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Honduras: FMI y las sombras del
fraude y represión
Javier Suazo
ALAI AMLATINA, 20/12/2017.- Existen varias explicaciones sobre la crisis
política que vive Honduras.
La primera es el interés del presidente Juan Orlando Hernández
(JOH) por la reelección,
saltándose la tranca de la legalidad. Es una manifestación de
ambición de poder
planificada, en tanto ejerció un amplio control de las
instituciones que
podrían frenarlo. Promovió a través del Partido Nacional y
diputados electos,
una alianza con el Partido Liberal para tener control del poder
legislativo,
prestándose diputados y dirigentes de dicho partido para
concretar dicha
alianza en contra del ofrecimiento hecho por el Partido LIBRE
para que fuera un
diputado liberal que ejerciera la Presidencia del Congreso con
la suma de los
votos de ambos.
Cambió los magistrados de la
Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, para que se pronunciara a favor de su
proyecto reeleccionista,
aunque la sentencia dice que se puede hablar de reelección, pero
no que JOH
puede aspirar a ella. Antes había impuesto al Fiscal General de
la República, Oscar
Chinchilla, sin seguir los procedimientos establecidos. En las
FFAA metió a sus
amigos, igual ejerció un control directo sobre el Tribunal
Supremo Electoral (TSE),
en especial de su presidente, David Matamoros Batson, y del
representante del
Partido Demócrata Cristiano, Saul Escobar, un empleado de Arturo
Corrales Álvarez,
el Gurú caído y hasta hace poco ( después de las elecciones del
26 de noviembre
de 2017) canciller especial de la Republica de Honduras en EEUU.
Influyó para
que quedara como presidente de la Corte Suprema de Justicia, un
paisano y amigo,
incluso con la denuncia de Salvador Nasralla que se compraron
diputados para
que votaran a favor de dicho candidato.
La segunda causa ligada a lo
anterior, es la creciente
debilidad de la institucionalidad electoral, y en general del
gobierno. Además
de la politización, es evidente la falta de transparencia de los
procesos,
credibilidad e innovación, sumado a la falta de representación e
integración de
las fuerzas políticas en contienda, caso del Partido LIBRE y el
Partido Anticorrupción
(PAC). Prácticamente, las reglas del proceso electoral son
puestas por Casa de
Gobierno, y los miembros del TSE simples ejecutores.
La tercera causa tiene relación
con la falta de
principios éticos y valores democráticos, al interior de los
partidos
políticos, organizaciones de sociedad civil ( incluye a dueños
de medios de comunicación
y periodistas tarifados) y población. Hay diputados electos al
Congreso de la
Republica confesos que han leído muy poco, con serias
deficiencias de formación
profesional y educación básica, amplio desconocimiento de la
Constitución de la
República e historia política de Honduras y la realidad
económica, social y
cultural. Llegaron a ese puesto no con la intención de legislar,
sino de aprobar
con los ojos cerrados los proyectos y las iniciativas
presentadas por el
Ejecutivo, y votar en contra de aquellas generadas desde los
partidos de
oposición, obteniendo recursos del Presupuesto Nacional y
sobornos otorgados por
empresarios.
Pero también existe una causa no
muy visible que tiene
que ver con los programas de ajuste económico draconianos
apoyados por el FMI,
y sus efectos. Después del Golpe de Estado (junio de 2009) y en
el gobierno de
“Pepe” Lobo (2010-2013), el FMI suscribió un programa de ajuste
económico de 18
meses, orientado básicamente a estabilizar las finanzas
públicas, y reactivar
la economía del país. Este programa no cumplió las metas de
recaudación de
impuestos y reducción de gastos, pero el gobierno fue felicitado
por relajar la
política cambiaria ( mayor flexibilidad en la tasa de
devaluación de la
moneda), manteniendo alta la tasa de política monetaria (TPM)
congruente con el
objetivo de metas de inflación del Banco Central, igual enfrentó
resistencia
para hacer posible una reducción de las pérdidas de operación de
las empresas
públicas como HONDUTEL y la Empresa de Energía Eléctrica, que
fueron absorbidas
por el Estado con recursos de endeudamiento público ( interno y
externo). Unos
1,700 millones dólares adquiridos vía prestamos-bonos soberanos
se han
destinado para cubrir dichas pérdidas y gastos corrientes del
gobierno.
