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Información Contrainteligencia DAS |
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26oct11 - v)
msjes.
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| Col - La Corte Suprema confirma la existencia de persecución sistemática en el caso del Senador Alexander López y el caso de la contrainteliegencia del DAS provoca un ataque desenfrenado del ex presidente Uribe Vélez contra el Washington Post y la corresponsal de Radio Nizkor |
La Corte Suprema de Justicia dictó auto
inhibitorio el
09ago11 por el que resuelve no abrir investigación en contra
del
senador Alexnder López Maya en relación con los vínculos
con la
guerrilla de las "FARC" que se le atribuyeron.
Al inhibirse, la Corte estableció la existencia de una
"persecución sistemtica" que en el 2008 llevó a la
judicialización del congresista Alexander López a través de
falsos
testimonios, declaraciones clonadas y alteradas, así como la
infiltración y el espionaje a sus actividades, hechos que
adems
llevaron a la captura de dos de sus asesores y tres líderes
sindicales.
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00:27:13 | ESL/SPA |
ii) Análisis del ataque del ex presidente Uribe Vélez provocado por un artículo del Washington Post.
| Col -
Análisis del ataque del ex presidente Uribe Vélez provocado por
un
artículo del Washington Post. (Entrevista a Gregorio
Dionis,
Presidente del Equipo Nizkor). Radio Nizkor,
30ago11 |
El 21ago11, el diario estadounidense The Washington Post publicó un artículo preparado por la periodista independiente y corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, Claudia Julieta Duque, junto con Karen DeYoung. Al mismo también contribuyó Juan Forero, corresponsal para ese medio establecido en Bogot. El artículo al que nos referimos se publicó originalmente en inglés bajo el título "U.S. aid implicated in abuses of power in Colombia" (La ayuda estadounidense implicada en abusos de poder en Colombia), y el mismo ha suscitado una ferviente reacción pública por parte del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. A continuación escucharn una entrevista que realiza la periodista Patricia Almirón a Gregorio Dionis, Presidente del Equipo Nizkor, precisamente a tenor de la situación generada por la publicación de la información mencionada, y el contexto judicial y de política exterior en que se produce la misma. Gregorio Dionis explica el porqué del ataque, así como la ocultación de los hechos y de las evidencias de orden judicial ínsita en la respuesta del ex presidente. El análisis de esta situación pasa inexorablemente por una explicación del estado de la cuestión en relación con los procesos judiciales que se siguen en Colombia contra varios funcionarios y altos cargos del DAS, así como acerca del accionar ilegal de esta entidad, básicamente a partir de una unidad centrada en llevar a cabo operaciones de contrainteligencia consistentes en la persecución sistemática contra jueces (principalmente de la Corte Suprema), periodistas y defensores de derechos humanos. Gregorio Dionis informa también, siempre sobre la base de la documentación obrante como prueba en sede judicial en Bogotá, de la interrelación no sólo con Estados Unidos, sino también con las actuaciones de la contraintelgencia colombiana en Europa, y especialmente, en España, lo que obliga a analizar la política exterior española para Colombia y la actuación del DAS en ese país. Nota aclaratoria: Por error, Gregorio Dionis da por supuesta la condena del ex Subdirector del DAS, José Miguel Narváez, la cual hasta el momento de esta entrevista no se ha producido. No obstante, la acusación y las pruebas existentes hacen suponer tal posibilidad. |
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00:55:20 | ESL/SPA |
iii) Extractos del Auto inhibitorio de la Corte Suprema que culpa al Estado de la persecución contra el Senador Alexander López Maya.
[El texto completo del Auto inhibitorio de la Corte Suprema que culpa al Estado de la persecución contra el Senador Alexander López Maya: http://www.derechos.org/
República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Única
Instancia 28.149
ALEXANDER LÓPEZ MAYA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Aprobado acta No. 281
Bogotá, D. C., agosto nueve (9) de dos mil once (2011).
[...]
8. Se ha llegado a la conclusión de que las acciones atribuidas al senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA, que dicen relación, primero con el envío de material de guerra a un grupo guerrillero, luego, con la entrega de dinero y su alianza con esa colectividad subversiva durante una protesta de trabajadores ocurrida en 2008, y en tercer lugar con los computadores de "RAÚL REYES", no tuvieron ocurrencia. No contrató a FRANCISCO JAVIER TABORDA GÓMEZ (a. Turbo) para que le llevara armas y explosivos a las "FARC" en el año 2001; no concertó reunión de ese grupo guerrillero con los 14 promotores del paro de corteros de caña que tuvo lugar en el año 2008 en el Valle del Cauca y menos les envió dinero; ni a través de los computadores hallados en la "Operación Fénix" se le puede hacer alguna imputación delictiva. En suma no fue guerrillero de las FARC, ni colaborador de esa organización.
1. Del transporte de material de guerra para la guerrilla de las "FARC".
[...]
