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Estadunidenses e israelíes manipularon desde un inicio la investigación de un cruento atentado en Argentina en 1998. Por casi 2 décadas buscaron acusar a Irán, pero ni una sola prueba pudieron ofrecer. El último fiscal del caso reportaba secretamente a la inteligencia estadunidense los avances en la investigación y le consultaba el rumbo que tomarían las pesquisas. Con la muerte de este funcionario argentino, ahora Estados Unidos busca hacer una jugada de tres bandas: además de implicar al siempre incómodo Irán, ahora ha orquestado un golpe de Estado blando contra la presidenta Cristina Fernández. De prosperar, seguiría Venezuela, con lo que se debilitaría el bloque de países suramericanos que han puesto dique a los intereses de Estados Unidos en la región
Stella Calloni/Prensa Latina
Buenos Aires, Argentina. El pasado 18 de
enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, al frente de la Unidad
Especial que investigaba la causa sobre el cruento atentado contra la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de junio de 1994, fue
encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en el baño de su
departamento y con todas las puertas de su casa cerradas por dentro.
Cuatro días antes había presentado una denuncia, sin prueba alguna, mal
redactada y con serias contradicciones, en la que acusaba a la
presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, al canciller
Héctor Timerman, y a otras personas, de intentar encubrir a funcionarios
iraníes acusados –sin pruebas– de ser culpables del atentado. En días
se había puesto en marcha un golpe encubierto de mano externa.
El fiscal había sido colocado al frente
de la investigación en 2004, después de 10 largos años, cuando se cerró
el más escandaloso e irregular juicio de la historia, sin lograr
encontrar a los culpables del atentado que dejó 85 muertos y centenares
de heridos. Este hecho aparece como un eslabón más de un golpe en
desarrollo, en el que participan un sector de la justicia, la oposición,
los medios masivos de comunicación y la Agencia Central de Inteligencia
(CIA, por su sigla en inglés) y el Mossad, de Estados Unidos e Israel,
respectivamente.
Para entender esto hay que entender de
qué se trata el caso AMIA y conocer, precisamente, las graves
irregularidades cometidas por haber entregado en la década de 1990 la
investigación a los servicios de inteligencia estadunidenses e
israelíes, que operaron conjuntamente con el grupo de la Secretaría de
Inteligencia de Estado (SIDE).
Investigación bajo control externo
El cruento atentado conmovió al país; el
juez que quedó a cargo de la investigación en julio de ese año fue Juan
José Galeano, quien comenzó su actuación bajo una presión muy evidente.
La inteligencia israelí –que envió sus hombres a colaborar en
las primeras horas del hecho– y la CIA, en sólo 24 horas después del
atentado acusaron a la República de Irán y a Hezbolá de Líbano, sin
pruebas.
Sin haber iniciado la investigación, ofrecieron un testigo importante a Galeano, quien viajó a Venezuela, para entrevistarlo.
Se llamaba Manouchehr Moatamer y se
presentó como un exfuncionario iraní, que había huido de su país y
acusaba al gobierno de Irán de ser responsable del atentado, sin ninguna
prueba. Sus dichos erráticos, al poco tiempo se cayeron. Es decir que habían vendido un testigo falso.
Moatamer se había ido de Irán con su
familia en 1993. Falta saber cómo llegó a Venezuela en 1994, y cómo
terminó al final en Los Ángeles, Estados Unidos, como “testigo protegido
de la CIA”.
La causa de Galeano siguió navegando en un mar de
irregularidades; pero aún en 1997 fue a ver nuevamente a Moatamer a
Estados Unidos. Nada agregó a su testimonio anterior. En 2008 finalmente
éste confesó que había mentido para obtener la visa estadunidense.
En 1998, nuevamente la CIA y el Mossad ofrecieron otro supuesto testigo,
en este caso radicado en Alemania, Abolghasem Mesbahi, llamado el
“testigo C”. Mesbahi había sido desplazado en 1989 de algunas tareas
menores para la inteligencia iraní, sospechoso de ser agente doble. Se
dedicó a la actividad privada y realizó una serie de estafas, tras lo
cual se fue a Alemania donde se radicó desde 1996.
En ese tiempo acusó a Irán de cada uno de
los “atentados terroristas” que no se esclarecían en el mundo –lo que
siempre sucede con los atentados de falsa bandera– como el Lockerbie, Escocia, y otros.
