A REY MUERTO
¿Qué significa el reemplazo de Lorenzetti por Rosenkrantz en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia?
El martes 11 la Corte Suprema de Justicia anunció que a partir del 1º de octubre Carlos Fernando Rosenkrantz asumirá su presidencia en reemplazo de Ricardo Lorenzetti, cuyo mandato vencía el último día del año. Que un radical fuerce el retiro anticipado de un peronista es algo que contradice los usos y costumbres (salvo en casos de golpes de Estado), pero responde al espíritu de los tiempos.
Curtido en arrojar la piedra y esconder la mano, el gobierno se declaró sorprendido. Gratamente sorprendido, especificó luego. Las razones tienen tanto que ver con el rey puesto como con el rey muerto. La referencia no es caprichosa. Rosenkrantz imaginaba su rol como rector de la Universidad de San Andrés, una de las proveedoras de cuadros para el actual gobierno, como el de un monarca constitucional.
Macrì celebró el enfrentamiento de Lorenzetti con la ex presidente CFK, que favoreció su propio acceso al gobierno, pero no puede decir lo mismo respecto de sus casi tres años de coexistencia forzada con el ex jefe del tribunal. El hombre de negocios se notificó pronto de que también a él le condicionaría el ejercicio del poder.
La gestión de Lorenzetti puede analizarse tanto desde el contenido de las sentencias como a partir del diseño institucional que dispuso. En uno y otro caso, además, debe considerarse la baja de los tres jueces más calificados del tribunal, su ex presidente e impulsor de todas las reformas de los últimos años, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni.
Lesa humanidad
La Corte presidida por Lorenzetti respaldó el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y llegó a declarar que forman parte del Contrato social de los argentinos. Esto le valió la hostilidad de quienes reivindican la dictadura. Varias veces intentaron interrumpir las homilías con que Lorenzetti polemizaba en la primera semana de cada marzo con el mensaje presidencial en la apertura de sesiones del Congreso. Este es un punto que permanecerá para siempre en el activo de Lorenzetti, quien incluso votó en contra de la aplicación del 2×1 a los perpetradores de esos crímenes, en el caso Muiña, el represor del Hospital Posadas que esta semana fue condenado a prisión perpetua. El voto por la impunidad de Muiña fue impulsado precisamente por Rosenkrantz, quien en esta temática es su reverso perfecto y provocó la mayor concentración por los derechos humanos de la historia argentina, que a su vez forzó al Congreso a sancionar en 23 horas una ley que niega cualquier forma de reducción de penas en ese tipo de crímenes.
En sus catorce años como supremo, Lorenzetti cambió prácticamente todo: esposa, auto, casa, sastrería, aspecto facial, restaurantes, amigos, alianzas políticas. En el auge del kirchnerismo, Lorenzetti respaldó sus políticas reivindicativas en materia laboral y de asistencia social (aunque el gobierno no haya agradecido el fallo Badaro). Pero en el ocaso comenzó a recortar derechos adquiridos y a reivindicar privilegios estamentales.
A instancias de Petracchi y Zaffaroni no tuvo más remedio que declarar la constitucionalidad de la ley audiovisual. No obstante, incluyó en el fallo un comentario marginal, crítico del gobierno de entonces, que el Grupo Clarin utilizó para seguir pleiteando en juzgados amistosos. Macrì pudo dar la ley de baja por un decreto, porque la movilización social y la participación de organizaciones de la sociedad civil que la hicieron posible fueron desplazadas en su aplicación por las negociaciones secretas con los prestadores tradicionales, a cargo del vocero presidencial Alfredo Scoccimarro, quien antes había sido uno de los cuatro colaboradores de mayor cercanía con Julio de Vido. El Corcho Scoccimarro es el único de ellos que sigue durmiendo en su casa.
Poder corporativo
Llegado desde la tercera ciudad santafesina de 100.000 habitantes (menos que 35 de los municipios bonaerenses) y sin experiencia previa en la Justicia, construyó una base de poder corporativo sin precedentes, organizando constantes reuniones de jueces con distintas denominaciones y pretextos: supremos tribunales provinciales, cámaras federales, jueces federales (en una nueva asociación presidida por Ariel Lijo, quien también designó a su secretario al frente de la oficina de escuchas telefónicas que Lorenzetti consiguió sumar a la Corte, cuando Macrì lo veía como el mal menor frente a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó). También obtuvo el acceso a todas las bases estatales de datos, formando una estructura de inteligencia que nada justifica ubicar en ese sitio institucional. Contó para ello con colaboradores eficaces, como Gustavo Hornos y Martín Irurzun. También desarrolló una agenda de contactos con grandes empresarios y con titulares y directivos de los principales medios de comunicación, con los que se reunía mientras tenían causas pendientes en el tribunal.
