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Perú:
¿Llegará Vizcarra al 2021?
Cecilia
Remón
ALAI AMLATINA, 04/04/2018.- Martín
Vizcarra asumió la presidencia tras renuncia de Pedro Pablo
Kuczynski, pero
nada garantiza que la mayoría fujimorista en el Congreso le
permita gobernar.
Al mejor estilo de Vladimiro Montesinos, el
siniestro asesor del indultado exdictador Alberto Fujimori, el
congresista
Moisés Mamani se infiltró entre el grupo disidente de Fuerza
Popular,
encabezado por Kenji Fujimori y conocido como “Avengers”, y
filmó las
negociaciones con el Ejecutivo para evitar la destitución del
presidente Pedro
Pablo Kuczynski.
Mamani, legislador de Fuerza Popular por
Puno, se acercó a los Avengers y simuló estar descontento por
la forma como
Keiko Fujimori manejaba Fuerza Popular. Mamani filmó a Kenji
Fujimori, a los
congresistas disidentes Bienvenido Ramírez, Guillermo
Bocángel, y al exministro
de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra, entre otros,
quienes le ofrecían
que los proyectos de su región tendrían un trato privilegiado
a cambio de su
voto en contra del segundo pedido de vacancia que enfrentaba
Kuczynski.
Esta celada recordó de inmediato a los
llamados “vladivideos”, divulgados a fines del 2000, que
mostraban a Montesinos
comprando el apoyo de congresistas y medios de comunicación
para el ilegal
tercer gobierno Fujimori y que desencadenaron la caída del
régimen.
El 21 de diciembre, Kuczynzki, conocido como
PPK, se salvó de un primer pedido de vacancia gracias a los
votos de los
Avengers. La moción de vacancia por incapacidad moral había
sido presentada por
el izquierdista Frente Amplio, dos días después que la
fujimorista Rosa María
Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato en el Congreso
presentara en
conferencia de prensa una carta de la constructora Odebrecht
en el Perú
confirmando los pagos que la empresa había hecho a Kuczynski
cuando era
ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006),
algo que el
mandatario había negado.
La víspera de Navidad, Kuczynski otorgó el
indulto humanitario a Alberto Fujimori condenado en el 2009 a
25 años de cárcel
por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Con el paso de
los días quedó
claro que el indulto había sido producto de un pacto político
con Kenji
Fujimori, hijo menor y favorito del exgobernante, con lo cual
el descrédito y
la debilidad del presidente se agravaron. Su aprobación se
desplomó, llegando a
15% según una encuesta de la consultora GfK, mientras que 55%
estaba a favor de
la salida de Kuczynski de la presidencia.
Kuczynski asumió la presidencia el 28 de
julio del 2016 tras ganar la segunda vuelta electoral por un
estrecho margen a
Keiko Fujimori, quien se había impuesto en la primera vuelta
electoral con 39%
de los votos y logró colocar en el Congreso 73 legisladores de
130. En su
primer mensaje a la nación Kuczynski aseguró querer “una
revolución social para
mi país. Anhelo que en cinco años el Perú sea un país moderno,
más justo, más
equitativo y más solidario”.
“¿Qué significa ser un país moderno?
Significa que las desigualdades entre los más pobres y lo más
ricos deben
resolverse levantando el ingreso de los más pobres”, dijo.
Sin embargo, esa “revolución social” nunca se
plasmó. Si bien PPK tuvo que enfrentar un Congreso hostil,
cuyo único objetivo
era vengarse de quien supuestamente le había arrebatado la
presidencia a Keiko
Fujimori, lo cierto es que su gestión no pudo mostrar acierto
alguno. Sus
gabinetes fueron esencialmente tecnócratas, conformados por
ministros
provenientes del sector privado, unos pocos con experiencia
previa en el Estado,
pero con una enorme incapacidad política y con el único
objetivo de preservar
la marcha de la economía neoliberal.
La aparición de nuevas pruebas contra
Kuczynski de sus vínculos con Odebrecht motivó la aprobación
el 15 de marzo de
una nueva moción de vacancia “por incapacidad moral
permanente”.
En reunión con la prensa extranjera el 19 de
marzo, el congresista César Villanueva, del partido Alianza
para el Progreso,
afirmó que “el principal promotor de la vacancia es el propio
presidente
Kuczynski. Hemos verificado paso por paso que no ha dicho la
verdad, no una vez
ni dos ni tres, sino que es inherente a su conducta”. Por su
parte, Alberto
Quintanilla, legislador del izquierdista Nuevo Perú, preciso
que “Kuczynski
confunde los intereses públicos y los intereses privados. Ha
facilitado
negocios privados cuando era funcionario público. Eso
constituye una infracción
constitucional y delito penal”.
Hasta ese momento no se tenía los 87 votos
para asegurar la vacancia, pero la aparición de los videos
filmados por Mamani
desencadenó la renuncia de Kuczynski a la presidencia el 21 de
marzo, un día
antes que el Congreso debatiera la vacancia. En una carta
enviada al presidente
del Congreso, Luis Galarreta, Kuczynski responsabilizó a la
mayoría legislativa
de “la constante obstaculización y ataques desde el primer día
de mi gobierno”.
