¿Se puede pensar la reforma laboral sólo desde la condición de clase trabajadora o desde el género, sin vasos comunicantes? Frente a un proyecto que redefine las nociones de “trabajador” y “derecho” y limita la cuestión de género a medidas apéndice, Ileana Arduino propone más feminismo para profundizar la discusión. Una lectura del proyecto de reforma laboral que cruza a autoras como Virgine Despentes, Nancy Fraser y Rita Segato con datos de la ONU y la OIT que alertan sobre las consecuencias de un ajuste laboral.
El feminismo cómplice del neoliberalismo
La
llamada reforma laboral viene a encubrir con manto legal múltiples y
cotidianas violaciones que sufren ya enormes contingentes de la clase
trabajadora. La propuesta consiste en, pulverización de derechos
mediante, extender esos abusos y lo que hoy llamamos ilegal, a todo el
conjunto de los trabajadores alcanzados por la ley de trabajo. Cuando
hace unos días, en este mismo contexto, aunque respecto del acuerdo de
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y los trabajadores que montan
electrodomésticos en Tierra del fuego, su secretario general dijo “dunda
dunga o firmar” sintetizó el brutal acompañamiento entre misoginias y
brutalidades neoliberales. Una expresión que permite ver cómo mientras
la avanzada del capital reclama para sí disponer de leyes – ya sabemos,
la seguridad jurídica reclama cuidado de las formas- que les permitan
tratar a los trabajadores como cosas, el régimen de estatus patriarcal
provee “metáforas del abuso”, dándole letra al ritmo del ajuste
clasista.
Y
ante eso es muy limitado pensarlo todo solo bajo la condición de clase
trabajadora o todo desde el género sin vasos comunicantes, además del
auxilio de diversas condiciones que atraviesan la existencia de las
personas: la raza, la condición migrante, la edad, entre otras.
Quienes
buscamos la atención que las cuestiones de género tienen en las
distintas agendas porque sabemos que ese borramiento es causa y efecto
de violencias, no encontramos aquí mayores novedades. Varios son los
aspectos temibles de la propuesta. Entre los desaguisados, figura la
ausencia de perspectiva de género, aun cuando los cambios orientados por
metas flexibilizadoras como las declamadas por quienes impulsan esta
iniciativa han demostrado tener impactos nada alentadores en términos de
violencias de género. Todos sabemos que, aún insertas laboralmente, la
mayoría de las mujeres, lesbianas, trans y travestis, lo están en
condiciones de precariedad y asimetrías varias, largamente analizadas en
distintos trabajo, con una atención pública inversamente proporcional.
Una
anotación inevitable acerca de este silencio sobre nosotras ni más ni
menos que en una reforma laboral. Esa insistencia en una neutralidad que
es puro androcentrismo es también la confirmación de que habitualmente
sólo se vuelve la mirada hacia nuestro lado cuando se trata de discutir
sobre sujetos victimizados; si acaso hablarnos, reconocernos, que sea en
los confines de la víctima.
Ese
desprecio por la dimensión de género en las políticas públicas, aparece
subrayada por la inclusión en el debate, en modo adorno, de una
licencia por paternidad que a esta altura solo responde a un uso
ridiculizante de las demandas feministas. En el mismo sentido va la
inclusión de un artículo que permitiría acordar sin distinciones de
género jornadas de menos horas con igual pago a la jornada completa para
quienes tengan personas de hasta 4 años a su cargo.
Resulta
que ahora deberíamos confiar en que la revolución que implicaría que el
trabajo de cuidado sea pago y con co-responsabilidad quede librado a un
posible acuerdo de partes, entre las que hay un patrón, solo porque la
ley nos avisa que podemos acordarlo. ¿Si en nuestro sistema jurídico lo
que no está prohibido, está permitido, cómo es que las patronales no se
han lanzado decididamente a cooperar con tamaña tarea?
Intuyo
que esos acuerdos estarán predominantemente en el horizonte de la
posibilidad, raramente materializados, porque hay otros acuerdos
ancestrales que impiden que las voluntades se orienten en ese sentido:
el pacto de machos asegura que sea no sea una reivindicación masiva de
quienes siguen sin atender el llamado trabajo reproductivo. Los jefes
pueden dormir tranquilos. Las mujeres que los pidan deberán lidiar con
el estigma propio de la condición reproductiva, junto con las parejas
lesbianas u homosexuales, en fin, igualadas en la subalternización.
