Rubén Ramos
Acaba de concluir en Lima- Perú, la reunión del “Foro Económico Mundial para América latina”. Habría que precisar, en primer término, que esta región no la conforman Perú, México y Panamá cuyos mandatarios fueron los únicos presentes. Estos son tres de los países que integran esa Alianza, a-histórica, llamada del Pacífico, impuesta por el FMI, el BM y el BID, donde además están Chile y Colombia bajo el liderazgo de los EEUU, como otro de sus integrantes. Todos con economías de mercado del modelo neoliberal al servicio de los capitales transnacionales, con los más altos índices de pobreza extrema en el continente, de violencia y criminalidad organizada por el narcotráfico, de corrupción social e institucional.
Segundo, la Alianza del Pacífico responde al interés de EEUU de dividir la UNASUR y, sobre todo, enfrentar al ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América) integrada, hasta ahora, por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y tres países del Caribe: Antigua y Barbuda, Dominica y San Vicente y Granadinas.
Tercero, a la reunión asistieron también fantoches (prestos a recitar los manualitos del BM, del propio BID, sobre inclusión social, emprendimiento, clases medias, sostenibilidad y otras especies). Igual se dieron cita títeres (algunos octogenarios), habilidosos titireteros (como el reelecto “presidente” colombo-norteamericano del BID). Hubo también volatineros y anfitriones y anfitrionas. Alguien dijo alguna vez que los personajes del Foro parecían “gordos de nieve”. Pero, qué destructivos son, bajo esa apariencia. Tanto como el propio Banco Interamericano de Desarrollo BID, del que me ocuparé enseguida.
El BID fue fundado en 1959 como parte de la estructura financiera del nuevo orden mundial capitalista para América latina y El Caribe. Por eso forma parte de la moribunda Organización de Estados Americanos (OEA). Pero, no se equivoque, el BID sirve a los interese económicos de los llamados países miembros “no prestatarios” (22 en total) pertenecientes a la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, Croacia, Suiza y China.
Estos países “no prestatarios” se reservan el derecho de ser los únicos que pueden procurar los bienes y servicios a los proyectos financiados por el BID en nuestros países, identificados como “prestatarios”. Esto quiere decir que el BID compromete a nuestros pueblos en cuantiosos préstamos, que engrosan nuestra deuda externa, para comprarles bienes y servicios a los países “no prestatarios” que nada tienen de latinos, de americanos o de caribeños. Son norteamericanos, europeos y asiáticos. ¿Qué clase de Banco “Interamericano” es éste? ¿De qué “desarrollo” se ocupa? O, mejor aún, ¿del desarrollo de quiénes?
Los más de 50 años de esta lógica perversa, que comparten por igual el BID y los aparatos financieros de la Organización de las Naciones Unidas como el FMI y el Banco Mundial, y del Departamento de Estado de los EEUU, como la USAID, sólo acreditan la exacción de nuestros recursos naturales, mayor pobreza en nuestros pueblos, más terrorismo –ahora so pretexto del narcotráfico-, mayores niveles de delincuencia y de crimen organizado, y la perennización del neocolonialismo.
El BID, se define como “la principal y mayor fuente de financiamiento y pericia multilateral para el desarrollo económico, social e institucional de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente”. Sin embargo, son sus miembros “no prestatarios” a través de sus “inversionistas de impacto” (que son todas las grandes empresas extranjeras instaladas en nuestros países), los que depredan nuestras riquezas mineras, petrolíferas, acuíferas, forestales, pesqueras, turísticas, agrícolas, ganaderas; destruyen nuestra cultura, enajenan nuestra identidad, nuestra historia, nuestra música, nuestras costumbres, nuestras comidas.
Tras 60 años, desde su fundación, los “esfuerzos” de esos “inversionistas” y de la “ayuda” de los países “no prestatarios”, sólo dan cuenta de más del 50% de niños entre 0 y 11 años, en extrema pobreza, según cifras de los propios organismos de NNUU que comparten la misma impronta. Lo que quiere decir que son todos esos niños los condenados a sobrevivir sin esperanza alguna de salud y bienestar. Negados, de por vida, a la posibilidad de aprender algo válido y significativo. Una población descartable. Útil para las estadísticas con que el BID demuestra la necesidad de mayores préstamos.
El BID, dice de sí mismo, que no se trata de cualquier banco, porque, además de préstamos, impone donaciones y asistencia técnica; realiza investigaciones que le sirven para conocer mejor nuestras reservas naturales, nuestra gente, instrumentalizar la sedición, el terror, el hambre, la guerra y elaborar sus “Estrategias de país” para imponérselas a nuestros obsecuentes gobernantes.
El BID tiene 48 países miembros de los cuales 26 son países miembros “prestatarios” de América Latina y el Caribe. Son la mayoría en la Junta de Gobernadores del BID, pero no lo gobiernan. Este derecho se reserva el gobierno norteamericano por ser el “creador” del Banco, así como de la OEA, y tiene el 31% del capital del Banco que alcanza los cien mil millones de dólares. Argentina, Brasil y México, juntos, llegan al 26%. El resto, sólo cuenta para llevarle el amén a los EEUU.
