Milagro
Sala fue detenida el 16 de enero en el marco del expediente "Sala,
Milagro Amalia Ángela y otros p.s.a. de Investigación a cometer delitos y
tumulto en concurso real. Ciudad" tramitado por el Juzgado de Control
Penal de Feria, Jujuy.
El primer hecho que le imputa el juez Gutiérrez corresponde al día 14 de diciembre de 2015. Según el voluntarioso juzgado, Sala "juntamente con Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Esteban Cardozo, comenzaron a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos a los fines del establecimiento y distribución de sectores, para ubicar a grupos de personas que seguían sus indicaciones, tanto de la vía pública como en la Plaza Belgrano".
Continua el laborioso magistrado arguyendo que "esta actividad de persuasión tuvo por objeto, que personas indeterminadas a la fecha y en cumplimiento de sus directivas, acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas y gazebos y otros elementos similares".
Para más claridad, en devoto feligrés de la actividad judicial estival sostiene que "la conducta despliega por los prevenidos, fue la de instigar públicamente a personas indeterminadas, integrantes de distintas organizaciones sociales que los acompañaban, a ocupar los espacios públicos consignados precedentemente".
El segundo hecho que señala el paladín de la justicia se basa en que "luego del día 14/12/15, los prevenidos, configuraron la coautoría de instigación pública a cometer delitos descripta en el hecho anterior, continuaron concurriendo esporádicamente, a la zona de la plaza Belgrano y adyacencias de la misma con un propósito diferente: Alzarse públicamente junto con los acampante que aún permanecen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución".
El Defensor de la Paz Social además agrega que "esta afirmación se desprende del informe emanado del Sr. Gobernador de la Provincia, agregado a estas actuaciones, que da cuenta que, a la fecha, persisten grupos de personas que se niegan a dar datos personales, por motivos que den ser objeto de investigación, y de esta manera, obstan a la ejecución íntegra del plan referido" aportando de esta forma su estrecho vínculo en el intereses de que los objetivos políticos del gobierno vigente se cumplan.
Del contenido de la orden de detención se desprenden algunas conclusiones de severa gravedad respecto del derecho de manifestarse. En principio, las organizaciones sociales se dan su propia forma de funcionamiento y tienen derecho a hacerlo. El rol de dirigente existe desde el principio de los tiempos. Y la orden cuestiona abiertamente el hecho de “dar indicaciones con arengas” como acto probatorio de que los delitos tipificados en el Código Penal que señala la orden fueran responsabilidad de la dirigente.
¿Qué sería de la historia de la lucha obrera sin capacidad de organización y sin el rol de dirigentes?
Pero la orden avanza más en su cuestionamiento a la organización social y en su camino abierto de allanar terreno a la criminalización de la protesta. En el documento se hace explícito que la organización, a través de su dirigente, rechaza un programa de gobierno y toma medidas de protesta en este sentido.
Aquí el letrado se pone al frente de las huestes del statu quo y se mete en el terreno de la política en nombre de la asepsia judicial. Si hay una diferencia de una organización social respecto de un programa de gobierno esto debe resolverse en el terreno de la política. El vetusto magistrado habla atribuye a la dirigente el hecho “alzarse públicamente (…) contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.
De esto se trata la criminalización de la política: la “justicia” penaliza a las organizaciones sociales y políticas ante la incapacidad de resolución de los conflictos públicos en el ámbito de la política por parte de los gobiernos en los distintos estamentos del Estado. Se puede dar por incapacidad o directamente por concepción política, es decir, no reconocer a las organizaciones sociales como interlocutores políticos y, por ende, manda a la justicia a encerrarlos.
De ese criterio político de funcionamiento donde la justicia y las fuerzas de seguridad son un brazo de acción violenta contra la pobreza que se organiza, se desprende un claro componente de clase. Es decir, quienes se organicen y opongan diferencia ante mi política no son interlocutores sino simplemente criminales.
Al margen de las coincidencias y diferencias políticas que cada organización que se considere popular puede enumerar con la Tupac Amaru y su dirigencia, tolerar esta clase de atropello abierto hacia la organización popular representa dar un cheque en blanco al gobierno de los CEOS.
No sólo es necesaria la solidaridad con la organización perseguida sino rechazar de plano cualquier otro intento de este tipo en cualquier localidad del territorio donde se lleve a cabo.
Manifestar pacíficamente por una diferencia política mediante una acción como una manifestación, un acampe, una hoya popular no es delito.
Naturalizar el accionar de la política mediante la justicia condenando a la protesta social puede traer severos problemas en el marco de la vida democrática y de la lucha política.
Sería natural que las tradiciones políticas de lucha en Argentina rechacen de plano la criminalización de la protesta expresada en la detención de Milagro Sala. Se advierte, en cambio, cierta timidez en el rechazo al accionar político-judicial. Tal vez tenga algo que ver el hecho de que para los espíritus progresistas sea más aberrante la censura sobre un periodista blanco y prolijo que sobre una dirigente de piel oscura en el norte del país.
