EL CAMINO POR EL QUE TRANSITA LA JUSTICIA VA DE LO “INSÓLITO” AL GROTESCO.
C.A.B.A., Argentina, UNASUR-CELAC, EL EMILIO, Poder judicial argentino en crisis.
Por Victor Leopoldo Martinez
No soy abogado ni hombre de leyes (lo cual no significa que no conozca las mismas), pero poseo un mínimo de buen sentido como para no “comerme” absurdas generalizaciones y “suposiciones” realizadas por un juez de muy dudosa moral que a través de un escrito que en su forma y fondo se funde irremediablemente con el grotesco, intenta presentarse como defensor de los intereses del Estado y de la sociedad toda con los mismos argumentos acusatorios esgrimidos por los corruptos medios hegemónicos DE Magnetto, quienes y con anterioridad ya habían juzgado y sentenciado públicamente a los enemigos de sus intereses; y Bonadio los uso en su alegato político al típico estilo “copio y pego”.
Me tomé el trabajo de leer todo su escrito caratulado: «Para resolver en la presente causa N° 9.608 /2018, caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/Asociación Ilícita».
La primera conclusión que saque es que, además de torpe y ridículo desde el comienzo hasta el final por atentar contra el buen sentido, es una caricaturesca sumatoria de otros “copio y pego” de antecedentes traídos de los pelos y pegados con sustancia nasal para colmo de males.
Voy a tomar fragmentos de un escrito de 558 páginas a los fines de mostrar las contradicciones y como tales las aberraciones jurídicas en términos conceptuales y políticos cometidas por este “proyecto de magistrado” apellidado Bonadio.
Que la “Introducción” del “Considerando” se inicie con tamaño disparate argumental como el que sigue: “Entre las múltiples demandas de la sociedad civil respecto a la tarea de los jueces penales se les pide que hagan bien y rápido su trabajo, que individualicen y condenen a los autores de los delitos, que recuperen los bienes sustraídos en tiempo y forma y, de paso, que sean claros cuando se dictan las distintas resoluciones judiciales.”, comienza a dar cuenta de lo afirmado más arriba.
1°.- Es demasiado llamativo leer en un escrito (resolución judicial) hecho por un “supuesto letrado” en rol de juez, referencias sobre “múltiples demandas de la sociedad civil a los jueces penales” que en general yo, como el 95% de los argentinos, desconocemos como demandantes y que Bonadio las supone como tales de nuestras parte. Para colmo de males las circunscribe a un “trabajo” bien hecho y en forma rápida”(como si a esa sociedad civil poco le importara si se está haciendo justicia o no, algo que por lo visto para Bonadio es lo de menos), “que individualicen y condenen a los autores de los delitos” (sin importar que existan pruebas –o no- que den sustento a que el delito existió y fue cometido por el o los que él supone es o son los culpables) “y que recuperen los bienes sustraídos” (que como bienes pueden -o no- ser los sustraídos, pero que el “juez” infiere que sí o sí, son los sustraídos).
Ya que Bonadio me involucró como demandante de “algo” sobre su gestión como juez penal (soy parte de esa sociedad civil que él menciona) le podría decir que como miembro de esa sociedad civil no veo en sus resoluciones ni respeto por el debido proceso, ni que él este impartiendo justicia según lo que establecen leyes y códigos; por el contrario, siento que con sus resoluciones como juez lo que está anticipando es que la sociedad civil en su conjunto está expuesta a sus dictámenes judiciales que él ha creado en un muy particular modo de entender lo que es “justicia”.
Según mi muy modesto entender, los jueces penales no están para fundamentar sus decisiones con argumentos políticos; menos argumentos simil campaña electoral. Pero en este caso, encima, y de manera ridícula, lo escrito se da de bruces con la realidad en materia de políticas económicas, sociales, culturales y educativas llevadas adelante por los acusados del anterior gobierno; “algo” muy evidentes si cualquier cristiano argentino se remite en materia presupuestaria y de asignación de recursos a buscar pruebas, todas ellas fácilmente comprobables. Me estoy refiriendo a claros y constatables hechos que nuestra sociedad civil en su totalidad pudo comprobar viviéndolo casualmente en ese periodo en el que Bonadio se detiene para hacer sus consideraciones políticas. Que a un minúsculo sector de la sociedad, eso le haya molestado, es harina de otro costal y nada tiene que ver con la cuestión en juicio; a menos que el Sr. Juez Bonadio sea un operador judicial de dicho sector y por odio actúe como lo hace. Pero veamos:
“En el presente capítulo se tratará de explicar de manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la República Argentina entre los años 2003 a 2015, donde una colusión de funcionarios y empresarios [la Real Academia Española define la palabra “colusión” como: “un pacto ilícito en daño de tercero”], hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados , la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente , sin servicios , sin transporte seguro, etc., etc., y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que , por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados.”
