Por Gabriel Osman
goman@diarioalfil.com.ar
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La entrega
incondicional del rector Francisco Tamarit al “proyecto nacional y
popular” que encarna la presidente Cristina Fernández de Kirchner tuvo
ayer un nuevo hito, al tomar conocimiento el Consejo Superior de la UNC
de la firma de un convenio marco entre la UNC y la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), organismo resultante de la mutación kirchnerista de
la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE).
Este organismo se encarga de “la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior”, de acuerdo a la ley nacional 25.520, sancionada en febrero pasado.
En los últimos 31 años de vigencia democrática, la ex Secretaría de Inteligencia ha sufrido duros cuestionamientos desde diversos sectores del arco político argentino, por los numerosos “carpetazos” y amenazas que habrían tenido como presunto origen información recolectada por dicha dependencia del Estado. Dichas piezas de información habrían servido a distintos gobiernos de turno (especialmente el actual) para condicionar las posiciones y el accionar político de propios y ajenos.
Por todo ello, los consiliarios cuestionaron duramente al Rector en la sesión de ayer del Consejo Superior. Al tomar conocimiento de la resolución rectoral 1879/2015 la mayoría de las agrupaciones estudiantiles (con la estridente excepción de La Bisagra, formación que responde directamente a los intereses de Tamarit) pidieron explicaciones al Rector y expresaron su disconformidad con el acuerdo.
Posteriormente, exponentes del tamaritismo defendieron la medida con frágiles argumentos, de acuerdo a referentes de la oposición.
Este organismo se encarga de “la producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la seguridad interior”, de acuerdo a la ley nacional 25.520, sancionada en febrero pasado.
En los últimos 31 años de vigencia democrática, la ex Secretaría de Inteligencia ha sufrido duros cuestionamientos desde diversos sectores del arco político argentino, por los numerosos “carpetazos” y amenazas que habrían tenido como presunto origen información recolectada por dicha dependencia del Estado. Dichas piezas de información habrían servido a distintos gobiernos de turno (especialmente el actual) para condicionar las posiciones y el accionar político de propios y ajenos.
Por todo ello, los consiliarios cuestionaron duramente al Rector en la sesión de ayer del Consejo Superior. Al tomar conocimiento de la resolución rectoral 1879/2015 la mayoría de las agrupaciones estudiantiles (con la estridente excepción de La Bisagra, formación que responde directamente a los intereses de Tamarit) pidieron explicaciones al Rector y expresaron su disconformidad con el acuerdo.
Posteriormente, exponentes del tamaritismo defendieron la medida con frágiles argumentos, de acuerdo a referentes de la oposición.
El convenio
Tras la autorización que se auto-otorgó el Rectorado, el convenio será refrendado entre el Director General de la AFI, Oscar Parrilli, y el propio Tamarit. El mismo es un convenio marco que abre las puertas a futuras “acciones conjuntas entre las partes, tendientes a la colaboración recíproca”.
Los términos de dichas acciones no se describen en el mismo, si no que se establecerán en convenios específicos que tanto los decanos como el propio rector podrán celebrar de ahora en adelante con la AFI. El convenio marco solo establece la laxa definición de “campos académico, científico, funcional e institucional”.
Además, fija que “el financiamiento de las actividades derivadas será conjunto” y que el mismo, tras los dos años de duración original, será renovado “automáticamente por un período igual si ninguna de las partes lo denunciara”.
La resolución 1879/2015, que autoriza la firma del convenio, fue firmada el pasado 29 de septiembre por la vicerrectora Silvia Barei, de acuerdo al facsímil vertido en el digesto de la UNC, y fue puesto en conocimiento del Consejo Superior en la sesión de ayer.
Tras la autorización que se auto-otorgó el Rectorado, el convenio será refrendado entre el Director General de la AFI, Oscar Parrilli, y el propio Tamarit. El mismo es un convenio marco que abre las puertas a futuras “acciones conjuntas entre las partes, tendientes a la colaboración recíproca”.
Los términos de dichas acciones no se describen en el mismo, si no que se establecerán en convenios específicos que tanto los decanos como el propio rector podrán celebrar de ahora en adelante con la AFI. El convenio marco solo establece la laxa definición de “campos académico, científico, funcional e institucional”.
Además, fija que “el financiamiento de las actividades derivadas será conjunto” y que el mismo, tras los dos años de duración original, será renovado “automáticamente por un período igual si ninguna de las partes lo denunciara”.
La resolución 1879/2015, que autoriza la firma del convenio, fue firmada el pasado 29 de septiembre por la vicerrectora Silvia Barei, de acuerdo al facsímil vertido en el digesto de la UNC, y fue puesto en conocimiento del Consejo Superior en la sesión de ayer.
Cuestionamientos y defensa
Las principales críticas al convenio surgieron de las agrupaciones estudiantiles, generalmente sensibles a cuestiones de interés social y político. Tanto Sudestada, Sur y Franja Morada hicieron uso de la palabra para recordar la oscura historia que rodea a los servicios de inteligencia.
Particularmente, criticaron la decisión del Rector de no informar ni consultar al cuerpo previamente a autorizar el acuerdo, dada la extrema sensibilidad que rodea todo lo referido a la inteligencia del Estado.