Mejor aún que manifestar la solidaridad, es trabajar para lograr la liberación Milagro y dar una clara advertencia al macrismo y a los envalentonados mandaderos judiciales respecto de lo que aquí no se toca.
El primer hecho que le imputa el juez Gutiérrez corresponde al día 14 de diciembre de 2015. Según el voluntarioso juzgado, Sala "juntamente con Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado y Alberto Esteban Cardozo, comenzaron a dar indicaciones que se manifestaron con arengas, señalamientos, ademanes y gestos a los fines del establecimiento y distribución de sectores, para ubicar a grupos de personas que seguían sus indicaciones, tanto de la vía pública como en la Plaza Belgrano".
Continua el laborioso magistrado arguyendo que "esta actividad de persuasión tuvo por objeto, que personas indeterminadas a la fecha y en cumplimiento de sus directivas, acampen indiscriminadamente en sitios públicos, instalando carpas y gazebos y otros elementos similares".
Para más claridad, en devoto feligrés de la actividad judicial estival sostiene que "la conducta despliega por los prevenidos, fue la de instigar públicamente a personas indeterminadas, integrantes de distintas organizaciones sociales que los acompañaban, a ocupar los espacios públicos consignados precedentemente".
El segundo hecho que señala el paladín de la justicia se basa en que "luego del día 14/12/15, los prevenidos, configuraron la coautoría de instigación pública a cometer delitos descripta en el hecho anterior, continuaron concurriendo esporádicamente, a la zona de la plaza Belgrano y adyacencias de la misma con un propósito diferente: Alzarse públicamente junto con los acampante que aún permanecen en el mismo lugar, contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución".
El Defensor de la Paz Social además agrega que "esta afirmación se desprende del informe emanado del Sr. Gobernador de la Provincia, agregado a estas actuaciones, que da cuenta que, a la fecha, persisten grupos de personas que se niegan a dar datos personales, por motivos que den ser objeto de investigación, y de esta manera, obstan a la ejecución íntegra del plan referido" aportando de esta forma su estrecho vínculo en el intereses de que los objetivos políticos del gobierno vigente se cumplan.
Del contenido de la orden de detención se desprenden algunas conclusiones de severa gravedad respecto del derecho de manifestarse. En principio, las organizaciones sociales se dan su propia forma de funcionamiento y tienen derecho a hacerlo. El rol de dirigente existe desde el principio de los tiempos. Y la orden cuestiona abiertamente el hecho de “dar indicaciones con arengas” como acto probatorio de que los delitos tipificados en el Código Penal que señala la orden fueran responsabilidad de la dirigente.
¿Qué sería de la historia de la lucha obrera sin capacidad de organización y sin el rol de dirigentes?
Pero la orden avanza más en su cuestionamiento a la organización social y en su camino abierto de allanar terreno a la criminalización de la protesta. En el documento se hace explícito que la organización, a través de su dirigente, rechaza un programa de gobierno y toma medidas de protesta en este sentido.
Aquí el letrado se pone al frente de las huestes del statu quo y se mete en el terreno de la política en nombre de la asepsia judicial. Si hay una diferencia de una organización social respecto de un programa de gobierno esto debe resolverse en el terreno de la política. El vetusto magistrado habla atribuye a la dirigente el hecho “alzarse públicamente (…) contra la decisión de ejecutar el Plan de Regulación y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales dispuesta por el Gobierno de la Provincia para impedir su ejecución”.
De esto se trata la criminalización de la política: la “justicia” penaliza a las organizaciones sociales y políticas ante la incapacidad de resolución de los conflictos públicos en el ámbito de la política por parte de los gobiernos en los distintos estamentos del Estado. Se puede dar por incapacidad o directamente por concepción política, es decir, no reconocer a las organizaciones sociales como interlocutores políticos y, por ende, manda a la justicia a encerrarlos.
De ese criterio político de funcionamiento donde la justicia y las fuerzas de seguridad son un brazo de acción violenta contra la pobreza que se organiza, se desprende un claro componente de clase. Es decir, quienes se organicen y opongan diferencia ante mi política no son interlocutores sino simplemente criminales.
Al margen de las coincidencias y diferencias políticas que cada organización que se considere popular puede enumerar con la Tupac Amaru y su dirigencia, tolerar esta clase de atropello abierto hacia la organización popular representa dar un cheque en blanco al gobierno de los CEOS.
No sólo es necesaria la solidaridad con la organización perseguida sino rechazar de plano cualquier otro intento de este tipo en cualquier localidad del territorio donde se lleve a cabo.
Manifestar pacíficamente por una diferencia política mediante una acción como una manifestación, un acampe, una hoya popular no es delito.
Naturalizar el accionar de la política mediante la justicia condenando a la protesta social puede traer severos problemas en el marco de la vida democrática y de la lucha política.