El “testigo C”, que ganó fama por el
misterio que rodeaba su nombre, vio una nueva oportunidad acusando a
Irán, con la anuencia de los servicios alemanes, estadunidenses e
israelíes de la voladura de la AMIA.
Sin pruebas contó su versión en Alemania ante un juez del lugar y el argentino Juan José Galeano, que viajó a ese país en 1998.
“Mesbahi declaró cinco veces bajo
juramento en la causa, y en los puntos esenciales dio cinco versiones
distintas y contradictorias de éstos, que no podrían servir nunca como
prueba. Sólo dichos y palabras, y por supuesto, conjeturas y deducciones
de inteligencia, resume el abogado Juan Gabriel Labaké en su libro AMIA Embajada, ¿verdad o fraude?
Este abogado, por cierto no oficialista,
viajó a Teherán, a Europa y Estados Unidos, reuniendo datos
entrevistándose con fuentes importantes, y finalmente llegó a la
conclusión de no existían pruebas contra Irán en el juicio de AMIA tanto
bajo la dirección de Galeano, como bajo la del fiscal Nisman, quien
sólo refritó los expedientes de su predecesor, le dio cierto orden pero
acusando, como ordenaron Washington y Tel Aviv, siempre a Irán.
El periodista Gerth Porter, de The Nation,
escribió en una nota el 16 de mayo de 2010 que el embajador de Estados
Unidos en Argentina en el momento del atentado a la AMIA, James Cheek,
le dijo en una entrevista: “Que yo sepa no hay ninguna evidencia real de
la participación iraní. Nunca probaron nada”.
Lo extraño es que cuando Nisman acusa a
Irán en 2006 ya se sabía que ambos testigos no eran creíbles, y la
justicia británica había devuelto, por falta de pruebas, un pedido de
extradición del exembajador iraní en Argentina Hadi Soleimanpour. El
diplomático iraní estaba haciendo un curso en Londres cuando lo
detuvieron en 2003 hasta que llegara el exhorto de extradición.
Debieron soltarlo en 2004 y pagar una indemnización de 189 mil libras esterlinas.
También la Organización Internacional de
Policía Criminal (Interpol) devolvió un primer pedido de alerta roja
por falta de pruebas, y el segundo pedido en 2013, y que está hasta
estos días, por especial pedido del gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner y el canciller Héctor TImerman, tampoco tiene aún el fundamento
de las pruebas que el juez Rodolfo Canicoba Corral le pidió a Nisman
que investigara. Ahora se sabe que Nisman no había cumplido con reunir
pruebas, sino simples deducciones de inteligencia que no sirven a la justicia ni a la verdad.
El juicio primero de la AMIA debió ser
cerrado por escándalos e irregularidades graves, una de las cuales
consistió en que el juez Galeano, con apoyo del entonces presidente de
la Delegación de Asociaciones Israelitas-Argentinas (DAIA), Rubén
Berajas, pagó 400 mil dólares a un reducidor de autos robados, Carlos
Telledín, para que acusara a diplomáticos iraníes y a policías de la
provincia de Buenos Aires.
Estos últimos estuvieron 5 años detenidos
y debieron ser liberados por absoluta falta de pruebas, sin
vinculaciones con la causa. Así escandalosamente terminó ese juicio.
La enmarañada red de falsedades y
mentiras, presiones e intereses que eran los expedientes de la causa del
cruento atentado contra la mutual judía AMIA obligó a terminar con el
juicio en 2004, y el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007)
exhortó a la justicia a avanzar, profundizando en la causa hacia la
verdad.
Se creó entonces la Unidad Especial de
la Causa AMIA, que quedaría por decisión de la Procuraduría en manos del
fiscal Alberto Nisman, lo que sorprendió, ya que también había sido
parte del fracaso del juicio iniciado en julio de 1994 y cerrado 10 años
después, sin haber logrado nada.
El caso Nisman
Nisman había comenzado en 1997 su camino
hacia la actual Fiscalía, en Morón, provincia de Buenos Aires. En su
historia hay un caso que marcó su camino y fue la investigación sobre el
destino de Iván Ruiz y José Díaz, dos de los participantes en el
fracasado ataque al cuartel de la Tablada en enero de 1989, dirigido por
el exjefe guerrillero Enrique Gorriarán Melo, durante el gobierno
democrático de Raúl Alfonsín. Ambos detenidos, después del cruento
enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos, fueron vistos por
última vez brutalmente torturados y llevados por militares y policías en
un automóvil Ford Falcon.