Dada su base de accionistas “no prestatarios” el BID puede endeudarse en los mercados internacionales a precios competitivos y transferir esos beneficios a sus socios europeos, norteamericanos y asiáticos para sus inversiones en los 26 países “prestatarios” de América Latina y el Caribe. Y si de inversiones en los países más pobres y vulnerables se trata, opera a través de su “Fondo de operaciones especiales” (FOE), beneficiando igual a sus socios inversionistas. Es decir, nadie se salva de la agonía de la deuda que nos impone. Excepto Cuba.
Los países miembros del BID
Esta sui géneris institución financiera, “interamericana”, reúne entre sus miembros a 26 países latinoamericanos y caribeños; a 17 países europeos y a
EEUU, Canadá, la República Popular China, Corea del Sur y Japón. Todos estos (los no latinoamericanos y caribeños), son, además, miembros de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) que conforman el Grupo del BID (GBID). Su pertenencia es en calidad de países “No prestatarios”. Esta calidad les otorga el derecho de asumir los “negocios” que canalizan y aseguran estas dos instituciones y el propio BID, en los 26 países latinoamericanos y caribeños “prestatarios”. Éstos tienen la obligación de aportar los fondos con los que el BID, el CII y el FOMIN, fomentan las inversiones privadas de los “No prestatarios”, “en favor de los pobres”.
La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), opera desde hace 25 años, y beneficia a quince de las veinte mayores economías del mundo con “negocios e inversiones” en los países de América latina y el Caribe. En los últimos años, el CII ha “focalizado” las inversiones de los socios “No prestatarios” en las llamadas “energías limpias” (agrocombustibles, aire, sol, agua), las microfinanzas, y el turismo. Ha logrado capitalizar activos propios sobre los dos mil millones de dólares en los últimos 10 años, gracias a su labor de intermediación a favor de empresas “no” latinoamericanas o caribeñas.
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), fundado en 1993 como parte del Grupo del BID, tienen como propósito incrementar la inversión privada en el continente, mejorar el entorno ambiental para el desarrollo del sector privado. El FOMIN es el mayor proveedor de asistencia técnica a este sector en América latina y el Caribe. Moviliza más de dos mil millones de dólares para este efecto y para garantizar la seguridad de los negocios e inversiones de los miembros “no prestatarios” del Banco y del propio FOMIN.
En el 2005, con la firma del Convenio Constitutivo FOMIN II firmado en Okinawa-Japón, sus miembros “prestatarios” y “no prestatarios”, acordaron la “reposición de sus recursos para una nueva gestión más agresiva en pro del crecimiento económico equitativo y la reducción de la pobreza”. Desde entonces, FOMIN ha favorecido la intermediación financiera de sus inversionistas con cargo a los fondos provenientes de los países de América latina y a los “prestamos” impuestos por el BID, en las áreas de remesas, microfinanzas, capital emprendedor, turismo sostenible, alianzas público-privadas, formación de jóvenes. (Temas sobre los cuales pontificaron los fantoches en la reunión del Foro Económico Mundial realizado en Lima)
Países miembros “prestatarios”
La singularidad del BID no está únicamente referida a que siendo una institución financiera de los países de América latina y el Caribe, para la interacción entre éstos, tenga entre sus miembros a países que no sólo geográficamente, sino histórica y culturalmente, nada tienen que ver ni con lo amerindio, ni con lo afro-latino-caribeño. Su particularidad, también tiene que ver con la manera como distingue la calidad de unos y otros de sus miembros.
A fin de supervisar la distribución del financiamiento de sus proyectos, el BID comenzó en 1999 a usar una clasificación que divide a los países en Grupos I y II, según su PIB per cápita de 1997.
El Banco canaliza un 35 por ciento del volumen de sus préstamos a los países del Grupo II (los de ingreso menor), que incluye a Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname. El 65 por ciento restante se canaliza a los países del Grupo I (los de mayor ingreso) como Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
Independientemente de lo paradójico de esta política pensada y ejecutada por el BID, lo evidente son los enormes beneficios que alcanzan sus socios “inversionistas” gracias a sus “financiamientos” con cargo a deuda externa.
Países miembros “no prestatarios”
Ser uno de estos miembros, significa la posibilidad de canalizar mejor sus “inquietudes” de negocios y rentabilidad ya que a través del BID se puede alcanzar a un mayor número de países “beneficiarios” que con programas bilaterales.
Asimismo, los países miembros “no prestatarios” se benefician de los procesos de “adquisiciones y contrataciones”, ya que sólo empresas de estos países pueden procurar bienes y servicios a los proyectos financiados por el BID. El Banco, además, sólo contrata a ciudadanos de los países miembros “no prestatarios”. El BID colabora con los países miembros “no prestatarios”, y reparte información sobre adquisiciones a través de las “Redes de oficiales de enlace del sector privado”.