“Esta confrontación política ha creado un
clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y
no nos permite
avanzar”, señaló Kuczynski. “Se han presentado muchas
interpelaciones, censuras
de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia
en contra de mi
persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido
sobre mi vida
profesional”.
Para el analista político Fernando Tuesta,
era entendible la renuncia de PPK porque “la vacancia es uno
de los procesos
más humillantes”, especialmente proveniente de un Congreso tan
desprestigiado.
El también analista político Eduardo Dargent,
precisó que “la verdadera razón para la vacancia de PPK era
Odebrecht, pero con
el indulto cavó su propia tumba”.
“El gobierno de Kuczynski fue uno de los más
cortos de la historia reciente del Perú”, dijo Tuesta ante la
prensa
extranjera. “PPK llegó al poder a pesar de él. No era un buen
candidato”.
En su columna del diario La República, publicada el 27 de marzo, el
historiador Nelson
Manrique trata de explicar los motivos por los que Kuczynski
se lanzó a la
presidencia.
“Aparentemente pensó que gobernar un país no
era sustancialmente diferente a dirigir una empresa. ¿No
decían todos que se
requería un empresario para gobernar el país? Ser presidente,
además, era la
realización del sueño de un lobista, con la promesa de
usufructuar posiciones
en el gobierno para impulsar sus propios negocios, como lo
hizo cuando fue ministro
del gobierno de Alejandro Toledo. La gente de la que se rodeó
para gobernar
encaja con el mismo designio: un alegre equipo ducho en
mezclar los intereses
públicos y privados y transitar por la puerta giratoria, entre
los cargos de
gobierno y los directorios de las empresas privadas”.
Aunque Kuczynski podría verse como una
víctima de la lucha encarnizada por el poder entre los
hermanos Fujimori, lo
cierto es que la corrupción es la principal lacra inmersa en
la clase política
desde la época de la Colonia. Como ha señalado el historiador
Alfonso Quiroz en
su libro póstumo Historia
de la
corrupción en el Perú (2013), “en el Perú, la corrupción
no era algo
esporádico sino, más bien, un elemento sistémico, enraizado en
estructuras
centrales de la sociedad”.
“La corrupción constituye, en realidad, un
fenómeno amplio y variado, que comprende actividades públicas
y privadas. No se
trata tan solo del tosco saqueo de los fondos públicos por
parte de unos
funcionarios corruptos como usualmente se asume. La corruptela
comprende el
ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la
mala asignación
de fondos y gastos públicos, la interesada aplicación errada
de programas y
políticas, los escándalos financieros y políticos, el fraude
electoral y otras
trasgresiones administrativas (como el financiamiento ilegal
de partidos
políticos en busca de extraer favores indebidos) que
despiertan una percepción
reactiva en el público”, afirmó Quiroz.
La caída de Kuczynski, como bien menciona
José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, en un
artículo
publicado el 2 de abril por el diario El
Comercio, es producto de un “escándalo multicausal:
graves conflictos de
interés mientras era ministro, un indulto fraudulento para
liberar a su
predecesor condenado —entre otros delitos— por corrupción y
una estrategia de
captación de votos de la oposición a cambio de favores
políticos”.
Como recuerda Ugaz, actualmente “más de la mitad
de los gobernadores regionales investigados por corrupción (y
varios presos),
la gran mayoría de alcaldes expedientados por la misma razón y
los últimos
cuatro presidentes de nuestra primavera democrática presos,
prófugos o
investigados por corruptos, la realidad confirma nuestro
devenir histórico. ¿A
qué se debe esta situación? ¿Será que corre en nuestro ADN?
¿Estamos condenados
a un destino fatal por el hecho de ser peruanos?”.
Kuczynski, quien está siendo investigado por
lavado de activos en relación a los pagos que recibió de
Odebrecht, se suma a
los otros presidentes peruanos que desde el 2001 están
involucrados en delitos
de corrupción. Toledo, acusado de haber recibido US$20
millones de Odebrecht
durante su mandato, está con orden de extradición desde EEUU;
Alan García
(2006-2010) está siendo investigado por haber recibido dinero
de Odebrecht;
Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa Nadine Heredia se
encuentran bajo
prisión preventiva de 18 meses desde julio del 2017 luego que
directivos de
Odebrecht afirmaran ante autoridades judiciales la entrega de
US$3 millones en
el 2011. A cambio de esos pagos, Toledo, García, Humala y
Kuczynski facilitaron
la entrega de obras públicas a la constructora brasileña.
Keiko Fujimori
también está bajo investigación por aportes de Odebrecht a sus
campañas del
2011 y 2016.