Hasta
ahora están desaparecidos, pero Nisman y un juez que lo puso a cargo de
la investigación apoyaron la versión oficial del Ejército de que
“habían muerto en combate” a pesar de las evidencias de su desaparición
forzada.
En julio de 1997, el entonces procurador
general Nicolás Becerra lo convocó para sumarse a los fiscales que
investigaban el atentado contra la mutual judía AMIA, José Barbaccia y
Eamon Mullen, por pedido expreso de ambos.
De acuerdo con Infojus Noticias de
Argentina “el equipo de Nisman, Barbaccia y Mullen trabajó hasta el
juicio oral, pero no terminó bien”. Durante ese juicio por la llamada
“conexión local”, muchos testigos dijeron que ellos y el juez Juan José
Galeano habían cometido una serie de irregularidades que se comprobaron.
Al final del debate, el Tribunal Oral
absolvió al delincuente Carlos Telleldín, a quien el propio juez entregó
400 mil dólares para acusar a funcionarios iraníes y a policías, con el
visto bueno de Rubén Berajas entonces presidente de la poderosa
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas.
En los fundamentos del fallo se acusó a
Galeano –quien terminó destituido y procesado–, a su equipo y a los
fiscales Mullen y Barbaccia, también procesados.
“En el juicio oral quedó demostrado que
no se investigó absolutamente nada” en la Causa AMIA , afirmó a Infojus
Noticias el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Ariel
Nizcaner, quien fue absuelto de haber participado en la adulteración de
la camioneta Traffic, que supuestamente fuera usada en el atentado.
“Siempre hubo un tema parádojico:
Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y Nisman siguió a cargo. Es
extraño”, reflexionó García Dietze.
En 2004 Nisman, ya a cargo de Unidad
Especial para concentrar todas las investigaciones vinculadas al
atentado, se acerca a un hombre clave de la entonces Secretaría de
Inteligencia del Estado, la antigua SIDE, Antonio Stiusso, alias Jaime.
Éste había sido desplazado de la Causa AMIA como parte de las
irregularidades del juicio, pero con Nisman recuperó un lugar de
importancia. Ambos trabajaban con la CIA y el Mossad.
La Unidad Especial recibía importantes
sumas de dinero para investigar, pero Nisman sólo se dedicó a clasificar
los expedientes de Galeano y continuó responsabilizando a los iraníes,
sin haber producido, en los últimos 10 años ninguna prueba para
confirmar la acusación. Su primer pedido de alerta roja contra 12
iraníes, diplomáticos y funcionarios acusados fue devuelto por falta de
pruebas. Como sucedió con el pedido de extradición a Londres del
exembajador iraní en Argentina, Hadi Soleimanpour, cuando la justicia
británica devolvió la solicitud por falta de pruebas, indemnizando al
diplomático en 2004. Una vergüenza para la justicia argentina.
Nisman y la Embajada de Estados Unidos
Durante 10 largos años los expedientes
que investigaba Nisman siguieron incorporando “informes basados en
deducciones y armados”, sin prueba real, imposibles de comprobar que
proveía la CIA y el Mossad, al igual que hicieron al proveer los falsos
testigos.
En 2010, cuando se publicaron en
Argentina una serie de cables secretos referidos al caso AMIA, del
Departamento de Estado de Estados Unidos revelados por WikiLeaks, quedó
en evidencia que el fiscal Nisman anticipaba las medidas que iba a tomar
en esta causa a diplomáticos de esa Embajada.
Estos
descubrimientos no dieron lugar a tomar una medida clave, la de separar
al fiscal de esta causa ya que no se puede ser “juez y parte”, como
sucedía en su relación de subordinación a Estados Unidos e Israel.
La pista iraní no lograba reunir pruebas
concretas, pero sin duda favorecía a los intereses geopolíticos de ambos
países que continúan intentando invadir Irán, enlazando esta situación
con el anunciado plan imperial de un Oriente Medio ampliado, que
significó invasiones y ocupaciones coloniales de varios países en esa
región en el siglo XX. Jamás la inteligencia estadunidense o israelí
debieron haber participado, monitoreado y armado la Causa AMIA.