Veintidós de los 48 países miembros del BID son “no prestatarios”. Estos pueden brindar apoyo financiero, ya sea en forma de capital integrado como en cuanto a suscripciones de capital. Tienen derecho a voto en la Asamblea de Gobernadores del Banco y en el Directorio Ejecutivo, de acuerdo con sus suscripciones de capital. Como ya se dijo, los países miembros “no prestatarios” del BID, son Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, República de Corea, República Popular de China y 16 países de Europa: Alemania, Austria,Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.(http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros-no prestatarios,6006.html)
El gobierno del BID
El BID está encabezado por la Asamblea de Gobernadores que la integran todos los países miembros prestatarios y no prestatarios. Cada país miembro nombra a un “gobernador” cuyo número de votos es proporcional al capital que suscribe al Banco. Los 26 países miembros de América Latina y el Caribe tienen el 50.02% de los votos, pero aquí, el principal accionista es Estados Unidos, con el 30.01% de los votos. (EEUU no es ni histórica, ni culturalmente, un país de latinoamericano ni mucho menos caribeño). Al porcentaje de votos que maneja, en una organización a la que no pertenece, pero que impulsó para sus propios fines, hay que agregar la de los países “amigos” latinoamericanos y caribeños que se suman por presión o por obsecuencia. El 20.01% que representan los países latinoamericanos y caribeños es simplemente una ficción)
El Presidente del Directorio Ejecutivo del BID, es elegido por la Asamblea de Gobernadores por un mandato de cinco años de duración. Es el funcionario ejecutivo principal y representante legal de la institución, y dirige las actividades del Banco. Se trata de un funcionario de carrera de un país “amigo” como Uruguay (antes del actual Presidente José Mujica), lugar de nacimiento de Enrique Iglesias que “sirvió” al Banco entre 1988 al 2005, o Colombia, donde se dice habría nacido Luis Alberto Moreno, su actual re-electo presidente. Los dos anteriores, de los cuatro presidentes que ha tenido el BID, uno fue chileno, Felipe Herrera, entre 1960-71, y el otro, mexicano, Antonio Ortiz Mena, entre 1971-88.
Las políticas de operación del BID
El BID impone su dominio sobre los gobiernos de ALC a través de dos tipos de políticas: las “políticas operativas generales” y las “políticas sectoriales”. Para el BID las políticas son disposiciones que definen la acción del Banco a todo nivel. En este contexto, las “políticas operativas” son aquellas disposiciones que tienen por objeto regular la asistencia que el Banco proporciona a sus “prestatarios”, definir estrategias de desarrollo y proporcionar una guía de alto nivel para la toma de decisiones operativas. Estas políticas son “generales”, cuando sirven para regular los términos y condiciones comunes a todas las actividades operativas del Banco; “financieras”, cuando establecen las fuentes de financiamiento de los préstamos, propósito y aplicación de cada uno de los fondos existentes y sus correspondientes términos y condiciones para las operaciones; “sectoriales”, cuando se imponen a un sector específico de la actividad económica y precisan un marco estratégico para la programación de sus operaciones a nivel nacional y regional; multisectoriales, las aplicables al desarrollo de varios sectores económicos o a diversos campos de la actividad económica, y para el sector privado.
Para cualquier efecto el banco prepara un “documento de política” o informe que se somete a los diferentes órganos del Banco para su aprobación y autorización. Estos “documentos” son elaborados por los departamentos responsables de las políticas generales (DPP, por sus siglas en inglés), sectoriales (SDS) y del sector privado (PRI). Los órganos de aprobación son el Comité de Programación que revisa, comenta y autoriza elevar la propuesta de política al Comité de Coordinación. Éste discute y aprueba la propuesta de política operativa y autoriza someterla al Directorio Ejecutivo, quien finalmente la aprueba.
Una vez aprobado, se impone a los gobiernos y negocia con los “inversionistas”. El contenido de una Política depende de la naturaleza del financiamiento y se expresa en términos precisos, claros y concretos. Incluye básicamente:
• Antecedentes, sobre la experiencia y acción del Banco en la materia objeto del financiamiento o negociado, conteniendo información y análisis que contribuyan a una mejor comprensión y sustentación de los alcances de la política propuesta.
• La política propiamente tal, dando cuenta de su postulado, el detalle del o sus objetivos, los campos de actividad y las prioridades (sobre todo tratándose de políticas sectoriales)
• Los criterios u orientaciones básicas que faciliten y clarifiquen la aplicación de la política.
• Los manuales, conteniendo la política propiamente tal, y el documento original aprobado por el Directorio Ejecutivo del BID.
Nada queda al azar. Todo está determinado para perennizar la agonía del financiamiento externo. En este sentido, las “políticas sectoriales”, precisan al detalle las disposiciones generales aplicables a los préstamos financiados por el Banco en los diferentes sectores económicos o áreas especiales.
