ECONOMÍA
POPULAR | POBLACIÓN CARCELARIA
La población carcelaria
argentina supera las 60.000 personas. Más de la mitad está privada de su
libertad sin condena bajo la cuestionable figura de prisión preventiva, medida
que se aplica casi con exclusividad a quienes no pueden pagar un buen penalista
que los defienda. La mayoría de los presos son pobres, crecieron en contextos
de marginación y carecieron de oportunidades laborales y educativas, es decir,
de la posibilidad de edificar un proyecto de vida cimentado en el trabajo
libre, digno y creativo. El 52% no terminó la escuela primaria y el 35% estaba
bajo los efectos de algún tóxico al cometer el delito.
La
gran mayoría proviene de asentamientos y villas. Tanto que, allí, casi todos
tienen un hijo, primo o hermano que estuvo, está o estará preso.
Tal
vez por eso Marcelo (49) afirme, con la autoridad de haber pasado buena parte
de su vida allí, que las cárceles ya no son para delincuentes. Las cárceles
están pobladas de excluidos sociales. El sistema carcelario –que incluye
penitenciarios, policías, jueces y otros operadores– más que una institución
para afianzar la justicia en el país, pareciera un instrumento para contener el
sobrante social, el descarte, la masa marginal. Las cárceles actuales reflejan
una sociedad enferma que “no sabe sufrir los dolores de sus hijos, que no los
toma con seriedad, que los naturaliza y los asume como normales y esperables”.
A veces, incluso, pareciera querer agudizar su dolor mediante el castigo
siempre injusto del abandono y el desprecio.
Aun
así, el sistema carcelario argentino es mucho “menos pior” que el de otros
países como México, Brasil o la Norteamérica imperial, con sus más de dos
millones de presos, casi todos negros e hispanos. Fue en esta superpotencia, en
el marco de un emocionante encuentro en un correccional de Filadelfia, donde
Francisco pronunció la frase citada. El cariño que desplegó hacia sus
“hermanos” presos es una poderosa inspiración para todos y un inmejorable
antídoto contra el discurso cruel de la mano dura que, como un veneno, va
infectando a la sociedad e incluso a los propios sectores populares.
Francisco
les dijo que “este momento de la vida de ustedes sólo puede tener una
finalidad: tender la mano para volver al camino, tender la mano para que ayude
a la reinserción social. Una reinserción de la que todos formamos parte, a la
que todos estamos invitados a estimular, acompañar y generar. Una reinserción
buscada y deseada por todos: reclusos, familias, funcionarios, políticas
sociales y educativas. Una reinserción que beneficia y levanta la moral de toda
la comunidad y la sociedad”. No es garantismo ni abolicionismo penal, es la
doctrina social de la iglesia.
Marcelo
entiende que esa mano tendida hacia la reinserción es el trabajo y la
educación. Por eso pasó sus últimos años detenido estudiando en el Centro
Universitario de Devoto (CUD) y trabajando para el EnCoPe en el taller de
confección de bolsitas. EnCoPe es el Ente de Cooperación Técnica y Financiera
del Servicio Penitenciario Federal y administra 255 talleres de producción
industrial y agropecuaria para que los detenidos realicen actividades laborales
como establece la Ley de Ejecución Penal.
El
EnCoPe mueve mucha plata, realiza trabajos para empresas privadas y, según
dicen algunos, funciona de manera muy poco trasparente. Marcelo lo califica
lapidariamente de “financiera trucha”. Aunque se trata de un ente vinculado a
la producción, trabajo y capacitación que debería funcionar en otro ámbito de
la administración pública nacional, su directorio está compuesto exclusivamente
por agentes del oscuro Servicio Penitenciario Federal. En cualquier caso,
gracias a los justos reclamos de los propios detenidos –que para horror de
muchos se organizaron sindicalmente– y la dedicación de cientos de estudiantes,
profesionales y funcionarios comprometidos con la dignidad humana, hoy los presos
ya no cobran un “peculio” arbitrariamente determinado por la entidad sino una
remuneración equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil con la que ayudan a
sus familias y van formando un fondo de reserva para vivir cuando recuperan la
libertad.
Marcelo
afirma que la situación laboral en los penales, sobre todo en los que él
denomina penales visibilizados como Devoto y Ezeiza, mejoró considerablemente
en los últimos años. Antes, dice, era una combinación de trabajo esclavo y
“clientelismo carcelario”. Hoy, indica, casi todos los que quieren acceder a un
puesto de trabajo remunerado pueden hacerlo. Paradójicamente, cuando vuelven al
ámbito libre se quedan sin laburo. Esta ruptura es particularmente grave para
el proceso de inclusión de los ex detenidos porque, como afirma Marcelo, “si
cuando salís en 72 horas no tenés qué hacer, hacés cagadas”.
Él
tuvo la suerte de encontrar en su camino buenos compañeros y ni bien salió del
penal tenía un puesto reservado en la Cooperativa Hombres y Mujeres Libres.
Hoy, junto a otros liberados, se dedica a la producción de indumentaria y
reivindica la Economía Popular como refugio para quienes salen de los penales y
quieren transitar una vida digna. Pero sabe que para los que pasaron por la
cárcel, excluidos antes y doblemente excluidos ahora, no hay lugar en las
empresas o el trabajo asalariado formal: es economía popular o reincidencia.
Por eso reclama más formación en cooperativismo, asociativismo y economía
popular dentro de los penales y un mayor acompañamiento del Estado en la
inserción laboral en el ámbito libre.
Tal
vez, el Ministerio de Economía Popular pueda abordar de manera más justa este
proceso sustituyendo al EnCoPe por un organismo civil diseñado para la
reinserción de los detenidos y garantizando la continuidad laboral de éstos en
el ámbito libre. En cualquier caso, y sin lugar a duda, no es la mano dura sino
el trabajo digno el camino para reafirmar la dignidad de todos y bajar la tasa
de reincidencia que hoy supera el 35% desnudando la ineficacia de nuestro
sistema carcelario.
Por
Juan Grabois.
Dirigente
de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)
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