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¿Guerra
contra la corrupción o contra las alternativas al
neoliberalismo?
Silvina
M. Romano
ALAI
AMLATINA, 12/03/2018.- El
problema de América Latina es la corrupción, pero no
la corrupción
“a secas”, sino especialmente aquella asociada a los
gobiernos
progresistas o posneoliberales1.
Lo aseveran los think-tanks, los asesores de
Instituciones
Financieras Internacionales (IFI) y voces expertas
sobre lo que
“sucede” en la región2.
Lo advertía John F. Kelly, ex Comandante del Comando
Sur de los
EEUU y hoy Jefe de Gabinete de Trump3. Aseguran
que los gobiernos progresistas se abusaron de los
pobres
para enriquecer a un puñado de funcionarios de
gobierno corruptos. Agrandaron el Estado y lo
repolitizaron, intervinieron en la economía
y revalorizaron lo público, con el único objetivo de
“saquearlo”
luego. Privilegiaron la utilización de influencias y
fondos
públicos para beneficio personal y recurrieron a los
poderes del
Estado para evitar la rendición de cuentas. Desde esta
perspectiva,
los funcionarios y políticos involucrados en gobiernos
progresistas
que exaltaron ese derrotero, son por definición
corruptos y además
ineficientes. Son incapaces de manejar al Estado como
a una empresa
privada, poniendo en riesgo el rumbo de la economía y
(supuestamente) del Estado en su totalidad4. Esta serie
de argumentos son los que urden la trama de un sentido
común reproducido por las derechas y la prensa
hegemónica desde
hace varios años y que ha contribuido al menos a dos
fenómenos: el
primero y de corto-mediano plazo, es el de la
“judicialización de
la política” desde arriba; el segundo es el de la
despolitización
de la política, el desprecio por “lo público” y el
prejuicio
respecto de lo estatal como ineficiente.
El
hecho de que este relato haya devenido en “sentido
común”, de
que haya calado profundo en la opinión pública, no es
fruto de una
campaña mediática particular, o el resultado
“inminente” del
retorno de gobiernos de derecha. Tampoco obedece
únicamente a
factores coyunturales. Por el contrario, forma parte
de un proceso
histórico que encuentra parte de sus raíces en el
ajuste
estructural implementado en América Latina a partir de
la década de
los ’80 y que tuvo como actores principales a las IFI
y a las
agencias bilaterales del gobierno estadounidense. La
“modernización”
del Estado, que tenía por objetivo una mayor eficacia
y eficiencia
para acabar con la corrupción y el favoritismo, fue
argumento clave
para el adelgazamiento/desaparición y desprestigio de
lo público en
virtud de lo privado. El Consenso de Washington puede
ser un ejemplo
de sistematización de tales premisas como lineamientos
para la
acción de gobiernos dedicados a procurar que el Estado
se subsumiera
a las necesidades del sector privado. La
empresarialización del
Estado5.
Las
reformas judiciales
Uno
de los sectores en los que se intervino tempranamente
para la
“modernización del Estado” fue el judicial. Tuvieron
especial
protagonismo los organismos de “asistencia para el
desarrollo”
bilaterales y multilaterales, como la USAID y el BID.6
Este asesoramiento en la transformación de los
aparatos judiciales
constituye un eslabón más en una cadena de relaciones
dependientes
y asimétricas establecidas por la dinámica y
normativas inscritas
en la asistencia para el desarrollo (al menos desde la
Guerra Fría
hasta la actualidad)7.
El objetivo era lograr la “buena gobernanza” por medio
de una
reorganización del Estado, ajustando las leyes e
instituciones a las
normativas internacionales que permitieran el flujo de
inversión
extranjera directa y el acceso a mercados “sanos”.
Debía
garantizarse un “buen funcionamiento” de las
instituciones para
garantizar el desarrollo8.
Guatemala
fue uno de los mayores receptores de asistencia para
la reforma
judicial, tras la firma de los Acuerdos de Paz.
