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Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos CorteIDH_CP-02/19 Español-Inglés

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Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado y Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Rosario Silva de Lapuerta, participarán en Acto de Inauguración del Año Judicial Interamericano 2019 San José, Costa Rica, 25 de enero 2019 - La Corte Interamericana celebrará entre el 28 de enero y el 8 de febrero su 129 Período Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica. Ceremonia de Apertura del Año Judicial 2019 El lunes 28 de enero tendrá lugar la Ceremonia de Apertura del Año Judicial Interamericano 2019 en la sede del Tribunal, entre las 10:00 y 12:00 (horario de Costa Rica - GMT-6). Dicho acto contará con la presencia del Presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, la Primera Dama de la República, Claudia Dobles Camargo, del Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, del Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel Ventura Robles y de la Vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Rosario Silva de Lapuerta, entre otras altas autoridades del país y personal diplomático. La ceremonia comenzará con la prestación de juramento o declaración solemne del Juez Ricardo Pérez Manrique, electo como Juez de la Corte Interamericana por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el pasado 5 de junio de 2018. A continuación, el Presidente Ferrer realizará un discurso de apertura, y, tras él, el Presidente de la República de Costa Rica dirigirá unas palabras. El acto cerrará con la intervención de la Vicepresidenta del TJUE, quien impartirá una conferencia magistral titulada ‘‘El Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la protección de los derechos humanos: Principales logros y desafíos actuales”. La ceremonia será transmitida en vivo a través del siguiente enlace: www.corteidh.or.cr Audiencias Públicas La Corte llevará a cabo las siguientes audiencias públicas: Caso Álvarez Ramos Vs. Venezuela 28 de enero de 15:00 a 18:00 h. y 29 de enero de 9:00 a 13:00 h. El caso se relaciona con la presunta violación del derecho a la libertad de expresión, los derechos políticos y la libertad de circulación del señor Tulio Álvarez Ramos, por un proceso penal en su contra debido a la alegada comisión del delito de difamación agravada. Además, se alega la presunta violación del derecho a la presunción de inocencia y a otras garantías del debido proceso durante el juicio llevado en su contra. Puede conocer más sobre el caso aquí y acceder a la resolución de convocatoria a audiencia aquí.1 Caso Perrone y Preckel Vs. Argentina2 30 de enero de 15:00 a 19:00 h. El caso se relaciona con la alegada violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en los procesos administrativos y judiciales iniciados por Elba Clotilde Perrone y Juan José Preckel a efectos de solicitar el pago de los salarios y beneficios sociales dejados de percibir en la entidad estatal en la que laboraban, como consecuencia de su supuesta privación arbitraria de libertad durante la dictadura militar en 1976 por parte de agentes estatales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el lapso de más de doce años de duración de los procesos administrativos y judiciales sobrepasaría un plazo que pudiese considerarse razonable. Asimismo, concluyó que las autoridades judiciales y administrativas presuntamente violaron el derecho a contar con una motivación suficiente y adecuada. Adicionalmente, la Comisión Interamericana consideró que el haberse violado dichas garantías del debido proceso, los procesos administrativos y judiciales también implicaría una vulneración del derecho a la protección judicial. Puede conocer más sobre el caso aquí y acceder a la resolución de convocatoria a audiencia aquí. Caso Díaz Loreto y otros Vs. Venezuela 31 de enero de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 18:00 h. El caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Robert Ignacio y David Octavio Díaz Loreto y su padre Octavio Ignacio Díaz Álvarez, ocurridas el 6 de enero de 2003 presuntamente por parte de funcionarios policiales del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua en Venezuela (CSOPEA). Ante dos versiones de los hechos radicalmente diferentes, y pasados más de 14 años sin que exista un esclarecimiento judicial definitivo al respecto, la Comisión determinó que el Estado no habría cumplido con la carga de ofrecer una explicación satisfactoria sobre el uso letal de la fuerza. La Comisión identificó similitudes con el contexto y modus operandi de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, conocido por el Sistema Interamericano en otros casos. La Comisión también determinó que el Estado habría violado las garantías y protección judicial en el marco de la investigación y proceso penal. A su vez, la Comisión determinó la afectación a la integridad psíquica y moral de los familiares por el dolor y sufrimiento inherente a las circunstancias en las cuales perdieron la vida las tres víctimas, así como la falta de una respuesta frente a las