El BID tiene además las llamadas “política de adquisiciones” que establece las normas y procedimientos para la licitación de contratos de bienes y servicios que serán habilitados por sus socios “inversionistas” en los proyectos financiados por el Banco (http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/resources,6236.html).
A cada política del BID, le corresponde su respectiva “estrategia” orientada a hacer operativos los mandatos de la Asamblea de Gobernadores, donde EEUU se reserva el derecho de la toma de decisiones.
Las “Estrategias de País” del BID
Al igual que el BM, el BID también define e impone sus “Estrategias de país”, elaboradas por sus equipos de profesionales establecidos en cada uno de nuestros “Estados independientes”. Estas “estrategias” se establecen en función de “las prioridades de desarrollo del BID para la región”.
“La Estrategia de país” se elabora “en base a estudios analíticos elaborados por el propio Banco para una amplia escala de sectores económicos y sociales, tales como desarrollo urbano y rural, salud, educación, modernización del estado, transporte, comercio, medio ambiente, entre otros”.
Todos los sectores implicados, “se benefician” de los bienes y servicios que esta institución “interamericana” canaliza desde EEUU, Europa y Asia para asegurar la competitividad, integración y desarrollo del mercado de sus aliados inversionistas.
La “Estrategia de país” para el Perú
Está orientada a consolidar el ritmo de “crecimiento macroeconómico con inclusión social”. Al igual que la “Estrategia país” que ejecutó el gobierno de Alan García, entre el 2007-2012, la impuesta al actual gobierno de Ollanta Humala para el período 2012-2016 tiene como objetivo continuar con el desafío de “diversificar la economía para evitar los impactos negativos de la volatilidad de las condiciones externas y poder lograr que el crecimiento económico se traduzca en incremento del empleo formal y en bienestar para la mayoría de los peruanos”. En este sentido los “nuevos retos” de la “Estrategia país” para el 2016 serán fortalecer la inserción internacional y la competitividad de las “exportaciones peruanas”, promover el desarrollo social y la inclusión (para cuyo efecto se creó el ministerio de Desarrollo e inclusión social que lo dirige una informante del BM, del BID y de USAID), profundizar la reforma del Estado y mejorar la gestión pública.
Para fomentar la competitividad y diversificación productiva, el Banco asegura
“negocios lucrativos a sus inversionistas” en carreteras, puertos, recursos hídricos, agua potable y saneamiento; financiamiento directo al sector privado para la explotación minera, de hidrocarburos y otros recursos energéticos; “apoyo” en las etapas subsiguientes al proyecto “gas de Camisea”.
Para promover el desarrollo social y la inclusión los “socios inversionistas” del BID seguirán operando los servicios básicos, la promoción de oportunidades de empleo temporal, la protección social (que puede significar cualquier cosa).
En el área de gestión pública, el BID seguirá operando la provisión de servicios, una mayor calidad del gasto público, y el fortalecimiento del sistema judicial, a través de sus “socios inversionistas”. El préstamo del BID para el 2012-2016 es similar al del período anterior (tres mil millones de dólares). Esto consolida al BID como la principal fuente de financiamiento multilateral del Estado peruano.
La condición básica que impone el BID, para que puedan cumplirse los propósitos fijados por sus socios inversionistas, es el fiel cumplimiento de parte del gobierno peruano, de las reformas de políticas impuestas por el propio Banco. Entre estas, la de profundizar la relación Banco-País, en el contexto de la nueva organización del BID a nivel mundial. Esto obliga al Perú a modernizar y fortalecer la oficina de Representación del Banco en el país, como una exigencia clave para robustecer el diálogo con sus “inversionistas” y el enfoque en las “necesidades del cliente”.
El Banco, fiel a su política, se cubre de antemano de lo que pudiera afectar su
“buena voluntad” y la de sus inversionistas: los riesgos macroeconómicos, sociales, políticos, institucionales, ambientales y desastres naturales. En caso surgieran, el Banco usará los mecanismos que tiene incorporados para identificar, prevenir y mitigar sus efectos. De esta forma, “la ayuda” y su posible incremento, queda asegurada. Puede perder el país, pero el Banco y sus “inversionistas”, jamás.
El BID y sus proyectos en el Perú
Los financiamientos actuales del BID en este país van desde los otorgados a la “Sociedad peruana de gastronomía APEGA”, que maneja la feria anual de comidas “Mixtura”, hasta los orientados a la apropiación de sus riquezas naturales estratégicas, en nombre de la “gran transformación del crecimiento económico con inclusión social”. (La feria gastronómica Mixtura, no es más que una artificiosa mercantilización de la verdadera gastronomía nacional, que se ha convertido en una fuente importante de ganancias para beneficio personal de sus dos socios auspiciadores).
