Mientras que en Diputados se cocina una nueva ley de semillas a la medida de Monsanto, en la Corte Suprema Rosenkrantz cajonea un importante fallo que frena las pretensiones imperialistas de la multinacional.
Las sospechas contra el presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz como operador judicial a favor de la empresa imperialista Monsanto se cruzan con los movimientos en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Esta ha convocado para este martes 13 de noviembre a las 16 horas a un plenario de comisiones en la búsqueda de un dictamen que permita avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas a la medida de la multinacional, vulnerando derechos elementales de campesinos, indígenas y consumidores.
Según fuentes parlamentarias, el proyecto saldría a recinto el 21 de noviembre, en la última sesión legislativa del año.
Mientras en Diputados se cocina esta modificación que permitirá a las corporaciones apropiarse de las semillas (la ley vigente habilita su uso libre), en la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz cajonea un histórico fallo de noviembre de 2015 que destruye las aspiraciones imperialistas de la multinacional de apropiarse de organismos vivos y creados por la naturaleza. Si la Corte Suprema ratifica este fallo de los jueces Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo antes del tratamiento de la modificación de la ley, la iniciativa legislativa entrará en contradicción con la Justicia.
Por ello diversas organizaciones sociales, de la agricultura familiar, ambientalistas y de derechos humanos están convocando a conferencia de prensa para este mismo martes 13 a las 15 horas en las puertas del Congreso de la Nación.
“Es parte de una ofensiva mundial para poner bajo control corporativo las semillas, que están en la base de todas las cadenas agroalimentarias”, señalan y convocan a enviar un formulario on line a los diputados nacionales que les llegará en forma de mail para solicitarles que “legislen para el pueblo y no para las corporaciones”.
Se espera la presencia del SERPAJ de Adolfo Pérez Esquivel, de la Asociación por la Justicia Ambiental, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la Unión de Trabajadores de la Tierra y del MTE Rural, entre otras organizaciones.
Hambre de ganancias
“La concepción de la naturaleza a la que se llega bajo el imperio de la propiedad privada y el dinero es el desprecio real, la degradación práctica de la naturaleza”, había señalado un joven Karl Marx al reflexionar sobre la emancipación de la humanidad. Acompañaba este pensamiento con una cita del dirigente campesino alemán Thomas Müntzer quien declaraba como intolerable “que se haya convertido en propiedad a todas las criaturas, a los peces en el agua, a los pájaros en el aire y a las plantas en la tierra”. Casi 200 años después los intentos absurdos del gran capital por apropiarse de la vida continúan.
Las comunidades indígenas Paî Tavyterâ y Kaiowa de Paraguay entraron en conflicto con Coca Cola y Pepsi debido al patentamiento en Estados Unidos de la stevia rebaudiana, una planta medicinal de origen ancestral. En Ecuador ocurrió lo mismo cuando la norteamericana Abbott patentó la Epipedobates tricolor, una rana amazónica con propiedades analgésicas utilizada también ancestralmente. En ambos casos se vulneraron los derechos de las comunidades establecidos en la Convención sobre Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. Por otro lado, en el Estado español un conflicto se abrió en torno al llamado “impuesto al sol”, ejercido en contra de aquellos usuarios particulares que incursionen en el autoconsumo basado en energía solar.
Acá en Argentina el caso es mucho peor. Desde hace casi 20 años que Monsanto ha intentado patentar las semillas para maximizar sus ganancias a costa de la soberanía nacional y la salud popular. Esto significará que pasaría a cobrar regalías por cada semilla que sea utilizada independientemente de si fue comprada, regalada o producto de una nueva cosecha. De conseguir su objetivo, la multinacional no solo se apropiará del primer eslabón del sistema agroalimentario, alterando su cadena de valor con insospechadas consecuencias para el consumo masivo, sino que también se sentará un oscuro precedente al habilitar el patentamiento de cualquier organismo vivo (una planta, un animal o la cadena genética de tu familia), algo que actualmente está prohibido por la legislación argentina y que en otros países llaman biopiratería.
Una larga batalla por la propiedad de la semilla
La semilla de Monsanto fue desarrollada en 1991 como soja RR, en referencia a las iniciales del Roundup Ready, el herbicida “estrella” de Monsanto basado en glifosato. No se trata de una semilla común, sino que se encuentra modificada genéticamente por la empresa. Dado que la legislación norteamericana ya no hace diferencia entre nativas y transgénicas, es de esperar que una reforma legislativa en la Argentina del agronegocio apunte en esa dirección.
Su uso comercial se inició en el país en 1996 de la mano del gobierno de Carlos Menem. Su secretario de Agricultura, el actual candidato unitario del peronismo Felipe Solá, habilitó desde su cartera y junto a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), la producción y comercialización de la semilla RR, dando así inicio al despegue del “modelo sojero”. Un modelo que ha arrasado con el país en materia sanitaria, ambiental, laboral y económica, acentuando la dependencia de Argentina como país agroexportador, pero que generó ganancias siderales para las grandes patronales agrarias, los pooles de siembra y la especulación financiera.