39. Hechos como los que rodearon la "Operación Fénix", donde se halló información sugestiva de hostigamiento por parte de personas vinculadas con las Fuerzas Militares a líderes sociales del Departamento del Valle, a través de seguimientos, vigilancias, amenazas, etc., de cuya investigación emergió el testimonio de FRANCISCO JAVIER TABORDA, ponen en evidencia una suerte de persecución sistemática contra personas como el doctor ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA, que significaron para ellas no sólo graves riesgos físicos sino también jurídicos.
[...]
42. La gran paradoja de este caso es que un proceso disciplinario que la Procuraduría inició, teniendo por víctima al senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA por hechos del año 2004, se distrajo con la declaración del señor FRANCISCO JAVIER TABORDA GÓMEZ (a. Turbo), ex militante del bloque "Calima" de las Autodefensas Unidas de Colombia "A.U.C" comandado por ÉVER VELOZA GARCÍA (a. H.H.), hasta llegar a la prescripción de la acción |28|, para luego dar un giro orbital al punto de que sobre ese testimonio se resolvió, más bien, vincularlo como sujeto disciplinado por relaciones con las "FARC" en el año 2001 |29|; y todo lo concernido con la "Operación Dragón", desde el punto de vista disciplinario quedó en nada.
43. Otro tanto está pasando con la investigación penal. El 25 de agosto de 2004 el senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA y otros líderes sociales vinculados con el Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali --SINTRAEMCALI-, denunciaron amenazas de muerte en el marco de lo que se llamó la "Operación Dragón" |30|, por lo cual la Fiscalía allanó un apartamento en la ciudad de Cali y obtuvo importantes elementos de conocimiento, pero fue necesario que el Tribunal Superior de Bogotá mediante sentencia de tutela fechada 16 de septiembre de 2008, ordenara activar el proceso y proferir la resolución correspondiente, para que se dispusiera abrir investigación en contra de agentes del Estado que luego fueron indagados, pero de nuevo el proceso entró en letargo porque aún hoy, casi tres años después, ni siquiera se les ha resuelto a los vinculados la situación jurídica provisional.
44. Por eso es necesario y oportuno solicitar al señor Director Nacional de Fiscalías, con copia a la señora Fiscal General de la Nación, que se apersone de esa situación y disponga lo pertinente para que bajo su asidua vigilancia y control, el sumario se active y siga su curso regular, siendo urgente que adopte cautelas necesarias para conjurar la prescripción de la acción, teniendo presente que en atención a esa categoría de conductas, que de modo particularmente grave lesionan derechos humanos, Colombia asumió con la Organización Internacional del Trabajo compromisos especiales de lucha contra la impunidad en esa materia, que debe cumplir prioritariamente |31|.
2. De la huelga de corteros de caña y las "FARC".
El 24 de septiembre de 2008, a las "16:32" horas, el señor JOSÉ EMILIO LONDOÑO ACEVEDO, trabajador del ingenio Pichichí, asistió a la Fiscalía General de la Nación, Unidad de Reacción Inmediata URI-Centro Seccional Santiago de Cali, donde denunció algunos hechos que consideró ilegales, los cuales habrían sucedido en el marco de la huelga de corteros de caña que por esos días paralizó varios de los ingenios azucareros de los Departamentos del Valle del Cauca y el Cauca; él dijo, palabras más palabras menos, que la guerrilla de las "FARC" se habría infiltrado en la huelga a instancia del senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA, quien les habría dado dinero.
46. Pero sobre esa denuncia se tiende un manto de sospecha, por interés particular del denunciante e influencias externas, que la erosionan de grave manera en su espontaneidad, minando su credibilidad desde su génesis; fue manipulada, alterada en algunos de sus contenidos sustantivos, por agentes de la SIJIN-POLICÍA NACIONAL, que intervinieron ante la Fiscalía durante su recepción. Sobre un mismo formato, amén de análogos caracteres en su primera página, aparecieron dos denuncias suscritas por el señor JOSÉ EMILIO LONDOÑO ACEVEDO |32|, ambas fechados el 24 de septiembre de 2008 a las "16:32" horas, con contenidos fácticos disímiles, cuyas respectivas rúbricas él reconoció como propias; sin embargo aseguró que solo presentó una |33|.
[...]
86. Bajo dicha perspectiva, las omisiones, desconocimientos y disonancias del testigo JOSÉ EMILIO LONDOÑO ACEVEDO, acerca de lo que en su lugar cualquiera otra persona medianamente diligente habría hecho y conocido, frente al propósito de brindar información importante que afectara el interés de los organizadores de la huelga de corteros de caña, a las empresas azucareras a quienes servía como espía, son sospechosas de que los matices de relevancia penal agregados a los hechos, legítimos por demás, de la protesta de los trabajadores de la caña en pos de reivindicaciones laborales, sobre la base de la influencia del grupo armado ilegal "FARC", no fue verdad; o por lo menos hay razones insalvables, suficientes para poner en entredicho su sinceridad. En esas condiciones, el testigo, tanto como su testimonio, no merecen la confianza de la Corte.
