El periodista Adolfo Ruiz fue al Penal San
Martín. Buscaba información sobre una denuncia anónima surgida del
interior de la tenebrosa cárcel donde habían muerto en 1976 un total de
29 presos políticos por órdenes de Luciano Benjamín Menéndez. Era un
caluroso mediodía de febrero de 2008. Mientras pasaba por el pabellón 2,
Ruiz escuchó que un preso le decía a un penitenciario que se sentía
afiebrado.
El agente no llamó al médico, simplemente fue a buscar un
medicamento a su garita. Le trajo dipirona inyectable y le dijo que la
diluyera en agua. El supuesto remedio, además, estaba vencido. Otro
preso, compañero de celda del anterior, le hizo un gesto al periodista
para darle material de denuncia y fingió molestias.
El guardiacárcel volvió a oficiar de médico y el preso guardó el
medicamento, también vencido. Las investigaciones periodísticas
permitieron comprobar que hasta los fármacos para presos con HIV
positivo estaban vencidos. Recién comenzaba el gobierno de Juan
Schiaretti, que en diciembre había recibido el mando de su socio
político José Manuel De la Sota. Ruiz trabajaba entonces en Día a Día,
el segundo diario cordobés del Grupo Clarín. El primero es La Voz del
Interior.
En agosto de 2013, Ruiz había sido echado de Día a Día. Se
desempeñaba, entonces, en Comercio y Justicia. El preso que le había
hecho la mueca más de cinco años atrás en el pabellón 2 volvió a tomar
contacto con él. Se trataba de Juan Viarnes, el Francés, se hacía llamar
abogado. Del otro lado de la línea, Ruiz escuchó: “Adolfo, tengo algo
que te va a interesar”.
Ese mismo día, el periodista fue a la casa del Francés en el barrio
Urca y comenzó a escuchar una versión de la corrupción policial que no
ahorraba nombres y circunstancias. “Ellos saben que lo que se viene es
una bomba”. “Ellos” son varios policías de la División Drogas Peligrosas
de la policía provincial. “Está todo filmado.
Entrega de droga en procedimientos, allanamientos truchos, gente
que embagallan para después apretar, cobro a narcotraficantes para
dejarlos vender tranquilos. Todo”, agregó Viarnes para que Ruiz
constatara lo mismo que cinco años atrás: el Francés muestra pruebas.
“Me mandaban a que yo les hiciera la negociación por la droga. Yo
hablaba con los narcos, ellos filmaban y armaban toda la causa. Después
de cobrarles, la destrababan y lo arruinaban al tipo”, dijo, y comenzó
una larga entrevista que desnudaba la trama de un grupo de
narcopolicías.
Por qué habló. El 19 de julio, la casa de Viarnes
había sido allanada por agentes policiales. Allí capturaron 350 mil
dólares falsos. La causa recayó en el juzgado federal número 1. La
primera noticia fue “Cae banda de falsificadores”. Viarnes había sido
abandonado por la banda policial para la que trabajaba y que estaba
conducida por Rafael Sosa, nada menos que jefe de Drogas Peligrosas.
Ruiz empezó a escuchar, grabador en mano, detalles de los
allanamientos donde los policías secuestraban drogas y se quedaban con
ellas. Viarnes le dice que “lo tenían sometido” y lo usaban, entre otras
cosas, para hacer compras con dólares falsos. Entre los varios nombres
de policías, el Francés involucra a Juan Alós, también oficial de Drogas
Peligrosas.
Ruiz se llevaba un material complicado y decidió que además de
publicar la información, se la pasaría al programa ADN, conducido por el
periodista Tomás Méndez, de Canal 10, que tiene alta audiencia. Salió
todo al aire y, tras cartón, Viarnes recibió aprietes. El padre de
Méndez fue amenazado. El policía Juan Alós apareció muerto de un disparo
y la Policía le informó al juzgado que “Alós se había suicidado”.
Tortura y maquillaje. En esa primera entrevista
que Ruiz le hizo a Viarnes, pocos días antes de que estallara el
escándalo, el periodista quiso entender qué podía esconder este
delincuente de trayectoria que se autoimplicaba como parte de una banda
policial.
“Me torturaron feo. Me vendaron y me llevaron a no sé dónde. Ahí me
bajaron los pantalones y me quemaron las piernas con brasas. Tengo las
marcas, no es joda”, dijo. Las torturas habían sido constatadas por los
forenses de la Justicia Federal antes de que Viarnes saliera de los
tribunales y se decidiera a hablar. “No te puedo decir nombres. Fueron
ellos”, agregó.
Las derivaciones llegaron, de inmediato, hasta Alejo Paredes y
Ramón Frías. El primero había sido elegido por José Manuel De la Sota
para ocupar el Ministerio de Seguridad no bien reasumiera la gobernación
en diciembre de 2011. Paredes, hasta ese día, era el jefe de Policía.
Ni más ni menos que el autogobierno policial asociado a la política
provincial.
En cuanto a Frías, era el jefe de los uniformados. Desde ya, en esa
misma semana, Paredes y Frías saltaron de sus puestos. José Manuel De
la Sota convocó de inmediato a Alejandra Monteoliva para ser titular de
Seguridad y la puso en funciones. Esta, a su vez, le tomó juramento a un
nuevo jefe policial, César Almada. Almada, por su parte, designó a
Carlos Galbucera como subjefe.
Las propias palabras de la nueva ministra, al momento de asumir,
ponen de relieve lo oscuro de esta trama: “Es imposible tolerar que la
Justicia sospeche sobre agentes del orden como delincuentes”. Una frase
poco feliz que podría interpretarse como una preocupación sobre la labor
de fiscales y jueces en cambio de hacerse cargo de la trama de los
narcopolicías.
La investigación sigue en los tribunales federales.
La encabeza el fiscal Enrique Senestrari, quien se apoya en la Policía
de Seguridad Aeroportuaria para las actuaciones. Hace dos días,
efectivos de esa fuerza allanaron nuevamente la Jefatura policial y se
llevaron varias computadoras. Hasta el momento, Senestrari tiene 9
imputados, 5 de los cuales están detenidos.
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