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La
mediatización de la corrupción
Osvaldo
León
ALAI
AMLATINA, 14/03/2018.- El
tema de la corrupción, un problema permanente a lo largo de
la
historia de la humanidad, nuevamente está en escena.
Obviamente
gravita la exposición mediática que ha adquirido ante la
magnitud y
extensión con que hoy se manifiesta, pero como de por medio
priman
cálculos políticos, poco se habla de las causas
estructurales y sus
expresiones tangibles, como los intocables paraísos
fiscales, por
ejemplo.
Por
cierto que es un problema serio e ineludible a enfrentar,
aunque en
el juego político su tratamiento se ha convertido en un
discurso de
ocasión para sacar réditos inmediatos. Al punto que, por
ejemplo,
hay quienes pregonan que de llegar al gobierno o desde éste
van a
“acabar” (milagrosamente, de seguro) con dicho flagelo. Es
más,
en América Latina se ha transformado en un eje de la
geopolítica
del vecino del norte.
En
este contexto, capitalizando la justa causa del combate a la
corrupción, el conglomerado mediático hegemónico viene
desplegando
una campaña sincronizada como adalid de esta lucha, no para
informar
y mucho menos con un sentido educativo de rescate de
valores, de la
ética en la política, sino como estrategia política
selectiva (e
incluso con tintes partidarios) para acorralar
contrincantes, por lo
general con discursos moralistas no exentos de
procedimientos y
recursos poco éticos, como la manipulación.
Vale
tener presente que, en tanto espacio clave de la mediación
política
y social, el poder mediático tiene un peso gravitante en la
conformación de la opinión pública, no solo porque ello le
permite
influir en la configuración de actores sino también por el
margen
de maniobra que disponen para establecer los temas de
debate, en
tanto tienen el poder de decidir a quiénes dan visibilidad y
a
quiénes no, qué relatos refuerzan y a cuáles desfiguran o
acanallan, entre otras prerrogativas.
Para
muestra dos botones
“La
Corte Suprema de Justicia de Colombia ha resuelto abrir
investigación
preliminar contra todos los congresistas de la Unidad
Nacional
(senadores y representantes) bajo la sindicación de varios
delitos:
cohecho, colusión, peculado, celebración indebida de
contratos,
tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito: ¡Hágame el
favor!
“Y
semejante noticia ni siquiera abrió los noticieros de TV y
radio, ni
las primeras planas de los diarios nacionales en sus
ediciones
digitales. Es
más, la indagación habría sido ordenada desde diciembre
pasado por
el magistrado, Eyder Patiño, en virtud de una denuncia
presentada en
el 2013… Según la denuncia, los congresistas, ‘a cambio de
puestos de trabajo para sus familiares, cupos indicativos y
adjudicaciones a dedo de contratos, habrían aprobado
proyectos de
ley relacionados con los acuerdos de paz sin el debido
estudio’.
“Bueno,
que al cabo de los años se decida adelantar la
investigación, y que
la noticia no tenga el impacto mediático que se supone, lo
que
indica es que esas cosas, ‘por lo sabido se callan’ o se les
otorga poca importancia”.
Mientras
tanto, en Brasil, el protagonismo mediático, particularmente
del
grupo O Globo, aparece como un componente clave en el
desenvolvimiento de la Operación
Lava Jato. Impulsada por el gobierno de
Dilma Rousseff para combatir la
corrupción, en el transcurso ésta se torna en un operativo que
gravita en su destitución, sin prueba alguna, y en el evidente
intento de sacar del juego político al Partido de los
Trabajadores
(PT) y sus dirigentes, por la colusión entre segmentos del
Ministerio Público, la Policía Federal, el sistema Judicial y
los
grandes medios.