87. Sobre el pilar de un testimonio como el de JOSÉ EMILIO LONDOÑO ACEVEDO, con mácula en el valor de su imparcialidad, ya que representó un interés particular asido a elogios y prebendas; que además no explica suficiente y adecuadamente la ciencia de su dicho, en aspectos estructurales o determinantes, aunado que desde albores la propia SIJÍN-POLICIA NACIONAL le imprimió un sino de alteridad amén de desconocidos afanes, al punto que su denuncia fue clonada, no es posible abrir investigación penal en contra del senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA, por los vínculos con la guerrilla de las "FARC" que él le atribuyó.
88. Ya que la versión de JOSÉ EMILIO LONDOÑO ACEVEDO no pudo ser corroborada en la investigación previa, siendo tan inconsistente y movediza, por sí misma no abriga crédito o confianza; menos puede aspirarse que soporte otras decisiones con mayor exigencia en la carga inductiva, como se esperaría de un testimonio impoluto. Por eso lo siguiente es proferir auto inhibitorio, a partir de que los hechos en cuestión no existieron; no hay prueba de lo contrario.
3. Del senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA, la "Operación Fénix" y los ordenadores de "RAÚL REYES".
El 14 de julio del año 2008 la Corte dispuso examinar "la evidencia contenida en los computadores portátiles, discos duros externos y memorias USB, que fueron decomisados en la denominada operación "FÉNIX", dirigida a localizar un campamento del frente 48 de las FARC, en el cual fue muerto LUIS ÉDGAR DEVIA SILVA, más conocido como "Raúl Reyes", a fin de establecer si allí aparecen citas o referencias que mencionen al implicado ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA, para lo cual se utilizará su nombre o palabras claves como ALEXÁNDER LÓPEZ, ALEX LÓPEZ, su apodo "Pellejo" o que tengan que ver con "Emcali" o "Sintraemcali" |74|; lo anterior, planteada de nuevo la hipótesis de que el senador podría tener vínculos con las "FARC".
90. Cumpliendo la anterior disposición el "Grupo Investigativo Delitos Informáticos DIJIN" encontró entre los elementos de almacenamiento recogidos durante la "Operación Fénix", que a instancia de las Fuerzas Armadas colombianas el 1 de marzo de 2008 tuvo lugar en la vecina República del Ecuador, "once (11) archivos de Word y ocho (8) documentos PDF con información que hace referencia o menciona al Honorable senador ALEXÁNDER LÓPEZ NAYA" |75|. El "CTI" de la Fiscalía por su parte, solamente halló cinco archivos coincidentes con los patrones suministrados |76|.
91. Pero ahora, siendo el momento de valorar las pruebas recogidas durante la investigación previa, verificado por la Corte que el recaudo de los aludidos documentos no siguió el método legal, se impone su exclusión. El Mayor CAMILO ERNESTO ÁLVAREZ informó que las Fuerzas Armadas nacionales en el marco de la "Operación Fénix", ingresaron en territorio ecuatoriano y de facto sacaron los elementos electrónicos de "RAÚL REYES", llevándose de calle todo el compendio normativo que regula la práctica de pruebas en el exterior, esto es, la Constitución Política, los Códigos de Procedimiento Penal vigentes (Ley 600 de 2000 y 906 de 2004) y la Ley 519 de 1999 -CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR-". Por eso, desatendido el debido proceso legal, aplica la cláusula de exclusión prevista en el artículo 29 constitucional.
92. Sobre esta puntual materia, o sea, la exclusión de las pruebas recogidas por las autoridades colombianas en la República del Ecuador durante la "Operación Fénix", el pasado 18 de mayo la Corte se pronunció, y sin motivo para cambiar su criterio ahora lo actualiza aplicado al caso del senador ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA, porque en honor al derecho a la igualdad ante la ley previsto en la Carta Fundamental, ante análogas situaciones de hecho, mutatis mutandis, la mismas consideración jurídicas y sus correspondientes conclusiones y determinaciones.
[...]
96. El principio de la legalidad de la prueba es consustancial con las garantías judiciales, entendidas como el conjunto de procedimientos dispuestos por la ley con el propósito de asegurar la vigencia de los derechos fundamentales, en la resolución de conflictos o controversias puestas a consideración del poder jurisdiccional del Estado. Es parte del derecho al debido proceso legal, porque sólo a través de medios de prueba puede justificarse una imputación punible, con potencialidad para determinar la restricción de la libertad, o en todo caso para separar lo justo de lo injusto. De donde se sigue que el medio o instrumento de prueba sólo es válido si es practicado de modo lícito, con respeto irrestricto a los Derechos Fundamentales, libertades y garantías del justiciable, y con apego a las reglas establecidas en las normas que regulan su recaudo.
97. Por eso la Sala, como lo hiciera en la ocasión referenciada (Auto del 18/05/11), reitera una vez más la tesis de "que ninguna autoridad colombiana tiene competencia o está facultada para practicar en el extranjero inspecciones y recoger elementos materiales de conocimiento, por fuera de los mecanismos de la cooperación internacional y la asistencia judicial, lo que significa no haber obtenido previamente autorización, aval o visto bueno, por lo menos a través del visado sobre específico propósito, de las autoridades del Estado concernido; que si algún servidor público lo hace, más allá de sus específicos propósitos, la prueba recogida es ilegal, y ante la carencia absoluta de dicho contenido, de modo irremediable le aplica la cláusula de exclusión. No es admitida en el mundo jurídico para sustentar ningún propósito procesal"
[...]