Debe entenderse que sobre el presupuesto de cada proyecto, una parte la cubre el aporte del BID con cargo a la deuda externa del país, y la otra el propio Estado en base a sus recursos propios. Esto quiere decir que en la lógica de los beneficios al sector privado, el Estado facilita recursos financieros u otro tipo de recursos como infraestructura básica, puentes, caminos, energía, agua, tierra, para asegurar la explotación de nuestras riquezas naturales o la manipulación y enajenación de la población, de los trabajadores, funcionarios, docentes, alumnos o de cualquier otro actor social implicado directa o indirectamente en los proyectos. He aquí alguno de éstos:
· PE-L1120: Acceso a una educación privada de calidad para el desarrollo de la clase media emergente, que ponderó el ministro de economía del gobierno de Humala y cogobernante del BM, en la reunión de Lima del Foro Económico Mundial. Se trata de un proyecto para la expansión de una “red de colegios privados” dirigidos a poblaciones urbanas. El “socio” de este proyecto es “Colegios peruanos s.a.c.”, una empresa privada bajo la modalidad de sociedad anónima cerrada. Fundada en el 2005, está dedicada a la enseñanza en todos los niveles y modalidades: superior, universitaria, tecnológica y escolar. La sede del proyecto es un distrito de clase media alta llamado San Borja en la ciudad de Lima, constituida por provincianos “emergentes”. Actualmente ya se ha extendido a varios distritos de Lima metropolitana y a varias regiones del país.
El financiamiento estimado para una primera etapa es de 32 millones de los cuales el BID aporta 10 millones de dólares. Empresas extranjeras vinculadas a la producción de libros, mobiliario, instalaciones, software, equipamiento, brindan servicios y bienes de capital. El tipo de financiamiento se define como “Préstamo del Sector Privado Tipo A”.
· PE-L1101 : Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública Territorial
El proyecto busca mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión de la inversión pública de los gobiernos regionales, como articuladores de la inversión privada territorial (Existe un Decreto Ley para tal efecto). El proyecto forma parte de la “reforma y modernización del Estado”. El tipo de financiamiento se define como una “operación de préstamo” por 50 millones de dólares. Está a cargo del ministerio de economía y finanzas.
· PE-L1068 : Proyecto de Innovación para la Competitividad
Para permitir la continuidad del Programa de Ciencia y Tecnología y continuar con las actividades de promoción de la investigación científica y tecnológica, la innovación empresarial y la formación de recursos humanos avanzados en ciencias e ingeniería para incorporarse como mano de obra barata a la empresa privada extranjera. Es una operación de préstamo por 100 millones de dólares, a cargo de un inexistente sector denominado Ciencia y Tecnología. Su ejecución lo tiene el “Consejo de ministros”.
· PE-M1083: Inclusión de pequeños productores y MyPES (medianas y pequeñas empresas) en los mercados gastronómicos. Está orientado a favorecer a los inversionistas del Banco con el desarrollo del mercado gastronómico de alto valor agregado, apoyar la conversión de mercados de abastos en “mercados gastronómicos” a través de su mejoramiento integral y acceso a nuevos clientes. Paralelamente, mejorar la articulación restaurantes y mercados gastronómicos con pequeños productores agrícolas y pecuarios beneficiándose de los bajos precios de sus productos. El FOMIN financia la capacitación y asesoría, articulación y la generación de modelos de negocios replicables. Es una operación a cargo del FOMIN con la Asociación Peruana de Gastronomía (Apega) por tres millones de dólares.
· RG-L1047: Green Line Banco Itau BBA S.A. Nassau Branch
Es un proyecto que el BID financia tanto en Perú como en Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Son los llamados “proyectos verdes” que se desarrollan a través del Banco Itaú BBA S.A. La operación se realiza a través de la sucursal de Itaú, en Nassau (la isla hermana de Miami). El Itaú Banco, pertenece a Itaú Holding, el más poderoso de latinoamérica después de su fusión en el 2008 con Unibanco, el tercer banco más grande de Brasil que fue dueño del Banco Nacional luego de la crisis brasileña de los 90. El Itaú Banco no sólo actúa en América latina sino también en Europa, Asia, EEUU, Japón. Su poder le viene de la serie de adquisiciones y fusiones que en la última década ha realizado de y con bancos de Europa que operaban en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay. Es el décimo banco más grande del mundo. Posee una cartera diversificada de proyectos “amigables” con el medioambiente en América latina a través de una línea verde o “Planet Banking”.
Según una de las voceras del Itaú, el financiamiento otorgado al proyecto constituye una “singular transacción porque permite apalancar la pericia y reputación del BID en los mercados latinoamericanos con la capacidad del grupo Itaú para originar y ejecutar proyectos respetuosos del medio ambiente y lograr un efecto de demostración” (Carolina Camargo, titular del área Instituciones Financieras Internacionales de Itaú BBA).