En un despacho del 22 de mayo de 2008,
desde la sede diplomática estadunidense en Buenos Aires, se
especificaba: “Los oficiales de nuestra Oficina Legal le han recomendado
al fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el
atentado y no en quienes desviaron la investigación”.
Eso fue precisamente cuando el entonces
juez federal Ariel Lijo ordenó la detención e indagatoria del
expresidente Carlos Menem, de su hermano Munir –ya fallecido–, del
entonces titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, y otros, como el magistrado
Juan José Galeano y del excomisario Jorge Palacios, por encubrir el
atentado.
Nisman no había informado de esa medida a
la Embajada estadunidense como lo hacía normalmente. Otros cables de
WikiLeaks demostraron que el fiscal de la Causa AMIA se había disculpado
con los oficiales estadunidenses por no haber anticipado los pedidos de
detención. Hay varios cables referidos al tema, publicados por el
periodista Guillermo O’Donell.
Ya en 2013, Memoria Activa y familiares y
amigos de las víctimas del atentado de julio de 1994 se pronunciaban
por un alejamiento de Nisman de la Causa AMIA. En noviembre de 2013, en
una carta abierta al fiscal, los familiares respaldaron el Memorándum de
Entendimiento entre Argentina e Irán y cuestionaron “la falta de
compromiso de Nisman y la inacción en la causa”, por considerarlo
“funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la
verdad”.
El Memorándum de Entendimiento con Irán
es un verdadero documento de política exterior que podía sentar
precedentes en la resolución de conflictos sin salida, como era el caso
AMIA. Se trataba de que los jueces de la Causa AMIA pudieran ir a
Teherán a indagar, ante la presencia de una Comisión de personalidades
reconocidas y neutrales, a los altos funcionarios iraníes acusados –sin
pruebas– del atentado. Por primera vez se podría saber la verdad, fuera
la que fuera.
Al cumplirse 20 años del atentado, el 19
de julio de 2014 los familiares de las víctimas no sólo reclamaron una
vez más el esclarecimiento del hecho, sino que solicitaron formalmente
que se apartara a Nisman del caso por “haber mostrado su total
incapacidad para investigar en esta Causa”, como denunció entonces Diana
Malamud de Memoria Activa.
Irán
siempre ofreció su cooperación, pero la CIA y el Mossad rechazaban toda
posibilidad. Ningún país soberano en el mundo iba a entregar a un grupo
de funcionarios acusados sin presentar las pruebas necesarias a la
justicia de terceros países. Incluso surgió de Irán una propuesta de
crear una Comisión mixta, argentina-iraní, para investigar el tema AMIA.
En Irán no existe extradición y por eso
el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner trató de hallar un camino,
que fue rechazado incomprensiblemente por el gobierno de Israel.
La DAIA y la AMIA, que habían apoyado en
principio el Memorándum debieron plegarse al mandato israelí. La
oposición argentina rápidamente se alió a este rechazo y surgieron
jueces que declaraban la inconstitucionalidad de la ley, lo que era una
aberración jurídica.
Irán quedó a la expectativa frente a esta
situación. Lo que nadie sabía es que, con base en falsas denuncias,
convertirían este tema en una maniobra golpista contra el gobierno de
Fernández de Kirchner, el que más trabajó a favor de la verdad, como se
puede constatar en los esfuerzos ante la Organización de las Naciones
Unidas y en el propio Memorándum.
El 12 de enero de 2015, en plena Feria
Judicial, e interrumpiendo un viaje que lo había llevado a recorrer
Europa para festejar el cumpleaños 15 de una de sus hijas, el fiscal
Alberto Nisman, al frente de la investigación sobre el atentado contra
la mutual judía AMIA decidió regresar imprevistamente a Argentina, según
él mismo comunicó a las amistades más allegadas en un mensaje de
WhatsApp.
Sólo 1 día después de llegar a Buenos
Aires, anunció que iba a presentar una denuncia contra la presidenta de
la nación, el canciller, el diputado Andrés Larroque, dirigente del
movimiento juvenil La Cámpora y contra dos dirigentes sociales, Luis
D’Elía y Fernando Esteche, por el intento de presunto encubrimiento de
los iraníes acusados mediante un pacto secreto con Irán por
“intercambios comerciales”, que nunca existió.