acciones de justicia que han emprendido, en particular en un contexto en el cual se registraron también denuncias de amenazas y hostigamiento en su contra por el impulso que han dado al proceso. Puede conocer más sobre el caso aquí y acceder a la resolución de convocatoria a audiencia aquí. Caso Jenkins Vs. Argentina 3 1 de febrero de 9:00 a 13:00 h. El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado de Argentina por la alegada privación arbitraria de libertad de Gabriel Oscar Jenkins desde el 8 de junio de 1994 hasta el 13 de noviembre de 1997, en el marco de la causa conocida como “Padilla Echeverry y otros” seguida por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 6 por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita, de los cuales fue finalmente absuelto. La Comisión determinó que la arbitrariedad de la detención preventiva se evidenció en el hecho de que la misma operaba de manera automática y que, en el caso del señor Jenkins, se basó en indicios de responsabilidad y no persiguió fin procesal alguno motivado de manera individualizada en las decisiones respectivas. Asimismo, la Comisión estableció que durante el tiempo en que el señor Jenkins estuvo privado de libertad, no se realizó ninguna revisión de su detención preventiva y la necesidad de mantenerla. Esta falta de revisión se dio como consecuencia de que, como se dijo, la detención preventiva operaba de manera automática y existía una prohibición legal de excarcelación en el artículo 10 de la Ley 24.390 para el delito por el cual era procesado. En consecuencia, la Comisión determinó que la duración de tres años y cinco meses de la detención preventiva fue excesiva y constituyó una anticipación de la pena. La Comisión agregó que los recursos judiciales interpuestos no posibilitaron una revisión sin demora y efectiva tanto de la motivación como de la duración de la detención preventiva. La Comisión Interamericana también determinó que la diferencia de trato contemplada en el artículo 10 de la Ley 24.390 y su aplicación al presente caso, resulto incompatible con el derecho a la igualdad ante la ley. Finalmente, la Comisión concluyó que la acción civil de daños y perjuicios interpuesta por el señor Jenkins, tuvo una duración irrazonable. Puede conocer más sobre el caso aquí y acceder a la resolución de convocatoria a audiencia aquí. Caso Rosadio Villavicencio Vs. Perú 6 de febrero de 9:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 18:00 h. El caso se refiere a la supuestas diversas violaciones al debido proceso que se cometieron en los tres procesos, i) administrativo disciplinario, ii) penal y iii) penal militar que se iniciaron en contra de Jorge Rosadio Villavicencio, por su actuación en una operación de inteligencia en la que debía infiltrarse en grupos de narcotráfico en la zona de Sion en Perú a fin de proceder a la captura de los narcotraficantes. Puede conocer más sobre el caso aquí y acceder a la resolución de convocatoria a audiencia aquí. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay 4 7 de febrero de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 18:00 h. El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada y tortura de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, presuntamente líderes del movimiento político Patria Libre, durante los días 17 al 30 de enero de 2002. Los señores Arrom y Martí denunciaron que fueron detenidos por agentes estatales quienes aparentemente los interrogaron sobre sus actividades políticas y los presionarían para que se declararan culpables del secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi. Los peticionarios relataron que sus familiares emprendieron su búsqueda hasta que dieron con su paradero. Presuntamente el 1 de diciembre de 2003 los señores Arrom y Martí habrían obtenido el estatus de refugiados en Brasil. Además, se alega que en el proceso judicial que investigaba el secuestro de la señora María Edith Bordón, los señores Arrom y Martí fueron declarados en rebeldía por no comparecer al mismo. Puede conocer más sobre el caso aquí y acceder a la resolución de convocatoria a audiencia aquí. Caso de las Niñas Yean y Bosico y Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana 8 de febrero de 8:30 a 10:30 h. La audiencia tiene por objeto recibir de parte de República Dominicana información actualizada sobre el cumplimiento de las dos medidas de reparación pendientes de cumplimiento en el Caso de las Niñas Yean y Bosico, ordenadas en los puntos resolutivos séptimo y octavo de la Sentencia, y así como recibir información, por primera vez, sobre el cumplimiento de todas las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia del caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas. Sentencias La Corte deliberará los siguientes casos contenciosos: Caso Villaseñor Velarde y otros Vs. Guatemala El caso se relaciona con una presunta secuencia prolongada de amenazas, agresiones, hostigamientos e intimidación sufridas por María Eugenia Villaseñor Velarde en su calidad de jueza en Guatemala. La Comisión señaló que la señora Villaseñor Velarde participó en múltiples procesos judiciales entre los años 1991 y 2012, algunos de los cuales