Claro
que mejor que estén esas medidas que son avances aisladamente
considerados. El punto es que en el marco de una reforma dirigida a
pulverizar el trabajo como derecho, vuelve esa inclusión
indisimuladamente cínica, cuando alrededor vemos el contexto oprobioso
en el que están sumergidas las políticas de género e inclusión en la
argentina actual.
Frente
a esta avanzada que limita la cuestión de género a medidas apéndice es
bueno recordar que el neoliberalismo en otros tiempos ha sabido de la
instrumentalidad y la captura hegemónica de demandas feministas pero
también hubo y vaya si lo hay entre nosotros! un feminismo que consiente
esa alianza, que se limita al traslado de cierto léxico políticamente
correcto, licuado en categorías técnicas, traficado en “informes”,
reduciendo la diversidad a “criterios de ponderación” y administrado
desde la reificación de las experticias tecnócratas.
La
principal condición de permanencia en los pasillos del poder de ciertas
versiones del feminismo, como gráficamente describe Verónica Schild en
una relectura de los análisis de la relación entre feminismo y
neoliberalismo desarrollado por Nancy Fraser, ha sido el compromiso de
no esbozar críticas al capitalismo y las desigualdades de clase. El
silencio del actual Instituto Nacional de las Mujeres respecto de esta y
otras reformas arrasadoras de conquistas básicas de la lucha feminista
son un ejemplo vivo de estas facetas del feminismo que se describen
aquí.
No
se trata de acallar ni de depreciar los reclamos que el proyecto
presentado pueda movilizar ante la ausencia de cuestiones que por obvias
no deben dejar de ser denunciadas y reclamadas: medidas para
redistribuir el tiempo dedicado a la reproducción del capital dentro y
fuera del ámbito doméstico, lo exiguo de las licencias de cuidado, la
ausencia de servicios de atención para dependientes de trabajadores y
trabajadoras, el borramiento completo de la población trans en los
debates sobre inserción laboral aun cuando hace años se discuten leyes
de cupo, entre otras que no son solo desatención misógina. Lo mismo
puede decirse de esas mesas que muestran las fotos que el poder ansía
(“tenemos la foto con la CGT”), monopolizada por ciertas expresiones de
la masculinidad, como ocurre cada vez que hay discutir sobre el poder y
al que aportan por igual dirigentes sindicales, gobernantes y
empresarios.
Aunque
si se obtuvieran avances con esas medidas ignoradas en la propuesta, o
las mesas de discusión fueran más representativas en términos de género,
la captura neoliberal encontrará comodidad si son resultados de
planteos “de género” que no contemple la posibilidad de la articulación
feminista con las demás expresiones del campo popular. No se trata de
renunciar a esos avances ni demandas pero sí de poder calibrarlos.
Al
fin y al cabo, lo que el gobierno propone no es una invitación a
discutir los términos de una relación entre sujetos trabajadores y
empleadores, haciéndose cargo de la asimetría preexistente que siempre
ordenó el mundo del trabajo bajo el principio de primacía de la
realidad. Más bien redefinen la noción misma de trabajador y derecho
como términos mutuamente implicados, no sólo un retroceso en clave
histórico – jurídica a la primera mitad del siglo pasado, es un
reordenamiento copernicano que propone correr el eje de la protección a
la sumisión, del trabajo como derecho al tratamiento cosificante. Una
avanzada puramente instrumental, de quienes llaman costos a los que
muchos otros llamamos derechos.
Reforma y cosificación
Contrariamente
a la invitación que muchas veces el campo popular ha hecho para
subordinar las demandas de género, incluso calificándolas de comodidades
burguesas o antipopulares, hace falta más feminismo para profundizar
esta discusión. Hasta ahora, la otra vía no ha podido evitar aquello que
ha escrito Virginie Despentes: “La confiscación del cuerpo de las
mujeres se produce al mismo tiempo que la confiscación del cuerpo de los
hombres. Los únicos que salen ganando en este negocio son los
dirigentes”.
En
ningún lugar del mundo hay evidencia que indique que con el rumbo que
propone el gobierno con herramientas como las que pretende introducir
esta ley se haya mejorado el acceso al empleo entendiendo como tal un
acceso calificado, que asegure goce de derecho en relación con la
satisfacción de un buen vivir, y no mera subsistencia como consumidores
endeudados.