Sería natural que las tradiciones políticas de lucha en Argentina rechacen de plano la criminalización de la protesta expresada en la detención de Milagro Sala. Se advierte, en cambio, cierta timidez en el rechazo al accionar político-judicial. Tal vez tenga algo que ver el hecho de que para los espíritus progresistas sea más aberrante la censura sobre un periodista blanco y prolijo que sobre una dirigente de piel oscura en el norte del país.
Mejor aún que manifestar la solidaridad, es trabajar para lograr la liberación Milagro y dar una clara advertencia al macrismo y a los envalentonados mandaderos judiciales respecto de lo que aquí no se toca.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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LIBERTAD A MILAGRO SALA
Las organizaciones abajo firmantes expresamos:
Nuestro repudio a la detención de Milagro Sala
y la criminalización de la protesta social
Entendemos este hecho, junto a la represión a
la lucha de los/as trabajadores/as de Cresta Roja, la
represión a los/as trabajadores/as despedidos de La Plata,
junto a la creciente persecución, expresa una política de
criminalización y judicialización de la protesta, alejada
de los más básicos derechos del pueblo, generando
antecedentes terribles que fueran dejados atrás con la
dictadura.
Recientemente se ha aprobado la reglamentación
para aplicar el nuevo Código Contravencional que fue votado
por consenso en la Legislatura jujeña en 2014. Este código
judicializa más la protesta en consonancia con la Ley
Antiterrorista y lo estrenan con las organizaciones que
estan acampando en reclamos de sostenimiento de escuelas y
comedores sociales.
A Milagro Sala se la detiene por acampar en la
plaza de San Salvador. Esto constituye un antecedente
aberrante para todxs aquellxs que hacemos de la protesta y
de la lucha en las calles nuestra forma de expresarnos. Por
ello exigir la libertad inmediata de Milagro Sala es una
tarea impostergable para todos los sectores del campo
popular.
En un panorama de mayor ajuste, despidos y
deterioro del salario; saben que lucharemos cada vez más.
Por eso reprimen y criminalizan la protesta social,
derecho que históricamente nos ha permitido alcanzar nuevos
derechos.
El gobierno de Cambiemos llegó para atacar la
organización popular, estigmatizar la militancia y avanzar
sobre las conquistas del pueblo trabajador. Por eso
rechazamos y repudiamos estos sucesos, debemos alertarnos y
llamar a la unidad de todas las organizaciones a repudiar la
criminalización y frenar el avance de la mano dura.
y la criminalización de la protesta social
Entendemos este hecho, junto a la represión a
la lucha de los/as trabajadores/as de Cresta Roja, la
represión a los/as trabajadores/as despedidos de La Plata,
junto a la creciente persecución, expresa una política de
criminalización y judicialización de la protesta, alejada
de los más básicos derechos del pueblo, generando
antecedentes terribles que fueran dejados atrás con la
dictadura.
Recientemente se ha aprobado la reglamentación
para aplicar el nuevo Código Contravencional que fue votado
por consenso en la Legislatura jujeña en 2014. Este código
judicializa más la protesta en consonancia con la Ley
Antiterrorista y lo estrenan con las organizaciones que
estan acampando en reclamos de sostenimiento de escuelas y
comedores sociales.
A Milagro Sala se la detiene por acampar en la
plaza de San Salvador. Esto constituye un antecedente
aberrante para todxs aquellxs que hacemos de la protesta y
de la lucha en las calles nuestra forma de expresarnos. Por
ello exigir la libertad inmediata de Milagro Sala es una
tarea impostergable para todos los sectores del campo
popular.
En un panorama de mayor ajuste, despidos y
deterioro del salario; saben que lucharemos cada vez más.
Por eso reprimen y criminalizan la protesta social,
derecho que históricamente nos ha permitido alcanzar nuevos
derechos.
El gobierno de Cambiemos llegó para atacar la
organización popular, estigmatizar la militancia y avanzar
sobre las conquistas del pueblo trabajador. Por eso
rechazamos y repudiamos estos sucesos, debemos alertarnos y
llamar a la unidad de todas las organizaciones a repudiar la
criminalización y frenar el avance de la mano dura.
Pueblo en Marcha (Frente Popular Dario
Santillan, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el
Cambio Social, El Avispero, Democracia Socialista, Corriente
Surcos,La Emergente)
Santillan, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el
Cambio Social, El Avispero, Democracia Socialista, Corriente
Surcos,La Emergente)
Frente Popular Dario Santillan Corriente Nacional
Izquierda Revolucionaria
OLP Simon Bolivar
Corriente Popular Juana Azurduy
Equipo de Educacion Popular Pañuelos en Rebeldía
© Ediciones Herramienta. Rivadavia 3772 - 1º "B" (1204) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono (+54 11)4982-4146. Correo electrónico: revista@
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