101. Pero aún si esas pruebas fueran legales y legítimas, que según lo discernido no lo son, la verdad es que tampoco informan que el excongresista ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA haya tenido vínculos con las "FARC"; menos que fuera parte de esa guerrilla. Sus citas, que la Sala retorna para restablecer el derecho al buen nombre de la persona mencionada y no para reconocerles la legalidad de la que adolecen, corresponden a las de una figura pública, que dentro de las reglas de la democracia ejerce oposición a las políticas gubernamentales; así es que desde su esquina ideológica desarrolla tareas afines a diversos asuntos de la vida política, que en los documentos encontrados son materia de comentario y análisis, sin más trascendencia.
102. Entre los ordenadores de "RAÚL REYES" se encontraron once documentos electrónicos en formato Word y ocho en PDF, con la mención de ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA, pero de ninguno de ellos puede colegirse que tuvo vínculos con la guerrilla de las "FARC"; su referencia obedece al hecho de ser un personaje importante en el contexto de la política nacional, por haber presidido SINTRAEMCALI, ser Representante a la Cámara por el Departamento del Valle y Senador de la República. [...]
116. En las precedentes condiciones, la hipótesis ensayada de que el doctor ALEXÁNDER LÓPEZ MAYA podría tener vínculos con la guerrilla de las "FARC", bien como miembro de esa organización o como su colaborador, no fue respaldada por las pruebas recogidas, que en el caso de los documentos contenidos en los ordenadores de "RAÚL REYES" resultaron ilegales, para desembocar en que tal comportamiento no ha existido, y en términos del artículo 327 de la Ley 600 de 2000 proferir auto inhibitorio en su favor; procédase de conformidad.
117. Sin que ello obste para advertir que esta decisión no cobra ejecutoria material, y que de aparecer nuevas pruebas, revestidas de legalidad, que desvirtúen sus fundamentos, en términos de lo previsto en la norma 328 de la Ley 600 de 2000, bien podría ser revocada.
-o-
En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia,
SEGUNDO: Solicitar al señor Director Nacional de Fiscalías, con copia a la señora Fiscal General de la Nación, que disponga lo pertinente para que bajo su asidua vigilancia y control, se reactive y prosiga su curso la investigación abierta por los delitos de concierto para delinquir y violación a los derechos de reunión y asociación, contra el Teniente Coronel (R) JULIÁN VILLATE LEAL y otros, radicada 2028 DH-DIH, enfatizándose en la urgencia de adoptar cautelas necesarias para conjurar la prescripción de la acción.
TERCERO: Compulsar copias de las declaraciones vertidas por los testigos FRANCISCO JAVIER TABORDA GÓMEZ (a. TURBO ó NIKE") y JOSÉ EMILIO LONDOÑO ACEVEDO, para ante la Fiscalía General de la Nación, a efecto que se les investigue por posible delito de falso testimonio.
CUARTO: En firme esta decisión, archívense las diligencias. Líbrense las comunicaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
JAVIER ZAPATA ORTIZ
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO
JOSÉ
LEÓNIDAS
BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO A. CASTRO CABALLERO
SIGIFREDO
ESPINOSA
PÉREZ
ALFREDO GÓMEZ QUINTERO
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE
LEMOS
AUGUSTO JOSÉ IBÁÑEZ GUZMÁN
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA
NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA
Secretaria.
[El texto completo del Auto inhibitorio de
la
Corte Suprema que culpa al Estado de la persecución contra el Senador
Alexander López Maya: http://www.derechos.org/iv) Según la Corte Suprema la persecución en contra del senador Alexander López obedeció a órdenes presidenciales.
Por primera vez un fallo de la Corte Suprema de Justicia determinó el vínculo entre los ataques verbales del ex presidente Álvaro Uribe Vélez y la puesta en marcha de montajes judiciales en contra de uno de sus opositores. Al abstenerse de abrir investigación contra el senador Alexander López Maya por supuestos nexos con la guerrilla de las FARC, la Corte estableció la existencia de una "persecución sistemática" que en el 2008 llevó a la judicialización del congresista del Polo Democrático a través de falsos testimonios, declaraciones clonadas y alteradas, así como la infiltración y el espionaje a sus actividades, hechos que además llevaron a la captura de dos de sus asesores y tres líderes sindicales.
