Toda la zona del Congreso ya fue vallada para que la manifestación de hoy no pueda acercarse al edificio mientras se realiza la sesión de Diputados. El ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo –que fue puesto a cargo del operativo tras el desplazamiento de Patricia Bullrich–, estuvo reunido durante la tarde de ayer con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, las autoridades de la Policía de la Ciudad y de la Federal para definir los últimos detalles de este blindaje. Poco después de las siete de la tarde, la fuerza comenzó a desplegar el cerco destinado a cerrar herméticamente las inmediaciones del Parlamento.
Un informe interno de la Policía de la Ciudad al que accedió PáginaI12 revela que el operativo para hoy prevé otra vez la presencia de grupos de dispersión y camiones hidrantes. También se dispuso que haya efectivos con perros y los llamados grupos de acción motorizada, de los del tipo que el jueves pasado, desplazándose en motos, fueron utilizados para meterse entre los manifestantes y gasearlos.
El informe detalla además que actuarán cerca de 90 oficiales y brigadas de civil, aunque asegura que “deberán vestir gorra y chaleco identificatorio”.
Así, serán movilizados unos mil efectivos de la Policía de la Ciudad. De ese total habrá más de 400 en tres cuadras a la redonda del Parlamento, distribuidos detrás de los vallados que estarán ubicados en las siguientes esquinas: Entre Ríos y Alsina; Combate de los Pozos y Alsina; Sarandí y Alsina; Hipólito Yrigoyen y Sarandí; Avenida Rivadavia y Sarandí; Ayacucho y Bartolomé Mitre; Riobamba y Bartolomé Mitre; Callao y Bartolomé Mitre; y Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña. Por afuera de las vallas estarán aprestadas ocho camionetas para el traslado de eventuales detenidos.
Con el antecedente de la violenta represión del jueves, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital se adelantó a reclamarle a la Justicia que garantice la seguridad de los manifestantes. El reclamo fue presentado por el titular del gremio, Daniel Catalano, junto al legislador porteño Mariano Recalde.
Los dirigentes le pidieron a la Justicia que los efectivos de las fuerzas de seguridad estén debidamente identificados, así como los móviles en los que operen, como exige la ley. “En manifestaciones anteriores sucedieron disturbios y actos vandálicos provocados por encapuchados que, según distintas organizaciones, dirigentes y manifestantes, eran alborotadores infiltrados que pertenecían a las mismas fuerzas de seguridad. Los hechos referidos permitieron sembrar confusión suficiente para justificar la represión posterior y las detenciones que luego se probó eran arbitrarias e injustificadas”, recordaron desde ATE.
En la presentación se solicita que la Justicia “disponga que el personal policial no lleve armas de fuego” y explica que “el protocolo de la ONU respecto del uso de armas de fuego por personal policial es admitido básicamente como defensa de propia y de terceros, ante agresión con arma de fuego originadas en terceras personas”. El escrito recuerda además que el Protocolo de la ONU sobre el uso de armas por parte del personal policial establece que “la posta de goma y el material químico antitumulto solo deberá utilizarse como último recurso, a una distancia que minimice posibles consecuencias nocivas sobre los manifestantes”.
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