Decisiones
Nuestro país asiste a una nueva oleada política de impostación neoliberal en la que se repiten variables más que conocidas por quienes cultivan la memoria social:
- Un Estado “mínimo” que privilegia al mercado como el gran regulador social.
- En sintonía con lo anterior, la tendencia a la privatización como camino de recorte del gasto estatal y a la vez como concesión a los sectores concentrados de la economía.
- El progresivo e indiscriminando endeudamiento externo, como fuente de recursos para gastos corrientes.
- Una política económica y comercial aperturista y agroexportadora.
- Una mirada donde los bienes sociales (salud, jubilaciones, educación, vivienda, servicios…) dejan de ser asumidos como derechos y se convierten en bienes de mercado; o donde las políticas de Estado que sostienen tales derechos quedan a discreción del gobernante.
- Escasa o descendente movilidad social, con la progresiva exclusión de amplios sectores de la población, fruto, principalmente, del desempleo.
- Una sostenida transferencia de ingresos a los sectores concentrados de la economía, particularmente al sector financiero.
- Se privilegia el alineamiento con Estados Unidos y las potencias occidentales, más allá de la conveniencia para el país.
- Moderados, altos o altísimos niveles de represión de la protesta social generada por las propias políticas de ajuste.
- Las crisis de estos ciclos se expresan en mega-devaluaciones, ajuste y estanflación (estancamiento económico más inflación).
El consenso social a estas políticas es lo que parece estar dramáticamente en juego en las elecciones legislativas de este año. Consolidar el modelo ensayado desde diciembre de 2015 por el actual gobierno o apostar a limitarlo, como una dispersa oposición parece plantearlo.
En este agosto comienza a develarse la incógnita.
Oscar Campana
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