra implícito en el preámbulo de la Constitución
Política
del Estado, en el que se puede leer: "En tiempos inmemoriales se
erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra
Amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se
cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra
con
rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad
vigente
de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así
conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta
que
los sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia…".
Entonces, uno de los elementos que caracterizan a la nación y
pueblo
indígena originario campesino es la territorialidad, y de
ahí que
las normas internacionales y la propia Constitución Política del
Estado,
incidan en el reconocimiento de los derechos sobre los
territorios que ancestralmente ocupan.
La Sentencia Constitucional 2003/2010-R
El 12 de abril de 2011 se constituye en una fecha histórica para
la APG
IG y por la trascendencia del hecho debería ser una fecha histórica
para
todos los indígenas de Bolivia. Es fecha de la notificación formal
que
hace el Juzgado de Entre Ríos, a propósito del Amparo Constitucional
de
Febrero de 2008 en la que la APG IG resultó perdedor.
Decimos histórico porque el Tribunal Constitucional del Estado
Plurinacional de Bolivia, el Tribunal Constitucional que posesionó el
propio compañero Presidente Evo Morales, ese mismo emite un fallo, es
decir, establece como Cosa Juzgada precisamente todo lo referido al
Derecho a la Consulta.
Este fallo, debe quedarnos claro a todos, es para todos los
pueblos
indígenas de Bolivia y se refiere no sólo a la extracción de recursos
naturales sino a todo lo que pueda afectar el territorio indígena.
Demás está decir que las determinaciones del Tribunal
Constitucional
definen cómo se entiende la Constitución y las Leyes y cómo los
órganos
públicos y las personas deben entender y asumir tal o cual derecho.
En
este caso, para emitir su fallo, el Tribunal Constitucional en pleno
uso
de sus competencias utiliza tanto el derecho interno como el derecho
internacional referido a los pueblos indígenas y, delinea de manera
concreta cómo debe entender tanto el poder público como el ciudadano
común
el Derecho a la Consulta.
Al emitir su fallo, al ser la máxima instancia jurisdiccional del
País,
deroga también muchas normas, decretos supremos y resoluciones
emitidas
por el gobierno con relación a lo referido a:
El Derecho propietario que tienen los Pueblos Indígenas al
territorio pues dice:
El Convenio 107 de la OIT, reconociendo la importancia de la
tierra,
estableció en el art. 11, segunda parte, el siguiente texto: "Se
deberá
reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a favor
de
los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras
tradicionalmente ocupadas por ellas".
Posteriormente, el Convenio 169 de la OIT, en su art. 7, señala
que:
"los pueblos indígenas deben tener el derecho de decidir sus
propias
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida
en
que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio
desarrollo económico, social y cultural. Además dichos pueblos
deberán
participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes
y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de
afectarles
directamente".
De las normas antes glosadas, que conforman el bloque de
constitucionalidad, de conformidad al art.
410 de la CPE, se extrae que los pueblos indígena originario
campesinos tienen derecho: 1. A las tierras, territorios que
tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido; 2. A
poseer, utilizar y controlar dichas tierras y territorios; 3. A que
el
Estado garantice el reconocimiento y protección jurídica de dichas
tierras y territorios, incluidos los recursos existentes en ellos.
El Derecho a la Consulta Previa, en el que la Sentencia
Constitucional define:
El derecho a la consulta previa fue reconocido a los pueblos
indígenas en el Convenio 169 de la OIT, cuyo
art.
6.1 estableció que al aplicar las disposiciones del Convenio 169,
los
gobiernos deberán:
"a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instancias representativas,
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente".
El art. 6.2 del Convenio señaló que: "Las consultas llevadas a
cabo
en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de
una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a
un
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas
propuestas."
La consulta, de acuerdo al art. 15.2 del Convenio 169 se
extiende a
los recursos existentes en las tierras de los pueblos indígenas, al
señalar que cuando la propiedad de los minerales o recursos del subsuelo
pertenezcan al Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a
fin de
determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y
en qué
medida antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección
o explotación de los recursos existentes en esas tierras.
Dichas normas fueron ampliadas y precisadas en la Declaración de
las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en
el
art. 19 establece que: "Los Estados celebrarán consultas y
cooperarán de
buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus
instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas
legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su
consentimiento libre, previo e informado".
Ahora bien, a la luz de las normas constitucionales e
internacionales
sobre los derechos de los pueblos indígenas, que -como se tiene
señalado- forman parte del bloque de constitucionalidad, de
conformidad
a lo establecido en el art. 410 de la
CPE, se
puede concluir que la consulta previa es un deber del Estado, tanto
en
el nivel central, como en las entidades territoriales autónomas,
que
debe realizarse a través de las instituciones representativas de
los
pueblos indígenas.
Esta consulta debe ser realizada de buena fe y de manera
apropiada a
las circunstancias en los siguientes casos: a. Antes de adoptar o
aplicar leyes o medidas que puedan afectar directamente a los
pueblos
indígenas (arts. 6.1. del Convenio 169, 19 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 30.15 CPE); b. Antes de aprobar
cualquier
proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos
(art.
32.2. de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los
Pueblos Indígenas); c. Antes de autorizar o emprender cualquier
programa
de prospección o explotación de los recursos naturales que se
encuentren
en las tierras donde habitan pueblos indígenas (arts. 15.2 del
Convenio
169, 32.2. de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos
de los Pueblos Indígenas, 30.15 y 403 de la CPE); y, d. Antes de utilizar las
tierras o territorios indígenas para actividades militares (art. 30
de
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos
Indígenas).
La consulta referida debe ser desarrollada con la finalidad de
lograr
un acuerdo con los pueblos o su consentimiento libre, previo e
informado. Ahora bien, cabe aclarar que este consentimiento se
constituye en una finalidad de la consulta, pero no un derecho en
sí
mismo, salvo en las dos situaciones previstas tanto en el Convenio
169
como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los
pueblos indígenas: 1. Traslados de las tierras que ocupan y su
reubicación (arts. 16.2 del Convenio 169 y 10 de la Declaración de
las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas); y, 2.
Almacenamiento o eliminación de materiales peligrosos en las tierras o
territorios de los pueblos indígenas (art. 29 de la Declaración).
El Derecho al Consentimiento
A los dos supuestos anotados, debe añadirse un tercero, que fue
establecido jurisprudencialmente por la Corte Interamericana de
Derechos
Humanos en el Caso del Pueblo Saramaka v.
Surinam,
en el que reconoció el derecho al consentimiento cuando "(…) cuando
se
trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que
tendrían
un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la
obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe
obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según
sus
costumbres y tradiciones. La Corte considera que la diferencia
entre
"consulta" y "consentimiento" en este contexto requiere de mayor
análisis".
En la misma Sentencia, se señaló que "(…)
el Relator Especial de la ONU sobre la
situación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
pueblos
indígenas ha observado, de manera similar, que:
[s]iempre que se lleven a cabo [proyectos a gran escala] en
áreas
ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades
tengan
que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las
autoridades competentes nos son capaces de entender, mucho menos
anticipar. [L]os efectos principales […] comprenden la pérdida de
territorios y tierra tradicional, el desalojo, la migración y el
posible
reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la
subsistencia
física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente
tradicional, la desorganización social y comunitaria, los negativos
impactos sanitarios y nutricionales de larga duración [y], en algunos
casos, abuso y violencia.
En consecuencia, el Relator Especial
de la
ONU determinó que '[e]s esencial el consentimiento libre,
previo e
informado para la protección de los derechos humanos de los pueblos
indígenas en relación con grandes proyectos de desarrollo'" (Corte IDH.
Caso del Pueblo Saramaka. Vs. Surinam.
Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de
noviembre
de 2007, Serie C No. 172.
El Derecho al Veto
Conforme a lo anotado, para implementar los proyectos de los
tres
supuestos antes señalados, se debe obtener el consentimiento de los
pueblos indígenas, lo que significa que en dichos casos los pueblos
tienen la potestad de vetar el proyecto; en los demás casos cuando
la
consulta se desarrolla de buena fe, con métodos e información
apropiada,
los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la elaboración
del
proyecto, debiendo el Estado actuar bajo márgenes de razonabilidad,
sujeto a normas, principios y valores contenidos en la Constitución
Política del Estado, entre ellos el principio de legalidad y la
prohibición de arbitrariedad; respetando los derechos de las
comunidades
originarias, evitando impactos nocivos a su hábitat y modus
vivendi.