De parte del BID el proyecto incluye un préstamo A senior, no garantizado, de hasta US$100 millones y otro préstamo B de US$100 millones otorgado por “inversores comerciales”. El financiamiento se justifica en la certeza que arguye el BID de que “hay una escasez de financiamiento para proyectos verdes en América Latina, y con esta operación se pretende cerrar la brecha”, según lo expresara Daniela Carrera Marquis, jefa de la División de Mercados Financieros del Departamento de Financiamiento estructurado y corporativo (SCF por sus siglas en inglés) del BID. En los últimos años, la SCF ha generado US$325 millones en préstamos a instituciones financieras de América Latina y el Caribe para financiar proyectos “respetuosos” del medio ambiente. El SCF es responsable de todas las operaciones sin garantía soberana de los Estados para proyectos a gran escala, así como para aquellos proyectos vinculados con empresas e inversionistas financieros socios del Banco. Por medio de su Programa de Sindicación de Préstamos, el SCF cumple la función catalítica ayudando a sumar recursos de terceros, asociándose con bancos comerciales, inversores institucionales, co-garantes y otros co-prestamistas para proyectos con un “gran impacto para los inversionistas privados”.
Volviendo al proyecto: el préstamo del BID se complementa con asistencia técnica de Itaú BBA a través de una plataforma electrónica de aprendizaje desarrollada por el programa “Beyond Banking” del BID, que permite a entidades financieras participantes mejorar sus procesos de otorgamiento de “préstamos verdes” y la adopción de diferentes procedimientos de selección para evaluar proyectos. “El proyecto es una clara demostración de que el sistema bancario en la región puede ir más allá de los modelos tradicionales de evaluación de riesgos e incluir procesos que le permitan a los inversores maximizar su impacto” (Karina Azzinnari, jefa del equipo de proyecto del BID).
El programa “Beyond Banking” del BID “más allá de la banca”: una apuesta por la “sostenibilidad global”, ha sido desarrollado por la División de Mercados Financieros del SCF del BID para promover, a través de la cooperación técnica y financiera, principios de sostenibilidad medioambiental, social, y de buen gobierno corporativo en intermediarios financieros de América Latina y el Caribe. Al incorporar variables no financieras, como las medioambientales y sociales, el BID refuerza la planificación estratégica y, en última instancia, la viabilidad comercial a largo plazo de sus clientes y socios del sector financiero. Esto le permite a “Beyond Banking” contribuir al desarrollo de la “banca del futuro”, como un nuevo sistema bancario orientado a equilibrar el rendimiento financiero de las inversiones de sus socios, expandir sus coberturas de penetración y arrasar con el medioambiente y las comunidades donde desarrollan sus negocios.
· Programa de Desarrollo Cultural del Centro Cultural-BID
Dentro de la perspectiva de convertir la cultura en una mercancía, como paso previo a su destrucción (tal como reza la doctrina de la CIA en los Documentos de Santa Fé), el “Programa de Desarrollo Cultural del Centro Cultural” del BID impone proyectos culturales a través de alianzas con instituciones públicas e “inversionistas de impacto”. Estos proyectos están dedicados a la capacitación de comunidades residentes en las proximidades de sitios arqueológicos con el fin de ayudarles a “preservar y gestionar” el patrimonio cultural; “restaurar” lugares de interés histórico con fines educativos y económicos; capacitar docentes a través de las artes, la literatura, poesía, danza y teatro; poner en marcha de talleres de formación artística en zonas previamente “focalizadas”. Operan en los 26 países “prestatarios” de Latinoamérica y el Caribe. En el Perú, el BID maneja los “Talleres de cultivos prehispánicos” en el Santuario arqueológico de Pachacamac en Lima, la capital peruana. La idea básica es rescatar para el mercado la herencia cultural referida al manejo de cultivos ancestrales procurando, al propio tiempo, su destrucción.
El programa viene imponiéndose en la región desde 1994 y financia cada año nuevos proyectos. Condición previa para su aprobación es que aseguren capacidad de movilizar recursos financieros adicionales y que impliquen la mercantilización de la cultura.
El fortalecimiento del BID
El BID en los dos últimos años ha fortalecido su intromisión en América latina y el Caribe. En junio de 2010, los Gobernadores del BID acordaron oficialmente aumentar el capital del Banco en US $ 70 mil millones, hasta alcanzar más de US $ 170 mil millones. Este aumento de capital, el más grande en la historia del
BID, ha permitido al Banco proporcionar préstamos hasta por US$ 12 mil millones de dólares anuales, duplicando así los niveles alcanzados antes de la crisis financiera mundial y, al mismo tiempo, aumentar sustancialmente los préstamos destinados al sector privado. Llama la atención, en este sentido, que los gobernadores de algunos países de América latina y del Caribe, se comprometieran con esta decisión. Implica, no sólo claudicar de un elemental sentido de soberanía, sino sumir a sus pueblos en una mayor pobreza y desarticulación de sus culturas. Unos por ignorancia, otros por ineptitud; todos por el servilismo que nos distingue frente a las imposiciones del poder de los EEUU y a sus chantajes.