Según la Corte, el montaje judicial contra López Maya "empieza a explicarse" con las palabras de Uribe en un consejo comunal el 24 de mayo de 2008: "General Gómez Méndez, hay congresistas que en el pasado lideraron la destrucción de EMCALI, deberían estar en la cárcel; y ahora son los mismos que estimulan tras bambalinas la violencia de los invasores. Judicialícelos y métalos a la cárcel". [Ver: Las indirectas a López]
Cuatro meses más tarde, y en momentos en que se adelantaba el paro de los corteros de caña, un trabajador del ingenio Pichichí, José Emilio Londoño Acevedo -a quien la Corte ordenó investigar por falso testimonio- se presentó ante una Fiscalía en Cali para denunciar al senador López, a dos miembros de su Unidad Técnica Legislativa (UTL) y a varios líderes del sindicato de los corteros, por haberse reunido y entregado dinero a las FARC para la infiltración del paro laboral. [Ver: El paro de los corteros de caña"]
Para la Corte, es claro que "ante un conflicto de esta magnitud, hubo intereses encontrados; se buscaron aliados y estrategias; se midieron fuerzas. El Gobierno Nacional se alineó con los ingenios agremiados en "Asocaña" y la emprendió en contra de los promotores de la huelga; específicamente contra el senador Alexander López Maya. El Presidente de la República en uno de sus encuentros con las comunidades, con clara alusión, ordenó encarcelarlo".
"Ahí empieza a explicarse por qué el señor, el 24 de septiembre de 2008, estando durante todo el día bajo acompañamiento de agentes de la SIJIN-Policía Nacional, presentó ante la Fiscalía una denuncia y a la postre aparecieron dos, con las graves alteridades que previamente se pusieron en evidencia, encontrándose también a través de una "fuente no formal"los registros audiovisuales analizados, de los que luego se supo fueron hechos para los ingenios Pichichí y Providencia a instancia de sus jefes de seguridad, por el denunciante Londoño Acevedo infiltrado por estos en el corazón de la huelga".
Tras estudiar detalladamente las diversas declaraciones del testigo, la Corte concluyó que su denuncia original fue clonada y manipulada por miembros de la SIJIN, y que Londoño incurrió en serias contradicciones y yerros que tienden un "manto de sospecha" sobre su testimonio. Asimismo, encontró que el denunciante sirvió como "espía" de los ingenios de la caña de azúcar, y con un celular con cámara que le habían suministrado sus jefes, se dedicó a grabar videos de las reuniones de los trabajadores y los asesores del congresista, sin que éstos demostraran ningún hecho ilegal.
El testigo, que afirmó haber sido llevado a una zona rural donde López y sus asesores se habrían reunido con un comandante de las FARC, no grabó sin embargo tan importante evento, que "para el contenido del espía y de la organización de empresarios a la que el testigo servía, eso de haber estado hablando con hombres armados, vestidos de camuflado, que amedrentaban, amenazaban, etc., a quienes se habría entregado dinero en una "chuspa" de manila, y por si fuera poco se presentaron como guerrilleros de las FARC, era inédito y particularmente importante. Significaba el desprestigio de la huelga, de los sindicatos y sus promotores, todo eso con lo que el testigo no comulga, según las convicciones que expresó ¡Es que andaba con cámara y grabadora en mano por todos los escenarios importantes del conflicto! ¿Qué pasó?; o ¿fue que esa escena no tuvo lugar?".
Es de recordar que en octubre de 2008, la ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, en rueda de prensa reveló el contenido de dichos videos, que a la postre llevaron a la detención de los asesores Alberto Bejarano y Juan Pablo Ochoa, y de los líderes sindicales Omar Enrique Cedano García, Óscar de Jesús Bedoya Muñoz y José Oney Valencia Llanos -detenido arbitrariamente por el DAS la semana pasada durante una reunión con el vicepresidente Angelino Garzón.
Todos ellos aún responden en juicio por los delitos de concierto para delinquir y sabotaje, por haber conformado "comités de represalias cuya finalidad no era otra que atentar contra bienes jurídicos protegidos (...), con el objetivo de acelerar a los empleadores". Según la Corte, en el escrito de acusación queda en claro que se les endilga la "provocación de daños y algazaras propias de las huelgas, sin siquiera mencionar a las FARC". De hecho, está previsto que para hoy 29 de septiembre, el senador López declare ante el Juzgado Tercero Penal Especializado de Guadalajara de Buga (Valle).
Ya desde el 25 octubre de 2010, el ex subdirector de Análisis del DAS, Gustavo Sierra, condenado a ocho años de prisión tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, había confesado que "toda la inteligencia política que el DAS le realizaba al Polo Democrático por orden de la doctora María del Pilar Hurtado y su asesor Jaime Polanco era entregada en su totalidad al doctor Bernardo Moreno. El doctor Polanco en el año 2008 ordenó hacer un análisis del Senador Alexander López del Polo por sus continuos pronunciamientos en contra del gobierno por la situación de los corteros. Después que se realizó ese análisis ordenó hacer un dossier sobre toda la problemática de los corteros. Este dossier se le presentó a la doctora MARIA DEL PILAR y ella después de su revisión le gustó mucho y lo llevó de inmediato a Palacio, en esto trabajo la seccional de Valle nos envió un video sobre una reunión del Senador Alexander López con los corteros donde se incitaba a la continuación del paro y a la resistencia contra el gobierno. Este video les gustó mucho a ellos dos y de inmediato coordinaron con Óscar Galvis para darle prensa. Siempre que algún dirigente político se iba en contra del gobierno de inmediato el director del DAS solicitaba qué información había de esta persona que le sirviera al gobierno para contrarrestar sus acusaciones".