En
efecto, a finales
de 2014, se impulsa una cruzada de combate a la corrupción
focalizada en el gobierno y el PT, pues los medios
hegemónicos
blindan a figuras opositoras gravemente comprometidas, tal
el caso
del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo
Cunha,
con cuentas secretas en Suiza que fueron reveladas por ese
país;
Aecio Neves, excandidato presidencial del opositor PSDB,
denunciado
por recibir jugosas propinas de Furnas; Geraldo Alckim,
gobernador de
Sao Paulo, acusado de desvío de fondos para la merienda
estudiantil. De hecho, el 52% de quienes votaron en
diputados para el juicio a
Dilma, estaba involucrado en actos de corrupción.
En
el marco de esta cruzada, con una serie de hechos montados
artificialmente, los medios actúan como principales
propiciadores de
las cuatro movilizaciones golpistas que se realizan en 2015.
La
revista Veja (01-11-2015) coloca en la portada un montaje
con la cara
del expresidente Lula da Silva vestido con ropa de
presidiario,
siendo que para entonces no existía acción penal alguna.
Cuando la
presidenta Rousseff
invita a Lula para que se integre a su gobierno, el juez de
primera
instancia Sergio Moro, intercepta ilegalmente una llamada
telefónica
que es editada y amplificada por la Globo; y un largo
etcétera.
De
los diversos análisis realizados sobre el tratamiento
mediático de
estos acontecimientos podemos señalar: una cobertura
parcializada,
adosada a una virtual censura privada; una gran
espectacularización
de las detenciones (muchas de ellas arbitrarias), de las
delaciones
premiadas y premeditadas, de las fugas selectivas de
información
bajo sigilo, para condenar a personas e instituciones en
proceso de
investigación, mucho antes de que exista decisiones
judiciales;
complicidad con métodos ilegales utilizados por el juez Moro
(interferencias telefónicas); ocultamiento de información,
como los
actos de violencia contra locales del PT, entre otros.
Periodisjueces
A
medida que se torna evidente que el campo de la comunicación
adquiere una mayor predominancia, desplazando a otras
entidades como
las educativas, las iglesias, los partidos políticos, etc.,
comienzan a sonar alarmas sobre las implicaciones que podría
alcanzar esta dinámica. Y una de ellas se refiere al terreno
judicial. En este punto, Gérard Leblanc de la Universidad de
Sorbonne-Nouvelle, alertaba2:
“Lo que está en juego no es solamente la verdad (el poder de
discernir lo verdadero de lo falso que se arrogan
ocasionalmente los
medios) sino también la sanción, es decir, el derecho de
castigar,
aunque sea simbólicamente”.
Y
bien, resulta que ya es una realidad la existencia de
periodisjueces. Es un término acuñado por Adalid Contreras,
quien al analizar el
proceso contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas,
señala3:
“ahora,
medios y periodistas aspiran a cumplir los roles de jueces y
fiscales
enjuiciando, juzgando y condenando en los sets, lenguajes,
estilos,
alcances, levedades y ritmos mediatizados. Resulta
paradójico (por
decirlo de algún modo) ver cómo algunas autoridades de las
entidades públicas, y también de la justicia, son puestas en
el
banquillo de los acusados, rindiéndoles cuentas a las
ciudadanías a
través de sus respuestas y explicaciones a sus eventuales
inquisidores, los/las periodisjueces, quienes con un nivel
de
conocimientos de la extensión de una laguna y un dedo de
profundidad
sobre los temas en cuestión, provocan una suerte de espacios
educativos, por las cátedras que los implicados dictan en
sus
respuestas a las acusaciones.
“Se
trata de típicos esquemas de posverdad con primicia
informativa en
los que atrás quedó el recurso periodístico de la
noticiabilidad,
mientras que en su manejo está bien presente lo que la Ley
Orgánica
de Comunicación llama linchamiento mediático. Recordemos que
la
posverdad construye realidades a partir de indicios que sin
ser
necesariamente verificados ganan validez en los imaginarios,
moviéndose en el mundo de las apariencias y de las emociones
y
abriendo caminos para la especulación con culebrones que
saben
convocar pasiones sin responsabilizarse de sus
consecuencias. Como
dice David Roberts, son productos de la pospolítica
desconectada de
las reglas de la política pública, que se generan en tiempos
de
desorden, levedad informativa y de redes”.