Este
mismo año, la OIT ya tenía las mismas malas noticias de siempre para la
relación género y empleo. En “Perspectivas sociales y del empleo en el
Mundo – Tendencias del empleo femenino 2017”, publicado el 14 de junio
de 2017, afirma que además de tener que una tasa de actividad de 27
puntos porcentuales inferior a la de los hombres, no se espera que el
empleo femenino aumente en 2018. A ello se suma que de todas formas es
muy probable que trabajemos más horas si se considera el trabajo no
remunerado y que si no se deja de lado el dato constatable de que
nosotras tenemos empleos más precarizados, el impacto de las recesiones y
la retracción en materia de prestaciones sociales nos afecte también
desproporcionadamente.
También
desde Naciones Unidas, el Comité que monitorea la aplicación de la
Convención para la Erradicación de la todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW), acaba de publicar la Observación General N° 35
en la que precisa los términos de lo que debe entenderse como violencia
de género. Entre sus causas se menciona la reducción significativa del
gasto público, a menudo como parte de las denominadas “medidas de
austeridad”. A la hora de enumerar qué contextos agravan esa violencia,
la CEDAW menciona el aumento de la globalización de las actividades
económicas, y en particular de las cadenas mundiales de suministro, la
industria extractiva y la deslocalización”.
Como
puede advertirse todas formas de organización de la producción, la
inversión y la circulación de capitales que se alientan con medidas como
las que impulsa esta reforma y sus políticas aliadas.
Las
invoco porque además de ser informaciones poco conocidas, permiten ver
cómo el discurso internacional no es uniforme. Lo mismo que el FMI exige
es advertido por otros organismos como como medular para comprender
cómo y porqué recrudece la violencia de género, además de desigualdad en
el ámbito laboral.
Un régimen de promoción para acosadores
Son
muchos los aspectos cuestionables pero entiendo que hay dos que
resultan muy elocuentes para pensar cuántos cosas podríamos debatir más
profundamente si las cuestiones de género dejaran de ser incorporadas
como anexos al debate político.
La
reforma que nos proponen debilita los mecanismos de reclamo que asisten
a los trabajadores cuando el empleador unilateralmente quiere modificar
las condiciones de empleo: aunque le permite considerarse despedido,
mientras la ley actual le da herramientas para que todo vuelva al estado
anterior, con estos cambios sólo le queda reclamar conforme lo
establezca cada convenio colectivo de trabajo (quien sabe cuándo) y en
su caso, judicialmente.
Esa
medida en sí misma es un nomenclador de maltrato laboral, es decir, las
arbitrariedades en el cambio de tareas o su quita, cambio de destinos o
entornos laborales, son modalidades corrientes de violencia laboral.
Aunque cunde el subregistro y las estadísticas son malas, un informe de
la Defensoría del Pueblo del año 2013, indica que sobre un casi 70% de
víctimas de género femenino, estas modalidades de acoso laboral
representaron en aquel año el 36% de los casos registrados por dicho
organismo.
En
el ámbito nacional los magros datos oficiales provenientes de la
Oficina de Atención a Casos de Violencia laboral (OAVL), reproducidos
por medios periodísticos, indican que el 60% de las denuncias son de
víctimas mujeres. Casi el 89% de las denuncias provenían de casos
provenientes del sector privado, el mismo para el cual se supone se está
montando tamaño altar de sacrificio de derechos laborales.
Una
reforma de estas características reafirma su coherencia cosificante. Al
fijar reglas de disponibilidad de los trabajadores y reconducir los
reclamos al infinito judicial pero impedir que las condiciones de
trabajo se reestablezcan inmediatamente bajo la propuesta del poder
ejecutivo de implementar un auténtico “ceda y luego reclame”, aumenta el
poder extorsivo del acoso. La nueva ley quita la sospecha sobre los
cambios, los cubre con el manto de las necesidades de eficiencia y
productividad y pone a las personas afectadas a batallar más
costosamente frente al amedrentamiento.
La desregulación del empleo y sus resultados femicidas
Finalmente,
un tema nada menor en economías fraudulentas con los trabajadores son
las prácticas de tercerización en relación con el empleo. Son artilugios
mediante los cuales desde los Estados, los organismos financieros, los
organismos intencionales, las empresas privadas, las multinacionales que
pueblan el “mundo global”, se garantizan reducciones de costos
desmembrando proceso productivos y con ello desrreponsabilizando a
quienes llevan la mayor ganancia de su condición de obligados frente a
aquella fuerza de trabajo que usan para producir. Se diluye hasta la
negación el vínculo entre quien trabaja y quien se beneficia de ese
trabajo.
