Tinkunaco: Tinkunaco 2.450/18 - Re: CIDH - México es responsable por tortura sexual de mujeres en Atenco / Mexico is responsible for sexual torture of women in Atenco

Comunicado

Corte Interamericana de Derechos Humanos

CorteIDH_CP-58/18 Español-Inglés

México es responsable por tortura sexual de mujeres en Atenco

San José, Costa Rica, 21 de diciembre de 2018- En la sentencia notificada el día de hoy en el Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco Vs. México¹, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte” o “Tribunal”) encontró a los Estados Unidos Mexicanos responsable de la violencia sexual, violación y tortura sufridas por Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez durante su detención y posterior traslado al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” (“CEPRESO”) durante los días 3 y 4 de mayo de 2006². El resumen oficial de la sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la sentencia puede consultarse aquí.

Los hechos del caso se relacionan con los operativos realizados por la policía municipal de Texcoco y San Salvador de Atenco, la policía estadual del estado de México y la Policía Federal Preventiva en los municipios de San Salvador de Atenco, Texcoco y en la carretera Texcoco-Lechería para reprimir las manifestaciones que se llevaban a cabo los días 3 y 4 de mayo de 2006. En el curso de los operativos fueron detenidas las once mujeres víctimas del caso, quienes durante su detención y mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social “Santiaguito” fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual en el caso de siete de ellas. Posteriormente, varias de las víctimas sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos en atenderlas al llegar al CEPRESO, quienes se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos, así como a reportar o registrar la violación sexual. Se iniciaron diversos procesos penales para investigar los hechos denunciados por las mujeres víctimas del caso, ninguno de los cuales ha concluido, a excepción de un procedimiento penal que finalizó con una absolución.

En el trámite del caso ante la Corte, México reconoció su responsabilidad internacional por la violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de tortura, sufridos por las once mujeres víctimas de este caso, así como por la privación de la libertad, la falta de notificación de las razones de la detención y la ausencia de una defensa adecuada. Asimismo, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la falta de atención médica adecuada y la afectación a su salud, las garantías judiciales, protección judicial, igualdad ante la ley y el deber de investigar actos de tortura y de violencia contra la mujer.

En sus consideraciones, el Tribunal concluyó que la actuación de las autoridades de seguridad al desarrollar los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 se caracterizó por el uso de la fuerza de manera indiscriminada y excesiva contra toda persona que asumieran que formaba parte de las manifestaciones. Señaló que las once mujeres víctimas del caso, de conformidad con la información aportada, estaban ejerciendo conductas pacíficas o de resguardo de su integridad cuando fueron detenidas. Por tanto, el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas.

Asimismo, la Corte determinó que: las (i) once mujeres sufrieron violencia sexual, por medio de agresiones verbales y físicas con connotaciones y alusiones sexuales; (ii) siete de ellas también fueron víctimas de violaciones sexuales, en tanto que parte de los abusos sufridos incluyó la penetración de su cuerpo con alguna parte del cuerpo de los policías o algún objeto, y (iii) todas fueron víctimas de tortura por el conjunto de abusos y agresiones sufridas, incluyendo pero no limitándose a las violaciones sexuales, debido a la intencionalidad y severidad del sufrimiento infringido así como el propósito de humillación y castigo desplegado por los agentes policiales. Además, la Corte encontró (i) que las torturas en este caso fueron utilizadas como una forma de control social, lo cual aumentaba la gravedad de las violaciones cometidas, (ii) que las víctimas fueron sometidas a distintas formas de violencia verbal y psicológica profundamente estereotipada y discriminatoria, y (iii) que el tratamiento recibido por parte de los médicos en el penal constituyó un elemento adicional de trato cruel y degradante. Finalmente, se consideró que la violencia sexual y torturas ejercidas, tanto físicas como psicológicas en contra de las once víctimas, constituyeron además discriminación por razones de género.

Por otra parte, el Tribunal concluyó que las detenciones iniciales de las once mujeres víctimas del presente caso fueron ilegales y arbitrarias, y que la medida de prisión preventiva impuesta a las víctimas resultó arbitraria en tanto no respondió a una finalidad legítima.

En relación con las investigaciones judiciales relacionadas con los hechos de tortura, violencia y violación sexual denunciados por las víctimas del caso, la Corte estableció que las investigaciones realizadas por el Estado no fueron llevadas a cabo con la debida diligencia y perspectiva de género requeridas, se limitaron a la participación de agentes estaduales, cuando existían indicios de la participación de agentes federales, y no se investigaron todas las posibles formas de responsabilidad individual por los actos de tortura incluyendo la responsabilidad de mando, pese a la existencia de indicios al respecto. Finalmente, el Tribunal consideró que, como consecuencia directa de la privación de la libertad y tortura sexual de las once mujeres, sus familiares padecieron un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral.

Como consecuencia de estas violaciones la Corte ordenó al Estado como medidas de reparación, entre otras, continuar e iniciar, en su caso, las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas, incluyendo una perspectiva de género, que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso; brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas; crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México; establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza, y elaborar un plan de fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres. Además, se ordenó al Estado el pago de determinadas cantidades por daños materiales e inmateriales, el reintegro de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

¹ El presente caso fue tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como durante el procedimiento del caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el título Selvas Gómez y otras Vs. México. Por decisión del Tribunal, la presente Sentencia se emite con el nombre Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México.

² El caso fue sometido ante la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de septiembre de 2016.

La composición de la Corte para la emisión de la presente Sentencia fue la siguiente: Juez Eduardo Vio Grossi, Presidente en ejercicio (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot no participó del conocimiento y deliberación de este caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte.

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El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.

Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana http://www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a corteidh@corteidh.or.cr.