Por estos hechos, el 15 de febrero de 2011, el fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, anunció la apertura de una nueva investigación contra el DAS, pues se trata de hechos diferentes que hasta ahora no han sido investigados. [Ver: Confío en que anuncio de Fiscalía sea el fin de de persecución contra corteros": senador López ]
Al dejar en evidencia que las órdenes emitidas por Uribe Vélez en el consejo comunal de mayo de 2008 dieron origen a la judicialización contra López Maya, el fallo de la Corte abre además la posibilidad de que el ex presidente sea investigado por estos hechos, pues es la primera vez que se comprobaría que el DAS realizó espionaje y montajes contra los opositores al gobierno siguiendo las directrices del Presidente de la República.
Persecución Sistemática
En el fallo a favor de López Maya, la Corte también se abstuvo de investigarlo tras las declaraciones del ex paramilitar Francisco Javier Taborda, alias Turbo, según las cuales cuando el hoy congresista era presidente del Sindicato de las Empresas Públicas de Cali (Sintraemcali) habría tenido vínculos con la guerrilla e incluso habría intermediado en la entrega de armas para las FARC.
La Corte estableció que se trata de otro testimonio falso, que terminó enterrando las investigaciones por la llamada Operación Dragón, que tuvo su origen en el año 2004, cuando a raíz de las denuncias del propio López Maya respecto a la existencia de un plan para asesinarlo, la Fiscalía "halló información sugestiva de hostigamiento por parte de personas vinculadas con las fuerzas militares a líderes sociales del departamento del Valle, a través de seguimientos, vigilancias, amenazas, etc.".
En este caso, y tras una dura batalla legal del congresista vallecaucano, que ha incluido acciones de tutela y diversas denuncias, varias personas han sido llamadas a indagatoria, entre ellas un coronel del ejército, sin que hasta la fecha la Fiscalía haya resuelto situación jurídica para los vinculados.
Según la Corte, estos hechos "ponen en evidencia una suerte de persecución sistemática contra personas como el doctor Alexander López Maya, que significaron para ellas no sólo graves riesgos físicos sino también jurídicos".
Para la Corte, "el testigo, al igual que su testimonio, posan completamente desprestigiados. En esas condiciones se torna imperioso aceptar que la tesis de investigación ensayada, consistente en que el citado congresista envió material bélico a la guerrilla de las FARC, se hizo agua y quedó en nada; que las cosas están como al inicio, es decir, que la conducta referida por el testigo nunca existió".
Para el alto tribunal, "la gran paradoja de este caso es que un proceso disciplinario que la Procuraduría inició, teniendo por víctima al senador Alexander López Maya por hechos del año 2004, se distrajo con la declaración del señor Francisco Javier Taborda Gómez (a. Turbo) (…) hasta llegar a la prescripción de la acción, para luego dar un giro orbital al punto de que sobre este testimonio se resolvió, más bien, vincularlo como sujeto disciplinado por relaciones con las FARC en el año 2001; y todo lo concernido con la Operación Dragón desde el punto disciplinario quedó en nada".
Según la Corte, algo similar sucedió en la investigación penal, y por ello ordenó a la Fiscalía General de la Nación disponer lo pertinente para que "bajo su asidua vigilancia y control, se reactive y prosiga su curso la investigación abierta por los delitos de concierto para delinquir y violación a los derechos de reunión y asociación, contra el Teniente Coronel (R) Julián Villate Leal y otros, radicada 2028 DH-DIH, enfatizándose en la urgencia de adoptar cautelas necesarias para conjurar la prescripción de la acción".
[Fuente: Por Claudia Julieta Duque, Radio Nizkor y Equipo Nizkor, Bogotá, 29sep11]
v) La ayuda estadounidense, implicada en abusos de poder en Colombia.
[Original English version]
La administración Obama por lo general cita la próspera democracia de Colombia como ejemplo de que, gracias a la asistencia el ‘know how’ y compromiso de Estados Unidos, se puede hacer viable a un Estado casi fallido y bajo amenaza terrorista.
La campaña de constrainsurgencia financiada por Estados Unidos para combatir a un grupo rebelde marxista -y la coordinación civil y militar detrás- es vista como un modelo muy exitoso, hasta el punto de que fue replicado en Afganistán.
Pero nuevas revelaciones sobre los prolongados escándalos políticos del ex presidente Álvaro Uribe, quien fue un aliado cercano de Estados Unidos durante sus ocho años de gobierno, terminaron vinculando a la ayuda estadounidense, y a quizás funcionarios estadounidenses, en graves abusos de poder y acciones ilegales del gobierno colombiano bajo la máscara de combatir el terrorismo y el tráfico de drogas.
Dinero, equipos y entrenamiento norteamericano, suministrados a unidades élites de la inteligencia colombiana en la última década para ayudar a acabar con grupos de traficantes drogas, fueron usados para llevar a cabo operaciones de espionaje y hacer campañas de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, contra miembros de la oposición y contra grupos de la sociedad civil, de acuerdo con documentos policiales obtenidos por el Washington Post y entrevistas con fiscales y ex oficiales colombianos de inteligencia.