Desde el Congreso de la
Republica, con JOH a la cabeza,
se aprobaron una serie de leyes orientadas supuestamente a
reactivar la
economía, pero en la práctica cumplían el propósito de
desvalorizar el empleo y
las conquistas salariales, privatizar la prestación de bienes y
servicios y
vender empresas públicas y pedazos del territorio nacional al
mejor postor, incentivando
el desarrollo de empresas extractivas como la minería de cielo
abierto, la
generación de energía y la conformación de ciudades modelo o
zonas de empleo y
desarrollo.
Entre las acciones enmarcadas en
este modelo de corte
neoliberal apoyado por el FMI, destacan: a) Aprobación de la Ley
de Empleo por
Hora, que precariza el trabajo y debilita las conquistas
sociales y a las
organizaciones sindicales; b) Un nueva Ley de Educación que
pulveriza las
organizaciones magisteriales, congela las conquistas del
Estatuto del Docente y
facilita el proceso de privatización de la educación en
Honduras; c) La Ley de
Alianzas Público-Privadas (APP) que posibilita la entrega de
bienes, servicios
y recursos del Estado al sector privado, sin que exista claridad
sobre los beneficios
de tales negocios. Un ejemplo es la privatización de las
carreteras con el
cobro del peaje, que para dirigentes del Partido LIBRE es un
atraco al pueblo y
a los recursos del propio Estado, ya que la empresa
concesionaria no ha
demostrado cuál es su aporte en recursos financieros de entrada
al negocio; se
cuestiona que este aporte lo saca de los ingresos que percibe
por el cobro del
peaje de las carreteras; d) La Ley de Protección de las
Inversiones que permite
que las empresas extranjeras puedan transferir al exterior el
valor de sus
utilidades, ganancias de capital, dividendos, regalías, igual
tecnología de su
propiedad y acceder a créditos del sistema financiero nacional (
Decreto
51-2011 de julio de 2011); d) Las Zonas de Empleo y Desarrollo
(ZEDE),
inicialmente llamadas Ciudades Chartes, para crear otro Estado
gobernado por
empresas y capital extranjero; e) La Nueva Ley de Minería, que
no prohíbe la
minería de cielo abierto y despoja a las comunidades de sus
recursos naturales,
bosque, agua y biodiversidad, además de la represión y muerte de
dirigentes y;
f) La Ley de Reconversión de Deuda Externa, que mercantiliza los
recursos y
bienes del Estado y los coloca para que los adquiere el mejor
postor ( Suazo:
2017)
El nuevo gobierno con JOH a la
cabeza, (enero 2014-enero
2018), suscribió con el FMI un convenio más amplio vigente desde
el 4 de
diciembre de 2014 hasta el 4 de diciembre de 2017, orientada de
nuevo a
estabilizar las finanzas públicas, reactivar la economía,
reforma institucional
y fortalecimiento de programas de compensación social.
