JUSTICIA SIN SUBORDINACIÓN
Asistimos al lamentable espectáculo que nos brindan los poderes del Estado.
La abogacía –y cada abogada y abogado- pueden dar fe de ello.
Vivimos a diario la más deplorable pérdida de todo sentido de justicia en manos de algunos magistrados y funcionarios visiblemente parciales; de operadores y de servicios de inteligencia; de resoluciones apuradas o demoradas estratégicamente según el interés del poderoso; de una agenda de la Corte Federal y de muchos Superiores Tribunales de Provincia, organizada a medida de los tiempos políticos y económicos pero alejada de los intereses de la ciudadanía; de denuncias altisonantes o de la instauración de mecanismos de impunidad, ante los órganos que deben controlar el funcionamiento del Poder Judicial.
Frente a este tipo de situaciones que no son nuevas y el descrédito social que generan, nos vemos obligados -una vez más- a expresar, lo que la historia y nuestro innegociable compromiso con la Justicia, nos impiden silenciar.
El Estado Constitucional de Derecho solo se construye y se consolida a través de un Poder Judicial independiente, que posea todas las garantías para cumplir con su función jurisdiccional, sin interferencia de los restantes poderes del Estado o de grupos de interés.
Para ello, se requiere con urgencia restaurar la confianza perdida y superar prácticas viciosas que han generado el visible descreimiento en los tres poderes del estado.
La Constitución representa el pacto fundacional de la convivencia de los argentinos y de su plena vigencia depende la legitimidad de cualquier acto de gobierno pasado, presente y futuro.
En nuestra Nación hay abogadas y abogados dispuestos a dar “la lucha por el derecho”, defender la Constitución de la Nación y de la Provincia, volver a la esencia de las instituciones republicanas y democráticas, reafirmar la vigencia de los Derechos Humanos.
Desde la colegiación legal que nuclea a la abogacía de la provincia hemos procurado -particularmente en el último tiempo- realizar nuestros mayores esfuerzos y concretar, con el trabajo mancomunado de todos los profesionales del derecho, propuestas tendientes al mejoramiento del servicio de justicia.
Sin embargo, estas medidas no resultan suficientes si no se avanza coordinadamente en la conformación de una verdadera Política de Estado, que defina cuestiones estructurales de la Administración de Justicia, tales como criterios de ingreso y selección de recursos humanos, visión en la ciudadanía, controles de gestión y disciplinarios, perfiles de jueces y funcionarios, protección de sectores vulnerables, infraestructura, presupuesto, transparencia institucional, entre muchos otros.
Cuando se politiza el Poder Judicial o se pretende judicializar la política, la que pierde es la República y con ella toda la ciudadanía que necesita este poder del Estado, como último garante, para la protección de sus derechos.
Con temple, seguiremos dando batalla en defensa de la salud de la República.
Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Junín, a los 21 días del mes de marzo de 2019.
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