Tinkunaco 1429/13 - Inseguridad y gatillo fácil Armas, ¿para qué?

Revista Veintitrés

Tomás Eliaschev

Inseguridad y gatillo fácil 

Armas, ¿para qué?

Mientras algunos afirman que la seguridad se logra multiplicando la cantidad de efectivos en la calle, la cifra de muertos en manos de uniformados enciende la alarma. El caso de Milton Ponce y las tres policías. Y la inédita experiencia de controlar a las fuerzas.

 

Represión en el Indoamericano 

Eric Milton Ponce pelea por su vida en una cama del Hospital Pirovano. Hizo una broma que provocó la reacción intempestiva de David César Cabaleiro, policía bonaerense, y su hermano José Luis, de la Metropolitana, que lo dejó en coma. Un nuevo caso de gatillo fácil que se produjo el pasado domingo 29 de septiembre minutos después de las 17 horas en la Plaza Alberdi, en el barrio de Saavedra. La comisaría 49ª de la Policía Federal también quedó bajo la lupa: es que dejaron escapar a los sospechosos, que se encontraban fuera de servicio, pese a las decenas de testigos que vieron cómo el bonaerense le disparó un tiro en la cabeza a Ponce, de 29 años. Luego del escándalo y los incidentes, los policías se entregaron, pero se negaron a declarar.

Emiliano Montini, amigo de Ponce y abogado, detalló que un patrullero de la PFA llegó cuando “la sangre todavía estaba caliente”. Uno de los implicados, el efectivo de la fuerza que responde al ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, se dio a conocer ante sus colegas federales. Y los dejaron ir. “Tenemos sospechas de que hubo encubrimiento. No detuvieron a los sospechosos y dejaron sin precintar el lugar y sin hacer peritajes hasta que llamamos varias veces al 911, pero ni la PFA ni la Metropolitana querían atender el pedido de que se actúe”, detalló. 

El caso salió a la luz ante los incidentes que se produjeron en la noche del domingo. La indignación contra la dependencia no nació de un repollo: el año pasado el ex titular de la 49ª, José Carranza, y ocho ex integrantes de la cúpula de esa seccional quedaron detenidos por cohecho y asociación ilícita. Fueron procesados por el fiscal de Saavedra José María Campagnoli, el mismo que ahora instruye este hecho que vuelve a poner a las fuerzas policiales bajo la lupa y obliga a una discusión: ¿por qué se siguen produciendo casos de gatillo fácil?

La base de datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indica que “en la Ciudad de Buenos Aires y Conurbano, entre los años 2003 y 2012 murieron 1.150 personas particulares en hechos de violencia institucional con participación de integrantes de fuerzas de seguridad”. De acuerdo al organismo, cerca de la mitad de estas personas (49%) murió por disparos efectuados por policías que estaban en servicio. Otro 44% de las personas murió en hechos en los que intervinieron policías que no estaban en servicio al momento de disparar su arma (del 7 por ciento restante no hay datos firmes). Esta es la situación en la que estaban los hermanos Cabaleiro. Según el archivo de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), con datos más abarcadores que los del CELS, desde el retorno de la democracia hubo 4 mil asesinados en manos de las fuerzas represivas. “Desde el 25 de mayo de 2003 hubo 2.300 casos. Desde 2010 hay un recrudecimiento, ya hubo 800 casos. Es un muerto cada 28 horas mediante todas las modalidades de violencia policial. Contabilizamos 200 desparecidos y 71 asesinados en movilizaciones”, detalló María del Carmen Verdú, de Correpi, pionera en la denuncia de este flagelo.

“El gatillo fácil es una de las manifestaciones de una problemática general. Es la represión preventiva que se da en los barrios. Además del gatillo fácil estrictamente dicho, se producen otros casos de represión institucional que también pueden ser englobados con esa denominación. Asesinatos en cárceles y comisarías que a veces pretenden hacer pasar por suicidios. Y está el tema de las muertes en ocasión de detenciones arbitrarias. Eso es lo que estamos discutiendo en el juicio de Walter Bulacio. También está la represión selectiva a sectores organizados”, enumeró Verdú.