En materia económica y social,
las principales leyes
incluyen: a) Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas,
Control de las
Exoneraciones y Medidas anti evasión (Decreto 278-2013) que
aumenta el impuesto
sobre venta de 12% a 15%, mantiene exoneraciones a las zonas
industriales y
comidas rápidas, baja el número de abonados que reciben subsidio
de la energía
eléctrica, ajusta el impuestos por importación de combustibles y
crea un fondo
de 4,500 millones de lempiras para financiar los programas de
compensación
social, el principal instrumento “visible” con que cuenta el
gobierno y el
Partido Nacional para promover la reelección presidencial;[1]
b)
La Ley Marco de Protección Social, que permite la participación
directa del
sector privado en los servicios de atención y protección social,
igual el uso
de los recursos de los institutos de previsión social como el
Instituto
Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) e Instituto
Nacional de
Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios
Públicos del Poder
Ejecutivo (INJUPEMP) para tales propósitos, además del ajuste en
las cuotas de
aportación de los afiliados a los régimen de aseguramiento
social; c) Ley del
Sector Energético que permite la participación directa de la
empresa privada y bancos
en la prestación de los servicios de la ENEE, y el ajuste
automático de las
tarifas de energía eléctrica a los costos reales, creándose una
nuevo Comisión
Reguladora de Energía Eléctrica (CREE); d) La Ley de
Responsabilidad Fiscal,
que pone límites al aumento de los gastos públicos, pero sobre
todo al % del
déficit fiscal; e) Código Tributario, que introduce la renta
territorial, en
virtud de la cual las empresas pueden tributar en el país que
más le convenga, igual
sucede con el mono tributo como impuesto único para que los
informales paguen
impuestos; f) Convenio con el FMI para reducir gastos, aumentar
impuestos y
bajar el déficit fiscal, acompañado de un saneamiento de las
finanzas de la
ENEE y flexibilidad en la tasa de cambio. (Suazo: 2017).
A
ello se agrega
una nueva modalidad de zonas de empleo y desarrollo manejadas
por Comisionados,
y la nueva Ley de Turismo, que entrega las cuencas,
microcuencas, estatuas de
los próceres, playas, refugios silvestres, zonas arqueológicas,
etc., a los
desarrolladores de empresas turísticas con participación de
capital extranjero.
Antes de las elecciones del 26
de noviembre de 2016, el
FMI alabó los logros obtenidos por el gobierno. Para el Jefe de
Misión, Roberto
García Saltos, el gobierno cumplió con todos los criterios para
los desembolsos
de fondos, respaldado con un mayor y estable crecimiento y
mejora en las
condiciones sociales de la población. Ello incluye además de lo
exitoso de las
reformas estructurales en materia fiscal y tributaria, una nueva
Institución
responsable de la Administración Tributaria del país, conformada
por
simpatizantes del Partido Nacional, la consolidación de la
disciplina fiscal y
la política macro fiscal de metas agregadas de mediano plazo.
Después de las elecciones, una
vez finalizado la
evaluación del Acuerdo Stand Bay de Mediano Plazo, el FMI
destaca como logros
la reducción del déficit fiscal de -7.9%/PIB en 2013 a -3.0%/
PIB en 2017
(estimado), la adopción de un tipo de cambio más flexible (
léase devaluación)
y el régimen de metas de la inflación, recuperar la confianza de
los
inversionistas al reducirse la prima de riesgo de los préstamos
y bonos
soberanos, reducción de la tasa de pobreza de 65% en 2013 a 61%
en 2017 (cifras
oficiales no confirmadas), producto de la ejecución de programas
de
compensación social, y la reducción de los homicidios de 75 por
100,000
habitantes a 40 homicidios ( cifras por confirmar según
organismos defensores
de derechos humanos). Se habla incluso de un crecimiento del PIB
cercano al 4%,
aunque la calidad de dicho crecimiento no importa, una tasa de
inflación levemente
superior al 4% (sin considerar el impacto del alza de precios
por las marchas y
toma de calles), mayor producción exportable y más de 4,000
millones de dólares
ingresados por concepto de remesas familiares.
EL
FMI habla muy
poco del acelerado endeudamiento de la economía hondureña, cuya
deuda pública
total supera los 10,600 millones de dólares, más de 50% del PIB.