Tras la renuncia de Kuczynski, el 23 de marzo
asumió la presidencia Martín Vizcarra, primer vicepresidente,
quien se
desempeñaba como embajador del Perú en Canadá y recién 10 días
después
juramentó a su gabinete encabezado por César Villanueva como
presidente del
Consejo de Ministros.
Salvo una raleada marcha el mismo día de la
juramentación de Vizcarra, la población fue una mera
observadora de cómo se
iban desarrollando los hechos. Ni siquiera la economía se
movió con la salida
de Kuczynski.
Aunque Vizcarra tuvo gestos importantes la
primera semana de su mandato, que debe culminar en el 2021
cuando se cumple el
Bicentenario de la Independencia, también ha tenido algunos
desaciertos como ha
sido la elección de algunos de sus ministros con serios
cuestionamientos.
Por ejemplo, la nueva ministra del Ambiente,
Fabiola Muñoz, exjefa del Servicio Nacional Forestal y de
Fauna Silvestre
(SERFOR), fue una de las autoridades que a principios del 2016
intervino para
facilitar que cargamentos de madera ilegal fueran liberados en
EEUU, según el
informe “El momento de la verdad: Oportunidad o amenaza para
la Amazonia
peruana en la lucha contra el comercio de la madera ilegal”,
dado a conocer el
6 de febrero. (Ver ALAI: Falta de voluntad para detener tala
ilegal https://www.alainet.org/es/articulo/190987).
Igualmente, el ministro de Justicia, Salvador
Heresi, se pronunció a favor del indulto a Fujimori, tiene
estrechos vínculos
con el fujimorismo y ha trabajado con cuestionados personajes
como Alex Kouri,
exalcalde del Callao, sentenciado a cinco años de prisión por
corrupción.
El ministro de Defensa, general en retiro del
Ejército José Huerta, fue firmante de la llamada “acta de
sujeción” en 1999 en
la que los altos mandos militares y policiales comprometían su
lealtad al
régimen de Fujimori y Montesinos y garantizaban la impunidad
de efectivos
militares frente a casos de violaciones a los derechos
humanos.
Para el analista José Alejandro Godoy, “se
trata de un equipo ministerial con menos peso político del que
se pensaba. Casi
por completo está centrado en César Villanueva, un presidente
del Consejo de
Ministros al que se vislumbra como un contemporizador (aunque
también puede
pecar de pretender quedar bien con todos y, con ello, mal con
nadie). Los demás
ministros —con excepción de Salvador Heresi— tienen un perfil
más bien
técnico”.
“Si bien no es un ‘gabinete de guerra’,
tampoco es un equipo que, en términos generales, haya tenido
el beneplácito
total del fujimorismo”, agregó Godoy en su blog. “Si
pudiéramos encontrar un
símil para el nuevo equipo ministerial, sería parecido a un
típico gabinete de
Ollanta Humala: ortodoxos en sectores económicos, liberales y
socialdemócratas
en carteras sociales, militares y policías en retiro para las
carteras ligadas
a seguridad”.
El gran reto del nuevo gobierno será la VIII
Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo el 13 y 14 de
abril. El 3 de
abril, el nuevo canciller Néstor Popolizio ratificó que el
presidente de
Venezuela Nicolás Maduro no está invitado al encuentro de
mandatarios del
continente, siguiendo la misma línea que tuvo Kuczynski.
Aunque inicialmente Maduro respondió a
Kuczynski que participaría en la cumbre “llueva, truene o
relampaguee”, en
marzo gobiernos aliados de Venezuela, reunidos en la XV Cumbre
del ALBA-TCP
(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América-Tratado de Comercio de
los Pueblos) en Caracas, rechazaron “la exclusión de la
hermana República
Bolivariana de Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro
Moros, en la VIII
Cumbre de las Américas, pues consideramos que dicha cumbre
debe ser un punto de
encuentro para todos los Estados del continente y un espacio
donde todos
podamos expresar nuestras ideas, alcanzar consensos, de sentir
y debatir, respetando
nuestra diversidad”.
Entre los jefes de gobierno que han
confirmado en principio su asistencia se encuentran Mauricio
Macri (Argentina),
Evo Morales (Bolivia), Justin Trudeau (Canadá), Juan Manuel
Santos (Colombia),
Sebastián Piñera (Chile), Raúl Castro (Cuba), Salvador Sánchez
Cerén (El
Salvador), Donald Trump (EEUU), Jimmy Morales (Guatemala),
Juan Carlos Varela
(Panamá) y Danilo Medina (República Dominicana).
Simultáneamente se llevará a cabo del 10 al
14 de abril la Cumbre de los Pueblos a la que participarán
representantes de
organizaciones sociales, sindicatos, colectivos y partidos de
izquierda. Los
presidentes Evo Morales y Raúl Castro, así como el
exmandatario ecuatoriano
Rafael Correa, estarán presentes en el evento alternativo que
tiene prevista la
realización de más de 40 eventos, así como un encuentro de
articulación social
continental y un festival político-cultural en la Universidad
Nacional Mayor de
San Marcos.
Cecilia
Remón es periodista peruana
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