Esto que acaba de leer, ¿no le suena a un discurso político más que un argumento jurídico? Y como tal… ¿no le parece, no le suena a “algo” en todo caso padecido por el conjunto del pueblo argentino en la actual gestión de gobierno –PRO- y no casualmente como algo sufrido en el gobierno anterior? Entonces y con tamaños argumentos, el custodio de los intereses y demandas de la sociedad civil, don Bonadio, ¿No debería empezar a detener –con ese particular modo de entender el derecho que él tiene- y juzgar a los funcionarios de la actual gestión ya que no requiere de esfuerzo reunir las contundentes pruebas para hacerlo y con la urgencia que demanda la situación porque estos sí pueden interferir en cualquier investigación como lo vienen haciendo desde que asumieron?
Esto, ¿no sería más sano para nuestra sociedad civil, ya, bastante aturdida con este relato más que esquizofrénico en vez de andar excavando y rompiendo casas para encontrar lo que no existe y nunca existió?
Pero el colmo para un juez que pretende impartir justicia, es que a falta de pruebas y con solo declaraciones sacadas a la fuerza a “arrepentidos” de manera extorsivas, él “suponga de manera fantástica” cómo fueron los hechos y los pretenda sostener con un simple: “Esta mecánica funcionaba más o menos así”. ¿Cómo son los “más” y los “menos” en el imaginario del juez? ya pasa a ser tarea de pitonisas/os –por ejemplo Carrio, Lanata, Mariana Fabbiani, Joaquín Morales Sola, Majul, Fantino, etc.,etc.-.
Pero esto que viene singularmente no tiene desperdicio. Y digo esto por varias razones.
1ro.-: Su designación fue sugerida a través de una “servilleta” acercada por un ministro de Menem –Carlos Corach- lo cual ya muestra que la misma no está sostenida casualmente por un curriculum que señala “sobrados conocimientos”, “basta experiencia” sino por una simple “acordada política” del gobierno que esta misma sociedad civil reconoce como la “II Década Infame”. Y para colmo de males con pésimos antecedentes en el caso AMIA (como se puede leer en esta publicación del propio stablishment.
¡Hay que ser muy audaz y/o demasiado ¿corajudo o estúpido? para mandarse a sentenciar políticamente a una ex funcionaria del anterior gobierno en el mismo escrito sosteniendo que:
“Es de destacar que en el caso de los funcionarios (se entiende que los “k”), traicionaron el mandato otorgado por la población, pues aprovechándose de su cargo lograron vencer todos los controles que procuraban evitar que se produjeran perjuicios en las arcas del estado.” cuando a ojos vista es la actual gestión PRO, los funcionarios del actual gobierno los que realmente mintieron en campaña y traicionaron el mandato popular.
Pero el colmo de lo aberrante llega en el momento en que en su escrito aparece lo siguiente:
“Por ello, es posible sostener , que los ex funcionarios y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, atento a sus vínculos , siendo la última Senadora Nacional , de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial, tanto en el descubrimiento de la verdad, en el recupero del producto del delito y en la posibilidad de que se cumpla una sentencia condenatoria. -Incluso, resulta demostrativo de este peligro procesal, las carpetas con anotaciones y registros sobre distintas personas físicas y jurídicas, que fueron secuestradas e n el marco del allanamiento efectuado en la residencia de la imputada FERNÁNDEZ, sita en la ciudad de El Calafate, Provincia de Santa Cruz. También, debe destacarse la posibilidad de incidir en la investigación mediante sus contactos en medios de comunicación afines e, incluso, algunos de empresarios vinculados a la obra pública, pudiendo intentar por esta vía condicionar el desarrollo de esta investigación.”
¿Con que cara este juez que inicio causas judiciales por mandato mediático puede utilizar tamaña argumento? Estando en libertad el primo del presidente –Calcaterra- ¿no puede interferir en el desarrollo de la investigación y la ex presidenta sí?
Un sainete que si no fuera por la consecuencias trágica que esto puede tener sobre la sociedad civil en caso que los JUECES DEL DIARIO CLARIN Y MAGNETTO continúen actuando con la impunidad con lo vienen haciendo solo quedaría en la historia como el periodo cambalachero más Discepoliano de toda la historia nacional.
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