Durante su innovadora presidencia, Petracchi decidió informar a la sociedad sobre las decisiones de la justicia por medio de la publicación de los fallos, la firma de los abogados que presentaban recursos extraordinarios ante la Corte y la circulación de los expedientes entre las distintas vocalías. Sobre esa base, Lorenzetti creó un Centro de Información Judicial, que, en manos de una periodista que la escudería Hadad colocó en el tribunal y que llegó a ser su persona de mayor confianza, se convirtió en una agencia de promoción personal del presidente: sus viajes, sus libros, sus conferencias, sus suspiros. Hasta el punto que su colega Horacio Rosatti debió inaugurar su propia página electrónica para difundir sus votos, como el que frenó el primer tarifazo del macrismo. Ahora, ha sido reducida a su verdadero rol de vocera personal del ex.
Bajo la gestión de Lorenzetti, la Corte se convirtió en un ministerio ahíto de dinero y poder, que usó para ganar voluntades. El Administrador, su amigo rafaelino, contador personal y ex socio en un pequeño multimedios local Héctor Daniel Marchi, a quien Lorenzetti impulsa como candidato a la gobernación de Santa Fe, hoy es más importante que los jueces, porque decide y nombra a los empleados que serán los futuros secretarios. Desde la Corte, Lorenzetti redactó leyes civiles y comerciales, desactivó por acordadas administrativas las leyes de reforma de la Justicia y pretendió dictar otras, y, con las escuchas, ejecutó leyes penales. La Corte de Lorenzetti y Marchi administró sus cuantiosos fondos sin controles, salvo uno decorativo que acordó con el presidente de la Auditoría General de la Nación, que no fue concebida para esa función. De ese modo, nadie sabe cuánta plata tiene la Corte ni cómo está invertida.
Su idea del poder lo llevó a buscar el apoyo del Papa Bergoglio y de las agencias de inteligencia y seguridad de los Estados Unidos, lo cual llevó a definir como el principal problema del país la comercialización de sustancias estupefacientes de consumo prohibido y la corrupción.
La inquina de Macrì se debe, en parte, a esta apropiación por Lorenzetti de la agenda de los poderes supranacionales. Pero no sólo. La causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer alegró al gobierno mientras entendió que se ceñiría a la ex Presidente y sus colaboradores. Pero ni Lorenzetti ni el juez Glock son propia tropa de Cambiemos, por lo cual en cualquier momento la brújula podría señalar en dirección al rulero de la Avenida del Libertador, sede el holding familiar de los Macrì. Si la investigación retrocede más atrás de 2008, la constructora que manejó en forma directa el actual Presidente no escaparía al escrutinio.
La seguridad jurídica
En ese sentido, Rosenkrantz tranquiliza a Macrì. En primer lugar porque es íntimo amigo de su principal consejero en asuntos judiciales, Fabián Rodríguez Simón, a quien desde el primer día el presidente le encomendó “limpiar Comodoro Py”. En segundo lugar porque con este abogado de grandes empresas nacionales e internacionales comparte ideología e intereses, cosa que no le ocurre con los plebeyos Lorenzetti y Bonadío. De simpatías radicales, formó el grupo de miembros de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico que al finalizar la dictadura acompañó al alfonsinismo. Junto con Carlos Nino y Jaime Malamud Gotti intervino primero en el diseño del enjuiciamiento a los ex Comandantes y las cúpulas guerrilleras y más tarde en la elaboración de la ley de obediencia debida. Formado en universidades estadounidenses, quiere terminar con los juicios por el Terrorismo de Estado, que le parece un capítulo del pasado remoto. También colaboró con Nino en el Consejo para la Consolidación de la Democracia, que asesoró al presidente Raúl Alfonsín sobre la reforma constitucional y el parlamentarismo.
Los grandes medios formadores de agenda lo describieron como un técnico del derecho, en contraposición con el político de Rafaela. Esta es una caracterización engañosa e interesada. Uno es tan político como el otro (aunque carezca de ambiciones personales), sólo que sostiene otros principios.
Días antes de ser designado para presidir la Corte, Rosenkrantz usó la tribuna que el Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires montó en la Bolsa de Comercio sobre “Calidad Institucional”, que según los lawyers de la calle Montevideo “ofrece garantías de seguridad jurídica acordes para atraer inversiones”. Esta expresión se refiere a garantizar los intereses empresariales y de los mercados ante cualquier regulación que emane de los poderes de elección popular, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Ante el escándalo que generó su nombramiento y el de Horacio Rosatti en comisión, por decreto del Poder Ejecutivo, el gobierno acudió a un procedimiento híbrido que cumplió con parte de los requisitos del decreto 222/03. Muchas de las impugnaciones que el Senado desechó para confirmarlos con una mayoría aún más holgada que los 2/3 que requiere la Constitución, hicieron pie en su consentimiento al método inconstitucional de designación. Pero otras, como la del CELS, se refirieron a sus posiciones “respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.
