Un nuevo capítulo del conflicto educativo: ¿Universidades para qué?
Autor(es): Díaz de Guijarro, Eduardo
Díaz
de Guijarro, Eduardo . Físico y Magister en Ciencia, Tecnología y
Sociedad. Actualmente trabaja en historia de las universidades. Dicta un
seminario en la F. C. E. N. de la UBA. Compiló La construcción de lo
posible, Bs. As: Libros del Zorzal, 2003; autor de Espíritu crítico y
formación científica, Bs As: Eudeba, 2010; y coordinó Exactas en
imágenes, Bs. As.: Eudeba, 2011; coautor de Historia de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. UBA (Eudeba, 2015)
A sólo cinco meses de la
asunción del gobierno de Cambiemos se puso de manifiesto con una enorme
repercusión pública un conflicto que recorre a todas las universidades
estatales del país. No alcanza el presupuesto para los gastos de
funcionamiento; los sueldos docentes son irrisorios; los estudiantes no
encuentran respuesta a su demanda de un boleto de transporte reducido
que abarate al menos parcialmente los costos de sus carreras.
Poco meses después de esa
fecha, en diciembre de 2001, fue no solo un ministro sino el presidente
de la Rua y todo su gobierno los que cayeron, expulsados de la Casa
Rosada por la movilización popular. Habiendo tocado fondo, la educación
superior, lo mismo que otros aspectos de la sociedad argentina,
experimentó luego una cierta recuperación durante los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner. Se crearon nuevas universidades, que
posibilitaron el acceso a sus carreras de una nueva generación de
jóvenes, y se impulsó la investigación a través de mejoras en el CONICET
y de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Sin embargo, la Ley de
Educación Superior (LES), promulgada en 1995, salvo la reforma de dos
artículos a fin de 2015, siguió en vigencia durante todos esos años,
hasta el presente.
Qué es la LES y por qué sigue en vigencia
Suele atribuirse la LES al
gobierno de Carlos Menem. Esto es verdad, pues fue sancionada durante su
mandato, pero es solo una parte de la verdad. Y quizá sea solo una
parte menor de la verdad.
La historia fue así: desde la
década de 1980, el capital financiero internacional comenzó a buscar
nuevas formas para que la educación superior sirviera mejor a sus
intereses económicos. Las empresas imperialistas se concentraban y se
internacionalizaban cada vez más, requiriendo profesionales e
investigadores universitarios orientados hacia los temas prioritarios
para optimizar sus ganancias. Además, los títulos debían tener validez
internacional, para que las distintas filiales de las empresas
consiguieran en sus respectivas locaciones ingenieros, economistas y
técnicos igualmente capacitados.
Comenzaron a crecer los
convenios entre las universidades públicas y las empresas, tanto para la
investigación tecnológica como para las escuelas de negocios, al mismo
tiempo que se fomentaban en todo el mundo las universidades privadas,
vinculadas de forma mucho más directa con los intereses capitalistas.
Este modelo de enseñanza superior nació en Estados Unidos y se propagó
por toda Europa, Japón y los países más poderosos del mundo.
Siguiendo esta línea, en 1994
el Banco Mundial emitió un documento que sintetizaba sus propuestas
para la educación superior en los llamados “países en desarrollo”i.
El centro estaba puesto en el impulso a las instituciones privadas y en
los mecanismos para introducir los intereses empresariales y los
métodos gerenciales de gobierno en las universidades públicas.
Poco después, en junio de 1995, el Banco Mundial aprobó el Programa de Reforma de la Educación Superior para la Argentinaii,
y poco después otorgó un préstamo de 165 millones de dólares para
implementarlo. Entre las condiciones del préstamo se incluía la creación
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), que debía tener “un director ejecutivo aceptable para el
Banco”, y que el dinero del préstamo sería destinado al Fondo para el
Mejoramiento de la Calidad Universitaria (FOMEC) siempre y cuando “su
director, sus funcionarios, responsabilidades y funciones fueran
satisfactorias para el Banco”iii.
En la CONEAU y en los otros
organismos que rigen la política universitaria nacional tienen un fuerte
peso los sectores privados y el poder político, que superan largamente a
la representación de las universidades nacionales.
Detrás de Menem estaban estos
intereses financieros y empresariales, que lamentablemente en 2016
siguen dominando el mundo, a través de las armas, del dinero, de los
medios de comunicación y también de la educación superior.
De los gobiernos kirchneristas a Macri y sus aliados
Tal como ya dijimos, entre
2003 y 2015 algunas de estas tendencias privatistas se atenuaron en la
Argentina, pero de ninguna manera desaparecieron, pues los intereses
económicos imperialistas siguieron dominando el país.
Después del 10 de diciembre
de 2015, los frenos desaparecieron, y la crueldad del lucro y del dios
dinero apareció con fuerza renovada.