En este periodo Monsanto no muestra tanta preocupación por patentar su semilla RR, sino más bien en que se extienda su comercialización por todo el territorio nacional. “La primera es gratis”. Mientras tanto, la gallina de los huevos de oro estaba en el glifosato, ya patentado por la multinacional. Pero cuando esta patente expira y comienza a llegar al país un herbicida chino basado en glifosato a un precio mucho más barato, Monsanto vuelca toda su estrategia política para conseguir el patentamiento de la soja RR y así recuperar sus ganancias a través de las regalías por su uso.
Pero ni la Ley de Semillas N° 20.247, ni la Ley de Patentes N° 24.481 habilitan tal operación. La primera porque, al adherir al convenio de la Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 78), reconoce el derecho del agricultor al uso propio de la semilla, mientras que la segunda prohíbe el patentamiento de organismos vivos o creados por la naturaleza, además de definir el tiempo de expiración para un patentamiento en un periodo de cinco años.
A partir de ahí se inició un complejo conflicto entre la multinacional, el Estado argentino y los distintos estratos de las patronales agrarias, que llevó al gobierno kirchnerista incluso a tribunales europeos. Monsanto amenazó a Argentina con cobrar una “multa” de 15 dólares (de 2004) por cada tonelada de soja exportada a Europa, pese a haber establecido desde 1999 el concepto de “regalías extendidas”. Tampoco le bastó que en febrero de 2004 el secretario de Agricultura de Néstor Kirchner Miguel Campos, tras reunirse con los directivos de la empresa, presentara un proyecto de “regalías globales” llamado Fondo de Compensación Tecnológica.
La protesta del campo hizo fracasar la iniciativa y Monsanto amenazó con cobrar una tasa mucho mayor a aplicarse en los puertos de entrada de los destinos de exportación, concretando solicitudes de detención de barcos con harina de soja argentina en puertos europeos. El litigio finalizó en tribunales europeos, en donde estos le dieron la razón al Estado argentino respetando sus leyes nacionales.
Reformar la ley de semillas a favor de Monsanto
Este largo conflicto llevó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a considerar mejorar las condiciones locales para el desarrollo de inversiones de la multinacional, incluido un marco regulatorio más favorable. Así fue como tras reunirse con directivos de la empresa en Estados Unidos, la expresidenta anunciara en junio de 2012 la instalación de la mayor planta procesadora de semillas transgénicas de América Latina en la ciudad de Malvinas Argentinas, provincia de Córdoba. Paralelamente la Conabia, en un tiempo récord de nueve meses, autorizó la liberación de la nueva soja Intacta RR2 Pro, cuando el proceso de evaluación debió haber durado cinco años.
Es en este periodo cuando el Ejecutivo concede una modificación de la ley de semillas. El proyecto sería impulsado por el ministro de Agricultura Carlos Casamiquela, Lorenzo Basso y el presidente del Instituto Nacional de Semillas Carlos Ripoll.
Sin embargo, Monsanto sufriría un nuevo revés. La heroica resistencia popular a la instalación de la planta en Malvinas Argentinas y el movimiento nacional en solidaridad con dicha causa hizo desistir a la multinacional, que terminó anunciando en agosto de 2016 que se retiraba de Córdoba.
Por su parte, el proyecto de modificación de la ley de semillas dividió aguas en la base social rural del kirchnerismo. Ya en noviembre de 2012 el Movimiento Nacional Campesino Indígena se pronunció en contra de la modificación de la ley rechazando la privatización de la semilla. La organización volvió a pronunciarse tajantemente en mayo de 2015 ante un Decreto de Necesidad y Urgencia del Ejecutivo anunciado por Aníbal Fernández que no prosperó. Posteriormente, en el balotaje presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli volvieron a denunciar la modificación como un ataque contra la agricultura familiar.
Con la llegada del Gobierno de Cambiemos Monsanto inició las negociaciones para un nuevo proyecto de modificación de la ley. Pero pese a la relación más fluida del nuevo Ejecutivo con el gran capital internacional, no desaparecieron las contradicciones con las bases sociales del macrismo: las patronales agrarias. Tanto la Sociedad Rural como la Federación Agraria denunciaron abuso de autoridad por parte de la multinacional en la disputa por el patentamiento de la semilla transgénica.
Actualmente hay seis proyectos de modificación de la ley de semillas, más el borrador de proyecto del Ejecutivo. Tres pertenecen al oficialismo: los de Alejandro Echegaray, Cornelia Schmidt Liermann y Alicia Terada. Otros dos proyectos pertenecen al diputado santafesino Luis Contigiani y al extitular de la Federación Agraria Argentina, Omar Príncipe. El sexto proyecto es presentado por el diputado correntino José Ruiz Aragón que busca prohibir la propiedad intelectual, consagrar el derecho al uso propio sin restricción y proteger las semillas nativas y criollas.