Entonces nos encontramos que ni brillantes abogados como D. Juan
del
Granado, ni "meticulosos" diputados opositores como Norma Piérola o,
asesores "comprometidos" como Tamburini o el mismo Almaraz consideran
esta
Sentencia Constitucional que es clara, precisa, contundente, al
momento de
"orientar" a los indígenas de Tierras Bajas ni siquiera al momento de
emitir opiniones, o defender los intereses nacionales ¿Por qué lo hacen?.
Tampoco encienden sus luces abogados como el Ex Defensor del
Pueblo
Waldo Albarracin, quizá porque redactó una propuesta de ley que no
tiene
razón de ser, o "constitucionalistas" como Héctor Arce o ex
constituyentes
como Carlos Romero, quizá porque el fallo constitucional los deja
fuera de
juego, sin chance a seguir jugando a "los derechos indígenas".
Quizá porque no le informan al compañero Evo de este fallo
constitucional, es que habla lo que habla. Tal vez, porque es incapaz
de
darse cuenta el compañero Álvaro del alcance del Fallo Constitucional
y de
la metida de pata que cometen, terminan emitiendo opiniones y
actuaciones
que sólo comprometen su investidura y los hacen proclives a demandas
judiciales penales en caso de que terminen firmando decretos supremos
contrarios a lo determinado por el Tribunal Constitucional.
Una vez más les recordamos que en su defensa no podrán decir que
no
conocían la ley o que entendían que la Constitución decía que la
Consulta
Previa es sólo en casos de recursos naturales. Pues bien,
precisamente
para eso había sido el Tribunal Constitucional, para dirimir esas
dobles
interpretaciones, esos dualismos y, como lo manda la propia
Constitución,
es la única instancia que puede interpretar lo que dice la Carta
Magna y
en el caso de la Consulta Previa ya lo hizo, y como se darán cuenta,
en
ningún momento lo que definió el Tribunal Constitucional, es siquiera
algo
parecido a todo lo dicho y hecho estos últimos meses tanto por el
oficialismo, por la oposición ni por los insurrectos indígenas del
TIPNIS
que tiene prendidos como garrapatas a cientos de "activistas",
ONGistas y
gente de toda laya que ha visto su oportunidad para encaramarse en un
afán
político muy lejano de ser de a de veras, una defensa de los derechos
indígenas.
¿Qué significa todo esto?
Que lo que escriben, opinan, gritan y debaten unos y otros a
propósito
del TIPNIS y los Derechos Indígenas es Cosa Juzgada, por lo que nos
encontramos frente a un vil manoseo que simplemente pretende réditos
económicos de parte de las ONG's "solidarias" y réditos políticos de
parte
de los "aliados" defensores del TIPNIS.
También está claro que el accionar de los insurrectos del TIPNIS
no es
en defensa de los derechos, su defensa no es jurídica y se están
constituyendo en conejillos de indias de experimentos políticos que
sólo
buscan del lado de los "verdes" sostenibilidad financiera y del lado
de
los "renegados políticos" y opositores" conquistas políticas hacia
futuro.
También nos encontramos ante un burdo desconocimiento de la Ley,
de la
Constitución Política como del Fallo Constitucional. Desconocimiento
de la
Ley porque pretenden evitar su cumplimiento con pretextos como falta
reglamento, falta ley específica, etc., cuando en su parte conclusiva
el
fallo constitucional es claro:
EXHORTAR a los órganos del poder público e instituciones
estatales al cumplimiento de las normas internacionales y
constitucionales referidas a los derechos de los pueblos indígenas,
específicamente:
a. Al Órgano Ejecutivo, a través de los Ministerios
correspondientes, de manera coordinada a cumplir con el Informe de
la
Comisión Interamericana antes referido, adoptando políticas y
planes
integrales para la reconstitución territorial de las naciones y
pueblos
indígena originario campesinos, en especial, del pueblo Guaraní.
Así
mismo, a través de los mecanismos pertinentes, efectivizar el
derecho a
la consulta de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, de
conformidad a los fundamentos de esta Sentencia.
¿Qué más se necesita para que los Derechos Indígenas se respeten?.
¿Una
marcha estoica de mujeres, niños, ancianos como la que hoy
presenciamos?... O que los "asesores", los abogados, los "activistas"
dejen de utilizar a los indígenas para fines propios y, si de verdad los
defienden, demanden ante las instancias que correspondan el
cumplimiento
de la Sentencia Constitucional 2003/2010-R.
¿Acaso el Defensor del Pueblo de Bolivia, el abogado justiciero de
Luis
García Meza, el ex Defensor del Pueblo, el "experto" de la Fundación
Tierra, los "activistas" de Derechos Humanos no saben qué
consecuencias
jurídicas tiene no cumplir el Fallo Constitucional, que además está
referido precisamente acerca el derecho que tienen los pueblos
indígenas
de Bolivia a la Consulta Previa?.
¿Acaso no conocen estos defensores de la madre tierra, defensores
de
los derechos humanos, defensores del interés nacional, las
responsabilidades jurídicas tanto a nivel civil y penal que contienen
la
omisión al cumplimiento de un Fallo Constitucional que precisamente
dirime
toda la controversia hoy por hoy mediatizada, dramatizada y
masacrada?.
Está claro que las determinaciones del Tribunal Constitucional del
Estado Plurinacional de Bolivia, no corren la misma suerte que en todos
los países ya que normalmente una Sentencia Constitucional dirime lo
jurídico pero también lo político, en el caso de Bolivia, las
determinaciones del TC lejos están de resolver las tensiones
políticas y
en definitiva los pueblos indígenas algún momento tendrán que ajustar
las
cuentas con todos aquellos que hoy los usan.
Entre Ríos, 07 de octubre de 2011
Henrry Moisés Guardia
Mérida
ii) Palacio
pidió a la Embajada de EEUU usar un avión para el traslado de
indígenas
El gobierno de Evo Morales solicitó ayuda, desde el mismo Palacio
de
Gobierno, a la Embajada de Estados Unidos para trasladar a marchistas
indígenas desde Rurrenabaque a Trinidad el pasado 26 de septiembre, tras
la violenta represión policial de Chaparina.
Fuentes militares confirmaron a Erbol que el gobierno buscó apoyo
de la
NAS (Sección Antinarcóticos Estadounidense) con el objetivo de
utilizar el
avión Hércules C 130, de propiedad del gobierno de Washington.
El pedido de auxilio se produjo después que las autoridades
gubernamentales fracasaron en su primer intento de transportar a los
marchistas vía terrestre, debido al bloqueo de caminos que llevó
adelante
el movimiento cívico de San Borja en solidaridad con los indígenas.
Los vehículos de transporte público, contratado por el Poder
Ejecutivo,
no consiguieron romper el corte de ruta en la capital borjana. Una
orden
del Ministerio de Gobierno determinó el desvió de los buses hacia
Rurrenabaque con la finalidad de habilitar un puente aéreo hasta
Trinidad.
Las fuentes consultadas por ERBOL dijeron que hubo momentos de
alta
tensión, debido a los problemas que se presentaron en el operativo de
desmovilización de la marcha.
Ante la imposibilidad de trasladar a los indígenas por tierra,
funcionarios de alto rango tampoco pudieron acceder a aeronaves de la
Fuerza Aérea Boliviana. La única opción era utilizar el Hércules de la
NAS-norteamericana.
Dientes para afuera
Pese a que las relaciones entre los gobiernos de Washington y La
Paz se
encuentran deterioradas, la NAS no dejó de operar en Bolivia desde
1976.
Desde entonces esta entidad desembolsó más de $us.500 millones para
diferentes programas relacionados con la lucha antidrogas.
El pedido del Palacio de Gobierno para transportar a indígenas fue
rechazado por las autoridades de la NAS, debido a que los aviones Hércules
sólo pueden utilizarse en operativos antidroga o en situaciones de
ayuda
humanitaria.
En estas circunstancias, el grupo de indígenas se encontraba en
calidad
de detenidos por la Policía en la población de Rurrenabaque, a donde
fueron trasladados en condiciones inhumanas, según denuncias de
marchistas.
