Tras la polémica que se desató en febrero por la millonaria condonación de deuda al Correo Argentino, propiedad de la familia presidencial, la fiscal general Gabriela Boquín denunció que las autoridades de la empresa de servicios postales y logísticos impulsaron el vaciamiento de la compañía durante el último año y medio, para beneficiar directamente al Grupo Macri y, consecuentemente, perjudicar al Estado nacional y otros acreedores.
La denuncia de Boquín se da mientras transcurren los 120 días que el Gobierno solicitó a la Justicia para dictar decretos que regularicen los posibles conflictos de intereses y para que la Auditoría General de la Nación (AGN) analice el expediente de la familia Macri.
La fiscal presentó un dictamen en los tribunales comerciales en el que responsabilizó directamente a la cúpula del Correo y a la jueza Marta Cirulli, a cargo del concurso, por los más de 16 años que lleva el expediente sin que se homologue el acuerdo o bien se dicte la quiebra de la empresa. En este marco, Boquín sostuvo que la compañía debe devolver los fondos y pidió la intervención de las Procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica (Procelac) para que indaguen si se cometieron diversos delitos. Cirulli habría sido quien autorizó al menos cinco retiros de fondos de las cuentas del Banco Ciudad por una suma que asciende a los 10 millones de pesos. La fiscal calificó esta actitud como “abusiva” y “ruinosa” para el Estado, y afirmó que los retiros fueron “improcedentes e injustificados”.
En este marco, además de dar a conocer estos movimientos, la fiscal exigió la separación de la actual administración de la empresa, encabezada por Jorge Irigoin, antiguo gerente de Socmam, a quien acusó de proporcionar información falsa y ocultar datos relevantes para el expediente. Dentro del dictamen, Boquín enumeró presuntas “irregularidades en la tramitación del concurso”, entre las que incluyó críticas a los ejecutivos y abogados del Correo, la jueza de primera instancia y síndicos que intervinieron en la causa del concurso desde 2001.
Más irregularidades
La fiscal ya había presentado otros dos dictámenes críticos por este caso: en el primero, dado a conocer en febrero, había afirmado que el acuerdo alcanzado por el grupo Macri con el Gobierno nacional -la condonación de la deuda- era abusivo y perjudicaba al Estado; en el segundo, acusó a la empresa de servicios postales de demandar al Estado en condiciones más agresivas que aquellas en las que se le reclamaba a la propia compañía.
El informe que nunca llegó
La denuncia de Boquín llega en un momento confuso para el expediente: la semana pasada, el Gobierno echó al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, quien debía entregar un informe sobre la situación del Correo Argentino, el cual se esperaba que fuera crítico con el Ejecutivo nacional. En este marco, también preparaba un dictamen en el que plantearía que el acuerdo entre el Gobierno y la empresa era, al menos, irregular y desventajoso.
A la vez, había formado sumarios contra todos los funcionarios que tuvieron alguna participación en el proceso. Con una primera aproximación ya estaba armando informes que no serían del agrado de Macri y que, a la vez, debían ser entregados en el contexto del proceso judicial.
Lo curioso, además, es que el reemplazante de Balbín es Bernardo Saravia, quien lideró un estudio jurídico que representó al Grupo Macri.
Sumado a esto, el exprocurador debía asistir a la Cámara para opinar sobre los 120 días que solicitó el Gobierno, pero con su ausencia será Saravia quien deba presentarse y, en este punto, Boquín tendrá que presentar un nuevo dictamen.
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