Nicolás Tauber, de Liberpueblo, consideró que siguen produciéndose casos de gatillo fácil “por la impunidad que desde el Estado se otorga a las fuerzas de seguridad. El ejemplo más claro es la desaparición de Jorge Julio López. El poder político garantiza gobernabilidad dando impunidad. Eso ocasiona que los casos de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad queden impunes o se limiten a sancionar a inferiores, nunca a superiores. Refuerzan la idea de darle poder absoluto a la policía, cuando los que están implicados en los hechos más graves son policías”. Tauber, que es abogado de los familiares que perdieron a sus seres queridos en la represión del Parque Indoamericano, dijo que “aunque dispararon de forma indiscriminada contra civiles, los 33 policías federales y los 11 metropolitanos siguen impunes, ya que solamente fueron indagados. Lo mismo pasa en otros casos, como con los Qom en Formosa”.

“Se producen muertes por el uso de armas de policías en procedimientos o hechos en los que un policía fuera de servicio usa su arma propia o la reglamentaria y mata a una persona”, distinguió Rodrigo Pomares, director de Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, que puntualizó que hay que discutir “el estado policial” mediante el cual “durante 24 horas el policía deja de ser una persona que trabaja en una actividad específica para ser un efectivo que tiene que intervenir ante un delito más allá de su horario. Está muy arraigado en la costumbre policial no considerar la actividad policial como una profesión con capacitación y un tiempo específico, no se distingue lo privado de su función policial”. El experto destacó que “hay una falta de calificación muy evidente de los policías a los que se les otorga un arma”. Otro aspecto de esta problemática, remarcó Pomares, es la “sobrevaloración de los bienes materiales sobre el valor de la vida, ya sea de los implicados en delitos o de terceros, como en el caso de Soledad Bowers en La Plata”. La joven, de 18 años, fue asesinada por un policía bonaerense que perseguía a los asaltantes de un restaurante el pasado 29 de agosto. Pomares deploró que en ese caso “se escucharon declaraciones del secretario de Seguridad, Sergio Berni, que refuerzan la lógica de limpiar de responsabilidades a la PFA cuando hay testigos que vieron que no detuvieron a los que dispararon”.

En esa línea se expresó Roberto Cipriano García, de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), quien consideró que “el cambio de autoridades de Ministerio de Seguridad fue soltarles la mano a las fuerzas de seguridad para que vuelvan a prácticas habituales de otros tiempos. No se está llevando a cabo un debate serio, hay mucha improvisación y prejuicios. Se hace un uso electoralista de discusiones poco oportunas, como la baja de edad de punibilidad. Se discute mucho con pocos elementos. En provincia, la designación de Alejandro Granados genera gestualmente un mensaje donde se refuerza el uso de armas, esto de defenderse a los tiros de los delincuentes y el discurso de generar más personal uniformado”.

Según Cipriano García, “mucha gente se tranquiliza pero lo que genera es que, en los barrios, entran en connivencia con redes delictivas: reclutan pibes para robar, tienen prácticas violentas, hacen un control territorial de los sectores más vulnerables. La Prefectura y Gendarmería terminan adoptando las mismas prácticas que la policía: la Gendarmería ya tiene gran cantidad de denuncias por malos tratos y gatillo fácil, se vincula y se relaciona con la corrupción. Y en los servicios penitenciarios el despliegue de violencia es mayor, y se agravó desde la salida de Víctor Hortel y su reemplazo por Alejandro Marambio”.

El candidato a legislador porteño por Alternativa Popular, Pablo Ferreyra –hermano de Mariano, el militante del Partido Obrero asesinado por una patota que contó con complicidad policial–, también criticó el cambio de funcionarios: “Desde la salida de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad no se produjo un cambio de política fuerte pero la jefatura de Berni baja la calidad de la discusión y de los planteos de seguridad democrática que tuvo el gobierno de Garré, que intentó la reforma y cambios en la policía”. Ferreyra puntualizó que “la situación es muy grave en la ciudad de Buenos Aires, donde no hay una adhesión a los protocolos de seguridad que hay a nivel nacional, que hacen hincapié en la defensa de los derechos humanos. Hay un retroceso a nivel general muy profundo: no se logra romper con la dinámica de autonomía de la fuerzas de seguridad”.