"Pese a la negativa estadounidense, el avión Hércules voló de La
Paz a
Rurrenabaque, pero no pudo cumplir con el objetivo de la evacuación",
debido a que no tenía autorización de los dueños de la aeronave y los
efectos legales que acarrearía una situación de esta naturaleza.
"Que retorne inmediatamente ese avión a La Paz, nos vamos a buscar
problemas", ordenó una alta autoridad de las Fuerzas Armadas, según las
fuentes.
Vanos fueron los intentos de ERBOL para conocer la versión oficial
del
ministro de Comunicación, Iván Canelas, (durante dos días su
secretaria
reiteró que se encontraba en reunión) ni del comandante de la FAB,
Tito
Gandarillas, en tanto que desde la Embajada de Estados Unidos hubo un
lacónico "no coments ("sin comentarios").
Material aéreo
Antes de tomar la decisión de pedir un favor a la legación
diplomática
norteamericana, el gobierno intentó sin éxito utilizar aviones
militares
bolivianos.
Fuentes castrenses señalaron que acceder a aviones de la FAB
implica
lograr autorización mediante telefonemas o radiogramas firmados a
partir
de una solicitud expresa.
"En las Fuerzas Armadas no deliberamos, cumplimos órdenes y esas
órdenes tienen jerarquía. Nuestra máxima autoridad es el Presidente
como
Capitán en Jefe de las Fuerzas Armadas", indicaron. "Nada se mueve
sin una
orden escrita".
El trámite que sigue una solicitud para utilizar aviones de la
Fuerza
Aérea Boliviana (en caso de vuelos extraordinarios) es el siguiente:
una
orden escrita emitida por conducto regular establecido:
1- Capitán General de las Fuerzas Armadas, 2- Ministro de Defensa,
3-
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, 4- Comandante de la Fuerza
Aérea Boliviana, 5- Comandante de Unidad (quien ejecuta la operación
aérea), 6- Tripulantes
En dicho documento se detalla la razón del uso de las aeronaves.
El
costo del combustible y viáticos corren por cuenta de Palacio
Quemado.
"Estas autorizaciones no se emiten en el mismo instante,
necesariamente
se tramitan por lo menos con 24 horas de anticipación. Hay una
jerarquía
que se la respeta de manera estricta", agregaron las fuentes
consultadas
por Erbol.
[Fuente: Erbol, La Paz, 04oct11]
iii) La
Policía actuó con la orden de detener a 40 dirigentes indígenas.
La intervención de la VIII marcha indígena del oriente boliviano
además
de dispersar la protesta tenía la orden expresa de detener a 40
dirigentes
y trasladarlos hasta la ciudad de La Paz, confirmó el informe
preliminar
de la investigación realizada por la defensoría del Pueblo, informó
el
representante regional en Santa Cruz Hernán Cabrera.
"La orden no solamente era dispersar, era detener a dirigentes, se
tenía una lista de 40 dirigentes que debían ser detenidos en Rurrenabaque
y debían ser trasladados a La Paz en un avión Hércules, no sabemos a
qué
destino, en Rurrenabaque los marchistas debieron echarse al suelo y
evitaron la detención, luego vino la reacción del pueblo", explicó
Cabrera.
Sustentado en testigos presenciales de la intervención se constató
que
hubo graves violaciones a los derechos humanos.
"Consideramos que en Yucumo fue el lugar más crítico, Celso
Padilla
dirigente de la APG lo hemos entrevistado, son testimonios
desgarradores
que confirman la forma violenta de cómo se ha actuado el 25 de
septiembre", dijo el representante regional del defensor.
El informe será presentado ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional y
en todas las instancias correspondientes antes que la marcha llegue a
la
ciudad de La Paz. Cabrera además pidió al Gobierno abstenerse de de
una
nueva intervención por la fuerza.
"Pedirle a los gobernantes de turno evitar mayor zozobra o evitar
algunas acciones que vulneren derechos o que vayan contra vigilias,
huelgas de hambre un otras medidas, en este momento no se amerita
hacer
uso de ninguna manera de la fuerza", pidió.
Marcha Indígena
El día domingo la marcha indígena llegó a Palos Blancos donde
recibieron la bienvenida de los pobladores de este pueblo yungueño.
Unos 1200 indígenas marchan hacia la sede de gobierno hasta lograr
ser
recibidos por el Presidente Evo Morales en palacio de Gobierno, según
nos
cuenta Aidé Ortiz y Olga Flores, dirigentes que van a la cabeza de la
caravana que ahora descansa en Palos Blancos.
Nuestras entrevistadas nos cuentan que decidieron descansar en
Palos
Blancos, porque su equipaje esta mojado por la intensa lluvia de la
noche
del domingo y por ser aniversario de la CIDOB.
[Fuente: El Nacional, Radio Fides, Tarija, 03oct11]
iv) Indígenas
reinician hoy la marcha desde la localidad de Quiquibey.
Cientos de indígenas, provenientes de San Borja y Rurrenabaque que
se
reagruparon ayer en la población de Quiquibey tienen previsto
reanudar la
marcha en defensa del Tipnis y la plataforma de 16 puntos, la
madrugada de
hoy.
Después de 6 días de huelga de hambre y vigilia, los defensores
del
Tipnis se disponen a continuar con su movilización.
El dirigente indígena, Emigio Poiché, manifestó que la marcha no
se
detendrá hasta llegar a La Paz. "Nos vamos a la marcha, (...) no sé
decir
el número (de personas que irá), pero será un gran número".
Los marchistas se concentraron en Quiquibey dejando atrás Yucumo,
donde
el domingo pasado fueron violentamente reprimidos por la Policía.
"Indígenas que se encontraban en San Borja y Rurrenabaque están
llegando a
Quiquibey en buses y camiones. Además nuevas delegaciones indígenas
de
Santa Cruz y Beni están llegando, lo que suma 1.700 personas que
están con
el firme compromiso de continuar la marcha en defensa de su
territorio",
anunció el diputado indígena, Pedro Nuni.
La población de Quiquibey, que está a 43 kilómetros pasando
Yucumo,
forma la frontera entre los departamentos de La Paz y Beni, localidad
que
fue elegida como el punto de reunificación de la protesta para evitar
el
enfrentamiento con los colonizadores afines al partido en función de
gobierno.
Los dirigentes informaron que no dialogarán con ningún ministro de
Gobierno en todo su trayecto, pues piensan llegar hasta Palacio Quemado
para plantear sus demandas directamente al presidente Evo Morales.
El dirigente del Conamaq, Rafael Quispe, dijo que ya existe
desconfianza en los indígenas para instalar la mesa de diálogo con el
Gobierno, porque la mayoría de los ministros que llegaron al punto de la
marcha no hizo más que distraer a los indígenas.
Según el Fiscal Orlando Riveros y un equipo de peritos, hasta el
momento se han registrado 65 heridos por golpes de los policías entre
el
grupo que fue forzado a subir a los buses y otros 9 heridos entre los
refugiados en San Borja. La autoridad dijo que los heridos señalaron que
fueron golpeados por policías.
La salud de los cerca de 300 indígenas que se encuentran en
Rurrenabaque aún es inestable, la presidenta de la Asamblea
Permanente de
Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, que se encuentra en el
lugar, recomendó a las personas que se encuentran con sus niños no
retornar a la marcha, pues su estado de salud es delicado. Sin
embargo,
los indígenas decidieron dar encuentro a sus compañeros que se
encuentran
en Quiquibey para marchar rumbo a La Paz.
Colonizadores prometen no bloquear
determinó ayer no bloquear el paso de los pueblos del Tipnis
cuando
reinicien su movilización a la ciudad de La Paz.
"Conocemos que ya se ha instalado la marcha de los hermanos
indígenas,
nosotros estamos en estado de emergencia y hemos determinado que no
vamos
a bloquear", dio a conocer el secretario ejecutivo de esta
federación,
Ever Choquehuanca.
No obstante, el dirigente comunicó que el ampliado de esta
federación,
llevado adelante ayer, determinó además llevar adelante una marcha en
la
ciudad de La Paz el próximo 12 de octubre, día de la raza, exigiendo
al
Gobierno respeto a las demandas de los sectores sociales.