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Mexico is responsible for sexual torture of women in Atenco

San José, Costa Rica, December 21, 2018- In the judgment published today in the case of Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico¹, the Inter-American Court of Human Rights (hereinafter, “the Court”) declared that the United Mexican States are responsible for the acts of sexual violence, rape and torture suffered by Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares and Claudia Hernández Martínez during the time of their detention and their transfer to the “Santiaguito” penitentiary (“CEPRESO”) on May 3 and 4 2006.² The official summary of the judgment can be found here and the entire text of the judgment here (in Spanish).

The facts of the case relate to the police operations that were carried out by the municipal police of Texcoco and San Salvador Atenco, the local police of the State of Mexico and the Federal Preventive Police in the municipalities of San Salvador Atenco, Texcoco and in the road Texcoco-Lechería with the purpose of repressing demonstrations that were taking place on May 3 and 4, 2006. In the framework of these police operations the 11 women of the present case were arrested. During their detention and while they were being transferred to the “Santiaguito” penitentiary they were subject to numerous methods of violence, including rape in the case of seven victims. Later, several victims were subject to degrading treatment by the doctors who attended them once they had arrived at the penitentiary center and refused to carry out medical checks, gynecological exams and report or register the acts of sexual violence. Several criminal proceedings were initiated in order to investigate the facts reported by the women victims of this case, yet they have not concluded, except for one of the proceedings which ended in the acquittal of the accused.

Within the framework of the proceedings before the Court, Mexico acknowledged their international responsibility for the physical, psychological and sexual violence –including the acts of torture– suffered by the 11 women of this case, as well as for the deprivation of liberty, lack of information as to the reasons of their detention and lack of adequate legal defense. Additionally, the State acknowledged their international responsibility for the lack of adequate medical assistance and the consequences on their health; the violation of the judicial guarantees, equality before the law and the duty to investigate acts of torture and acts of violence against women.

The Court concluded that the acts of the security forces when carrying out the operations on 3 and 4 May, 2006 were characterized by the use of force in an indiscriminate and excessive way against any person who was thought to be part of the demonstrations. It observed that the 11 women victims of the case, in accordance with the information provided, were either engaging in peaceful practices or seeking to protect their integrity when they were detained. Thus, the use of force on the part of the police authorities at the time they were detained was neither legitimate nor necessary, and it was excessive and unacceptable because of the sexual and discriminatory nature of the aggressions suffered by the victims.

Additionally, the Court determined that: (i) the 11 women were subject to sexual violence, through verbal and physical aggressions with sexual connotations or reference; (ii) 7 women were also victims of rape, which included penetration with a body part of the police officers or an object and (iii) all the victims were subject to torture for the acts of abuse and aggressions suffered, including but not limiting to rape, in view of the intention and severity of the suffering infringed, and of the purpose of the police officers to humiliate and punish them.

Furthermore, the Court found that (i) the acts of torture were used in this case as a method of social control, which increased the gravity of the violations committed; (ii) the victims were subject to several forms of verbal and psychological violence which were heavily stereotyped and discriminatory, and (iii) the way the doctors treated them at the penitentiary center represented an additional element of cruel and degrading treatment. Finally, the Court considered that the acts of sexual violence and torture committed against the victims were also discriminatory on gender grounds.

Moreover, the Court concluded that the initial detentions of the 11 women victims of this case were illegal and arbitrary, and that the pre-trial detention of the victims was arbitrary, as it did not pursue a legitimate aim.

As regards the judicial investigations in relation to the acts of torture, violence and rape as reported by the victims of this case, the Court noted that the investigations were not carried out by the State with the required due diligence and gender perspective. Also, they limited themselves to investigate the participation of local agents, when there were signs indicating that federal agents had also participated in the events. Additionally, the Court observed that no investigations were carried out as regards all the possible forms of individual responsibility for the acts of torture committed against the victims, including command responsibility, even though there was evidence in this regard. Finally, the Court considered that, as a direct consequence of the 11 women’s deprivation of liberty and sexual torture, the victims’ family members suffered deep distress and anguish detrimental to their physical and moral integrity.

In view of these violations, the Court ordered several measures of reparation, inter alia: the obligation to initiate and continue with wide, systematic and thorough investigations including gender perspective and, if appropriate, punish all the persons responsible for the violence and sexual torture suffered by the 11 women of this case; to provide immediate and free medical, psychological or psychiatric treatment, as appropriate, to the victims of this case if they so wish to; to organize a public act acknowledging the international responsibility of the State and issue a public apology; to implement training programs for members of the Federal Police and the State of Mexico; to implement a monitoring and control mechanism to measure and assess the effectiveness of the public policies and institutions which currently exist in charge of the accountability and monitoring of the use of force, and develop a strengthening plan of the Mechanism Monitoring Cases of Torture committed against Women. Additionally, the Court ordered the State to pay several sums for material and immaterial damage, legal costs, as well as the reimbursement of the costs to the Victims’ Legal Assistance Fund.

¹ This case was processed before the Inter-American Commission on Human Rights, and also during the proceedings on the contentious case before the Court, as Selvas Gómez et al. v. Mexico. By a decision of the Court this Judgment is issued under the name of Case of Women Victims of Sexual Torture in Atenco v. Mexico.

² This case was brought by the Inter-American Commission of Human Rights before the Court on September 17, 2016.

The Court’s composition for the sentence included the following: Judge Eduardo Vio Grossi, acting President (Chile); Judge Humberto Antonio Sierra Porto, (Colombia); Judge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Judge Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina); and Judge Patricio Pazmiño Freire (Ecuador). Judge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot did not participate in the deliberation and adoption of this judgment, in accordance with Article 19.1 of the Rules of the Court.

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This release was produced by the Secretariat of the Inter-American Court of Human Rights, which has the sole responsibility to do so.

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Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2018.