Moralismo
impúdico
Aunque
la corrupción engloba todo acto fraudulento contra la
comunidad, por
lo general lo que prevalece es un tratamiento periodístico
focalizado en los indecentes implicados en la sustracción de
dinero
público. De ahí que, en esas “cruzadas” está ausente o es
mínima la referencia a cuestiones como el enriquecimiento de
políticos sobre la base de información privilegiada en el
ejercicio
de alguna función pública (compra y especulación de tierras
en
áreas previstas para construir infraestructura, por
ejemplo), los
conflictos de interés de empresarios en puestos de decisión
política, el financiamiento poco transparente a partidos
políticos
por parte de negocios lícitos o ilícitos, la evasión fiscal,
las
cuentas de nacionales en paraísos fiscales, entre otras.
Es
más, figuras públicas involucradas en alguna o varias de las
cuestiones antes señaladas suelen tener espacios estelares
como
apóstoles de la moral. Y es que la tónica discursiva que
galvaniza
estos operativos es el moralismo, esa expresión que supone
una sobrevaloración y exageración de la moral para convertirla
en
la única medida del comportamiento humano, ignorando la
relativa
independencia de los diversos ámbitos de la vida, como la
política
y el derecho4.
Por lo general como discurso, no necesariamente como práctica
consecuente.
En
esta línea, no solo que no se plantea interrogante alguna
respecto a
la intromisión de Estados Unidos en el contencioso interno
en causas
ligadas a la corrupción -por más que ese país explícitamente
haya
señalado que se trata de uno de sus principales ejes
geopolíticos-,
sino que se la glorifica… a nombre de la moral.
Anexo
¿Hay
corrupción en Estados Unidos? Sí, tiene mucha y es legal
Con
este título, André Araújo presenta un análisis5
donde sostiene: “Estados Unidos siempre tuvo la pretensión
de ser
la policía moral del mundo y, después del surgimiento de la
cultura
de lo políticamente correcto, el tono moralista subió”,
precisando que en ese país “resolvieron el problema de la
corrupción de una forma lógica: legalizándola. Donde todo es
legal no hay procesos por corrupción”.
En
tal sentido, hace referencia a los PAC-Political Action
Committees,
pseudo comités por una causa, que se ocupan de intermediar
en las
donaciones de empresas contratistas a determinado candidato
con el
compromiso de que éste les asegure un contrato futuro; los
lobbies,
un mega sector de negocios al servicio de empresas y países,
para
incidir en las decisiones políticas en Washington; la
“planificación
tributaria” de las grandes corporaciones para evadir o pagar
lo
mínimo de impuestos; el mercado financiero donde es común la
falsificación de balances, el mecanismo de tapar un fraude
con otro
y así por el estilo; y el nido mayor de corrupción: la
industria
bélica.
“Con
base en esta supuesta superioridad moral –señala– Estados
Unidos, a través de su Departamento de Justicia, lanzó sobre
el
planeta una gran red de pesca de ilícitos sobre los que
cobra peaje
a través de multas e indemnizaciones, convirtiéndose así en
‘socio’ de toda corrupción que ocurre en el planeta”.
“Se
extiende esa red bajo el pretexto de que los corruptos y
corruptores
usaron el dólar como moneda o usaron el sistema bancario
estadounidense o, si no encuentran nada que los ligue a
Estados
Unidos, porque usaron Internet, que es una red basada en
Estados
Unidos. Buscan un vínculo con Estados Unidos para justificar
un
proceso en el Departamento de Justicia y así cobrar una
indemnización muchas veces mayor que el valor de la propina,
un
negocio formidable”, añade. (O.L.)
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