¿Qué piensa sobre esto el actual presidente? En el
año 2014, Mauricio Macri ocupó el estrado durante el VIII Congreso
Internacional de Economía y Gestión, realizado en la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA. En su disertación no solo criticó la
creación de nuevas casas de estudio, diciendo “¿qué es esto de
universidades por todos lados?” sino que también expresó claramente qué
tipo de universidad quiere el actual presidente: “no existe que la
universidad y la empresa sean dos mundos”, dijo, “somos todos parte de
un mismo mundo”iv.
Macri no mencionó como prioritario ningún problema
social, en el campo de la salud pública, la vivienda, la alimentación,
el medio ambiente, el transporte o el injusto sistema jurídico. Solo
definió como misión de las universidades servir a las necesidades de las
empresas, o sea mejorar su competitividad y aumentar sus ganancias.
Según sus palabras, deben ser parte “de un mismo mundo”.
Esta es nuevamente, y en forma más explícita aún
que en los años menemistas, la política del capital financiero, de las
multinacionales y de las grandes empresas privadas. Es la política del
Banco Mundial, del FMI y de la Organización Mundial del Comercio.
Esos sectores procuran que las universidades sean instituciones que sirvan para preservar y acentuar la explotación capitalista.
¿Qué debería ser una universidad pública?
Para quienes entendemos que la sociedad no debería
estar dividida entre explotadores y explotados, la misión de la
universidad pública debería ser algo muy diferente. En rigor, lo opuesto
a lo que acabamos de describir en el apartado anterior.
Frecuentemente las luchas estudiantiles y populares
se encolumnan tras la demanda de la educación como un derecho.
Efectivamente, ese es el primer objetivo: no puede haber educación para
pobres (que muchas veces es la ausencia casi total de educación) y
educación para ricos. De allí se desprende la necesidad de la gratuidad,
de las becas, del mayor presupuesto, del aumento de los sueldos
docentes.
Pero esto no puede plantearse aisladamente, porque
aunque se garantizara el acceso y la permanencia de los jóvenes en las
universidades y un salario apropiado para los docentes, sigue sin
resolverse la segunda gran cuestión: qué tipo de formación debe darse a
los graduados, cómo debe orientarse la investigación científica.
Por lo que vimos más arriba, ambas cosas deberían
cambiar radicalmente. De formar profesionales e investigadores al
servicio de las empresas debería pasarse a formarlos para resolver los
problemas sociales más acuciantes. Médicos orientados a la prevención y
la salud pública; abogados dedicados a defender a los más débiles;
arquitectos planificando viviendas económicas y urbanizaciones
saludables; ingenieros resolviendo el problema del transporte y las
obras públicas; economistas enfocados en cómo distribuir mejor la
riqueza; sociólogos estudiando las necesidades populares; educadores y
comunicadores formando conciencias críticas y no dóciles repetidores de
los mensajes del sistema; científicos en las fronteras del conocimiento
pero conscientes de la realidad del país en que viven.
Una multitud en la calle como la del 12 de mayo es
una muestra de que un sector importante de la población no comparte la
política educativa y cultural de este gobierno.
La movilización obtuvo un primer resultado, con una
nueva oferta salarial que mejoró la situación de los docentes. Pero el
resto de los problemas siguen vigentes y el alerta deberá mantenerse.
Un alerta que implica organización y medidas de
fuerza pero que también incluye un trabajo cotidiano en los lugares de
estudio y de trabajo.
Los miles de docentes que comprenden el carácter
nefasto de la política del gobierno y del capital internacional pueden
frenar al menos en parte su avance modificando desde abajo los
contenidos de las materias y los métodos pedagógicos, estimulando el
espíritu crítico de los estudiantes y aportando propuestas de enseñanza e
investigación en el terreno de las necesidades sociales.
Los miles de estudiantes que comprenden que su
papel como universitarios es otro podrán también frenar ese avance con
su fuerza numérica y con el poder creador y la energía de su juventud.
Y unos y otros, lo mismo que los trabajadores
administrativos y de apoyo, injustamente llamados “no docentes”, podrán
proponer nuevos proyectos y soluciones participando en los organismos
colegiados del gobierno universitario, los Consejos Directivos, las
instancias departamentales, los centros de estudiantes y las
asociaciones gremiales y académicas.
La tradición democrática en las universidades
argentinas es fuerte y no será fácil derrotarla. Pero para seguir
adelante se requerirán perseverancia, creatividad y energía.
i
Banco Mundial: “La enseñanza superior. Las lecciones derivadas de la
experiencia”, Washington DC, primera edición en inglés, 1994.
ii World Bank: Staff Appraisal Report, Argentina, Higher Education Reform Project, june 1995.
iii World Bank: Loan agreement between Argentine Republic and International Bank for Reconstruction and Development, 1995.
iv La versión completa de las preguntas y las respuestas de Macri puede verse en http://www.boscoproducciones.com.ar/video-la-opinion-completa-de-mauricio-macri-sobre-las-universidades-publicas/
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