"El 12 de octubre estamos marchando las organizaciones sociales,
estarán las Bartolinas Sisas, la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), y las comunidades
interculturales con todas sus asociaciones departamentales aquí en
una
gran marcha que se va a realizar en la ciudad de La Paz", anunció.
Choquehuanca dijo que esta marcha tiene el objetivo de exigir a
los
pueblos del Tipnis aceptar la construcción de la carretera Villa
Tunari -
San Ignacio de Moxos y la eliminación de otros puntos de su
plataforma de
16 demandas.
Anuncian contramarcha en apoyo a Evo
La Confederación de Pueblos Interculturales de Bolivia,
excolonizadores, anunciaron la organización de una contramarcha desde
la
localidad de Patacamaya el próximo 12 de octubre en respaldo al
presidente
Evo Morales y exigiendo la construcción de la carretera Vila
Tunari-San
Ignacio de Moxos.
Los colonizadores fueron recibidos ayer viernes por el presidente
Morales en Palacio de Gobierno para evaluar los alcances del actual
conflicto con los indígenas de tierras bajas.
El dirigente Ever Choquehuanca informó que tuvieron la anuencia
del
jefe de Estado para una convocatoria a todos los colonizadores del
departamento de La Paz para demostrar que la marcha indígena no es el
deseo mayoritario del pueblo de Bolivia que, según él, reclama la
construcción de la carretera.
"Esta es una pequeña marcha de los indígenas, nosotros vamos a
demostrar cómo se hace una marcha; sólo en La Paz somos alrededor de
200.000 colonizadores que reclamamos la construcción", dijo
Choquehuanca
al concluir su reunión con Morales, puntualizando que esta vez no
instalarán puntos de bloqueos y permitirán el paso de la marcha
indígena
hacia la ciudad de La Paz.
La Paz: Marcha campesina se tornó violenta
Una marcha de la Federación de Trabajadores Campesinos Túpac
Katari de
La Paz en apoyo al presidente Evo Morales fue abucheada al mediodía
de
ayer a su paso por céntricas calles de la Sede de Gobierno, donde
protagonizaron enfrentamientos verbales y físicos con ciudadanos que
reivindicaron el derecho de los indígenas a defender al Tipnis.
Las muestras de respaldo al jefe de Estado fueron interpretadas
como
una provocación cuando intentaron apostarse al frente de la Iglesia
San
Francisco, donde un grupo de activistas ambientales, dirigentes de la
Conamaq y representantes del pueblo laco, mantienen una vigilia de varios
días en apoyo a los indígenas del Tipnis.
Un cordón de seguridad policial impidió que se produjera el choque
entre grupos radicales de ambos bandos, pero no pudo evitar el cruce de
golpes, chicotazos de parte de los campesinos que también fueron
agredidos
verbalmente por los ocasionales defensores del medio ambiente,
generando
escenarios de violencia callejera.
Mientras los campesinos expresaban "Evo no está solo", los
medioambientalistas y sobretodo la ciudadanía de manera espontánea
coreaba
"Evo, el Tipnis no se toca" lo cual generó un fuerte cruce de
palabras e
insultos de ambos lados, que la Policía no pudo controlar pero logró
que
la columna retomara ruta hacia el paseo de El Prado.
[Fuente: Por Luis Marcelo Huanca y agencias, El Mundo, La Paz,
02oct11]
v) La
orden.
Escenario 1.
Perdida en la geografía del fin del mundo se transmite una
llamada:
Señor Presidente lo tienen obligado a ir delante de la marcha al
Canciller. Es nuestra gran oportunidad de intervenir la marcha, nos
han
dado la excusa.
La tumultuosa marcha avanza con mujeres enardecidas y el Canciller
por
delante, después los dirigentes alcanzan la cabecera; uno de ellos le
presta un sombrero para que el Canciller se cubra la cabeza ante un sol y
calor sofocante. El canciller asustado recibe agradecido este
obsequio,
dado de una manera espontánea, regalo necesario comprendiendo las
circunstancias apremiantes.
A ambos lados de la marcha que avanza desordenadamente, dos
columnas de
policías tratan de proteger al Canciller obligado a caminar por
delante.
Enfrente espera el bloqueo de los colonizadores, quienes habían
amenazado
con reventar a los que llegaran a apoyar a la marcha, dispuestos a
acudir
a todo, a toda clase de acciones violentas, confiscación de
vituallas,
alimentos, víveres y medicinas destinadas a los marchistas, con el
objeto
de impedir el avance de la marcha hacia la ciudad de La Concordia.
El Canciller cada vez más nervioso vislumbra el peligro de un
enfrentamiento de consecuencias dramáticas sin precedentes, entonces
amenaza con tirarse al suelo y evitar desesperadamente lo que
aparentemente se ve venir como fatalidad. Ya muy cerca del bloqueo de
los
colonizadores, ante la insistencia, el Canciller y los dirigentes de
la
marcha acuerdan que el Canciller vaya a dialogar con los
colonizadores
para pedirles que dejen pasar a la marcha, cuyo destino es la ciudad
de La
Concordia. Ciudad enclavada en las alturas, escondida en una gran
cabecera
de valle y rodeada por la monumental cordillera y el inmenso
altiplano que
la vigila silenciosamente como meditación sabia de un colectivo de
amautas.
El Canciller es soltado para ir a dialogar con los colonizadores.
Una
vez allí se desconoce lo conversado con los dirigentes colonizadores;
los
dirigentes indígenas de la marcha esperan el retorno del Canciller
para
evaluar lo resuelto con los bloqueadores. El Canciller no retorna,
deja a
los marchistas indígenas del otro lado en una espera tormentosa.
Mientras tanto, los dos acompañantes del Canciller, que habían
estado
perdidos en el tumultuoso avance, hacen su aparición ante los medios
de
comunicación, denunciando el secuestro del Canciller. Una vez
librados de
la marcha, del otro lado del bloqueo de los colonizadores, pudieron
decir
lo que querían a los medios decomunicación, quizás como una forma de
desprenderse de sus miedos anteriores.
Escenario 2
En el Palacio Incendiado, en la sala de reuniones de la
presidencia, el
último jacobino deambula expresando cierta crispación, su cara pálida
refleja a la vez una inmovilidad congelada de sentimientos y,
paradójicamente, una extraña y profunda turbación controlada. En su
interior piensa que es el momento para demostrar la irremediable
existencia del Estado, de enrostrarles a los rebeldes que el Estado
es la
única realidad, lo demás son apariencias. Es el gran momento de la
verificación de la hipótesis suprema del poder. Todos sus músculos,
toda
la concentración de la conducta, se encamina a hacer la demostración
y la
argumentación en ese sentido.
El Presidente escucha al último jacobino, se nota su respeto,
presta
atención al discurso, que parece contundente. Acepta que es el
momento
para dar una gran lección, el país va estar agradecido, aunque por
ahora
no comprenda el irremediable camino a la modernidad. Comprende
también que
son los sacrificios que hay que hacer por el desarrollo tan necesario
para
el país y sobre todo para las comunidades indígenas, tan pobres y
desamparadas, sin medios de comunicación, sin carreteras. Entonces
acepta
la determinación.
El Ministro de Gobierno parece complacido ante el
desencadenamiento de
los acontecimientos; el ministro había azuzado desde un principio en
contra los dirigentes indígenas y unas "oscuras" organizaciones no
gubernamentales. Una vez que se supo lo ocurrido en el escenario del
diálogo encabezado por el Canciller con los marchistas, cuando se
percibió
que lo obligaron a marchar por delante al Canciller, y se introdujo
subrepticiamente la versión de rapto y la condición de rehén del
Canciller, el ministro se muestra ostensiblemente dispuesto a llevar
adelante una ejemplar medida, con toda la desmesura del Estado.
Entonces
se da la orden sin antes consultar.
Escenario 3
Una vez desencadenados los acontecimientos, evidenciada la
violencia
descomunal de la policía contra mujeres, niños ancianos y hombres de
la
marcha, quienes acampaban, en espera del retorno del Canciller. Una
atmósfera de batalla se levantaba furiosa por los aires, los policías
descargaban todo su enojo, toda su rabia acumulada, pues a ellos no les
habían dado viáticos, tampoco habían comido bien, ni bebido agua,
estaban
desposeídos. Descargaban su rencor sobre los cuerpos indemnes y
vulnerables de sus víctimas.
