Ecuador:
¿Y la corrupción contra el fisco?
Juan J. Paz y Miño Cepeda
ALAI AMLATINA, 29/03/2018.- El capitalismo es
una especie de telón de fondo sobre
el cual se mueve la corrupción. El ansia
por la riqueza, el deseo por las ganancias a cualquier coste,
el interés por
acumular recursos o el sueño por ascender en la escala social
hasta la cúspide
de los millonarios, son factores que actúan sobre las
individualidades humanas,
tentándolas a buscar esa “comodidad” de la riqueza en forma
lícita o ilícita.
De hecho, el propio
capitalismo tiene mecanismos de
enriquecimiento legitimados tanto socialmente como por las
leyes: apropiación
del plusvalor generado por los trabajadores en el proceso
productivo,
especulación monetaria y de bolsa, cobro de intereses sobre
dinero ajeno,
reventa de mercancías con valores superiores, inversiones en
paraísos fiscales,
captación de recursos públicos para fines privados, negociados
con el Estado,
etc.
Trayectoria
histórica
En América Latina no solo
cuentan los mecanismos
capitalistas de acumulación de valor, sino toda una
trayectoria histórica de
acumulación originaria, que nació en la época colonial y que
se proyectó
incluso hasta bien entrado el siglo XX.
Una vez realizada la
independencia, las repúblicas
latinoamericanas del siglo XIX e inicios del XX estuvieron
sujetas al dominio
oligárquico. En esas
condiciones, el
Estado no jugó un papel regulador. En
Ecuador, esta primera época republicana también se caracterizó
por la ausencia
de impuestos directos a las clases propietarias, porque los
mayores ingresos al
fisco provinieron de los impuestos indirectos. Los únicos impuestos
directos fueron el tributo
de indios y el diezmo.
Con la Revolución Juliana y
sus gobiernos (1925-1931),
por primera vez en la historia el Estado pasó a ejercer
funciones económicas,
se convirtieron en obligaciones públicas las políticas
sociales y laborales
(nace el derecho social) y se inauguró el sistema tributario
directo con la
introducción del impuesto sobre las rentas y otro
sobre los rendimientos
del capital (ganancias).
Desde entonces, la elusión
y la evasión tributarias
han sido una constante. Durante
el siglo
XX e inicios del XXI los intentos por consolidar capacidades
estatales y un
régimen tributario progresivo y efectivo en los impuestos
directos como el de
rentas han chocado con las reacciones de sectores privados que
consideran a
tales impuestos como confiscatorios y excesivos. En las décadas de 1960 y
1970, incluso eran
atacados de “comunistas”.
Hoy, cuando el mundo ha
avanzado en los principios de
redistribución de la riqueza, ha tomado conciencia sobre la
necesidad de
fortalecer las capacidades estatales y se tiene clara la
acción socialmente
benéfica de los impuestos directos, podemos contar con
estudios nacionales e
internacionales sobre los impactos de la evasión y la elusión
tributarias, que
son otros tantos mecanismos de corrupción contemporáneos.
A nivel
mundial, el famoso libro de Thomas Piketty El Capital en
el Siglo XXI
(2013) demostró que desde la década de 1980, el aperturismo
neoliberal agravó
la concentración de la riqueza y aumentó la desigualdad
social, a tal punto que
los multimillonarios apenas representan al 1% de la población
mundial.
En el ámbito
latinoamericano, los estudios de la CEPAL sobre sistemas
fiscales y tributarios
en la región demuestran que, entre 2002-2015, las fortunas
crecieron 21% anual;
y que hasta 2014, el 10% más rico había amasado el 71% de la
riqueza, aunque su
tasa impositiva media solo equivale al 5% de sus ingresos.
También
demostró la CEPAL que en América Latina la media de
recaudación tributaria es
del 20% del PIB, la tasa impositiva apenas es del 2,3%,
mientras en Europa es
del 13,3%, y que perduran la evasión y elusión de impuestos,
tanto como la fuga
de capitales a paraísos fiscales. Por
cierto, Ecuador no llega a esa media, aunque las elites
económicas persisten en
hablar de “excesiva” carga tributaria.
De acuerdo
con los informes del Servicio de Rentas Internas (SRI), para
2017 hay 215
grupos económicos en Ecuador, pero la presión fiscal del
impuesto a la renta
sobre ellos es de apenas el 2,29%, y adeudan U$ 2.260 millones
al Estado; son
U$ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas;
U$ 4.700 millones
salieron a paraísos fiscales; mientras en aduanas el perjuicio
por facturas
falsas es casi de $ 2.000 millones. También
hay 15.719 contribuyentes que
han utilizado
comprobantes de venta emitidos por 512 empresas fantasmas. El monto de transacciones
realizadas por estas
empresas con sus clientes asciende a U$ 2.100 millones,
generando un perjuicio
al fisco de U$ 655 millones en Impuesto a la Renta e
Impuesto al Valor Agregado
(IVA).
Enfrentar
la corrupción privada
Frente a
esta escandalosa corrupción privada, en medio de la galopante
“descorreización”
del Estado y de la sociedad que se vive en estos nuevos
tiempos, los medios de
comunicación de mayor impacto en la colectividad no han
prestado sus espacios
para denunciar, analizar u opinar sobre esas realidades
detectadas por el SRI. Ha
importado y es magnificada, en cambio, la
corrupción pública que, sin duda, genera más motivos políticos
y conmociona a
la sociedad por involucrar incluso a funcionarios de alto
nivel, como ha sido
el escándalo de Odebrecht, cuyo monto llega a los U$ 33,5
millones en pagos,
una cifra que, a su vez, se queda corta frente a los montos de
los fraudes al
fisco por evasión y elusión tributarias del sector privado.
Junto al
esfuerzo nacional por combatir la corrupción pública, es
necesario que el
Estado institucionalice políticas más firmes y enérgicas para
igualmente
combatir la corrupción privada. Requiere
no solo decisión política e institucionalidad pública, sino
gobiernos que
quieran imponer el interés nacional y estatal sobre los
intereses privados y el
rentismo empresarial.
La estafa al
fisco por burlar las obligaciones en el pago de impuestos y
especialmente el de
las rentas, impide la provisión amplia y de calidad de
servicios públicos. Pero
también será necesario, en países como
los latinoamericanos, crear en el futuro inmediato un nuevo
esquema tributario
sobre patrimonios, herencias y riquezas, a fin de consolidar
la equidad y la
responsabilidad social de las elites económicas.
- Juan J. Paz y Miño Cepeda es historiador
ecuatoriano.
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