Gracias a este aval, el BID es, ahora la institución que provee el mayor financiamiento en América Latina y el Caribe que cualquier otra institución financiera regional para beneficio de las empresas privadas; tiene la inversión multilateral más grande en Haití; contacta e incrementa nuevos socios inversionistas en los países “no prestatarios”; coloca más personal extranjero en sus oficinas en todos los países; aumenta significativamente sus préstamos con cargo a deuda para los programas de alivio a la pobreza (que no alivian nada, pero los empobrecen más); aumenta la financiación de la empresa privada para facilitar la integración regional y mundial de las grandes empresas transnacionales; promueve millonarios negocios de protección al medio ambiente y adaptación al cambio climático”; incrementa el negociado de sus inversionistas en Haití induciendo pestes como el cólera, extendiendo el hambre, la desnutrición y la violencia interna.
El BID y las “inversiones de impacto” en América latina y el Caribe
Durante los últimos dos años, el BID movilizó cerca de US$110 mil millones en recursos provenientes de “inversionistas de impacto”, a través de su programa de “sindicación de préstamos” y mediante co-préstamos, con el objetivo de financiar proyectos destinados a mejorar las condiciones de vivienda de poblaciones de bajos recursos, otorgar beneficios a mujeres emprendedoras, ayudar a pequeños productores a aumentar su productividad y mejorar comunidades rurales. Propósitos loables, sin lugar a dudas, pero que lo único que han producido es mayor empobrecimiento, frustración y migración del campo a la ciudad. Considerados como “proyectos rentables” que logren “cambios sociales”, dentro de una lógica de mercado, el BID impulsa a “inversionistas” del sector privado que buscan intervenir en proyectos sociales y ambientales considerados como “negocios lucrativos”.
La “inversión de impacto” es un tipo de inversión “emergente” realizada por individuos de alto patrimonio neto, fundaciones y gestores de activos que se concentran en proyectos rentables que tangencialmente produzcan beneficios sociales funcionales, como “mejorar la calidad de vida de la población sumergida en la pobreza” (que es decir cualquier cosa). Tradicionalmente, los “inversores de impacto” habían apoyado el microfinanciamiento en varios países en vías de desarrollo pero, en los últimos años, han diversificado su cartera de valores y su impacto expandiéndose a otros sectores como salud, vivienda y educación.
La asociación entre el BID y los “inversionistas de impacto” ha permitido al Banco alcanzar hitos importantes en la región con grupos sociales que están “al margen de los mercados de capitales internacionales”. En el 2010, el BID hizo efectivo su primer “préstamo sindicado” (préstamo B) en moneda local en Perú. En Ecuador, completó una sindicación con el crédito más grande que jamás se haya registrado para una institución financiera. En este mismo país el
BID logró la primera sindicación de “deuda subordinada” que le permitió asegurarse para sí y los bancos sindicados, una alta rentabilidad, teniendo en cuenta el crecimiento económico ecuatoriano y la imposibilidad de declararse en bancarrota. En el 2011, el BID cerró igualmente, en Honduras, su primera sindicación, con similares resultados.
Algo más sobre el “crédito sindicado” y los “inversionistas de impacto”
El “crédito sindicado” es una de las formas como el BID consigue financiación externa a través de deuda con uno o varios bancos o instituciones de crédito, unidos como sindicato. El objeto es diversificar riesgos cuando el crédito concedido es de gran cuantía. Los bancos prestamistas le confían la gestión del crédito al BID, por su especial relación con los gobiernos de sus países “prestatarios”. El GBID canaliza los préstamos sindicados hacia los inversionistas privados, identificados como “inversionistas de impacto”. La “Red de inversión de impacto global” (Global Impact Investing Network GIIN), vinculada a aumentar la escala y eficacia de las “inversiones de impacto”, estima que estas inversiones suman actualmente un total de más de US$50.000 millones en todo el mundo. J.P. Morgan y la Fundación Rockefeller, estiman que, durante la próxima década, las inversiones crecerán hasta alcanzar un monto mayor de los US$400.000 millones.
Las “inversiones de impacto” constituyen una forma de penetración de la cultura de mercado a través de la microfinanza o microcrédito. De esta forma se instrumentaliza las necesidades de las personas y algunos tipos de asociaciones de campesinos, artesanos, mujeres, con el engaño del negocio propio que les permite sobrevivir, pero al propio tiempo aferrarse a la lógica del mercado que es la verdadera finalidad. Se prestan a esta instrumentalización, cientos de ONGs que canalizan los microcréditos y se convierten en verdaderos grupos de poder y de manipulación de las necesidades de la gente. Operan en los sectores urbano marginales de población migrante y sub o desocupada, y en las áreas rurales.
Desde 2010, el BID ha cerrado, 10 transacciones con una docena de “inversionistas de impacto”, entre los que se incluyen Blue Orchard que en el Perú opera como Blue Orchard Finance América Latina SAC, Oikocredit, Incofin, responsAbility, Deutsche Bank Social Finance, y la Fundación Calvert. Cada una con un promedio de US$1 billón en activos, y todas dedicadas al negocio del microcrédito. Sus operaciones abarcan América latina, el Caribe, África, Europa, Asia y el propio EEUU.