Los niños se encontraban aterrorizados como si estuvieran ante los
jinetes del apocalipsis. Las mujeres fueron maniatadas y arrastradas con
fuerza, los heridos arrastrados hasta camionetas donde se los tiraba
y
acumulaba como si fuesen cadáveres. La batalla de los policías contra
todos sus fantasmas parecía interminable, una historia de nunca acabar,
una pesadilla permanente. Sin embargo acabó, los policías se fueron
con
los detenidos en buses y camionetas. La noche parecía un inmenso
océano de
ternura y congoja, las estrellas parecían lágrimas titilantes que
trataban
de lavar las heridas de los que habían logrado huir al monte. Había
niños
desaparecidos sin madres, madres escondidas sin hijos, era un drama.
Escenario 4
Las reacciones ante el galope desenfrenado de la violencia
desbocada no
se hizo esperar; los medios de comunicación, las organizaciones
sociales,
los derechos humanos, las organizaciones internacionales, la gente,
el
pueblo, los sindicatos, todos protestaron e hicieron escuchar su voz
de
repudio ante la sañuda represión. Salieron a las calles, marcharon,
se
abrieron nuevas vigilias, en una ciudad perdida en los inmensos
llanos se
abrió una huelga de hambre. Estas reacciones multitudinarias
mostraban
nuevamente la vitalidad de la que están constituidos los pueblos. Una
profunda dignidad los empujaba a solidarizarse con las innumerables
víctimas, las innombrables mártires, los inmolados de siempre, los
desamparados, los condenados de la tierra, los excluidos, los
explotados y
discriminados.
Escenario 5
Un gabinete de asustados ministros no sabe qué hacer ante un nuevo
levantamiento popular. La gente, la opinión pública, las organizaciones
sociales, los defensores y las organizaciones de derechos humanos,
piden
justicia, otros piden la renuncia de los ministros, los más radicales
piden revocatoria de mandato del Presidente y del Vicepresidente. La
situación parece complicarse aún más, parece interpelar desde adentro
la
complicidad del gabinete cuando se conoce la renuncia de una
ministra,
precisamente a cargo de la defensa del país, quien manifiesta
abiertamente
su desacuerdo con la intervención de la marcha indígena y le recuerda
al
presidente que eso no era lo acordado, que las cosas deberían hacerse
de
otra manera, dialogando.
Nadie más quiere renunciar, empero se dan renuncias de
subalternos, un
viceministro de gobierno renuncia, pues no está conforme en ser el
chivo
expiatorio, no está de acuerdo en aparecer como que él dio la orden;
también tiene su versión, dice, la orden se la tomó operativamente en
el
lugar de los hechos. El Ministro de Gobierno declara que la orden no
vino
del Presidente, tampoco de él, del ministro a cargo de la policía
nacional, sino de un subalterno. Indica que se va individualizar a
los
ejecutores de la violencia, a los propios policías que son los
directos
responsables en desencadenar los excesos de violencia.
Los policías reaccionan, retornan secretamente a la ciudad de La
Concordia donde se reúnen evitando hacerse visibles. Nadie sabe para
qué
exactamente se reúnen, empero se conoce el malestar por ciertas
declaraciones, en las cuales se confirma que la orden vino de arriba,
que
ellos tenían una orden clara de detener la marcha, de no afectar al
bloqueo de los colonizadores y que, cuando ocurrieron los hechos
vinculados al quiebre del bloqueo de policías con el Canciller por
delante
de la marcha, la orden fue de intervenir. Intervención que se preparó
cuidadosamente.
Se convocó a los periodistas a una reunión para garantizar que
nadie
grabara, filmara y fuera testigo de la intervención y represión al
campamento de la marcha indígena. Se compraron citas adhesivas para
tapar
la boca a las mujeres y a los niños, que eran los que más gritaban.
Sin
embargo, a pesar de la preparación sigilosa, no todo salió bien, los
periodistas sospechando que algo pasaba, se escaparon de la reunión,
fueron corriendo al lugar de los hechos y pudieron grabar y filmar
imágenes y ser testigos de la violación múltiple de derechos.
Escenario 6
Como dicen en el pueblo, ya una vez el burro fuera de la tranca,
el
gobierno se encontró arrinconado ante el desenlace de los hechos,
convertido en un gobierno de verdugos. Los ministros parecían
encontrarse
perdidos en los inmensos salones del Palacio Incendiado, peor aun
cuando
se reunían en el salón de los espejos, pues los espejos los mostraban
tal
como eran; no aparecían como soberbios gavilanes, sino como asustados
ratoncitos desamparados.
Atónitos ante lo que ocurría fuera del palacio, en los bordes de
la
plaza de armas, rodeada, bordeada, presionada por las multitudes que
se
desbordaron para protestar. Sólo una convicción tenían todos, salvar
al
Presidente, para hacerlo había que transferir la culpabilidad. No
había
funcionado la tesis de que los policías mismos se habían dado la
orden,
entonces qué se hace. Habría que sacrificar un cordero. Sin embargo
nadie
se prestaría voluntariamente al sacrificio.
La Asamblea Legislativa, que también se sentía cuestionada comenzó
tibia, lentamente a reaccionar, sobre todo por la participación del grupo
de diputados indígenas. En una sesión se pidió tratar el tema de lo
acontecido, empero todavía la mayoría oficialista y fiel al gobierno
decidió no cambiar la agenda, a pesar de los alarmantes
acontecimientos.
Sin embargo, a pesar de esta desatención, los asambleístas pedían la
interpelación a los ministros responsables.
El Presidente del Congreso desesperadamente trataba de impedir la
interpelación al ministro de gobierno que, con seguridad, resultaría
en
una renuncia. No pudo convencer a los asambleístas, en contra de lo
acostumbrado, de no hacer la interpelación. Desconsolado se retiró y
fue a
reunirse con el Ministro de Gobierno en un salón. Compungido el
Ministro
se retiró y después se conoció su renuncia. Era el cordero
sacrificado.
Escenario 7
En las calles, en la ciudad de La Concordia, en las otras ciudades
de
esta geografía del fin del mundo se vivía un ambiente de agitación.
Convocados nuevamente por las organizaciones indígenas los marchistas
se
reagrupaban poco a poco, curándose de la heridas y del recuerdo de la
irrupción violenta de los policías, después de haber sido liberados por
las poblaciones alzadas contra la violencia, impidiendo el paso de
los
buses y su embarcación en aviones con rumbo desconocido. La consigna
se
hizo clara, el Presidente tiene que renunciar a su caro proyecto de
desarrollo, nadie está de acuerdo con destrozar uno de los
territorios y
parques más encantadores, más ricos en biodiversidad, de mayor
precipitación, nadie quiere renunciar al paraíso del ciclo del agua y
de
los bosques por el espejo del desarrollo, habiendo sobre todo
alternativas
al trazo de la carretera.
La gente de las calles culpa al último jacobino por quererle dar
existencia descomunal al Estado, por haber querido demostrar su
realidad
utilizando los cuerpos de los y las indígenas movilizados, usados
como
inscripción de la historia política. La hipótesis del último jacobino
fue
contrastada por el apego y la inclinación de los pueblos por los
seres de
la Madre Tierra.
Derrotado el último jacobino declara ante la opinión pública que
ya el
gobierno sabe quién fue el que dio la orden pero que por el momento
no
puede dar a conocer ese nombre. Es un secreto de Estado. El
Presidente,
visiblemente afligido, en un discurso en el salón de recepciones del
Palacio Incendiado, estando presentes los medios de comunicación,
dice que
está en desacuerdo con la violencia desatada contra los marchistas,
que
tampoco él, el Capitán General de las Fueras Armadas y la Policía,
dio la
orden.
Un periódico oficialista, camuflado de independiente, emite la
noticia
de que la Ministra de Justicia dio la orden. Esa misteriosa orden
queda
suspendida en la atmósfera de la geografía del fin del mundo. La
orden
apareció de repente, sin dueño, sin nacimiento, sin creación, es una
orden
que se encontraba suspendida por los aíres, desde los tiempos
inmemoriales, y cayó de repente como rayo en cielo despejado,
movilizando
a los pacíficos y nobles policías que evitaban que la marcha indígena
se
enfrente al bloqueo de los colonizadores.
