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México: No estamos en
guerra, pero…
José Luis Avendaño C.
ALAI
AMLATINA, 15/05/2017.- Desde la
década de los años 40 del siglo pasado, México se convirtió en
un proveedor de
drogas de Estados Unidos. Con el consumo, el mercado, y con
ello, el negocio,
estaba garantizado. Así crecieron y se desarrollaron las
primeras bandas que,
al paso de los años, se transformaron en cárteles regionales y
verdaderas
empresas transnacionales. Es imposible que a este nivel, los
gobiernos en turno
no supieran, y que, por comisión u omisión, no fueran parte del
negocio.
Con la
llegada del PAN a la presidencia en el 2000 (el PRI mantuvo su
poder a través
de la mayoría de gobernadores), este dejar hacer, dejar
pasar
(neo)liberal, aparentemente se dislocó. Una de las primeras
acciones del
segundo sexenio de la alternancia, en diciembre de 2006,
fue lanzar a
la calle a las fuerzas armadas (Ejército y Marina), frente
a la ineficiencia/insuficiencia
de las policías. Con ello, el narcotráfico –parte del crimen
organizado—,
se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Once
años después,
achacados a la inseguridad y violencia, hay más de 80
mil muertos y más
de 26 mil desparecidos, sin contar los desplazados.
Muchos, se
dice, son producto de ajustes de cuentas entre las
bandas. Y pasado todo
este tiempo, se discute una Ley de Seguridad Interior, a fin de
normalizar la
presencia y actuación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad
pública y, sobretodo, su relación con la población.
No hay
duda que hay una escalada de violencia que el regreso a
Los Pinos del
PRI no ha podido contener. Un regreso acotado, pues se
dice que el
régimen priista nunca perdió el poder, entre otras cosas
porque la política
económica neoliberal es transexenal, es decir, la misma
desde hace seis
sexenios, con crecimiento errático, pero con una narco
economía boyante,
que es parte substancial de las cuentas nacionales (en el rubro
de errores y
omisiones). El regreso priista (recargado) es, de
hecho, una restauración.
Para decirlo en palabras de Bolívar Echeverría, se trata de la
consolidación de
la “restauración de la república oligárquica
prerrevolucionaria”, cuyos
gobernantes, agrego, operan como meros administradores del
despojo y la
explotación.
Las
víctimas de la violencia, ya no son solamente entre el crimen
organizado y las
fuerzas armadas, sino alcanza ya a miembros de la sociedad
civil, que, en
lenguaje militar, son daños colaterales. Entre las
víctimas se encuentran
los defensores de los derechos humanos –muchos de ellos
familiares de quienes
han padecido la violencia, y ellos mismos violentados— y
periodistas que cubren
tales asuntos o que investigan presuntos nexos entre las
autoridades y la
delincuencia organizada. Terreno minado. El resultado es
que, por
ejemplo, al estar buscando a sus muertos, descubren otras
fosas
clandestinas de otros muertos.
La semana
pasada, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) organizó
el foro:
Mujeres Periodistas. El poder de sus voces, en el que se resaltó
la doble
violencia que sufren por su género y por su labor, que
van desde amenazas
hasta asesinatos, que no se atienden ni resuelven, al estar en
medio de un círculo
de impunidad, que más bien resulta un laberinto.
Labor que está
considerado de alto riesgo y convirtiendo a México como
uno de los
lugares del mundo más peligrosos para el ejercicio
periodístico. Aquí
vale recordar lo que Guillermo Prieto, en sus Lecciones de
Historia Patria
afirmó sobre los objetivos de la libertad de prensa: ser
“correctivo de la
tiranía y afiance de todas las libertades”.
El mismo
día, desde Londres, el Instituto de Estudios Estratégicos, que
se aboca a
asuntos de defensa y conflictos, advirtió que el año pasado
México fue el país
con mayor número de “homicidios intencionales”, sólo por debajo
de Siria.
Naturalmente, las autoridades descalificaron el reporte, al
estar basadas en
“metodologías inciertas”. Lo cierto es que hay personas que no
únicamente son
parte del extendido grupo de los vulnerables, sino que
su actividad es de
alto riesgo.
Al día
siguiente, 10 de mayo –Día de las Madres— fue asesinada Miriam
Elizabeth
Rodríguez Martínez, en su casa en el municipio de San Fernando,
Tamaulipas.
Ella se volvió activista, a raíz del secuestro de su hija, Karen
Alejandra
Salinas Rodríguez en 2012. Sin ayuda gubernamental, dos años
después halló los
restos de su hija en una fosa clandestina, y logró la detención
de 13 personas.
En abril pasado, denunció ante las comisiones estatal y nacional
de los
derechos humanos que había sido amenazada de muerte… Tanto los
defensores de
derechos humanos como los periodistas se encuentran bajo el
amparo de un mecanismo
de protección, que se creó en noviembre de 2012.
Si no
fuera suficiente, el fin de semana, siete periodistas fueron
detenidos por un
centenar de encapuchados armados en un retén de la carretera
Iguala-Ciudad
Altamirano, en el norte de Guerrero, y fueron despojados de una
camioneta y de
sus equipos de trabajo; situación que el gobierno estatal achaca
al crimen
organizado. El día anterior, había llegado a la zona un
contingente del
Ejército.
No
estamos en guerra, pero parece.
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