Trama de guerra sucia
El 18 de enero fue encontrado muerto,
como se conoce, en su departamento. Y la rigurosa investigación fiscal
continúa para no dejar ningún espacio de duda en su conclusión final.
La Feria Judicial le permitía elegir el
juez, y buscó a Ariel Lijo, quien lleva causas creadas por denuncias
basadas en informaciones periodísticas y sin pruebas contra funcionarios
gubernamentales. El 14 de enero presentó la denuncia, generando un gran
escándalo, sin aportar pruebas a sus incriminaciones, pero tampoco nada
sobre el atentado que mató a 85 personas en 1994.
De inmediato la dirigencia opositora
salió a respaldarlo, porque esta noticia les permitía montar un ataque
brutal contra el gobierno en año electoral.
Prometía Nisman dar a conocer escuchas
telefónicas (ilegales hasta ahora) para justificar su acusación, y el 19
de enero iba a hablar de su denuncia ante la Comisión de Legislación
Penal de la Cámara de Diputados, citado por la oposición, aunque iba a
asistir también el oficialismo, que pedía hacer público este evento, y
no cerrado.
Las escuchas trasmitidas ilegalmente por
un canal de televisión opositor de conversaciones entre dirigentes
sociales y una persona de la comunidad islámica jamás podrían ser
pruebas de nada. Pero el 19 su muerte conmocionaba al país y atrajo la
atención también fuera de Argentina.
En
las declaraciones ante la fiscalía de la exesposa de Nisman, la jueza
Sandra Arroyo Salgado, quien estaba en Barcelona, España, con otra de
las hijas del matrimonio, señaló que éste la llamó el 12 de enero desde
el Aeropuerto de Barajas, en Madrid, para decirle que debía regresar
urgente a Buenos Aires porque su madre se iba a operar de un brazo y que
luego iba a volver a Europa para continuar su viaje.
Arroyo Salgado dice haber discutido
porque se negó a que Nisman regresara con su hija a Buenos Aires y
convinieron en que la dejaba en el Aeropuerto para que su madre llegara a
recogerla desde Barcelona.
Se agrega a esto que la propia madre de
Nisman, Sara Garfunkel, declaró en la causa que ella ya se había operado
del brazo antes. Nisman había mentido a su familia en un regreso muy
apresurado.
Por eso la pregunta es: quién lo llamó
tan urgentemente para presentar una denuncia sólo 2 días después de su
regreso, nada menos que contra la presidenta. La fiscal que ahora
investiga su muerte, Viviana Fein, a todas luces bajo intensa
presión, dijo que el occiso ya había sacado el pasaje de regreso para el
día 12 desde el 31 de diciembre. Esto abre entonces una interrogante:
¿Por qué envió un mensaje de WhatsApp a sus amigos más cercanos, según
transmitió la propia prensa opositora antes que la fiscal revelara la
compra anticipada del boleto, de que tenía que regresar de forma
intempestiva? ¿O era una trama ya urdida de antemano?
La incriminación fue la noticia bomba
de comienzos de un año electoral, y la diputada derechista Patricia
Bullrich, de Unión Por Todos-Propuesta Republicana, organizó rápidamente
que Nisman explicara la denuncia a una Comisión del Congreso.
Bullrich, quien habló varias veces con el
fiscal antes de su muerte, está ligada a fundaciones estadunidenses en
Argentina, y de la misma manera la diputada Laura Alonso, destacadas
ambas por apoyar a los sectores más fundamentalistas de Estados Unidos
contra Cuba, Venezuela, Argentina o cualquiera de los países claves en
la integración latinoamericana.
El domingo 18 de enero por la tarde, el
fiscal Nisman fue encontrado sin vida, por su madre, llamada por dos
custodios ante la falta de respuesta de éste. El departamento estaba
cerrado por dentro, incluyendo la puerta de servicio, que tiene dos
cerrojos; el de arriba, que podía abrir la madre, pero el de abajo tenía
una llave trabada por dentro y debieron llamar al cerrajero para que la
abriera.
El cuerpo de Nisman obstaculizaba abrir
la puerta del baño. Tenía un disparo en la cabeza, una pistola y un
casquillo de bala calibre 22 estaban en el piso a su lado. Una imagen
desoladora. Tenía 51 años. Y los primeros resultados de la autopsia
realizada por reconocidos forenses con presencia de expertos peritos
determinaron que “no habían intervenido terceros”.