Las revelaciones hacen parte de una investigación de la Fiscalía General contra el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Seis ex funcionarios de inteligencia de alto rango han confesado crímenes y más de una docena de agentes operativos del DAS están en juicio. Varios de los ayudantes más cercanos a Uribe han estado bajo escrutinio, y Uribe está bajo investigación por una comisión legislativa especial.
Los funcionarios estadounidenses han negado saber o estar involucrados en los actos ilegales cometidos por el DAS, y los fiscales colombianos no se han pronunciado sobre ninguna colaboración estadounidense. Pero la historia sobre lo que hizo el DAS con buena parte de la ayuda de Estados Unidos que recibió es una historia que advierte sobre las consecuencias imprevistas. Así como Afganistán y otros países en los que Estados Unidos está intensamente enfocado para conseguir aliados contraterroristas, algunos de los destinatarios de la ayuda en Colombia claramente desviaron los recursos para sus propias agendas políticas.
Por más de una década, durante tres administraciones, Colombia ha sido el amigo más cercano de Washington en America Latina y el más grande destinatario de asistencia militar y económica- 6 mil millones de dólares durante la presidencia de Uribe de 2002 a 2010. El total anual ha caído un poco durante la administración Obama, a poco más de quinientos millones de dólares de ayuda en este año.
Aunque se han logrado avances significativos contra los rebeldes y los grupos de narcotraficantes, antiguos agentes de inteligencia de alto rango dicen que el DAS bajo Uribe hizo énfasis en los objetivos políticos en desmedro de insurgentes y narcotraficantes. El flujo constante de nuevas revelaciones ha continuado a empañar la reputación de Colombia, aún cuando el gobierno del sucesor de Uribe y ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se comprometió a reemplazar el DAS por una nueva central de inteligencia a finales de año.
Fiscales dicen que el gobierno de Uribe quería “neutralizar” a la Corte Suprema porque sus magistrados investigadores estaban revelando lazos entre aliados del Presidente en el Congreso y grupos paramilitares que trafican drogas. Basándose en cientos de páginas y documentos del DAS, y en el testimonio de nueve ex funcionarios de alto rango del DAS, los fiscales dicen que la oficina del presidente ordenó a la entidad conseguir registros bancarios de los magistrados, seguir a sus familias, chuzar sus oficinas y analizar sus fallos judiciales
"Todas las actividades que se montaron contra nosotros -seguirnos, interceptar nuestros teléfonos- tenían un propósito principal, intimidarnos”, dijo Iván Velásquez, el magistrado encargado de la investigación y el principal objetivo de la vigilancia del DAS.
Gustavo Sierra, el ex Jefe de Análisis del DAS ahora en la cárcel, quien revisaba los informes de inteligencia que eran enviados a la Presidencia, dijo que seguir a la Corte "era prioridad" para el DAS bajo Uribe.
"Prácticamente no nos daban órdenes de seguir a narcotraficantes o guerrilleros" dijo Sierra en una entrevista.
Recursos y orientación
Algunos de los que enfrentan cargos o están bajo investigación han descrito la importancia de los recursos y la orientación de inteligencia de Estados Unidos y dicen que ellos regularmente le informaban a los oficiales "de contacto" de la Embajada sobre sus actividades de recopilación de información. "Nos organizábamos a través de la Embajada de Estados Unidos", dijo William Romero, quien manejaba la red de informantes del DAS y supervisó la infiltración a la Corte Suprema. Como muchos de los oficiales de alto rango del DAS que están en la cárcel o enfrentan cargos, él recibió entrenamiento de la CIA. Algunos recibieron becas para completar su formación académica en recopilación de inteligencia en universidades de Estados Unidos.
Romero, quien ha aceptado un pre acuerdo con la Fiscalía a cambio de su cooperación, dijo en una entrevista que las unidades del DAS dependían de computadores, aparatos de grabación, cámaras y sistemas de interceptación de teléfonos celulares, así como arriendo de casas seguras y dinero suelto para gasolina, todo proveído por Estados Unidos. "Podríamos haber operado" sin la ayuda de Estados Unidos, dijo, "pero no con la misma efectividad".
Una unidad que dependía de ayuda de la CIA, según el testimonio de ex funcionarios del DAS, era el Grupo de Observación Nacional e Internacional, Goni.
El grupo fue creado para encontrar vínculos entre agentes extranjeros y guerrillas colombianas, pero cambió su foco hacia la Corte Suprema después de que sus magistrados comenzaron a investigar al primo del Presidente, el entonces senador Mario Uribe, según dijo su ex Director, Germán Ospina, en su versión libre ante la Fiscalía. Las órdenes vinieron "de la Presidencia, querían resultados inmediatos", dijo Ospina.
Otra unidad que operó durante ocho meses en 2005, el Grupo de Análisis de Medios Terroristas, Game, armó informes sobre líderes sindicales, irrumpió en sus oficinas y filmó a miembros de sindicatos. Los Estados Unidos proveyeron equipos y decenas de miles de dólares, según un reporte interno del DAS, y los miembros de la unidad regularmente se reunían con un oficial de la Embajada que recordaban como "Chris Sullivan".
