En ocasión del Día Internacional del Migrante, la CIDH insta a los Estados de la región a adoptar medidas para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes

18 de diciembre de 2018

Washington, D.C. – En ocasión del Día Internacional del Migrante, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes instan a los Estados de la región a adoptar medidas para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas migrantes, así como promover soluciones duraderas y una cultura de inclusión, respeto a las diferencias, prevención de la discriminación y combate a la xenofobia.

Las estimaciones indican que los actuales movimientos migratorios en las Américas son de los más elevados en la historia reciente del continente, lo que se ha visto impulsado por crisis humanitarias y por el aumento de movimientos masivos de migrantes, entre los cuales se encuentran grandes cifras de personas que requieren ser reconocidas como refugiadas o beneficiarias de protección complementaria. Estas situaciones plantean nuevos retos y destacan la necesidad de políticas regionales innovadoras basadas en la cooperación, la responsabilidad compartida y los derechos humanos.

En esta oportunidad, la CIDH saluda las buenas prácticas que han sido implementadas por países del continente americano para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Al efecto, la CIDH ha observado que diversos países de las Américas han adoptado políticas favorables para hacer frente a los desafíos de los movimientos migratorios masivos de personas en la región, entre las cuales se destacan las políticas adoptadas por algunos países para la recepción de personas venezolanas en sus territorios, simplificando procedimientos migratorios y ofreciendo asistencia humanitaria a estas personas.

Al mismo tiempo, a lo largo de este año, diversas situaciones han evidenciado las múltiples violaciones a derechos humanos que a diario enfrentan las personas migrantes en materia de derechos humanos en países de origen, tránsito, destino y retorno.

Algunos de estos retos se evidencian en los múltiples desafíos que enfrentan en materia de derechos humanos las más de 3 millones de personas venezolanas que han tenido que salir de su país como consecuencia de violaciones de derechos humanos y la grave crisis de institucionalidad democrática en Venezuela. Algunas de las medidas que la CIDH ha adoptado para monitorear y dar respuesta a esta situación fueron la emisión de la Resolución 2/2018 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas, así como la Declaración conjunta para el desarrollo de una respuesta regional a la llegada masiva de personas venezolanas a países del continente americano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comités, órganos y procedimientos especiales de la Organización de las Naciones Unidas, mismas que tienen por finalidad brindar orientación a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre soluciones duraderas con enfoque de derechos humanos y basadas en el principio de responsabilidad compartida.

Por otra parte la región también ha sido testigo de la situación de miles de personas de países del Triángulo Norte de Centroamérica que intentan llegar a México y Estados Unidos, quienes se ven forzadas a migrar como consecuencia de múltiples causas que incluyen, principalmente, la situación de violencia e inseguridad, la violencia de pandillas y carteles del narcotráfico, la corrupción e impunidad, violaciones de derechos humanos, los desastres ambientales, la pobreza y la falta de oportunidades, y que recientemente han venido a integrar las llamadas “caravanas de migrantes”.

Dentro de este contexto, la Comisión ha observado con suma preocupación el auge de discursos dirigidos a fomentar el odio, la violencia y la discriminación contra las personas migrantes en diversos países de la región, mismos que van acompañados de un aumento en las cifras de crímenes de odio y diversas formas de acoso contra estas personas, así como en contra de las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes.

A su vez, la CIDH y su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes destacan la importancia de la reciente adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, el cual fue adoptado en la Conferencia intergubernamental que se realizó en Marrakech, Marruecos, los pasados días 10 y 11 de diciembre e integra un marco de responsabilidad compartida y de unidad de propósito entre los Estados. La CIDH destaca la importancia de la participación de los Estados de la región en el proceso de elaboración del Pacto Mundial para la Migración y el hecho de que la mayoría de los Estados de las Américas adoptaron dicho instrumento.

Al respecto, el Comisionado Luis Ernesto Vargas, Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH, señaló que: “El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular representa un gran avance para la gobernanza de la migración y el desarrollo de lineamentos que permitan que ésta se lleve de manera ordenada, segura y regular. Es por esto que llamamos a los Estados a utilizar el Pacto Mundial como un parámetro interpretativo y programático al momento de definir y adoptar políticas, leyes y prácticas migratorias a nivel nacional, de modo que se logre dar efecto útil a los objetivos y compromisos contenidos en su texto”.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, destacó: “Es necesario que los Estados adopten medidas y promuevan procesos que conlleven a la implementación del Pacto Mundial en la región”.

En este sentido, la CIDH insta a los Estados del continente americano a seguir avanzando en la adopción de leyes, políticas y prácticas migratorias que protejan y promuevan los derechos humanos de las personas migrantes, incorporando las siguientes medidas:

1. Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado.

2. Implementar una estrategia coordinada basada en responsabilidad compartida y en el abordaje desde un enfoque de derechos humanos, así como fortalecer la asistencia técnica y financiera a los principales países y localidades receptoras de migrantes.

3. No criminalizar la migración absteniéndose de medidas tales como cierre de fronteras, penalización por ingreso o presencia irregular, la detención migratoria, las deportaciones arbitrarias, discursos de odio y la criminalización de aquellos que brindan ayuda y asistencia humanitaria.

4. Implementar mecanismos que permitan identificar a personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad o con necesidades específicas de protección, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes, las personas LGTBI, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad, de manera que sea posible la garantía del goce y ejercicio de sus derechos humanos en igualdad de condiciones y sin discriminación.

5. A efectos de prevenir la discriminación y la xenofobia contra las personas, los Estados deben implementar medidas positivas como campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales y a luchar en contra de la discriminación y la xenofobia.

6. Garantizar el acceso igualitario a la justicia, incluyendo la justicia transfronteriza para violaciones a derechos humanos en condiciones justas, efectivas y accesibles.

7. Adoptar medidas dirigidas a para promover la integración social de las personas migrantes, en particular a través de la garantía de los derechos a la no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el acceso al derecho al trabajo, la educación y la seguridad social.

En el marco de su mandato de promoción y protección de los derechos humanos, la CIDH continuará brindando asistencia técnica y contribuyendo al fortalecimiento de capacidades de las autoridades estatales en los países del continente americano.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

This is a boxed text block. You can use it to draw attention to important content.