Toda la información, incluyendo lo que se
conoció después, mencionaba un disparo sólo a poco más de 1 centímetro
de la sien derecha, lo que llevaba a pensar en un suicidio. La muerte
se caracterizó como “dudosa” hasta que se terminen las pericias, algunas
repetidas para que no queden dudas.
La presidenta Fernández de Kirchner, en
su primera carta en Twitter, nunca dijo que fuera un suicidio. Lo puso
en duda al escribir la palabra entre signos de interrogación; y en su
segunda carta sostuvo con mayor precisión que no creía en un suicidio.
En todo caso en un suicidio inducido, y no precisamente por el gobierno,
ya que en realidad era el único afectado en este juego de servicios de
inteligencia extranjeros y locales y la oposición interna,
mayoritariamente dependiente de Washington y sus fundaciones.
Desde Bolivia, el presidente Evo Morales
definió certeramente esta situación: le pusieron una emboscada a la
presidenta argentina, dijo al denunciar los sucesos.
Es de un simplismo aterrador pensar que a
un gobierno a cuya presidenta se acusa sin prueba alguna, con una
denuncia tan deficiente que nadie cree fue redactada por el fiscal,
podría convenirle la trágica muerte de éste, después de presentar una
denuncia en su contra.
La oposición política local, que ya armó varios escenarios golpistas en el país, se tomó el hecho como una bandera
para acusar al gobierno. Los medios de comunicación y especialmente el
Grupo Clarín, que se niega a cumplir con la Ley de Medios Audiovisuales
que debe terminar con los nefastos monopolios mediáticos, comenzaron a
especular confundiendo a la población, cautiva de ese enorme poder
desinformador.
Es tal la intoxicación informativa, que
nadie sabe distinguir entre el informe de la Fiscalía investigadora y
los “juicios paralelos” que se escenifican en televisión.
Fue
el gobierno el que insistió que la reunión en el Congreso fuera
pública, es decir, que todo el mundo pudiera ver lo que se iba a debatir
allí, lo que curiosamente la oposición rechazaba. Los legisladores del
oficialismo desde el primer momento que Bullrich convocó la audiencia
especial, afirmaron que concurrirían para interrogar profundamente al
Fiscal con la determinación de llegar al fondo del asunto. La muerte del fiscal se lo impidió.
La muerte de Nisman está siendo utilizada
de una manera perversa por los medios de comunicación opositores y por
toda la red de desinformación mundial al servicio del poder hegemónico,
intentando responsabilizar al gobierno en una de las campañas más duras
que se recuerde.
El golpismo encubierto está siendo
desarrollado por un sector del Poder Judicial, una estructura decadente
que nunca se democratizó, los medios de comunicación masiva, la
oposición y la acción de los servicios de inteligencia locales que
fueron desplazados por el Ejecutivo y venían desde la pasada dictadura y
antes de ésta. Pero, indudablemente, por Estados Unidos y también
Israel.
El Estado israelí publicó en Estados
Unidos un comunicado breve la mañana del 19 de enero de 2015 sobre “la
trágica circunstancia” de la muerte de Nisman, término que se utiliza
para describir un suicidio; y el mismo día el secretario general de la
DAIA, Jorge Knoblovits, dijo a los medios argentinos –como está
registrado– que “creían que era un suicidio” y que esa entidad estaba
preocupada por el destino de la Causa. ¿Por qué luego cambiaron de
rumbo?
Siguiendo el lineamiento del Estado
israelí, exhortaban a continuar con la Causa –como si alguien hubiera
mencionado abandonarla– y además a llevar a la justicia a los culpables
del hecho y continuar con lo que estaba actuando Nisman. Es decir –y
esto no puede perderse de vista– mantener la acusación contra Irán, lo
que significa continuar en el cerrado círculo que comenzó en julio de
1994 con pistas y testigos falsos. ¿Qué hay en las sombras de esta Causa?
En la escena del crimen
El colaborador cercano del fiscal
fallecido, Diego Lagomarsino, “experto en informática”, contratado por
Nisman con un salario inusualmente altísimo, fue a ver al fiscal el
sábado 17 de enero. Él mismo se presentó espontáneamente a la justicia
para decir que le había llevado un arma vieja, la pistola calibre 22 con
la que luego se “suicidó” el fiscal.