El
proyecto dice entre sus fundamentos: “la evolución de los procesos
productivos en nuestra sociedad se manifiesta en un aspecto singular,
como es la articulación de sus diferentes etapas en distintos sujetos
que contribuyen a su realización”, lo que en el mundo real equivale a
distribuir y fragmentar cadenas de producción encubriendo dueños reales
que se aprovechan de la explotación de trabajadores altamente
precarizados, cuya contratación triangulan, sin responsabilizarse por
nada, llevándose todo.
Si
bien esta práctica es un problema instalado, en este contexto de
refinancierización de la economía en detrimento de economías
productivas, esa herramienta viene a consolidar sus máximas
posibilidades de explotación sobre las espaldas de las personas
trabajadoras. Se eliminan las pocas restricciones que aún existen, en
particular, la eliminación de la responsabilidad solidaria entre las
subcontratistas (terceras) a quienes se delega ciertas actividades y los
peces grandes (dueños) que se benefician de este esquema. Se rifan las
seguridades laborales bajo formas de organización de la producción que
triangulación mediante hacen de la precariedad de muchos, el motor de
acumulación de ganancias cada vez más pocos.
En algunas zonas los estragos producidos bajo la dinámica del montaje y desmontaje de líneas de producción cual tetris al
servicio de la evasión de responsabilidades, como los que se benefician
de estas reformas, con consecuencias notables, tal como ocurre con las
franjas maquiladoras que se esparcen a pura violencia e instalando otras
nuevas, por distintos países de Centroamérica. Se nos presentarán
estadísticas sobre boom de empleo femenino, sin duda se produce pues la
demanda de ocupación responde a necesidades acuciantes que otras
políticas producen, pero la cuestión es qué calidades ostenta y a qué
costos.
En
México ciudades como Juárez o Tijuana antes de la implementación del
Tratado de Libre Comercio del Norte (TLCN) en 1994, a cuyo amparo
explotó una nueva fase de maquilas, tenían las tasas de homicidios por
debajo del promedio nacional. Hoy se encuentran entre los 20 municipios
más violentos del país, con casi 900 maquilas ente ambas ciudades,
población migrante interna altamente feminizada sin nexos comunitarios,
sin recursos en las ciudades para el apoyo en tareas de cuidado,
auténticas explosiones demográficas al servicio del capital que se
interesan por la afluencia de personas entendidas como estricta fuerza
de trabajo.
Se
trata de una escala aún desconocida aquí y no es que necesariamente
deba replicarse o sea calcado, mucho menos de imponer esas experiencias
para encasillar el análisis, pero de ahí a ignorarlas hay un largo
trecho. Tienen notas comunes con lo que aquí se está impulsando como
credo económico financiero y plantean la necesidad de insistir en la
relación entre las perspectivas de género y las configuraciones del
mundo global.
Los
motores de la flexibilización en otras latitudes, bajo la invocación
del mantra de la inserción global, exhiben costos exponenciales en vidas
humanas, afectación del medioambiente, debilitamiento de organizaciones
sindicales, disolución comunitaria, violencias criminales y en
particular violencias femicidas a escala sistémica e interpersonal.
Escenas
terroríficas que estas reformas llamadas dinamizadoras de la economía
ya han mostrado aunque no tienen casi presencia en los debates locales,
más allá de las militancias feministas populares. Mientras, vemos ganar
espacio a los discursos sobre la rentabilidad macroeconómica y otras
abstracciones, que niegan la crueldad bien real de que el capital
también se produce y reproduce a través de violencias que caen sobre
existencias depreciadas que, si hace falta, se gestan con leyes como
estas.
Se
nos propone un debate como si fuera de solo de leyes, de modelos, en
abstracto, pero renunciando a experiencias concretas de esas violencias.
La invisibilización de las experiencias que llegan desde el feminismo
retrae la discusión sobre los efectos de muerte y mutilación, saqueos,
racismos, reacciones neocoloniales, que estructuran estas avanzadas a
escala global, con implicancias necropolíticas que alcanzan a las
comunidades en cuyo contexto estas políticas flexibilizadoras tuvieron
cauce.
Como
enseña Rita Segato “si entendiéramos la formas de la crueldad misógina
del presente, no solamente entenderíamos lo que está pasando con
nosotras las mujeres y todos aquellos que se colocan en la posición
femenina, disidente y otra del patriarcado, sino que también
entenderíamos lo que le está pasando a toda la sociedad. Los indicios
muestran que se trata de un edificio cuyo material está formado por la
amalgama de las corporaciones y el Estado; por alianzas de todo tipo
entre actores corporativos, lícitos e ilícitos o de ambas cualidades a
la vez, y agentes de gobierno; por razones que se invocan como «razones
de Estado» y son, en verdad, «razones de empresa».
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