En su artículo “Advertencias a un internacionalista (o los problemas de Simón y Mazzeo)” , Rosenkrantz sugiere que el derecho internacional de los derechos humanos carece del mismo “estatus valorativo” de lo que llama “nuestro derecho”. En ese mismo texto se refiere al fallo Simón (que en 2005 afirmó a petición del CELS la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida) y pone en debate los tratados internacionales que argumentó la Corte en ese fallo histórico. “Estas posiciones teóricas se contraponen con la vigencia efectiva y el desarrollo progresivo de los derechos humanos” dice el CELS, que al mismo tiempo considera llamativo que para cuestionar la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos Rosenkrantz escoja esos fallos, que son “hitos del proceso de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado en la Argentina”.
Rosenkrantz ambién sostiene que derechos económicos y sociales como salud, vivienda y educación no son exigibles ante los tribunales, porque “los jueces no tienen equipamiento institucional ni están preparados para decidir este tipo de casos”.
Pero tampoco admite para defender esos derechos el ejercicio de la protesta, si incluye un corte de calle o ruta. En su artículo “La pobreza, la ley y la Constitución” sostiene que “en la Argentina, al menos del modo en que yo lo veo, piquetear una ruta o autopista es un delito”. En el mismo texto el autor sostuvo que “el piquete es un mal”. Además considera que este tipo de protesta no está protegida por la libertad de expresión. (Contradice así a uno de sus maestros, Owen Fiss, quien se pronunció a favor de su candidatura.)
Rosenkrantz entiende que “la pobreza no es relevante y no puede ser usada como una razón para explicar y justificar la violación de los derechos consecuencia de la regulación del derecho privado”. A su juicio “la posibilidad de que los tribunales realicen decisiones que determinen grandes transferencias de riqueza terminará socavando el poder de los tribunales”. (Si su posición prevaleciera, en realidad el poder administrador quedaría libre de interferencias jurídicas para sus decisiones sobre transferencias de riqueza, como las que han tenido estridente principio de aplicación desde que él integra la Corte.)
La posición de Rosenkrantz, dice el CELS, no toma en cuenta los diferentes criterios de exigibilidad e interpretación de derechos económicos sociales y culturales desarrollados, sobre todo, desde la reforma constitucional del año 1994, por tribunales nacionales y por los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Suprema ha sostenido, ya desde el año 2004, que el principio de progresividad y no regresión, que veda al legislador la posibilidad de adoptar medidas injustificadamente regresivas, no solo es un principio arquitectónico del derecho internacional de los derechos humanos, sino también una regla que emerge de las disposiciones de nuestro propio texto constitucional en la materia. El principio de progresividad también está previsto en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Además, la oposición a la constitucionalización de los derechos sociales ignora la larga historia del constitucionalismo social en la Argentina y en la región, y tiende a conferir un estatus normativo inferior a los derechos que protegen a las personas que reclaman por el acceso, alcance y efectividad de derechos sociales”.
Cuando se discutía su designación, la nómina de clientes de Rosenkrantz no sólo era inhallable en la página ministerial, también había desaparecido de la de su propio estudio, Boussat, Rosenkrantz & Asociados, uno de los que representaron al Grupo Clarín en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema para analizar la constitucionalidad de la ley audiovisual, que Macrì también derogó por decreto. Pero el blog El Disenso había tomado una captura de pantalla antes de la limpieza. Otra fuente posible era el expediente del Ministerio de Justicia.
Entre los poderosos clientes declarados por Rosenkrantz figuraban Clarín, La Nación, Ogden Rural, Carbap, McDonald`s, América TV, Cablevisión, Supercanal, la cervecera Quilmes; Core Security Technologies, Pan American Energy, los Fondos de Inversiones Aconcagua Ventures y Pegasus, la petroquímica Cuyo; las empresas de medicina prepaga Total, Itoiz, Galileo, Cruz Blanca, IMA y Buen Ayre y la telefónica Claro, entre otros.
Entre quienes apoyaron la designación hubo opiniones muy respetables y bien fundadas, como las de la ADC, que tenía a Rosenkrantz entre sus directivos, o la Comunidad Homosexual, de la que fue abogado en la causa que condujo al otorgamiento de su personería jurídica. Pero también posiciones extravagantes, como la del economista liberal del Cato Institute de Washington, Martín Krause: “Por decreto, pero a favor de la libertad”. A su juicio, el gobierno “no quiso verse en una situación en la cual cumplía con todos los requisitos formales pero no lograba resultados y sólo le quedaba el honor de haber respetado los procedimientos, como debería suceder en todo país serio” y haber dado un ejemplo. Esto “sería como hacerse el harakiri”, escribió en el diario La Nación,muy retro ’55.