Espera que a
partir de 2019 la deuda se estabilice e incluso empiece a
disminuir, por la
estabilidad fiscal, bajo costo de los recursos (riesgo), mayor
crecimiento de
la economía y mayor inversión extranjera. Este acelerado
endeudamiento ha
servido para sostener un programa de compensación social a favor
de la
población indigente, pero también de beneficio a funcionarios
del gobierno con
ONGs, diputados denunciados por corruptos, y al proyecto
reeleccionista de JOH,
ya que la población que no vote por JOH ni asista a las marchas
convocadas por
el partido, no reciben el llamado bono 10,000 y corre el riesgo
de ser
excluidos del programa en forma permanente. El FMI ha guardado
silencio sobre
esta práctica corrupta y antidemocrática, que ha servido para
promover una
ilegalidad en el país.
Ligado a ello, no hay referencia
del FMI sobre el proceso
de adquisición (privatización) de las empresas públicas, y de
los servicios;
han sido procesos poco transparentes donde se denuncia una
“mancuerna” entre
funcionarios del gobierno y empresarios externos. Entre los
casos emblemáticos
destacan la privatización del cobro del Peaje, parte de las
empresas energéticas
donde participan funcionarios públicos, diputados y empresarios
ligados a la
directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP),
beneficiándose
de un sobreprecio por la venta de energía al gobierno. El FMI
llena sus páginas
de artículos y experiencias exitosas en el combate de la
corrupción, pero en
Honduras guardó silencio.
El FMI se refiere muy poco a los
efectos negativos de
esta política de estabilidad económica, que ata la economía a la
búsqueda y
fijación de un Tabú Monetario, o sea las metas de inflación. Los
costos han
sido altos en términos de contracción de la liquidez bancaria,
fijación de una
TPM de 5.5%, y contracción del crédito a los sectores
productivos con menos
activos, caso de los pequeños productores de granos básicos,
hortalizas y
microempresas urbanas.
Aunque el FMI se ha pronunciado
en contra de otorgar
exoneraciones y excepciones fiscales, siendo el comprimo asumido
su eliminación
o regulación, el gasto fiscal en Honduras representa 6%/PIB,
beneficiándose a
empresas maquiladoras, comidas rápidas, turísticas, y aquellas
ligas a los
proyectos APP.
Las consecuencias del uso
indiscriminado de los fondos de
previsión social, es otra de las bondades de este paquete,
aunque gran parte de
estos recursos destinen a financiar la construcción de un Centro
Cívico donde
se localizarían todas las instituciones de gobierno, y la
construcción de obras
físicas de la ciudad capital y San Pedro Sula donde el gobierno
actúa como aval
solidario. Los mayores beneficiarios de estos recursos son las
empresas
contratistas (externas) y nacionales que, según dirigentes del
Partido LIBRE,
caso de Juan Barahona, beneficia a los mismos funcionarios
públicos y amigos
del presidente Hernández.
Como se sabe, la absorción de
recursos que genera el
ajuste fiscal debe ayudar a reducir la brecha externa y fomentar
el ahorro
interno para la inversión real. El déficit comercial de Honduras
se estima en
3,434 millones de dólares para 2017 (CEPAL: 2017), arriba del
observado a
inicios del gobierno, pero al gobierno y FMI no les preocupa ya
que esperan
contar con 4,700 millones de dólares en reservas monetarias
netas a finales del
año, sin haber evaluado a profundidad los impactos negativos de
las políticas
migratorias del presidente Trump, fanático de las deportaciones
y el cierre de
fronteras. Igual el monto de la inversión real se redujo si se
compara con los
montos existentes antes y a inicios del golpe de Estado; en la
actualidad no
representa ni el 2.8% /PIB, aunque el gobierno espera un aumento
de esta en
2018, sin considerar los efectos de la crisis política generada
y duración en
tiempo.