“Se siguen produciendo casos de gatillo fácil porque es una política de Estado. Es decir, una práctica en la que los sectores de poder actúan de forma tal que encubren corporativamente a los policías asesinos. La policía es entrenada para eso y, dependiendo de las órdenes políticas, lo hace con más o menos intensidad, pero nunca deja de hacerlo. El objetivo es imponer el miedo entre los pobres y generar un imaginario que los identifique como una amenaza para la sociedad”, denunció Rosaura Barletta, de los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, el adolescente visto por última vez en el Destacamento de Lomas del Mirador en La Matanza, luego de haber sido torturado por efectivos policiales. “El allanamiento a La Poderosa es un ejemplo claro de cómo se responde a la organización: intentando ocultarla y acallarla por todos los medios”, denunció la militante, en referencia al caso ocurrido en Zavaleta (ver recuadro).

“Todas las fuerzas, no sólo la Bonaerense, tienen casos de gatillo fácil. Sigue sucediendo por que los gobiernos de turno avalan el gatillo fácil”, criticó Carla Lacorte, víctima de gatillo fácil y candidata a concejal en Quilmes por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Su caso continúa en la impunidad: fue baleada en 2001 en Quilmes por el policía bonaerense José Salmo, que sigue libre pese a cinco fallos en su contra. Lacorte quedó en silla de ruedas. “Mi caso fue en la época en que Carlos Ruckauf hablaba de meter bala. Ante cada campaña, metieron más efectivos en las calles. Mientras tanto, miles de pibes son asesinados en los barrios militarizados donde la policía actúa como una fuerza de ocupación”. Lacorte planteó que “los jueces también avalan el accionar de la policía, así como los gobiernos los avalan dándoles más poder a las mismas fuerzas que manejan el delito: la mafia policial que se cobra la sangre del pueblo trabajador”. Como ejemplo, Lacorte mencionó el caso de Mauro Silva, joven asesinado hace tres meses en Adrogué, cuando quiso evitar un caso de violencia de género protagonizado por un policía retirado que terminó matándolo. Un caso más de los tantos que se producen y que, si no fuera por la movilización, quedarían en el olvido. 

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Denuncias a “la gorra”

El 7 de septiembre pasado se produjo un caso que dejó expuestas las graves falencias del desembarco de la Gendarmería y la Prefectura en los barrios humildes de Capital y el conurbano. El asesinato del niño Kevin Molina, de 9 años, en Zavaleta, se produjo cuando dos bandas de narcos se trenzaron a los tiros, sin que ninguna fuerza de seguridad interviniera. Para colmo, la organización que denunció el caso, La Garganta Poderosa, que edita una revista del mismo nombre, sufrió el allanamiento de su redacción en manos de efectivos de la Gendarmería. Uno de sus integrantes, que prefirió no brindar su nombre por seguridad, contó que inauguraron un proyecto de “Control Popular sobre las Fuerzas de Seguridad”. Levantaron una casilla donde pintaron “Si la gorra se zarpa, denuncialo acá”. Se organizaron por turnos para tomar las denuncias y tomar fotografías de ser posible, para así pasarle un informe al CELS y a la Procuvin. “Nada que ver con la policía comunal: somos los vecinos sin gorra”, aclaró el integrante de La Poderosa, que destacó que todo lo deciden “en asamblea por consenso”.

“Las fuerzas de seguridad están viciadas. Cuando pusieron el operativo Cinturón Sur fue por la obviedad de que la PFA era parte innegable del delito que dice combatir. Cuando entraron Prefectura y Gendarmería, muchos nos opusimos porque no queremos uniformes y que militaricen los barrios. El laburante que de madrugada se encontraba con la ranchada consumiendo, se sentía mas tranquilo. Pero fuimos llegado a un consenso: todos los vecinos tenemos historias de algún abuso en manos de cualquiera de las fuerzas de seguridad. Te rompen la puerta del rancho por una orden de allanamiento aunque la dirección esté equivocada. A nosotros nos tocó sufrir un allanamiento: cinco camionetas con gendarmes con pasamontañas, escopetas, sitiaron el barrio, Fue una semana después de que mataron a Kevin”. Según el vecino, “la Gendarmería y la Prefectura se convirtieron en lo mismo que la PFA”.