Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica hoy un
informe regional
sobre la violencia perpetrada contra las personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans e intersex (LGBTI) o percibidas como tales, o personas
con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género no
normativas, o cuyos cuerpos difieren del estándar socialmente aceptado
de los cuerpos masculinos y femeninos. En varios países de la región se
han registrado avances significativos en el reconocimiento de derechos
de las personas LGBTI, pero continúan registrándose altos índices de
violencia en todos los países de la región. Esta violencia, tal como lo
demuestran los múltiples testimonios que recoge el informe, tiene altos
niveles de ensañamiento y crueldad. Asimismo, hay una invisibilidad de
la violencia cotidiana que afecta a estas personas que no se denuncia ni
se reporta en los medios.
El informe se enfoca en la violencia contra las personas LGBTI como un
fenómeno social, complejo y multifacético, y no sólo como un hecho
aislado o acto individual. Por ejemplo, la violencia contra las personas
intersex está basada en prejuicio hacia la diversidad corporal y,
específicamente, contra las personas cuyos cuerpos difieren del estándar
corporal masculino y femenino. La violencia que sufren las personas
intersex difiere de la que por lo general sufren las personas lesbianas,
gays, bisexuales y trans (LGBT). Muchos de los actos de violencia
contra las personas LGBT, comúnmente conocidos como crímenes de odio, se
comprenden mejor bajo el concepto de violencia por prejuicio motivada
por las sexualidades e identidades no normativas. Las orientaciones e
identidades sexuales diversas desafían las nociones fundamentales sobre
el sexo, sexualidad y género heteronormativas. En este sentido, la
violencia y la violencia sexual contra las personas LGBT son utilizadas
para sancionar y denigrar a las personas que se ubican fuera de estos
conceptos en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de
género. Además, esta violencia tiene un impacto simbólico, ya que envía
un mensaje de terror a toda la comunidad de personas lesbianas, gay,
bisexuales y trans.
El informe aborda las variadas formas de violencia contra cada uno de
estos grupos poblacionales. Según el Registro de Violencia contra
personas LGBT que la CIDH llevó adelante por un período de 15 meses
entre 2013 y 2014, los hombres gay y las mujeres trans constituyeron la
mayoría de las víctimas de asesinatos y de actos de abuso policial. Las
mujeres lesbianas y bisexuales son afectadas particularmente por
violencia intrafamiliar y violencia sexual. Por su parte, las mujeres
trans son el grupo más afectado por la violencia policial, sobretodo en
el contexto del trabajo sexual. En su gran mayoría se encuentran
insertas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que
suele comenzar desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia
sufrida en sus hogares, centros educativos y comunidades, que se
refuerza por la falta de reconocimiento legal de su identidad de género
en la mayoría de los países de la región.
Mientras tanto, la violencia que enfrentan personas intersex es muy
diferente. Niñas y niños intersex son frecuentemente sometidos a
operaciones e intervenciones quirúrgicas que, en su mayoría, no son
médicamente necesarias, con el único objetivo de modificar sus genitales
para que se parezcan más a los de un niño o una niña. Estas cirugías,
de naturaleza irreversible, se suelen realizar sin su consentimiento, a
bebés recién nacidos o niños y niñas de muy corta edad, y pueden causar
un enorme daño a las personas intersex, tales como dolor crónico, falta
de sensibilidad genital, esterilización, capacidad reducida o nula para
sentir placer sexual, y trauma.
El informe analiza también la situación de violencia que enfrentan las
personas dada la intersección con otros factores, tales como etnia,
raza, sexo, género, situación migratoria, condición de defensor o
defensora de derechos humanos, y pobreza. Estos grupos pueden sufrir un
ciclo continuo de violencia y discriminación causado por la impunidad y
la falta de acceso a la justicia. Por ejemplo, existe un fuerte vínculo
entre pobreza, exclusión y violencia. Las personas LGBT que viven en
pobreza son más vulnerables al perfilamiento y acoso policial, y en
consecuencia a tasas más altas de criminalización y encarcelamiento.