La consiliaria Gabriela Giacomelli, de Sudestada, no dudó en afirmar con contundencia que, de haber tenido la oportunidad, su voto habría sido negativo al respecto. Sus palabras recibieron el consentimiento de varios miembros del cuerpo. Además, los “económicos” Alfredo Blanco y Jhon Boretto, acompañaron las expresiones estudiantiles, haciendo un llamado a precaución tanto al Rector como a los decanos.
Llamó la atención el protagonista de la defensa del convenio. Además del propio Tamarit, quien hace solo un año se oponía a capa y espada al igualmente polémico, pero más pertinente académicamente, convenio celebrado entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la empresa Monsanto, el abogado Claudio Orosz, representante del claustro de graduados, se refirió gratamente sobre el acuerdo con la AFI.
Orosz, quien representa a familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura en el caso denominado “Juicio de La Perla”, hizo alusión a un supuesto llamado del Centro de Estudios de Legales y Sociales (CELS) a la sociedad civil para involucrarse en cuestiones de seguridad interior. Quizás desconocía que dicho organismo se expresó en duros términos sobre la creación de la AFI.
“El proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia Nacional no logra transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de Inteligencia y facilitar el acceso a información de inteligencia por los jueces en casos de investigaciones criminales, particularmente en hechos de terrorismo”, señaló el CELS en aquel momento.
Los exponentes del kirchnerismo universitario (Tamarit, Orosz, los jóvenes de La Bisagra) decidieron así abrir las puertas de la Casa de Trejo a una de las instituciones del Estado que más cuestionamientos ha recibido durante los últimos 30 años.
Sus actividades, que revisten de un carácter secreto y confidencial, se podrán ver ahora entremezcladas con la vida académica, científica y política-institucional de la UNC. Un nuevo paso del oficialismo universitario en dirección opuesta al distanciamiento profiláctico que cultivó el primer scottismo para con las “zonas oscuras” de la política partidaria.
Las principales críticas al convenio surgieron de las agrupaciones estudiantiles, generalmente sensibles a cuestiones de interés social y político. Tanto Sudestada, Sur y Franja Morada hicieron uso de la palabra para recordar la oscura historia que rodea a los servicios de inteligencia.
Particularmente, criticaron la decisión del Rector de no informar ni consultar al cuerpo previamente a autorizar el acuerdo, dada la extrema sensibilidad que rodea todo lo referido a la inteligencia del Estado.
La consiliaria Gabriela Giacomelli, de Sudestada, no dudó en afirmar con contundencia que, de haber tenido la oportunidad, su voto habría sido negativo al respecto. Sus palabras recibieron el consentimiento de varios miembros del cuerpo. Además, los “económicos” Alfredo Blanco y Jhon Boretto, acompañaron las expresiones estudiantiles, haciendo un llamado a precaución tanto al Rector como a los decanos.
Llamó la atención el protagonista de la defensa del convenio. Además del propio Tamarit, quien hace solo un año se oponía a capa y espada al igualmente polémico, pero más pertinente académicamente, convenio celebrado entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la empresa Monsanto, el abogado Claudio Orosz, representante del claustro de graduados, se refirió gratamente sobre el acuerdo con la AFI.
Orosz, quien representa a familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura en el caso denominado “Juicio de La Perla”, hizo alusión a un supuesto llamado del Centro de Estudios de Legales y Sociales (CELS) a la sociedad civil para involucrarse en cuestiones de seguridad interior. Quizás desconocía que dicho organismo se expresó en duros términos sobre la creación de la AFI.
“El proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia Nacional no logra transparentar el sistema de utilización de fondos reservados de Inteligencia y facilitar el acceso a información de inteligencia por los jueces en casos de investigaciones criminales, particularmente en hechos de terrorismo”, señaló el CELS en aquel momento.
Los exponentes del kirchnerismo universitario (Tamarit, Orosz, los jóvenes de La Bisagra) decidieron así abrir las puertas de la Casa de Trejo a una de las instituciones del Estado que más cuestionamientos ha recibido durante los últimos 30 años.
Sus actividades, que revisten de un carácter secreto y confidencial, se podrán ver ahora entremezcladas con la vida académica, científica y política-institucional de la UNC. Un nuevo paso del oficialismo universitario en dirección opuesta al distanciamiento profiláctico que cultivó el primer scottismo para con las “zonas oscuras” de la política partidaria.
Sin consenso, se pospone votación sobre nuevas facultades
El
orden del día de la sesión de ayer del Consejo Superior preveía una
votación para convocar a la Asamblea Universitaria, la cual debería
decidir sobre la creación de dos nuevas unidades académicas: la Facultad
de Comunicación Social y la Facultad de Ciencias Sociales.Sin embargo, el rector Tamarit pidió a los consiliarios posponer dicha votación. La misma se llevará a cabo en una sesión extraordinaria, fijada para la tarde del próximo martes.
De acuerdo a fuentes del Consejo Superior, la postergación se fundó en la necesidad de Tamarit de generar un marco de consenso más amplio que el existente sobre el tema. Asimismo, refirieron que numerosos consiliarios se inclinarían por alternativas a la postura oficial de crear dos facultades, como la de concretar solo uno de los proyectos o integrar ambos en una única Facultad.
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