Fluyeron asesores,
recursos para infraestructura e informática y el “know
how” de
la experiencia en países centrales, particularmente en
EEUU9. El
resultado fue una reforma superficial, en el plano de
lo técnico,
con una fuerte dependencia de la asesoría y fondos
provenientes del
extranjero. Los avances a partir de la creación de la
Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (desde
el juicio al
dictador Ríos Montt hasta el Caso la Línea)10
se ven limitados por estar enmarcados en un Estado que
en términos
generales representa los intereses de una minoría
privilegiada
(tanto la vieja oligarquía como los nuevos
empresarios) asociada
directa o indirectamente a un Estado contrainsurgente
y genocida. Un
Estado ausente en materia de bienestar socio-económico
para las
mayorías, que nunca fue refundado11. Un Estado
que, desde 1954 hasta la actualidad, sigue dependiendo
de
los lineamientos, recomendaciones y financiamiento del
sector
público-privado estadounidense y las agencias de
asistencia para el
desarrollo de otros países centrales. Guatemala es un
país
condenado por la opinión pública internacional debido
a la
corrupción y la violencia, pero de ningún modo se lo
coloca como el
peor caso. Por el contrario, la corrupción es
particularmente
“grave” en aquellos Estados donde hubo o están
vigentes procesos
de cambio de la mano de gobiernos posneoliberales,
notándose una
mayor presión local e internacional para una
judicialización de la
política desde arriba.
Un
caso clave es el de Bolivia, país que recibió un
importante flujo
de asistencia de la USAID en los ’80 y ’90, entre
otros rubros,
para la reforma judicial. Estos fondos tendieron a
beneficiar a
gobiernos y sectores altamente corruptos y que
trabajaron
sistemáticamente en desmedro del bienestar de las
mayorías12.
Con la llegada del MAS y la refundación del Estado, se
llevaron a
cabo reformas estructurales, incluida la
democratización del aparato
judicial: es el único país de América Latina donde los
representantes judiciales son elegidos en las urnas.
Sin embargo,
sigue fluyendo asistencia, en particular proveniente
de la National
Endowment for Democracy (NED) en el rubro de “reforma
jurídica”
a través de fundaciones13.
Una
de las últimas campañas desatadas contra el MAS,
previa al
referéndum de febrero de 2015, se centró en la
difamación y
desmoralización del gobierno de turno por “corrupción
y tráfico
de influencias”, sin pruebas fehacientes. Sin proceso
legal
adecuado, se manufacturó el “caso Zapata”. La red de
intereses
tejida entre la prensa local, fundaciones, think tanks
y voces
expertas hicieron campaña destacando la corrupción
como principal
atributo del gobierno de MAS. Luego del debido proceso
judicial, se
mostró que las acusaciones al presidente y ministros
de gobierno
eran falsas, pero el Caso Zapata influyó para que
buena parte de la
ciudadanía se inclinara por el NO al momento del
referendum14.
Se desvió la batalla política al campo judicial.
Brasil
es sin dudas el paradigma de la judicialización de la
política
desde arriba, como parte de una campaña mediática,
política y
empresarial orientada (aparentemente) a combatir la
corrupción, pero
que tiene por objetivo destruir la imagen del Partido
de los
Trabajadores y “expulsar de la política” a sus
principales
líderes. El impeachment
a Dilma Rousseff muestra el modo en que opera un
aparato judicial
intervenido desde fuera. El Juez Moro, líder del Lava
Jato, fue uno
de los “mejores alumnos” de los cursos de capacitación
realizados por el Departamento de Justicia
estadounidense para
funcionarios judiciales latinoamericanos en el 2009,
en el marco del
“programa Puentes”15.
Técnicas de recolección de información como la
“delación
premiada”, así como el espionaje (intervención de
líneas
telefónicas, mails, etc.) a funcionarios públicos o
burós privados
de abogados, parecen formar parte del know
how
adoptado. El juicio a Lula da Silva es otra muestra:
considerando el
modo en que “apresuraron” su expediente frente a otros
casos, la
ausencia de pruebas y la campaña mediática que lo
cubrió16,
da cuenta del modo en que EEUU y las derechas de
América Latina
están recurriendo a la “justicia” como arma para una
guerra
librada contra la política de gobiernos y procesos
progresistas. Es
“lawfare”, la guerra jurídica17.
