Declaración: Una reforma que arrasa con la Ley de Contrato de Trabajo (octubre 2017).
Ante
el proyecto gubernamental de reforma integral de la legislación laboral
que trascendió públicamente, la Asociación de Abogados y Abogadas
Laboralistas (AAL) rechaza de plano sus explícitos objetivos, orientados
a arrasar con la Ley de Contrato de Trabajo y las normas protectoras
laborales y de la seguridad social.
“El
proyecto es de flexibilización laboral. No se trata, como se anunciaba,
de reformas consensuadas sector por sector. Se trata, por el contrario,
de una reforma estructural, integral, que ataca los pilares históricos
del derecho del trabajo en la Argentina”, dijo Matías Cremonte,
presidente de AAL.
“Resistir
esta reforma no puede depender sólo de las representaciones
parlamentarias. Los propios trabajadores y sus organizaciones deben dar
batalla a esta reforma regresiva; todos los actores del mundo del
trabajo deben hacerlo. No existe ningún ejemplo en el mundo que muestre
que haber renunciado a derechos haya creado más trabajo” agregó.
El
proyecto que circula incluye 142 artículos, 12 títulos, 36 capítulos y
un anexo; todos con un sesgo pro empresario que se propone –así lo dice-
la “liberación de las fuerza de la producción”, invocando una célebre y
lamentable expresión de José Martínez de Hoz, Ministro de Economía de
la última dictadura cívico-militar.
La
iniciativa oficial extiende de modo exponencial la tercerización
laboral, desnaturaliza las multas por el empleo no registrado, crea la
fraudulenta figura del “trabajador autónomo económicamente dependiente” y
reduce la indemnización por despido. Por otra parte, habilita a los
sindicatos a negociar, a la baja, la ampliación de la jornada de
trabajo, eliminando el pago de horas extras; como asimismo, la
sustitución del pago de la indemnización por despido que le corresponde
al empleador por un "fondo de cese de empleo". Asimismo modifica el
plazo de prescripción, en forma discriminatoria para las persona que
trabajan, pasando de dos a un año, además de conceder disminuciones en
las contribuciones patronales y suprimir las sanciones a los empleadores
por la violación de las leyes que obligan a registrar la relación
laboral.
Resulta
una falacia que para generar más empleo, se eliminen las normas que
tutelan a la persona que trabaja y el sentido compensador del derecho
social. Se trata de un presupuesto de matriz neoliberal que ha fracasado
una y mil veces en la historia.
La
Asociación de Abogados Laboralistas, en conjunto con otras
organizaciones de derechos humanos y sindicatos, acaba de denunciar
internacionalmente, en una audiencia pública ante la CIDH, las
violaciones a los derechos laborales ocurridas durante el gobierno de
Macri. La CIDH expresó allí que no debía violentarse el principio de no
regresividad en materia de derechos sociales. El gobierno ha dado ahora
un salto más, desoyendo esas recomendaciones y el movimiento obrero,
tanto como las organizaciones académicas y profesionales del mundo del
trabajo, deben dar una respuesta.
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