habrían tenido impacto a nivel nacional e internacional. Según se aduce, a lo largo de los años mencionados, la señora Villaseñor habría denunciado a través de diversos medios que fue víctima de: i) allanamientos en su domicilio; ii) amenazas de muerte por vía telefónica, mensajes de texto o incluso de personas no identificadas fuera de su domicilio; iii) intento de secuestro a su hija, secuestro a uno de los agentes policiales que resguardaba su domicilio, golpiza a su hermana y fallecimiento de su sobrina producto de una envestida de un automóvil; iv) robos de información personal; v) intentos de ingreso a su vehículo, destrucción de llantas y cable telefónico, y vi) declaraciones y comunicaciones de personas no identificadas denigrando sobre su labor de jueza. La Comisión determinó que lo anterior tuvo lugar en un presunto contexto de inseguridad de jueces y juezas en Guatemala, en particular, relacionado con el conocimiento de casos de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes estatales. Asimismo, la Comisión alegó que las denuncias y la información en conocimiento del Estado sobre la situación de la señora Villaseñor, no habrían sido investigadas debidamente con la finalidad de identificar las fuentes de riesgo, contribuir a erradicarlas, individualizar a los responsables e imponer las sanciones correspondientes. La Comisión consideró que esta supuesta situación se vio agravada tomando en cuenta la participación de la señora Villaseñor Velarde como jueza, en el ejercicio de una función pública, en distintos procesos relacionados con violaciones de derechos humanos o delitos patrimoniales presuntamente cometidos por agentes estatales, incluyendo agentes militares y policiales. La Comisión sostuvo que la alegada situación de impunidad de todos los hechos denunciados es total. Puede conocer más sobre el caso aquí. Caso Muelle Flores Vs. Perú El caso se relaciona con la presunta violación del derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia del incumplimiento, durante 24 años, de una sentencia judicial a favor del señor Muelle Flores en el marco de un recurso de amparo en el que se ordenó su reincorporación al régimen pensionario del Decreta Ley No. 20530. La Comisión determinó que las autoridades del Estado peruano habían incumplido el fallo judicial favorable al señor Muelle y que los mecanismos judiciales activados posteriormente, para lograr dicho cumplimiento, habían sido inefectivos. Puede conocer más sobre el caso aquí. Caso Colindres Schonenberg Vs. El Salvador El caso se relaciona con el cese del señor Eduardo Benjamín Colindres de su cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral por parte de la Asamblea Legislativa el 17 de marzo de 1998, en presunta violación a múltiples garantías del debido proceso, entre ellas el derecho a contar con un juez competente y la garantía de imparcialidad, así como el principio de legalidad. Puede conocer más sobre el caso aquí. Supervisión de cumplimiento de sentencias, medidas provisionales, convenios de colaboración, así como de cuestiones administrativas Asimismo, la Corte supervisará el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de las medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como analizará cuestiones administrativas. También se suscribirán varios convenios de colaboración con entidades públicas y universidades. * 1 Se aclara que, debido a una reprogramación interna, la mencionada audiencia pública se llevará a cabo el 28 de enero de 2019, a partir de las 15:00 horas y continuará el 29 de enero por la mañana, durante el 129 Período Ordinario de Sesiones, por realizarse en San José, Costa Rica, en la sede del Tribunal y no como se especificó inicialmente en dicha resolución. 2 El Juez Raúl Zaffaroni no participa del conocimiento ni deliberación del caso por ser de nacionalidad argentina, conforme lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte. 3 El Juez Raúl Zaffaroni no participa del conocimiento ni deliberación del caso por ser de nacionalidad argentina, conforme lo dispuesto en el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte. 4El Juez Eugenio Raúl Zaffaroni se ha excusado de conocer el presente caso, de conformidad con los artículos 19.2 del Estatuto de la Corte y 21.2 del Reglamento del Tribunal, por lo que no participará en la audiencia y deliberación del presente caso. ** La composición de la Corte para este período de sesiones será la siguiente: Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Presidente (México); Juez Eduardo Vio Grossi, Vicepresidente (Chile); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina); Juez Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). *** El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana http://www.corteidh.or.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario a corteidh@corteidh.or.cr. Para la oficina de prensa contacte a Marta Cabrera Martín prensa@corteidh.or.cr Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Si desea dejar de recibir este mensaje escríbanos a biblioteca@corteidh.or.cr. También puede seguir las actividades de la Corte en Facebook, Twitter, Flickr y Vimeo. _________________________