“Lucha
contra la corrupción”
Esta
guerra contra la corrupción se equipara a la guerra
librada contra
las drogas (íntimamente vinculadas a los intereses del
sector
público-privado de EEUU): más allá de los protocolos y
discursos
políticamente correctos, apuntan a aniquilar sectores,
grupos,
líderes y procesos que disputan con mayor o menor
fuerza y/o éxito
alternativas al neoliberalismo (por ejemplo: que
obstaculizan el
flujo de combustibles y materiales estratégicos, que
amenazan el
acceso a mercados y la rentabilidad de las
inversiones). Para ello,
se presenta como objetivo de mediano-largo plazo la
anulación de lo
político, la despolitización del Estado, evitar ante
todo su
intervención en la economía, lograr que devenga en un
ente técnico
subsumido a las reglas del mercado. Se promueve que
sea dirigido por
tecnócratas o empresarios capaces de vaciarlo de
soberanía,
apartarlo de la causa de las mayorías. Hacerlo más
eficiente para
el sector privado.
Este
es el objetivo de la “lucha contra la corrupción”
librada desde
los medios hegemónicos, think-tanks, fundaciones y
gobiernos como el
de EEUU, que exportan un modelo de democracia y
gobernabilidad que
nada tiene que ver con la inclusión política,
económica, cultural
y social de mayorías históricamente postergadas. Es la
democracia
de una “clase media” (imposible de ser definida) cuya
única
causa sería la de “instituciones transparentes”,
“índices de
violencia cero” y “cárcel para todos los corruptos,
para todos
los políticos”. La democracia de una sociedad que
(aparentemente)
desea ser gobernada por empresarios y tecnócratas que
no tengan
“nada que ver” con la política. Así, en los discursos
contra
la corrupción, la “delincuencia” y “los criminales”,
se va
reforzando la urdimbre de la ideología dominante,
alimentada por la
“frustración” generada por gobiernos que
(aparentemente)
traicionaron a sus pueblos. Unido a este relato,
resurge con fuerza
el neoliberalismo, un camino que ya hemos transitado
en América
Latina, que garantiza la salud de los mercados y la
profundización
de la miseria, injusticia y violencia ¿y quién se
atrevería a
afirmar que ese rumbo (¡ya transitado!) está exento de
corrupción?
----Silvina
M. Romano
es Dra. en Ciencia Política. Investigadora del Consejo
Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto
de Estudios
de América Latina y el Caribe, Universidad de Buenos
Aires.
Artículo
publicado en la Revista de ALAI América
Latina en Movimiento
531, marzo 2018 La
corrupción: Más allá de la moralina
URL
de este artículo: https://www.alainet.org/es/articulo/191549
4 En informe reciente, asesores del
FMI advierten que en los gobiernos donde ha habido
un giro a la derecha, la economía ha retomado el
rumbo “correcto” http://bit.ly/2BD06YV
5 Estado & Comunes: http://bit.ly/2EN4HKP
6 Global Studies
Law: http://bit.ly/2GH44if
7 UNAM: http://bit.ly/2oouBud
9 Wilson Center: http://bit.ly/2FqbreL
10 Ver: FIDH - http://bit.ly/1u1TQiP;
CICIG - http://bit.ly/2cbQ6Wd
11 Ver por ejemplo el vínculo entre
elites y “crimen organizado” – InSight Crime: http://bit.ly/2F2KX5d
12 Tellería, Loreta y González, Reina
(2015). Hegemonía
territorial fallida. Estrategias de control y
dominación de Estados Unidos en Bolivia:
1985-2012.
La Paz: Centro de Investigaciones Sociales,
Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia
16 Sotelo Felipe, M. (2018)
“Lawfare, this crime call justice”.EnProner, C.,
Citadino, G., Ricobom, G. y Domelles, J. Commentson a
notoriousveredict. The Trial of Lula.
CLACSO: http://bit.ly/2EOAzPm
17 CELAG:
http://bit.ly/2onhxVM
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