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Centroamérica arde en llamas
Ulises Noyola Rodríguez
ALAI AMLATINA, 03/08/2017.- La crisis
humanitaria en los países centroamericanos del Triángulo del
Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) podría recrudecerse
durante la
presidencia de Donald Trump, quien desea incrementar la
deportación de inmigrantes
ilegales y detener el flujo migratorio proveniente de
Centroamérica por medio
de la construcción de un muro fronterizo, la firma de acuerdos
de seguridad y
la reducción de la ayuda económica.
La administración de Donald Trump deportó,
en sus primeros cien días de
gobierno, a 56,315 inmigrantes ilegales, cantidad que se
encuentra por debajo
de las deportaciones realizadas por el ex presidente Barack
Obama durante el
mismo período en 2016[1].
A
diferencia del gobierno anterior, el arresto de inmigrantes
ilegales para
proceder después con su deportación creció sustancialmente, lo
cual allanó el
camino para la expulsión masiva de centroamericanos.
La deportación masiva de inmigrantes
centroamericanos, sin embargo,
tiene el potencial de debilitar el poderío de la industria
estadounidense de
alimentos, ya que no contaría con una mano de obra
sobreexplotada que
continuamente necesita renovarse con cuadros jóvenes por las
condiciones
inhumanas en sus lugares de trabajo. El conflicto se ha
resuelto hasta el
momento por medio del otorgamiento de visas de trabajo para el
sector de la
agricultura, pero evidentemente no alcanzarán a cubrir a todos
los trabajadores
centroamericanos[2].
Si el número de deportaciones adquiere una
escala masiva en Estados
Unidos en los próximos meses, los gobiernos centroamericanos
se verán obligados
a recibir crecientemente a migrantes ilegales en medio de una
crisis
humanitaria. Lo anterior se confirma con la terrible situación
económica de los
países miembros del Triángulo del Norte, que tienen los
índices de pobreza
extrema más elevados en América Latina[3].
La dura realidad de los países del
Triángulo del Norte es que dependen
de las remesas enviadas por los inmigrantes residentes en
Estados Unidos,
puesto que representan 10, 17 y 18% del PIB de Guatemala, El
Salvador y
Honduras respectivamente[4].
La reducción de las remesas recibidas por las familias
centroamericanas
exacerbaría entonces el caos social caracterizado por la
indigencia, la pobreza
y la violencia.
El margen de maniobra de los países del
Triángulo del Norte es
extremadamente estrecho debido a la reducida recaudación
fiscal promedio (16%
del PIB), que imposibilita incrementar el gasto público para
crear
oportunidades de empleo para los migrantes ilegales. La
corrupción de las
autoridades públicas que recaudan principalmente sobre los
impuestos indirectos,
demuestra la imposibilidad de recaudar más fondos por medio
del mayor cobro sobre
las ganancias del capital trasnacional.
La corrupción política es apoyada por
Washington a través de los
programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo
Internacional, que promovió recientemente los golpes de Estado
de Manuel Zelaya
en Honduras y Otto Pérez Molina en Guatemala. En consecuencia,
los gobiernos
centroamericanos no pueden implementar reformas económicas en
beneficio de las
mayorías sociales, mientras sus instituciones políticas se
encuentren bajo la
tutela de Estados Unidos.
Además de la insignificante recaudación
fiscal, los gobiernos
centroamericanos no pueden reducir sustantivamente el enorme
gasto militar a
causa de las exigencias de Washington que demanda la
destinación de sus fondos
al combate contra las redes criminales. Por ejemplo, el gasto
militar de
Honduras y El Salvador está por encima del 6% del PIB, cifra
que supera el
gasto militar como proporción del PIB de todos los países
latinoamericanos[5].
La doble cara de Washington en sus fuertes
demandas al gasto militar se
refleja en su casi nula aportación de 630 millones de dólares
a la Alianza para
la Prosperidad, mientras que los países del Triángulo del
Norte aportaron 2,900
millones de dólares para la conformación del 80% del fondo en
2107[6].