El
déficit
comercial será mayor a futuro por la alta dependencia
alimentaria que genera el
CAFTA-RD y los demás tratados suscritos por Honduras, donde se
ha dado una
feria de acuerdos comerciales sin reconocerse las asimetrías
entre países y
sectores económicos y productivos. La canalización de mayores
recursos al pago del
servicio de la deuda ( más de 34,000 millones de lempiras
anuales) y los
problemas de captación de impuestos por la falta de empleo y
cierre de
empresas, afectará los niveles de inversión pública real, sumado
a los
problemas de corrupción y el uso poco efectivo de estos
recursos, ya que el
gobierno no tiene un sistema probado de priorización de
proyectos de inversión,
muchos de ellos gestionados por los diputados y/o autorizados
por el Ejecutivo
sin que el FMI diga esta boca es mía.
En 2016, Honduras y Nicaragua
son los dos países que
captaron menores flujos de inversión extranjera directa (IED) a
nivel de países
latinoamericanos (CEPAL.2016); Honduras sólo captó 1,002
millones de dólares,
aunque el FMI destaca la estabilidad económica (léase paquetazo)
como un
requisito para aumentar dichos flujos.
Este ajuste económico disparó
las cifras del desempleo,
cuya tasa de desempleo abierto (TDA) aumentó de 4.3% en 2011 a
cerca de 8% en
2017. Más del 50% de la población está subempleada, y las
mujeres siguen
teniendo menos acceso al empleo y salarios remunerados y
sostenibles, no
espurios. Se estima, según cifras oficiales, que 1 millón de
jóvenes no
estudian ni trabajan, por lo que las oportunidades futuras son
inciertas, incluyendo
aquellos que tienen o están por obtener una profesión
universitaria. Estos
jóvenes son lo que mayormente están en las calles pidiendo un
oportunidad de
trabajo, acceso a vivienda y estudios.
El presidenciable Salvador
Nasralla generó con su discurso
y propuesta de gobierno una esperanza para la población afectada
por el ajuste económico,
corrupción y demagogia. Un punto central de su agenda es liberar
la carga de
impuestos a las empresas para que puedan invertir, igual
aumentar el ingreso
disponible de los hogares para que mejoren su capacidad de
compra ( respiren) y
condiciones materiales de vida. Ello incluye aumentos de
subsidios, uso de
recursos de la corrupción para generación de puestos de trabajo,
apoyo directo
a la producción alimentaria, revisión de contratos leoninos con
empresas
nacionales y extranjeras, venta de activos y bienes de lujo del
Estado y
aquellos productos del narcotráfico.
Como se sabe, el pueblo salió a
votar masivamente por un
cambio de agenda, que haga posible una mayor participación de la
población en
el acceso a bienes y recursos productivos y financieros,
eliminando el yugo de
la corrupción que carcome el desarrollo y la democracia. Y,
seguirá en las
calles, exigiendo se respete su voto en las urnas, total tienen
poco que
perder.
Mientras tanto, el FMI espera
firmar un nuevo acuerdo con
JOH, reelecto por el TSE, conocido como la “Puercada”. La
pregunta es ¿Que va a
pedir? Acaso una liberalización total de la tasa de cambio y del
sistema
financiero, concluir la privatización de la seguridad social y
salud, acelerar
la privatización de la Educación Superior, mayores recursos para
las FFAA y la
puesta en marcha de varias ZEDE; todo ello para garantizar,
entre otras cosas,
el pago del servicio de la deuda externa, que se ha puesto en
riesgo por las
protestas y toma de calles por la población indignada con el
fraude electoral.
Lo cierto es que en este nuevo
Acuerdo de estabilización económica
(¿al cuadrado?) hablar de fraude electoral y represión está
prohibido, mucho
menos de corrupción y derechos humanos. El FMI no tiene culpa si
hay golpeados,
gaseados, torturadas, desaparecidos o muertos. El gobierno de
JOH ha cumplido
y, por tanto, es un buen socio y debe seguir apoyándose, no
importa si es un
gobierno ilegitimo y surgido del fraude.
Tegucigalpa, DC, 20 de diciembre
de 2017
[1] Ver Javier Suazo Honduras: Modelo de Corte
Neoliberal: ¿Qué Hacer?
Fundación Ebert, enero de 2017.
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