"Cuando avanzábamos en ciertas actividaddes, él iba a ver cómo avanzábamos" dijo en una audiencia en la Corte José Gabriel Jiménez, ex analista de la unidad.
La CIA quiso comentar estas acusaciones, ni describir la relación que funcionarios colombianos contaron que tenía con el DAS. "Las tres letras C I A son mencionadas en muchas cosas y por muchas personas. Eso no significa que las acusaciones sobre la agencia sean más que eso" dijo un oficial de inteligencia de Estados Unidos, quien habló bajo la condición de mantener su anonimato.
Cuando las primeras revelaciones sobre el DAS comenzaron a surgir en los medios colombianos durante el verano de 2009, el entonces Embajador William Brownfield llamó a una reunión a todos los miembros de la Embajada y preguntó cuáles entidades de los Estados Unidos estaban trabajando con el DAS, según un cable secreto del Departamento de Estado revelado por WikiLeaks. Representantes de ocho agencias levantaron la mano, incluyendo a la CIA, la DEA, el FBI y el IRS (entidad equivalente a la DIAN). Todas las entidades, según reportó Brownfield en un cable del 9 de septiembre, "reiteraron que no tenían conocimiento de o conexión con las actividades ilegales y acordaron seguir reduciendo su exposición a la entidad".
Brownfield, en posteriores encuentros con Uribe y otros funcionarios, urgió al Gobierno salirle al paso a las revelaciones, y alertó que éstas podrían afectar la sociedad entre los dos países.
“Si surgía otro escándalo del DAS, nuestro Plan B era acabar todo vínculo con esa entidad. De forma inmediata”, reportó Brownfield haberle dicho al Vicepresidente Francisco Santos y al Director del DAS, Felipe Muñoz, el 16 de septiembre de 2009.
Sin embargo, la relación continuó por siete meses más. En abril de 2010, Brownfield anunció que a partir de ese momento todos los fondos norteamericanos que hasta ese momento se habían canalizado al DAS, irían a la Policía Nacional. Hoy en día el DAS, con 51 años de existencia, 6 mil empleados, múltiples funciones y un presupuesto anual de 220 millones de dólares, sigue vivo pero cojo. Pero Muñoz ha sido investigado, como también han sido investigados otro cuatro ex directores del DAS.
A través de su abogado Jaime Granados, Uribe rechazó la solicitud de entrevistarlo. Pero el ex presidente ha negado el haber supervisado actividades ilegales y ha dicho que funcionarios de su gobierno han sido perseguidos por motivos políticos. Cuatro de sus principales asesores están siendo investigados y su jefe de gabinete, Bernardo Moreno, está en la cárcel a la espera de juicio por conspiración.
Años de problemas
Entrevistas con antiguos funcionarios estadounidenses y la evidencia que ha surgido de la investigación del DAS muestran que la entidad ha cometido graves delitos, una propensión por las acciones ilegales que no era desconocida para los funcionarios de la Embajada.
El primer director del DAS en la presidencia de Uribe, Jorge Noguera -a quien la Embajada de Estados Unidos consideraba en 2005 “un tecnócrata honesto y pro-Estados Unidos” y a quien recomendó para ser un miembro de Interpol para Latinoamérica, según cables de WikiLeaks- está enfrentando un juicio y está acusado de haber ayudado a sicarios a matar a sindicalistas. El año pasado la Fiscalía acusó a otro ex Director del DAS de haber ayudado a planear el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, que lideraba las encuestas, en 1989
Myles Frechette, el Embajador en Colombia entre 1994 y 1997, dijo que aun durante su período, funcionarios estadounidenes creían que las unidades del DAS estaban manchadas por corrupción y tenían vínculos con narcotraficantes. Pero dijo que la Embajada necesitaba un socio para hacer inteligencia sobre contrabandistas de droga y guerrillas.
“Toda la gente que trabajó conmigo en la Embajada me dijo ‘no se puede confiar en el DAS’”, dijo Frechette, añadiendo que él cree que el DAS tiene algunas de las señales de una empresa criminal.
Varios diplomáticos de alto rango que han estado en la Embajada en años recientes dijeron no tener conocimiento de que las agencias de inteligencia y policía de Estados Unidos estuvieran involucradas en jugadas sucias del DAS, pero todos dijeron que no les sorprendería.
“Había preocupación sobre ciertos tipos de actividades, pero también una necesidad de preservar la relación en nombre de los intereses de Estados Unidos”, dijo un diplomático que habló bajo la condición de mantener su anonimato. “Estoy razonablemente confiado en que nuestro apoyo fue correcto”.
Duque es una periodista independiente que reside en Bogotá, Colombia. El corresponsal Juan Forero, que también tiene su base en Bogotá, contribuyó a este reporte.
[Fuente: Por Karen DeYoung, Claudia J. Duque and Juan Forero, The Washington Post, 21Aug11. Traducción al español por LaSillaVacia.com, Bogotá, 22ago11]
Derechos humanos y sindicalismo en Colombia
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