El setenta por ciento de las sindicaciones del BID se realizaron en Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú. En estas transacciones, el BID actuó como único agente de cálculo y organizador principal, e invirtió US$146 millones de sus propios recursos. Al respecto, Yolanda Chenet, gerente regional de BlueOrchard para América Latina, declaró en una entrevista: “Durante el 2011 hemos establecido una fuerte alianza con el BID, que nos permitió participar en tres de sus préstamos sindicados. Esta colaboración nos ha permitido expandir nuestras operaciones de crédito para incluir a algunos prestatarios de muy alta calidad, y participar en actividades de apoyo a las microempresas y las PYME, operaciones que muy probablemente no seriamos capaces de prestar directamente…Este año, esperamos que esta alianza nos permita ampliar nuestra cobertura geográfica en la región y llegar a otros sub-segmentos poblacionales dentro de las microfinanzas”.
El BID se está convirtiendo en un socio cada vez más importante para estos inversores en América Latina y el Caribe, debido a su amplio conocimiento de la región, experiencia en el sector y redes locales, que le permite crear alianzas y estimular la elaboración de proyectos manipuladores y enajenantes. Kristin Dacey, oficial de sindicaciones del BID sostiene:
“A través del trabajo con el BID los inversionistas de impacto tienen la oportunidad de desplegar capital en proyectos innovadores a los que tal vez no tendrían acceso de otra manera…Es una situación en la que nuestros clientes (países prestatarios) también ganan, dado que nuestra sociedad con los “inversionistas de impacto” les brinda mayor acceso a los paquetes financieros y la posibilidad de construir nuevas relaciones con inversores internacionales”. ¡Alucinante!
El BID y la sociedad civil
El BID considera a las organizaciones de lo que llama “sociedad civil”, un socio clave para el trabajo de consolidación del “régimen permanente”, la expansión de la cultura de mercado y la alienación social. Para este efecto impone proyectos en áreas donde la precariedad de las condiciones de vida, empiezan a generar protestas y reclamaciones. Financia ONGs, “generadoras de conocimiento”, que le proporcionan información sobre movimientos políticos y situaciones de conflicto. Difunde el mito del potencial “creativo” para la inclusión de los pobres en el mercado. Auspicia el negocio de la “transparencia” para beneficio de sus aliados e inversionistas. Privilegia el trabajo con “mujeres empresarias” como una forma de polarizar las diferencias de género y desvirtuar la lucha por una mejor y equitativa distribución del ingreso nacional. Manipula la información a través de periodistas financiados directamente o a través de los medios audiovisuales y escritos. Maneja partidos políticos y otras organizaciones a través de eventos de sensibilización y el co-financiamiento que comparte con organizaciones japonesas, alemanas y otras organizaciones aliadas. Este es el caso, del “Programa de Apoyo al Liderazgo y representación de la Mujer” (PROLID) que trabaja en alianza con la organización IDEA Internacional para el manejo de la base de datos sobre “Género y Partidos Políticos en América Latina” (GEPPAL), que incluía, en el 2009, a 95 partidos políticos de 18 países latinoamericanos.
Se cuenta también en este tipo de trabajo, el de “Partidos políticos y paridad: la ecuación posible”, que el BID comparte con IDEA Internacional y la UNIFEM (Organización de la NNUU para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres). Este programa reúne a presidentes, secretarios generales y secretarias de la mujer de los partidos y movimientos políticos que ocupan actualmente la mayor cantidad de “bancas” en los congresos nacionales latinoamericanos, así como académicos y personalidades importantes en la “arena política” de la región y en EEUU, como Sam Graham-Felsen, asesor principal de la campaña presidencial de Barack Obama.
(Idea Internacional, es un organismo intergubernamental orientado a proporcionar “conocimientos” a los constructores de la democracia, políticas y análisis para el desarrollo, apoyar la reforma democrática y la “transparencia”)
Esta ha sido una breve presentación de lo que es el BID. Su propósito es advertir a quienes aún siguen creyendo en las bondades de la cooperación internacional y la inversión extranjera, que los grandes hacedores de la miseria y desesperación en la que viven millones de seres en la tierra, y particularmente en América latina, El Caribe y en el Perú, se debe a las políticas que nos imponen para incrementar la deuda y asegurar el beneficio de sus inversiones y negocios. Creer que nuestros presidentes cuando viajan al exterior lo hacen para promocionar las inversiones en nuestros países, es comulgar con molinos de viento. Los inversionistas, las inversiones y los montos de sus ganancias, en los países “prestatarios”, lo deciden las instituciones financieras de la ONU (FMI y BM) de la OEA (BID), del Departamento de Estado norteamericano (USAID).
La liberación de nuestros pueblos empieza donde termina la acción de las instituciones financieras del orden mundial capitalista.
* La información ha sido trabajada desde bibliografía y webgrafía de y sobre el BID. Las comillas son del autor y sirven para enfatizar la monserga, con que los hacedores de su discurso, pretenden confundir a los medianamente informados y embaucar a los ingenuos. .
No hay comentarios:
Publicar un comentario