En 2014, con el propósito de volver a juzgar a Cristina en las causas en las que fue absuelta, Rosenkrantz prologó un libro con dos trabajos sobre el tema, uno del entonces secretario de Martín Irurzun en la Cámara Federal, Federico Morgenstern. En cuanto asumió en la Corte, Rosenkrantz lo designó como prosecretario letrado para asuntos de confianza. Morgenstern redactó el fallo del 2×1 en la causa Muiña por crímenes de lesa humanidad. Por cierto, Rosenkrantz deberá excusarse en todas las causas que involucren a sus clientes, como ya hizo en la de Farmacity contra el sistema de salud pública bonaerense, que hasta ahora le impide instalarse sin restricciones en los núcleos urbanos más concentrados y en los lugares de más alta actividad comercial, como lo hizo con sus 233 sucursales en 14 provincias. El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió que todos los miembros de la Corte se excusaran. Los laboratorios medicinales, encabezados por Roemmers, también resisten la expansión de Farmacity porque incrementaría la capacidad de negociación de la cadena para aumentar su porción de los beneficios. Este conflicto de intereses comerciales es consecuencia de la consideración de la salud como mercancía.
Además del caso Muiña, estas posiciones de Rosenkrantz se evidenciaron en otros casos:
- Villamil: los reclamos civiles por daños y perjuicios no son imprescriptibles como sí lo es la persecución penal.
- Fontevecchia: las decisiones de la Corte Suprema tienen preminencia sobre las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual contradice una larga jurisprudencia, anterior incluso a la reforma constitucional de 1994.
- Alespeiti: para negar una prisión domiciliaria a un geronte hay que fundamentar muy bien los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.
En los cuatro casos Rosenkrantz formó parte de la mayoría, con socios cambiantes. Esto sugería el surgimiento de un nuevo eje de poder, desplazado de Lorenzetti a Rosenkrantz. El abogado del Grupo Clarín ya era el hombre fuerte del tribunal.
Un monarca constitucional
Sobre el estilo de conducción rectoral de Carlos Rosenkrantz y sus consecuencias, el politólogo Carlos Acuña fue claro cuando renunció a la Universidad de San Andrés donde enseñó desde fines del siglo pasado hasta 2012: “En este ambiente de desconfianza y tensión, la concentración de las decisiones ha resultado –de manera esperable— en una reiteración de arbitrariedades; cambios de reglas sin sustento consensuado; reglas improvisadas, ad hoc o no públicas (sobre las que los afectados se enteran cuando las ‘descubren’ vía acciones rectorales previamente inimaginables); y una generalizada falta de transparencia, consulta y rendición de cuentas hacia la comunidad académica (…). Al asumir su función, el actual Rector me transmitió (como a otros) su decisión de debilitar la influencia de espacios institucionales como el Consejo Superior (sobre el que evaluó la conveniencia de que se reuniera pocas veces al año dada la ‘pérdida de tiempo’ que implicaba el funcionamiento mensual de este cuerpo colectivo) y el Senado de Profesores (sobre el que expresó que constituía un mero cuerpo de defensa de intereses corporativos, lo que indicaba poco conocimiento sobre la trayectoria de compromiso institucional y aporte académico de este ámbito). En relación a ambas cuestiones le expresé mi desacuerdo y fundamenté las razones por las que constituían un camino inconveniente. Efectivamente, la dirección que se emprendió significó un inevitable empobrecimiento institucional y la concentración de las decisiones en la persona del Rector. Esta concentración lo llevó a describir su función como la de un monarca constitucional (sic)”.
Cuando Macrì lo designó en la Corte, la Universidad de San Andrés anunció en La Nación la creación de un “comité de búsqueda” compuesto por profesores/autoridades que debían evaluar a los candidatos/tas a sucederlo y hacer una recomendación al Consejo de Administración. Para sorpresa y malestar de varios de los miembros del Comité, Rosenkrantz echó por tierra el trabajo del comité e impuso el nombramiento (en diciembre 2016) de su joven colaborador, Lucas Grosman, a quien había nombrado como director del Departamento de Derecho de UdeSA. Grosman no sólo exhibe una afinidad “ideológico-académica” con Rosenkrantz sino también de intereses: en la audiencia pública de la Corte Suprema por la ley audiovisual Grosman abogó en favor del Grupo Clarín, pero presentándose como amigo del tribunal e “independiente de las partes”.
Radical de negocios, como Ricardo Gil Lavedra, su asociado en litigios contra el Estado Nacional, resta por verse cuál será el alineamiento de Rosenkrantz en la cada día más áspera confrontación entre las distintas fracciones del capital por los restos de la Alianza Cambiemos.
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