Asimismo, las personas LGBT jóvenes tienen, en general, un acceso
limitado a la vivienda, lo que aumenta su riesgo de ser víctimas de
violencia.
La gran mayoría de asesinatos y actos de violencia contra personas LGBTI
quedan impunes. Existen varios obstáculos para el acceso a la justicia
para personas LGBTI y sus familiares, que incluye miedo a denunciar,
subregistro del problema, abordaje inadecuado por parte de agentes
estatales, falencias en las investigaciones, entre otros. La
inefectividad por parte de los Estados de aplicar la debida diligencia
para prevenir, investigar, sancionar y reparar los asesinatos y otros
crímenes violentos contra las personas LGBTI guarda estrecha relación
con los prejuicios y estereotipos que los agentes del Estado tienen
sobre las víctimas. Cuando los Estados no realizan investigaciones
exhaustivas e imparciales respecto de la violencia contra las personas
LGBTI, como ocurre en la mayoría de los casos, se genera una impunidad
frente a estos delitos que envía un fuerte mensaje social de que la
violencia es condonada y tolerada, lo que genera aún más violencia y
conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia.
Existe un vínculo inherente entre discriminación y violencia contra las
personas LGBTI en América. En ese contexto, también existe un vínculo
entre legislaciones discriminatorias y violencia. Ejemplo de esto son
las leyes que criminalizan las relaciones sexuales y/o otras expresiones
de intimidad consensuales entre personas del mismo sexo, así como las
expresiones de género no normativas. Leyes de sodomía, indecencia seria e
indecencia grave, protección de la “moral pública” y “las buenas
costumbres”, entre otras, continúan siendo un problema grave en la
mayoría de los países anglófonos del Caribe. Aunque estas leyes suelen
no aplicarse, su existencia es utilizada para acosar, perseguir,
hostigar y amenazar a personas con orientaciones sexuales o identidades o
expresiones de género diversas, reales o percibidas. Este tipo de
legislaciones contribuyen a crear un contexto que condona la
discriminación, la estigmatización y la violencia contra personas LGBT,
reforzando los prejuicios sociales existentes.
El informe aborda también la relación entre el derecho a igualdad y el
derecho a la libertad de expresión. Específicamente, la Convención
Americana prohíbe la “apología del odio” que constituya una “incitación a
la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier
persona o grupo de personas”. En el informe, la CIDH y la Relatoría
Especial para la Libertad de Expresión afirman que la apología del odio
que incite a la violencia ilegal contra un grupo por motivo de su
orientación sexual, identidad o expresión de género, y diversidad
corporal, está incluida en las expresiones prohibidas por la Convención
Americana.
La CIDH insta en el informe a los Estados Miembros de la OEA a
investigar y sancionar los crímenes y actos violentos contra las
personas LGBTI con debida diligencia. Considerando el alto número de
actos de violencia y el ensañamiento y crueldad con que son perpetrados,
se recomienda que siempre que se abra una investigación, se incluya la
hipótesis de que pueda haber sido violencia por prejuicio. Asimismo, los
Estados deben recolectar información estadística de manera sistemática
sobre la violencia contra las personas LGBTI y sobre el acceso a la
justicia, que permita identificar los motivos de las alarmantes tasas de
impunidad. También se recomienda a los Estados adoptar medidas amplias a
fin de combatir la discriminación, los prejuicios y los estereotipos
sociales y culturales contra las personas LGBTI. Los Estados deben
adoptar medidas preventivas y educativas para responder y combatir el
discurso de odio contra las personas LGBTI y derogar las leyes que
criminalizan las relaciones sexuales y otras expresiones de intimidad
consensuales entre personas del mismo sexo en privado y las expresiones
de género no normativas. El informe contiene más de 100 recomendaciones a
los Estados para abordar y resolver este grave problema.
La versión en inglés de este informe se publicará próximamente.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión
Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los
derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA
en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes
que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y
no representan a sus países de origen o residencia.
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