The President of Costa Rica, Carlos Alvarado and the Vice-President of the Court of Justice of the European Union, Rosario Silva de Lapuerta, will participate in the inauguration of the Inter-American Judicial Year 2019

San José, Costa Rica, January 25, 2019- The Inter-American Court of Human Rights will celebrate its 129th period of ordinary sessions between January 28 and February 8 in San José, Costa Rica.

1. Ceremony of the Opening of the Judicial Year 2019

On Monday, 28 January, the opening ceremony of the Inter-American judicial year 2019 will be held on the premises of the Court between 10:00 AM and 12:00 PM (Local hour of Costa Rica – GMT-6). Amongst other high state authorities and diplomatic staff, the President of Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, the First Lady, Claudia Dobles Carmago, the Minister of the Presidency, Rodolfo Piza Rocafort, the Minister of Foreign Affairs of Costa Rica, Manuel Ventura Robles and the Vice-President of the CJEU, Rosario Silva de Lapuerta, will be attending the event.

Ricardo Pérez Manrique will be inducted at the ceremony as new judge of the Inter-American Court, as voted by the General Assembly of the Organization of American States on June 5, 2018. Subsequently, the President of the Court, Judge Ferrer, will hold an opening speech, which will be followed by a speech of the President of Costa Rica. The event will end with a keynote speech, held by the Vice-President of the CJEU: ‘‘The Court of the European Union and the protection of Human Rights: Main achievements and current challenges”.

The ceremony will be transmitted live on the following link: .corteidh.or.cr/en

2. Public hearings

The Court will hold the following public hearings:

1. Case Álvarez Ramos v. Venezuela

January 28 from 15:00 to 18:00 h and January 29 from 9:00 to 13:00 h.

The case relates to the presumed violation of the right to freedom of expression, political rights and the right to freedom of movement of Tulio Álvarez Ramos, owing to criminal proceedings against him based on the alleged commission of the offense of aggravated defamation. In addition, the presumed violation of the right to presumption of innocence and other guarantees of due process during the trial against him are alleged. You can find more about the case here (available only in Spanish) and access the decision calling for a hearing here¹ (available only in Spanish).

2. Case Perrone y Preckel v. Argentina ²

January 30 from 15:00 to 19:00 h

The case relates to the presumed violated of the rights to judicial guarantees and judicial protection in the administrative and judicial proceedings filed by Elba Clotilde Perrone and Juan José Preckel to require the payment of loss of earning and social benefits in the state entity in which they worked owing to their supposed arbitrary deprivation of liberty by state agents in 1976 during the military dictatorship. The Commission considered that fact that administrative and judicial proceedings has lasted for more than 12 years exceeded the time that could be considered reasonable. It also concluded that the administrative and judicial authorities presumably violated the right to a satisfactory and sufficient reasoning of decisions. Furthermore, the Commission considered that, as they had violated the said guarantees of due process, the administrative and judicial proceedings also entailed a violation of the right to judicial protection. You can find more about the case here (available only in Spanish) and access the decision calling for a hearing here (available only in Spanish).

3. Case Díaz Loreto et al v. Venezuela

January 31 from 09:00 to 18:00 h.

