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Piratas de saco y corbata
Rodolfo Bejarano Bernal
ALAI AMLATINA, 20/03/2018.- Cada vez
vamos conociendo más acerca de los territorios que conforman una
de las
regiones más exóticas y desconocidas –al menos para quienes
vivimos en el Sur–
que podemos encontrar en Nuestra América: la subregión Caribe. Pero no por sus
paradisiacas playas y
atractivos turísticos, sino porque muchas de sus islas son
mencionadas en cada
nueva revelación que sale a la luz como parte de las
investigaciones del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus
siglas en inglés)
que viene trabajando en la recopilación y análisis de las
filtraciones más
importantes de los últimos tiempos sobre cuestiones fiscales y
tributarias.
Ya no nos resulta sorprendente escuchar
que Panamá, Aruba, Islas Caimán o Bermudas hayan sido paradas
obligatorias de
aquellos que han querido burlar a las leyes de sus países y
encontraron el
refugio perfecto para ir acumulando la riqueza obtenida por
medios lícitos o
ilícitos; aunque, por el simple hecho de recurrir al secretismo
y a la opacidad
que ofrecen, estos regímenes ya generan una duda sobre el origen
del dinero.
Según ICJ, los destinos favoritos de los
evasores y delincuentes son Bahamas, Islas Vírgenes Británicas,
Malta, Saint
Kitts and Nevis y Aruba, a los cuales se suman jurisdicciones
como Panamá,
Bermudas, Trinidad y Tobago y las Islas Caimán, donde resulta
bastante
expeditivo crear sociedades offshore
con la intención de ocultar activos y simular operaciones
ficticias que
permitan eludir el pago de impuestos, lavar dinero sucio y
facilitar la
canalización de pagos de sobornos.
Muchos de estos territorios están
involucrados en los escándalos de corrupción que han sacudido
recientemente la
región latinoamericana, ya sea porque son usados para esconder
el dinero en
cuentas pertenecientes a la banca internacional apéndice de los
grandes centros
financieros globales, o porque se mantiene en reserva la
información comercial
y societaria sobre aquellas empresas creadas a modo de
“fachada”, con la
finalidad de que no se sepa finalmente quiénes son los
verdaderos dueños, lo
cual es particularmente útil para aquellos funcionarios
corruptos que no
quieren ser detectados.
Pero la existencia de estas guaridas no
es producto de una simple casualidad o de una decisión propia de
la política
fiscal de los gobernantes de aquellos territorios. Muchas de estas pequeñas
islas ya eran
utilizadas desde hace varios siglos como refugio de piratas y
corsarios, que
atacaban a los barcos que circulaban en pleno auge del saqueo de
la riqueza de
las nuevas tierras o “indias occidentales” hacia el viejo
continente. Los países
enemigos de España en esa época
avalaron las incursiones de estos personajes y establecieron a
estos
territorios como sus colonias; de ahí que muchas de ellas son, o
han sido,
jurisdicciones pertenecientes a la corona británica,
principalmente.
Las
guaridas
Con el pasar de los años, la expansión
de la globalización, junto con el desarrollo de las tecnologías
de
comunicaciones y la profundización de la desregulación
neoliberal, permitieron
la libre movilidad de los capitales como nunca antes, y estos
territorios se
fueron convirtiendo en los puertos preferidos para modernos
criminales que
encontraron la forma de continuar con el legado dejado por los
pillos de mar,
aunque ahora vestidos de saco y corbata.
El poder empresarial, los especuladores financieros y
políticos de todo
el mundo fueron legitimando la existencia de estas “guaridas”
por medio de
normas internacionales y marcos legales nacionales que se
adecuaron a los
intereses de los centros financieros globales –principalmente Wall Street y City of London– y a los objetivos de aquellos que
pretendían tener
un lugar donde poder acumular tranquilamente su riqueza.
Según la organización internacional
Oxfam[1],
son seis los territorios caribeños que están dentro de la lista
de las 15
guaridas fiscales más agresivos del mundo financiero,
encabezando la lista
Bermudas e Islas Caimán, ambos territorios pertenecientes al
Reino Unido. Un poco más
abajo en el ranking los acompañan
Curazao, Bahamas, Barbados e Islas Vírgenes Británicas, todos
ellos, excepto
Curazao, vinculados al reino británico.
Hay que tomar en cuenta que Bahamas y Barbados no se
independizaron sino
hasta hace pocas décadas, aunque la dependencia económica los
mantiene
alineados a las pretensiones de la City. Sin embargo, no hay que
olvidar que los
grandes jugadores de este juego y los que ponen las reglas
finalmente, son
países como Suiza, Estados Unidos, Países Bajos, Singapur,
Luxemburgo, Alemania,
entre otros, y son los que ostentan el mayor índice de
secretismo financiero,
indicador medido por la Tax Justice Network[2].