Salvo el proyecto presentado por Aragón, y considerando un cambio en la orientación de la nueva directiva de Federación Agraria, más “dialoguista”, se especula que todos los demás proyectos confluirán en una propuesta unitaria que será presentada al Congreso: la Ley Monsanto de Semillas. Este martes 13 lo sabremos cuando sesione la Comisión de Agricultura a las 16 horas.
Un fallo inédito contra Monsanto cajoneado en Tribunales
Fue en 1996 cuando por primera vez Monsanto presentó un pedido para patentar una molécula de ADN recombinante de doble cadena y las células vegetales con el inserto de la molécula que contiene el transgén. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) rechazó el pedido ya que no se trataba de una invención, sino de una materia viva que ya existía en la naturaleza. Monsanto apeló y en 2007 un juez de primera instancia dio la razón a la multinacional, por lo que el organismo estatal recurrió a una segunda instancia judicial.
Así fue como en noviembre de 2015 los jueces Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocaron la sentencia de primera instancia rechazando el pedido de Monsanto de patentar las moléculas de ADN y las células vegetales: “La molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza. Ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa y los países tienen la facultad de declarar no patentables a las plantas”, señalaron los jueces.
Según este fallo, “es discutible que el obtentor pueda patentar todo el material por el sólo hecho de haberlo modificado, como indiscutible que el autor de una obra literaria no deviene en propietario del lenguaje empleado en ella por haberla registrado. Sirva aquí la analogía entre genes y palabras empleada por el científico y Premio Nobel de Medicina, Francois Jacob, a la que hice referencia en el párrafo noveno del considerando VII y que es llevada a un nivel más general por el astrofísico canadiense Hubert Reeves, para quien toda ‘la naturaleza está estructurada como un lenguaje’ que tiene quince mil millones de años. Ese lenguaje puede ser vislumbrado a través de la combinatoria, pero no es susceptible de apropiación”.
Pero Monsanto no bajó la guardia y en julio de 2016 decidió apelar el fallo llevándolo a la Corte Suprema. Inmediatamente, unas 80 organizaciones sociales, ambientalistas y políticas, muchas de las que hoy conforman la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas, presentaron un Amicus Curiae con el objetivo de que el máximo tribunal permita en el proceso, una instancia de Amigos del Tribunal y formular un testimonio intergeneracional en los propios estrados contra la empresa.
En mayo de 2018 el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a un sector del Movimiento Nacional Campesino Indígena presentó un nuevo Amicus Curiae considerando que “podríamos estar frente a posibles violaciones de derechos humanos por parte de actores no-estatales y actividades empresarias”.
Desde entonces el fallo duerme en Tribunales. El pedido de Amicus solicitado por las agrupaciones ha pasado por los cinco despachos, e incluso ha rebotado entre los de la jueza Elena Highton de Nolasco y el actual presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz, los mismos que se reunieron a almorzar con Mauricio Macri hace cinco días.
“Rosenkrantz está operando. En sus antecedentes se señala que fue rector de la Universidad de San Andrés, una casa de altos estudios que tiene acuerdos con las grandes corporaciones como Monsanto, ofreciéndole a los graduados cursos de especialización en el agronegocio”, señaló a La Izquierda Diario Fernando Cabaleiro, abogado de Naturaleza de Derechos y miembro de la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. “Es una persona que tiene fuertes vínculos con las grandes corporaciones. Incluso, conformó una asociación de consumidores trucha que lo único que hizo fue defender los intereses de Cablevisión”.
Según Cabaleiro, Rosenkrantz ha tenido el expediente del fallo contra Monsanto durante meses en su despacho mientras que en el resto de los integrantes de la Corte ha tenido un movimiento relativamente rápido. “Estamos exigiendo que haya un pronto despacho y sabemos que él tiene un especial interés en esa causa”.
Se sospecha que Rosenkrantz le está dando tiempo a los diputados para que modifiquen la ley y así estos no entren en contradicción con la ratificación del fallo contra Monsanto. Este martes 13 se tratará un dictamen en la Cámara que contempla consensos básicos sobre la Ley de Semillas.
“El contenido del texto que buscan aprobar jamás estuvo en debate público ni fue puesto a consideración en las audiencias que se realizaron en el último tiempo en la comisión. Es fruto de la negociación a puertas cerradas de un puñado de corporaciones del agronegocio excluyendo a la enorme mayoría de los actores involucrados, y a ciudadanos y ciudadanas en general, por lo cual la maniobra que buscan consumar es profundamente antidemocrática”, denuncian quienes se han venido organizando desde hace años en contra de la Ley Monsanto de Semillas, y convocan a una conferencia de prensa este martes a las 15 horas en las puertas del Congreso.
Se espera la presencia de agrupaciones de derechos humanos, de la agricultura familiar y ambientalistas, tales como el SERPAJ de Adolfo Pérez Esquivel, la Asociación por la Justicia Ambiental, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Unión de Trabajadores de la Tierra y el MTE Rural, entre otras.
No hay comentarios:
Publicar un comentario