The case relates to the alleged international responsibility of the State of Venezuela for the extrajudicial executions of the brothers, Robert Ignacio and David Octavio Díaz Loreto, and their father, Octavio Ignacio Díaz Álvarez, on January 6, 2003, presumably by police agents from the Public Order and Security Corps of Aragua state in Venezuela (CSOPEA). Considering two radically different versions of the events, past more than 14 years ago and without a definite judicial clarification thereon, the Commission determined that the state had not complied with the charge of offering a satisfactory explanation concerning the use of lethal force. The Commission identified similarities within the context and modus operandi of extrajudicial executions in Venezuela, known to the Inter-American system from other cases. In addition, it is alleged that supposed violations of judicial guarantees and protection were committed during the investigation and criminal proceedings relating to these acts. The Commission determined that presumed violation of the mental and moral integrity of the family members owing to the pain and suffering inherent in the circumstances in which the three presumed victims lost their life, as well as the alleged lack of response to the actions to obtain justice they have undertaken; particularly in a context in which they have reported threats and harassment against them owing to the efforts they have made in this regard. You can find more about the case here (available only in Spanish) and access the decision calling for a hearing here (available only in Spanish).

4. Case Jenkins v. Argentina³

February 1 from 9:00 to 13:00 h.

The case relates to the international responsibility of the State of Argentina for the alleged arbitrary deprivation of liberty of Gabriel Oscar Jenkins from June 8, 1994 to November 13, 1997. The alleged arbitrary deprivation of liberty took place in the context of a criminal case heard by the Oral Federal Criminal Court No. 6 for crimes of illicit drug trafficking and illicit association, of which he was finally acquitted. The Commission determined that the arbitrariness of the preventive detention was evidenced by the fact that it was ordered automatically and that, in the case of Mr. Jenkins, it was based on indications of responsibility and did not attend to any procedural purpose. In addition, the Commission stated that during Mr. Jenkins’ deprivation of liberty, no review of the reasons of his pre-trial detention was undertaken. This lack of revision was a consequence of, as alleged, the preventative detention being operated in an automated manner and that there was a legal prohibition of liberation in Article 10 of Legislature 24.390 for the offence for which it was being processed. As a consequence, the Commission determined that the duration of three years and five months of the preventative detention was excessive and constituted an anticipation of the penalty. The Commission added that the interposed judicial remedies did not allow for an effective revision without any due delay both for the motivation and the duration of the preventative detention. The Inter-American Court also determined that the difference in treatment, referred to in Article 10 of Legislature 24.390 and its application to the present case, was incompatible with the right of equality before the law. Finally, the Commission concluded that the civil action of damages and prejudices interposed by Mr. Jenkins, had an irrational duration. You can find more about the case here (available only in Spanish) and access the decision calling for a hearing here (available only in Spanish).

5. Case Rosadio Villavicencio v. Perú

February 06 from 9:00 to 18:00 h.

The case relates to the presumed different violations of due process committed during three proceedings: (i) disciplinary administrative; (ii) criminal, and (iii) military criminal, which were filed against Jorge Rosadio Villavicencio based on is actions in an intelligence operation in which he was supposed to infiltrate drug-trafficking groups in the area of Sion in Peru in order to capture the drug traffickers. You can find more about the case here (available only in Spanish) and access the decision calling for a hearing here (available only in Spanish).

6. Case Arrom Suhurt et al v. Paraguay⁴

February 7 from 09:00 to 18:00 h.

The case relates to the alleged enforced disappearance and torture of Juan Francisco Arrom Suhurt and Anuncio Martí Méndez, presumably leaders of the political movement, Patria Libre, from January 17 to 30, 2002. Messrs. Arrom and Martí reported that they had been detained by state agents who apparently questioned them about their political activities and exerted pressure on them to admit they had abducted María Edith Bordón de Debernardi. The petitioners stated that their next of kin looked for them until they found them. Presumably Messrs. Arrom and Martí obtained refugee status Brazil on December 1, 2003. In addition, it is argued that, during the judicial proceedings to investigate the abduction of María Edith Bordón, Messrs. Arrom and Martí were declared in contempt of court because they failed to appear. You can find more about the case here (available only in Spanish) and access the decision calling for a hearing here(available only in Spanish).

7. Case Yean and Bosico Girls and Case of Expelled Dominicans and Haitians v. Dominican Republic

February 8 from 8:30 to 10:30 h.

The purpose of the hearing is, on one hand, to receive updated information of the Dominican Republic regarding the pending compliance of the two measures of reparation in the Case Yean and Bosico Girls, ordered in the seventh and eight operative paragraph of the judgment, as well as receiving first information about the compliance of all the measures of reparation ordered in the Case of Expelled Dominicans and Haitians.