Escenario 8
El cielo se entintó de rojo, las nubes parecían condensar el color
como
despedida, el sol agonizaba al fondo remarcando en el horizonte la
diferencia abismal entre el cielo y la tierra. Un director de la
empresa
constructora OLAS miraba la ventana asombrado, volvió la cabeza y le
dijo
al director de la empresa pública DEF: es el crepúsculo. El director
de la
empresa estatal no parecía entenderlo, le respondió: ¿tú crees? El
director de OLAS le dice: si, mira el cielo, está bañado de sangre.
El
director de la empresa estatal le pregunta: ¿eres poeta? El director
de
OLAS le contesta: no, soy ingeniero civil, aunque de adolescente me
gustaba leer poesía. El director de la empresa pública reconoció su
error,
miró también a través de la ventana y dijo: si, tienes razón, es el
crepúsculo.
Ambos habían llegado a un acuerdo sobre técnico sobre los temas
operativos de una carretera que pasaría por un bosque tropical,
bordeado
por dos inmensos ríos, un territorio declarado patrimonio y
consolidado
como propiedad colectiva de las comunidades indígenas que habitaban
el
bosque, el patrimonio y el territorio indígena. Se notaba cierto
malestar
en el director de la empresa estatal, parecía no estar conforme
consigo
mismo, como si hiciera algo con lo que no estaba de acuerdo.
Empero tranquilizó su conciencia acordándose de las palabras del
Presidente, que dijo: todo esto tiene que ver con la integración del
país
y la integración del continente. Pensó que el desarrollo era costoso,
demandaba sacrificios, que las comunidades indígenas algún día
entenderían. Alzó sus ojos claros, miró nuevamente a la ventana, el
cielo
ya había oscurecido, las nubes ya estaban negras, condensando la
noche
inmensa en las figuras vaporosas que parecían querer retener en su
memoria
los últimos tenues rayos de sol como si fuesen los últimos hálitos de
vida.
[Fuente: Por Sebastian Isiboro Sécure, Bolpress, 01oct11]
vi) Memorial
revela que Llorenti y Copa pidieron intervenir la marcha por el
TIPNIS.
La ministra de Justicia, Nilda Copa; y el exministro de Gobierno,
Sacha
Llorenti; además del viceministro de Justicia, Nelson Cox, y dos
funcionarios del Ministerio de Gobierno, pidieron a la Fiscalía
emitir un
requerimiento para intervenir la marcha indígena el pasado 25 de
septiembre, según revela un memorial firmado por las autoridades
mencionadas.
El documento, difundido por el programa televisivo "A todo
pulmón", fue
recepcionado el 24 de septiembre a las 20.35 por el fiscal asistente
adscrito a despacho, Facundo Coronel, mismo que justifica la medida
bajo
el argumento de que un grupo de mujeres y algunos varones tomaron
como
"rehenes" al canciller David Choquehuana, al viceministro de
Coordinación
con los Movimiento Sociales, César Navarro, y al general de la
Policía
Edwin Foronda.
"En el momento en que los miembros de la comisión (gubernamental)
estaban por abordar un vehículo, el canciller Choquehuanca fue
rodeado e
interceptado abruptamente por un grupo conformado en su mayoría por
mujeres y algunos varones, quienes tomándolo por los brazos y la
espalda
le obligaron por la fuerza a participar de la marcha mediante
empujones y
forcejeos para romper el cerco de seguridad de la policía", se lee en
el
documento en que se pide investigar el hecho.
"Toda vez que han sido de conocimiento público las acciones
beligerantes de los autores de los hechos denunciados, las cuales
representan una situación de riesgo y peligro contra la integridad de
las
personas y uniformados policiales que pudieran verse involucrados en
el
sector de la marcha, velando por el cumplimiento efectivo de las
garantías
constitucionales, a fin de y evitar enfrentamientos en la localidad
de
Yucumo, de conformidad con lo previsto en el artículo 72 del código
de
procedimiento penal, solicitamos respetuosamente la intervención de
la
fuerza pública en caso necesario", especifica el memorial.
En el memorial no aparece la firma del exministro de Gobierno,
sino de
dos funcionarios de esa cartera de Estado, Dennis Efraín Rodas
Limachi y
Fernando Rivera Tardía, jefe de la Unidad de Gestión Jurídico y
asesor
legal de Asuntos Jurídicos, respectivamente, a los que Sacha Llorenti
otorgó el pasado 13 de septiembre un poder notarial Nº 1192/2011 para que
actúen en su nombre.
[Fuente: ERBOL, La Paz, 01oct11]
vii) Evo ahora
dice que la marcha fue un invento para hacer fracasar las
elecciones.
El presidente Evo Morales señaló este viernes que la marcha
indígena en
defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
(Tipnis) es
un invento de la oposición y tiene el propósito de hacer fracasar las
próximas elecciones judiciales de octubre.
El primer mandatario indicó que, en una evaluación sobre la
situación
del país realizado conjuntamente con organizaciones sociales afines
al
Movimiento al Socialismo, se percató de la verdadera intención de la
marcha indígena.
"Un compañero me dijo que esta marcha desde un primer momento está
orientada a perjudicar y hacer fracasar las elecciones del 16 de octubre
de este año; yo recién me estoy dando cuenta. La derecha y los
opositores
traen problemas, claro, ahora todos son Tipnistas, sin saber hablan y
comentan cualquier cosa", sostuvo.
En ese sentido señaló que el gobierno seguirá trabajando pese a
las
campañas de oposición contra las elecciones judiciales.
"Cómo inventan problemas para perjudicar la elección, si este es
el
plan de esta marcha (indígena), (entonces) que sigan marchando, pero
nosotros también seguiremos marchando para garantizar nuestras
elecciones", señaló en su discurso con motivo del 70 aniversario del
municipio de Tacopaya en Cochabamba.
Antecedentes
Estas nuevas acusaciones del presidente Morales se enmarcan dentro
de
una campaña de desprestigio contra la marcha indígena, que se opone a
que
el tramo II de la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos pase
por
el corazón del Tipnis.
El domingo 21 de agosto, Morales acusó a los dirigentes de la
marcha de
estar coludidos con la embajada de EEUU, prueba de ello mostró un
extracto
de llamadas telefónicas efectuadas supuestamente por el encargado de
Asuntos Indígenas de la embajada, Eliseo Abelo, a los dirigentes de
la
marcha Pedro Nuni, Rafael Quispe y a la esposa de Adolfo Chávez.
El martes 23 de agosto, el ministro de la Presidencia, Carlos
Romero,
culpó a los dirigentes indígenas de recibir financiamiento de
organizaciones no gubernamentales y de ser traficantes de tierras y
madera.
El miércoles 24 de agosto, desde Palacio de Gobierno, el director
ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macro Regiones y
Zonas
Fronterizas, (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, denunció que los
indígenas
conspiraban conjuntamente con la agencia internacional de Estados
Unidos,
Usaid, de querer desestabilizar el país.
El jueves 1 de septiembre, el presidente Evo Morales acusó a la
marcha
indígena de recibir apoyo de empresarios, ONGs y de entidades
internacionales como Naciones Unidas. En su criterio, los indígenas
desprestigian el método de la lucha social de las marcha, porque con
todo
el apoyo que cuentan "parece que están haciendo turismo".
El miércoles 21 de septiembre, el exministro de Gobierno Sacha
Llorenti
informó desde Estados Unidos, que tiene pruebas contundentes que
demuestran la vinculación directa de los dirigentes de la marcha
indígena
con expresidente y prófugo de la justicia boliviana, Gonzalo Sánchez
de
Lozada.
[Fuente: ERBOL, La Paz, 30sep11]
viii) La
Fiscalía investiga al Presidente acusado de violar derechos
humanos.
El fiscal general del Estado Mario Uribe informó que la
proposición
acusatoria presentada por opositores contra el Presidente Evo Morales
por
los hechos violentos contra indígenas registrados el 25 de septiembre
fue
admitida y se iniciarán las investigaciones correspondientes en el
marco
de un juicio de responsabilidades por la investidura del primer
mandatario.
El fiscal general Mario Uribe Melendres, en relación a los hechos
suscitados el día 25 del presente mes en la localidad de Yucumo y
poblaciones aledañas, a consecuencia de la intervención de la Policía
a la
marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro
Sécure
(TIPNIS), ha tomando la decisión de esclarecer los hechos y apoyar la
tareas investigativas de la Fiscalía de Distritito del departamento del
Beni, con la conformación de un equipo de fiscales, peritos e
investigadores de alto nivel, encabezado por el Fiscal de Recursos
Dr.