Los
países centroamericanos se encuentran así aislados y
desprotegidos para cambiar
su penosa situación económica ante el desinterés de
Washington.
Adicionalmente, los gobiernos
centroamericanos ya son presionados por el
presidente Donald Trump, quien solicitó una disminución del
30% en la ayuda
económica de la Alianza para la Prosperidad correspondiente a
2018. La
asistencia económica se reducirá a 460 millones de dólares y
podría disminuir
aún más próximamente, ya que la continuidad del apoyo
económico está
condicionada a la cooperación de los países centroamericanos
en la deportación
de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
Cabe destacar que más de la mitad de la
contribución estadounidense a la
Alianza para la Prosperidad se destina
al fortalecimiento del aparato bélico de los países
centroamericanos a
través de la Iniciativa
de Seguridad
Regional de Centroamérica[7].
Esta estrategia
solamente ha contribuido a militarizar todo el territorio
centroamericano a
costa de aumentar la violencia, la represión y la persecución
de la población.
Asediados por las masacres sociales y la
terrible situación económica,
los centroamericanos siguen siendo obligados a abandonar su
país de origen
debido a las continuas extorsiones, las amenazas de muerte y
los altos índices
de violencia. Dichos factores mantienen a la región del
Triángulo del Norte
como el territorio más violento de América Latina a pesar de
la inexistencia de
una guerra comparable a los conflictos en Medio Oriente.
En contraste con el fortalecimiento del
aparato militar, el gobierno de
Donald Trump no tomará acciones decisivas para desarticular el
tráfico de
drogas que tiene como destino a los consumidores
estadounidenses. La región del
Triángulo del Norte seguirá teniendo una importancia
geoestratégica para el
narcotráfico, ya que representa un importante corredor del
tráfico de drogas
entre América del Sur y Estados Unidos.
La deportación de migrantes ilegales, por
consiguiente, beneficiará a
las organizaciones criminales trasnacionales como las maras,
organización que
se dedica al tráfico de drogas, la venta ilícita de armas y la
extorsión de
personas y empresas principalmente en Centroamérica. La razón
por la cual sucederá
esto es porque los centroamericanos deportados engrosan las
filas de las
organizaciones criminales trasnacionales con una mano de obra
barata, con lo
cual se acrecentará la violencia en los países
centroamericanos.
Lo más atroz vendrá para los migrantes si
se llegara a concretar la
construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y
México, ya que la
experiencia ha demostrado que la construcción de muros
únicamente promueve la
creación de rutas más mortíferas y riesgosas hacia los puntos
de destino, con
lo cual se engrandece el poder y la influencia de los
traficantes de personas[8].
A pesar del silencio de los grandes medios
de comunicación sobre los
acontecimientos de los pequeños países de Centroamérica,
indudablemente son
ellos los que sufren con mayor violencia la dominación de
Estados Unidos. Y el
futuro que depara a los centroamericanos dependerá
fundamentalmente de la
resistencia de los movimientos sociales contra la política
migratoria de Donald
Trump.
Ulises Noyola Rodríguez es Colaborador
del Centro de Investigación sobre la Globalización.
[1]
The Washington Post.
Immigration arrests soar under Trump; sharpest spike seen
for noncriminals. Fecha
de publicación: 2017.
[2]
New York Times.
Los productores de California apoyaron a Trump, pero ahora
temen perder
jornaleros. Fecha de publicación: 2017.
[4]
Inter-American Dialogue.
El triángulo de la desesperación de Centroamérica. Fecha
de publicación: 2017.
[5]
Banco Interamericano de
Desarrollo. Los costos del
crimen y de la violencia. Fecha de
publicación: 2017.
[6]
Atlantic Council. Building
a better future: A Blueprint for Central America’s Northern Triangle. Fecha de
publicación: 2017.
[7] Congressional
Research Service. U.S.
Strategy for
Engagement in Central America: Policy Issues for Congress.
Fecha
de publicación: 2017.
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