Primero dijo que le pidió la pistola para
defenderse, pero en realidad concurrió dos veces al edificio donde
vivía el fiscal supuestamente seguro y altamente vigilado como se
ofrecía a los compradores de departamentos en el lugar. De la última
visita en la noche no hay registros de salida. La investigadora Fein
dijo que, según lo registrado, Lagomarsino salió el domingo en la
mañana, es decir, al día siguiente de la muerte de Nisman.
La
denuncia publicada íntegra el día 20 de enero es absolutamente una
pieza sin valor jurídico, por su redacción, sus contradicciones y la
falta de pruebas. Las escuchas telefónicas ilegales, que un canal de
televisión opositor dio a conocer también violando toda norma, no
agregan nada, al contrario, resultan hasta pueriles. Reconocidos
juristas señalan que aunque todo lo que se dice fuera cierto no
constituye delito porque nada de eso se realizó.
El curioso –y desconocido en el medio– periodista colaborador en el sitio de internet del Buenos Aires Herald Damián
Pachter, quien en la noche del 18 de enero dio la primicia por Twitter
que se había encontrado muerto al fiscal Nisman sin avisar a su medio,
decidió irse del país argumentando “miedo”. Primero sacó un boleto de
ida y vuelta a Uruguay, pero de pronto apareció en Tel Aviv.
Pero lo extraño es que sale hacia Uruguay
y sigue hasta Israel, donde dice que pidió refugio. Luego se sabe que
Pachter es argentino-israelí, y viajó con su pasaporte de Israel.
¿Porqué pidió asilo, si era ciudadano israelí y estuvo 3 años en el
Ejército de ese país? Lagomarsino también gestionaba la actualización de
su pasaporte, para lo cual concurrió a las oficinas pertinentes el
propio día 12, cuando Nisman hizo pública su imputación. Inmediatamente
tras la muerte del fiscal las autoridades le retuvieron el documento y
se le prohibió salir del país.
La sospecha sobre Pachter aumentó cuando
dio entrevistas a medios europeos hablando de la persecución de
periodistas en Argentina, donde los medios opositores publican notas
insultantes contra la presidenta y otros funcionarios sin ningún
problema.
Otro dato importante a registrar. El
fiscal Nisman utilizaba un automóvil de alta gama, un Audi, de un yerno
de uno de los denunciados como encubridor local en el caso AMIA, Hugo
Anzorreguy, el exjefe de la SIDE en el momento de la voladura de la
AMIA. Y además ligado al exagente de la CIA Frank Holder, de oscura historia en Centroamérica, que como tantos exagentes de otros países manejan agencias de seguridad locales.
En Estados Unidos, los sectores más recalcitrantes como el republicano Marcos Rubio, Bob
Menéndez y otros, acusan a la presidenta y al gobierno sin prueba
alguna, lo cual es una amenaza y una presión sobre la justicia local, la
misma que ejercen los medios masivos de comunicación argentinos, que de
diversas formas advierten a fiscales y jueces que esta causa, como la
de la AMIA, tienen que tener los “culpables” que ellos determinen. Los
llamados de esos legisladores, además, evidencian su conexión con la
derecha argentina.
Quieren una destitución aparentemente “institucional” del gobierno, un golpe blando, pero con muertes. No quieren la verdad.
Además de golpear a Argentina en el mismo
momento en que se acrecienta el golpismo en Venezuela contra el
presidente Nicolás Maduro, intentan debilitar a los organismos de unidad
e integración que se consolidan en América Latina.
Si algo faltaba al terminar esta serie,
se conoció que el expresidente José Mujica, de Uruguay, desmintió la
versión de que un diplomático de la Embajada de Irán en Montevideo fuese
expulsado 2 semanas antes por estar vinculado a la colocación de un
aparente artefacto explosivo en las inmediaciones de la Embajada israelí
en esa ciudad. Esa versión la publicó el diario israelí Haaretz y la retomaron varios medios en el mundo.
Queda entonces la pregunta que puede tener una rápida respuesta: ¿qué están preparando los expertos en atentados de falsa bandera en nuestros países?
Stella Calloni/Prensa Latina
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