Orlando Riveros Baptista, para ejercer la co dirección funcional de
la
investigación.
Uribe instruyó a los peritos especializados del Instituto de
Investigaciones Forenses (IDIF)Jorge Melgarejo, Leonardo Flores Pita
Médicos Forenses, Guillermo Huméres y Franklin Vargas, constituirse
en el
departamento del Beni y ponerse bajo la dirección funcional del
Fiscal de
Distrito del Beni y los Fiscales de Materia asignados al caso a
objeto de
realizar las labores periciales de registro fotográfico, planimetría
y
otros que se les sea encomendados, en el marco de las normas que
rigen la
labor del Ministerio Público, y en especial comprobar el estado de
salud
de las posibles víctimas de los hechos de violencia generados en
pasados
días.
"Hemos anunciado ante la Corte Suprema que la Fiscalía General,
específicamente el suscrito fiscal general, dará inicio al proceso
investigativo. En definitiva este proceso ha de ser llevado por
cuerda
separada porque se trata de un proceso de privilegio constitucional",
dijo
la autoridad.
Aclaró que las investigaciones que realiza el Ministerio Público
en las
cercanías de Yucumo corresponden a un proceso penal corriente, puesto
que
los probables responsables de las vejaciones a los derechos humanos
de los
marchistas indígenas no gozan de privilegio constitucional de altas
autoridades como el presidente del Estado.
El fiscal Uribe añadió que -según la norma en vigencia- tiene 30
días
para pronunciarse si es que existen indicios o no a partir de los
elementos de prueba que se reúnan en la fase investigativa, para
luego
continuar el proceso si el caso amerita.
La proposición acusatoria contra el presidente Morales fue
presentada
el 28 de septiembre ante el Ministerio Público por los asambleístas
nacionales Tomás Monasterios y Carmen Eva González, en representación
de
la bancada opositora de Convergencia Nacional, por las vejaciones
cometidas por las fuerzas del orden contra los indígenas del
Territorio
Indígena y Parque Nacional IsiboroSécure (TIPNIS).
Los asambleístas opositores acusan al primer mandatario de
genocidio y
violación de los derechos humanos de los marchistas indígenas del
TIPNIS,
que se oponen a la construcción de una carretera por su territorio.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce
anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público por las
acciones contra los legisladores que participaban en la marcha
indígena
que fue intervenida por la policía el pasado domingo en Yucumo.
"En defensa de la investidura de los diputados nacionales, lo que
corresponde es una investigación lo más profunda posible. El equipo
jurídico solicitará ante el Ministerio Público, directamente la
Fiscalía
General del Estado y también ante la Comisión que se ha formado",
señaló
Arce tras reunirse con dos de los cinco diputados indígenas que
participaban en la movilización.
Precisó que la denuncia será interpuesta por la violación a la
investidura de los diputados Bienvenido Zacu, Pedro Nuni, Blanca
Cartagena, Justino Leaño y Cristina Valeroso.
Arce explicó que durante la reunión, los diputados Leaño y
Cartagena
explicaron el episodio que vivieron el pasado domingo en San Lorenzo,
a
poca distancia de la localidad de Yucumo. El resto de los
legisladores
indígenas no asistieron a la reunión por encontrarse en otras
ciudades del
país.
Indicó que las versiones de los legisladores fueron conocidas por
el
equipo jurídico de la Cámara de Diputados y por los presidentes de
las
comisiones de Justicia Plural y Constitución, Cecilia Ayllón y Lucio
Marca, respectivamente, para asumir las acciones que correspondan.
"Los diputados indígenas estaban acompañando la marcha, ese es su
derecho y no deberían en ningún momento ser detenidos, maniatados ni
maltratados, como no debe ser maltratado ningún ciudadano, pero más
aún
los diputados nacionales por la investidura nacional que les reserva
el
artículo 151 y 152 de la Constitución Política del Estado", enfatizó.
A su vez, la diputada indígena Blanca Cartagena dijo que se pretende
concertar una reunión con el presidente Evo Morales para que dialogue
con
los indígenas en conflicto a fin de solucionar sus demandas. "La
reunión
que tuvimos es para hacer un puente entre marchistas y el Presidente,
queremos ser partícipes en esta toma de decisiones con el fin de
solucionar los problemas que se han suscitado en la marcha", afirmó.
El diputado Justino Leaño subrayó que las investigaciones deben
ser
profundas para dar con los responsables de los vejámenes. Anotó que
se
espera que el diálogo con los marchistas prospere en los próximos
días.
[Fuente: Bolpress, La Paz, 30sep11]
ix) Evo pide
perdón por "semejante agresión a los hermanos indígenas".
El Presidente Evo Morales pidió disculpas y perdón por los
vejámenes
sufridos por los indígenas de tierras bajas de Bolivia, a manos de la
Policía el domingo último, prometió enmendar los errores de su Gobierno y
ratificó que la represión no respondió a una instrucción suya ni de
su
Gobierno, durante una conferencia de prensa el miércoles por la noche
en
La Paz.
"Nuevamente quiero decirles que las familias víctimas (de la
represión)
que nos disculpen, que me perdonen, pero quiero que sepan: no ha
habido
ninguna instrucción ni jamás habíamos pensado que podría ocurrir de
esa
manera, duele bastante, como victimas que hemos sido en muchas
oportunidades" de la represión por la fuerza pública", afirmó.
El mandatario llamó a una conferencia de prensa para referirse a
las
multitudinarias manifestaciones registradas este miércoles en la
mayor
parte de la ciudades bolivianas, convocadas por los sindicatos, en
rechazo
a la represión policial desatada contra originarios del Territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure TIPNIS), que marchaban en
oposición a que una carretera en construcción cruce esa reserva
natural en
la Amazonia del nordeste del país.
Las protestas convocadas por la matriz Central Obrera Boliviana
recordaron "los horrores, los sentimientos del pueblo boliviano
expresados
mediante manifestación", sostuvo el Jefe de Estado.
Dijo que las protestas callejeras obligan a su gobierno a
"corregir
nuestros errores" y afirmó haber asumido el mensaje popular: "es una
profunda llamada de atención con estas manifestaciones".
El gobernante indígena dejó en claro que la orden, si la hubo, de
reprimir la marcha indígena no partió de él y menos fue barajada en
su
Gobierno.
"No fue una instrucción del Presidente. Jamás en el Gobierno hemos
pensado que podría suceder semejante agresión a los hermanos indígenas",
anotó.
"Quiero decirle al pueblo boliviano, con mucha sinceridad, yo,
como
víctima junto a muchos de mis compañeros, compañeras del Trópico de
Cochabamba y de Bolivia, nunca podría instruir que haya una violencia
como
la realizada en Yucumo, como ha visto el pueblo boliviano", insistió.
Por último pidió a los promotores de la marcha indígena que luego de
salir el 15 de agosto de Trinidad con destino a La Paz intenta
reanudarse
en la localidad de Rurrenabaque, oír el clamor nacional por el
diálogo.
"Esperamos más bien el diálogo para seguir trabajando de manera
conjunta"
y alcanzar un acuerdo que canalice el desarrollo de las 64
comunidades
indígenas que habitan el TIPNIS, sostuvo.
Subrayó que mientras planea y concreta el diálogo, el proyecto de
construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San
Ignacio de
Moxos, queda en suspenso, tal como lom ordenó el lunes último.
"La historia se repite porque hay gente de la oposición que no
acepta
que en Bolivia un dirigente indígena haya asumido la Presidencia con
el
apoyo del pueblo y utiliza los medios de comunicación para
desprestigiarlo, dijo el miércoles el presidente Morales.
En un acto en el que recibió el apoyo de la nación Kallawaya
realizado
en el palacio Presidencial, Morales aseveró que es lamentable que
esos
grupos no respeten el voto y la voluntad del pueblo que apoya un
proceso
de cambio en el que todos los bolivianos sean iguales.
"Los opositores, los que tienen mucha plata, no quieren que los
pobres
seamos gobierno, al igual que algunas personas no quieren el
desarrollo
para los pueblos con caminos, electricidad, agua, telecomunicaciones
y
otros", remarcó.