La característica común que tienen estos
territorios, además de que el impuesto a la renta personal y a
la renta
corporativa simplemente es inexistente, es la absoluta
confidencialidad que
ofrecen sobre la identidad de la persona o empresa que es
propietaria de una
cuenta, lo que está protegido por leyes de secreto bancario,
permitiendo así
evitar que se conozca quienes están detrás de operaciones que
puedan resultar
sospechosas en el marco de investigaciones realizadas en algún
otro país. Algo muy
conveniente para los defraudadores,
lavadores y corruptos.
Otra ventaja utilizada por corruptos y
corruptores es la facilidad con la que se pueden crear empresas
fantasmas o de
papel con la intención de camuflar una transferencia de dinero
producto de un
soborno por alguna actividad económica que pueda justificar la
emisión de
facturas por algún bien o servicio otorgado, aunque este nunca
haya
existido. Esta figura
era muy utilizada
por la empresa brasileña Odebrecht para realizar los pagos de
sobornos a los
funcionarios que les eran útiles para sus propósitos, para ganar
licitaciones
de contrataciones millonarias en obras en casi todos los países
de la región en
que operaban. Al mismo
tiempo, estas
empresas artificiales pueden a su vez ser socias de otras
empresas y así
sucesivamente, hasta crear tal número de capas que resulta casi
imposible rastrear
las operaciones y determinar quién es el verdadero beneficiario.
Una
reforma indispensable
Lo que se pierde en recursos por
concepto de fuga de recursos que van a parar hacia estos
territorios offshore
es un monto nada despreciable,
sobre todo considerando que el 75% de los pagos de corrupción a
nivel
internacional se mueven a través de empresas registradas en
guaridas fiscales,
según la organización Transparencia Internacional[3]. Por otro lado, las Naciones
Unidas calculan
que por delitos de corrupción se pierden 2.6 billones de dólares
cada año, lo
que equivale a más del 5% del PIB mundial[4],
recursos que bien podrían servir para financiar los programas
necesarios para
atender las necesidades más apremiantes de las poblaciones y
lograr un avance
significativo hacia el logro de los Objetivos del Desarrollo
Sustentable.
Las filtraciones y revelaciones de las
que hemos sido testigos han sido bastante importantes para
conocer cómo es que
operan los piratas modernos, sin embargo lo que ha salido a la
luz es solo una
pequeña muestra de todo lo que se esconde bajo los mantos de
secretismo y
ocultamiento de información. El
Intercambio Automático de Información con fines tributarios, los
Reportes
Corporativos País por País y la publicación de los Registros de
Beneficiarios
Finales de Sociedades son la mejor manera de avanzar hacia la
eliminación de
esta lacra, pero lo que se ha hecho hasta ahora es insuficiente
y parece que
tampoco hay voluntad de ir más allá.
Muy poco se puede hacer mientras que
instancias como la OCDE sean las responsables de determinar
cuáles son las
jurisdicciones que puedan ser consideradas como guaridas
fiscales. En su más
reciente reporte, la OCDE reporta
solo a Trinidad y Tobago como una “jurisdicción no-cooperativa”,
dejando por fuera
de tal clasificación a las ya conocidos guaridas fiscales y
dificultando, de
esta forma, el accionar de países en desarrollo que quieran
tomar medidas para
detener los flujos financieros ilícitos.
Una iniciativa importante para
contrarrestar el problema del uso de guaridas fiscales para
sostener la
corrupción, es la que Ecuador impulsó en el año 2017 cuando
aprobó la ley que
prohíbe que funcionarios públicos puedan estar vinculados a
cuentas y bienes en
guaridas fiscales[5],
algo que debería ser replicado por otros países.
Desde la Red Latinoamericana sobre
Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) consideramos necesario
tomar acciones
que lleven a una verdadera reforma del sistema financiero
internacional en un
marco de participación democrática global, que incorpore a todos
los países
–como la creación de un Tax Body en el seno de Naciones Unidas–,
que acabe con
la opacidad y elimine los incentivos perversos que alientan el
uso indebido de
la función pública por parte de funcionarios que, en lugar de
trabajar por el
bien de los electores, lo único que hacen es engrosar sus
cuentas a costas de
los menos favorecidos.
-
Rodolfo Bejarano Bernal es Coordinador de Investigaciones de
la Red
Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos
(Latindadd). Ha
publicado recientemente "Privilegios
a cambio de nada", un análisis sobre los incentivos fiscales
en la región.
Artículo
publicado en la Revista América Latina en Movimiento: La corrupción:
Más allá de la
moralina 06/03/2018
URL de este artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/191720
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