3. Judgments

The Court will deliberate on the following contentious cases:

1. Case Villaseñor Velarde et al v. Guatemala

The case relates to the presume series of threats, aggression, intimidation and harassment suffered by Judge María Eugenia Villaseñor, who had participated in diverse judicial proceedings between 1991 and 2012, some with national or international impact. During those years, she reported her status of victim due to the following: (i) searches of her home; (ii) death threats thorugh phone calls, sms or even by persons standing out of her house, an attempt to abduct her daughter, the abduction of one of the agents who guarded her home, a beating of her sister and the death of a niece who was run over by a car; (iv) the theft of personal information; (v) attempts to break into her car, destruction of tires and telephone cable, and (vi) statements and communications by unidentified individuals denigrating her actions as a judge. The Commission stated the above took place in an alleged context of insecurity towards Judge Villaseñor. The Commission reported that the State was aware of the threats suffered by Ms. Villaseñor and that the same had not been investigated appropriately to identify the sources of the danger, eliminate them and impose sanctions. The Commission stated that this situation was jeopardized due to the role of Ms. Villaseñor as judge, in the exercise of public powers, throughout several cases of human rights violations and crimes against property committed by public agents. It was alleged by the Commission that the facts remain unpunished. You can find out more about the case here (Available only in Spanish).

2. Case Muelle Flores v. Perú

The case relates to the presumed violation of the right effective judicial protection as a result of the supposed failure to comply, for 24 years, with a court judgement in favor of Mr. Muelle Flores in the context of an amparo decision ordering his reincorporation into the pension regime under Decree Law No. 20530. It is alleged that the Peruvian authorities had failed to comply with the court judgment in favor of Mr. Muelle and that the judicial mechanisms used subsequently in order to achieve compliance had been ineffective. You can find out more about the case here (Available only in Spanish).

3. Case Colindres Schonenberg v. El Salvador

The case relates to the removal of Eduardo Benjamín Colindres from his post as a Justice of the Supreme Electoral Tribunal by the Legislative Assembly on March 17, 1998. The Legislative Assembly presumably violated numerous guarantees of due process, including the right to a competent judge as well as the guarantee of impartiality and the principle of legality. You can find out more about the case here (Available only in Spanish).

4. Oversight of compliance with judgments, provisional measures, collaboration agreements and administrative matters

Additionally, the Court will supervise the compliance of several judgments and the implementation of the ordered provisional measures as well as analyses administrative matters. The Court will also sign several collaboration agreements with public entities and universities.

*

¹ It is clarified that, due to an internal re-programming, the mentioned public hearing will be held on January 28 from 15:00 h and will continue on January 29 in the morning, during the 129 period of ordinary sessions, held in San José, Costa Rica, on the premises of the Court and not as specified initially in the resolution.

² Judge Eugenio Raúl Zaffaroni will participate in neither the hearing nor the deliberations of the case as he is of Argentine nationality, pursuant to Article 19(1) of the Rules of the Court.

³ Judge Eugenio Raúl Zaffaroni will participate in neither the hearing nor the deliberations of the case as he is of Argentine nationality, pursuant to Article 19(1) of the Rules of the Court.

⁴ Judge Eugenio Raúl Zaffaroni will participate in neither the hearing nor the deliberations of the case, pursuant to article 19(2) of the Statute of the Inter-American Court of Human Rights and article 21(2) of the Rules of Procedure of the Inter-American Court of Human Rights; hence, the Judge will not participate in the hearing and deliberation of the case.

**

The Court’s composition during this period of sessions will be as follows: Judge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, President (Mexico); Judge Eduardo Vio Grossi, Vice-President (Chile); Judge Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia); Judge Elizabeth Odio Benito (Costa Rica); Judge Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina); Judge Patricio Pazmiño Freire (Ecuador) and Judge Ricardo Pérez Manrique (Uruguay).

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This release was produced by the Secretariat of the Inter-American Court of Human Rights, which has the sole responsibility to do so.

For the latest information please visit the website of the Inter-American Court, http://www.corteidh.or.cr or send an email to Pablo Saavedra Alessandri, Secretary, at corteidh@corteidh.or.cr.

For press inquiries please contact Marta Cabrera Martín at prensa@corteidh.or.cr You can sign up for updates from the Court at here or unsubscribe at biblioteca@corteidh.or.cr. You can also follow the activities of the Court on Facebook, Twitter, Flickr and Vimeo.

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