Agregó que esos sectores "Se oponen a programas de desarrollo so
pretexto de defender el medio ambiente, cuando en realidad lo que
defienden es su propio interés".
"No respetan las verdaderas reivindicaciones sociales, sino otras
que
las usan con fines políticos, pero no han tomado conciencia de que el
pueblo se ha dado cuenta de sus acciones", aseveró.
Dijo que hay que reconocer que "hay todavía pocas personas que no
nos
quieren y que hacen todo lo posible por desestabilizar al proceso de
profundas transformaciones estructurales que hemos iniciado en enero
de
2006".
Lamentó que esos grupos utilicen a algunos medios de comunicación
que
difunden falsedades al pretender mostrar que Bolivia estaría
incendiándose.
Señaló que esos medios de comunicación que usan para atacar al
proceso
son propiedad de empresarios que defienden sus intereses y que en el
pasado estuvieron al lado de los gobiernos neoliberales que querían
mantener en el poder a pequeños grupos que solamente velaban por sus
intereses y no los del pueblo.
El Primer Mandatario manifestó que a través de esos medios se
difundieron mentiras sobre los últimos acontecimientos del pasado
domingo
tras la intervención policial a la marcha de pueblos indígenas del
oriente
en las cercanías de la población de Yucumo, en el departamento del
Beni.
"Dijeron que había muertos, heridos, desaparecidos, pero no
presentan
pruebas. Hablan de seis muertos, nueve muertos, un niño fallecido,
dónde
está?, no hay pruebas", aseveró.
Agregó su convencimiento de que con esa campaña pretendían
preparar un
escenario para responsabilizar al Gobierno y a Evo Morales a fin de
debilitar el proceso.
Sin embargo expresó que, cuando el Gobierno es víctima de esas
campañas, el pueblo se moviliza con su propio esfuerzo, como sucedió
este
miércoles con la nación Kallawaya.
[Fuente: Bolpress, La Paz, 29sep11]
x) La
Justicia persigue a los policías que martirizaron a indígenas en
Yucumo.
El Ministerio Público comenzó a identificar a los efectivos
policiales
que intervinieron la VIII Marcha Indígena el 25 de septiembre. La
Asamblea
Legislativa interpelará el viernes a los ministros de la Presidencia
Carlos Romero y de Obras Públicas Walter Delgadillo involucrados en
la
brutal represión policial.
El 25 de septiembre, centenas de policías antidisturbios asaltaron
el
campamento de los marchistas en proximidades de la localidad beniana
de
Yucumo, martirizaron a los indígenas, e impidieron al personal médico
atender a más de 40 heridos.
Amnistía Internacional y varias otras organizaciones defensoras de
los
derechos humanos del país y del extranjero exigieron al gobierno de
Evo
Morales que inicie una investigación inmediata sobre el penoso
incidente
caracterizado por el uso excesivo de la fuerza contra personas que
protestaban de manera pacífica.
Evo Morales esperó un día entero para explicar lo sucedido. Los
indígenas fueron apaleados y gasificados el domingo a las 5 de la
tarde,
pero el Presidente se pronunció recién el lunes por la noche, luego
de que
renunciaran a sus cargos la ministra de Defensa Cecilia Chacón y el
titular de gobierno Sacha Llorenti.
El Mandatario aseguró que él "nunca" autorizó semejante represión
"condenable" e "imperdonable", pero mucha gente se pregunta por qué
no
ordenó la inmediata liberación de los indígenas detenidos en
Rurrenabaque,
y por qué esperó hasta la noche del lunes para anunciar la
conformación de
una "comisión especial" encargada de investigar el asalto policial
anti
indígena.
El Presidente Morales y su ex ministro Llorenti se lavaron las
manos y
culparon de todo a la tropa policial, la cual se limitó a cumplir
órdenes.
Antes de renunciar, Llorenti dijo que publicaría los nombres de los
policías responsables de las agresiones a los indígenas.
Este miércoles, la fiscal Patricia Santos declaró: "Dentro de la
acción
penal que se encuentra bajo mi dirección funcional se ha emitido
varios
requerimientos a objeto de que los distintos canales televisivos
remitan a
este despacho fiscal, en un plazo de 48 horas, tras su notificación,
todas
la imágenes que cursan en sus archivos relacionados al caso TIPNIS".
Explicó que "lo que se quiere es (identificar) tanto el hecho, como a
los
probables autores".
"Evo no puede evadir su responsabilidad porque hay demasiadas
pruebas
de que él autorizó el operativo de traslado forzoso de los
marchistas",
recalcó el diputado de Convergencia Nacional Luis Felipe Dorado.
"Para empezar, la carta de renuncia de la ex ministra Chacón,
enviada
al presidente el lunes, señala: 'Asumo esta decisión porque no
comparto la
medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no
puedo
defender o justificar la misma'. Ésa es la prueba número 1, el
testimonio
de su propia ex ministra de defensa", afirmó Dorado.
"Por si esto fuera poco, tenemos la prueba número 2: las
declaraciones
del viceministro de coordinación con los movimientos sociales César
Navarro, quien también reconoció que la orden salió del gobierno. La
prueba número 3 es el envío de un avión Hércules a Rurrenabaque con
la
intención de llevarse presos a los indígenas, hacia La Paz o quién
sabe
dónde. Esa movilización de la Fuerza Aérea sólo puede haberse
realizado
con la anuencia del capitán general de las Fuerzas Armadas, que es el
presidente", insistió Dorado.
Por todo eso, agregó el diputado opositor, "no aceptamos que el
Presidente se lave las manos diciendo que no tiene culpa. Sr. Evo
Morales:
usted miente y lo hacemos responsable por el atropello a nuestros
hermanos
indígenas en Yucumo".
Se pronuncian los policías perseguidos
Los policías que participaron en el operativo de Yucumo revelaron
a la
red Erbol que fueron eviados a la zona de conflicto con una misión:
"evitar que pase la marcha indígena y no tocar a los colonizadores
que
estaban bloqueando la carretera Beni-La Paz".
"Por ejemplo, cuando los colonizadores decomisaron alimentos y
agua que
eran para los marchistas, no nos dieron ninguna orden para hacer
gestiones
y recuperar los alimentos que eran transportados en una camioneta",
manifestó uno de los uniformados ahora perseguidos por la justicia.
Otro policía narró que la primera orden de intervención se produjo
el
sábado 23 de septiembre, luego de que el canciller David Choquehuanca
fue
obligado por mujeres indígenas a marchar unos kilómetros con el fin
de
romper el cerco policial. "La madrugada del 24 de septiembre llegó a
Yucumo el (ex) viceministro Marcos Farfán con la orden de realizar el
operativo; a éste le ordenó el (ex) ministro de Gobierno Sacha Llorenti, y
a él ya sabemos quién", explicó un uniformado joven.
"Las órdenes eran claras: no dejar pasar la marcha; y para ello se
inventaron otra excusa: evitar un enfrentamiento entre el bando de los
indígenas y los colonizadores, a quiénes no podíamos decirles nada",
indicó otra persona a la red Erbol.
Otro grupo de policías que se contactó con Erbol denunció que en
el
transcurso de las últimas horas retornaron a La Paz con sus propios
medios
al menos 100 uniformados, y denunciaron que aún permanecen en Yucumo
otros
250 efectivos "abandonados", sin viáticos, sin agua, sin comida. "Nos
llevaron a Yucumo, nos pidieron evitar que pase la marcha indígena, nos
ordenaron hacer el operativo y luego dicen que no saben quien ordenó,
después anuncian procesos contra nosotros y finalmente nos abandonan",
reclamaron acongojados.
Entre tanto, el Vicepresidente Álvaro García Linera y presidente
nato
de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocó a la Vigésima Sesión
Ordinaria el viernes de esta semana para interpelar a los ministros de la
Presidencia Carlos Romero, y de Obras Públicas Walter Delgadillo
sobre la
construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
La interpelación a los dos ministros fue solicitada por la bancada
del
MAS con el fin de que expliquen las gestiones del Ejecutivo para
solucionar las demandas de los pobladores del TIPNIS. Se descarta que
ambas autoridades sean censuradas por la mayoría oficialista que controla
el Congreso.
[Fuente: Bolpress con información de Erbol y ABI, La Paz,
29sep11]
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