Rebelion.org
Huber Ballesteros Gómez
Escrito desde prisión
La larga crisis del
capitalismo como sistema viene imponiendo como forma de paliar su grave
situación, la penetración en cada una de las esferas de la vida de la
sociedad, mediante el modelo económico del Neoliberalismo, que los
Gobiernos dóciles ante el Imperio, como el colombiano, aplican sin
rechistar.
Nada debe escaparse al modelo, en su afán por lucrarse de toda actividad, en un esfuerzo desesperado por mantenerse vigente. Tal es la situación, que la salud, la educación, la infraestructura vial, hasta las limosnas que brinda el Estado, llamadas “Familias en Acción”, deben dejarle un porcentaje al sistema financiero, mediante la denominada bancarización.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cuál se profundizó, la ya de por sí grave situación de violación a los Derechos Humanos, no fue otra cosa que la manera de enmascarar en un discurso de “recuperación de la institucionalidad y la seguridad”, la aplicación de un modelo económico para favorecer los intereses del capital trasnacional y la inversión privada.
Es importante conocer y analizar cómo durante sus dos períodos de gobierno, se dictaron leyes que han beneficiado de manera exclusiva la inversión privada en detrimento de las garantías y derechos de la mayoría de la población. Por lo tanto, no es casualidad que durante su gobierno, se hayan dictado normas que tuvieron como finalidad, privatizar la justicia y convertir las prisiones en establecimientos comerciales, donde los Derechos Humanos y el respeto a la dignidad humana desaparecen; donde las personas privadas de la libertad, (detenidos o internos), no somos personas en proceso de resocialización, para que devueltas a la sociedad, le sirvan a ésta. Somos simplemente números, cifras de estadística que busca demostrar que el Estado es fuerte y eficiente.
La implementación del modelo Norte Americano de justicia, prisiones y régimen penitenciario, buscó no la eficiencia, sino adecuar el sistema judicial y carcelario al modelo neoliberal.
El sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2004, el aumento de las penas, Ley 1121 de 2006, la construcción de cárceles de máxima seguridad, por parte del buró de prisiones de los Estados Unidos, son pruebas fehacientes de cómo las personas privadas de la libertad, perdimos la condición de seres humanos, para convertirnos en mercancía.
Al parecer, la lógica perversa del sistema, es llevar mucha más personas a las cárceles, violando preceptos del Derecho Internacional y sentencias de la Corte, que establecen la privación de la libertad como una acción excepcional y no la regla general. Opera en este mismo sentido, la creación de nuevos delitos, con el fin de llenar hasta más allá de su capacidad, las cárceles; generando nuevos “clientes” a la inversión privada. Por su parte, el aumento de las penas, busca que esta “clientela” permanezca un largo tiempo para asegurar el negocio. No es otro su propósito, ya que el cacareado argumento de aumentar las penas para desestimular el delito, no se ha cumplido.
Una mayor inversión en el sistema judicial y la destinación de recursos para el sistema carcelario y penitenciario, no ha logrado disminuir el hacinamiento en las cárceles, ni mejorado las condiciones de reclusión de los miles de presos que hay en el país. Lo que sí se ha incrementado a todos los niveles, es la corrupción, tanto en el personal administrativo, cuerpo de guardia y contratistas privados que proveen “dotación”, alimentos, salud, transporte y expendios.
En esta danza de los millones, los perjudicados, somos los internos, que padecemos la prestación de un mal servicio de salud, una alimentación que no respeta los estándares de calidad, ni los requerimientos de dietas especiales para personas afectadas por enfermedades de diferente tipo y una supuestas dotaciones que nunca llegan, unos programas ineficientes de “resocialización”. En resumen, la negación del mínimo vital a que está obligado el Estado, con las personas privadas de la libertad.
Tampoco y a pesar de la inversión multimillonaria, se han hecho eficientes los trámites administrativos que tienen que ver con traslados solicitados por los internos por reunificación familiar, ni la suma de los descuentos por redención de penas, afectando en gran medida la libertad de las personas que llenan los requisitos para beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria, permisos de setenta y dos (72) horas.
Vale la pena entonces, preguntarse ¿Cuál es el verdadero objetivo de los cambios en la administración de justicia y el régimen penitenciario y carcelario?.
Esta cruda realidad, merece ser analizada e investigada a profundidad por los organismos de control, como Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Igual labor deben cumplir los Colectivos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Nos negamos a ser mercancía para los contratos privados, nos negamos a ser estadística de la supuesta eficiencia de la justicia.
Somos Prisioneras y Prisioneros Políticos
Nuestra Dignidad no está en venta
Cárcel Nacional La Picota, ERON patio 11
Huber Ballesteros Gómez es Vicepresidente Nacional de la Federación Sindical Agraria (FENSUAGRO) y Secretario de Asuntos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Preso Político de Conciencia desde el 25 de agosto de 2013, cuando fue detenido en el contexto del Paro Nacional Agrario Campesino y Popular.
Nada debe escaparse al modelo, en su afán por lucrarse de toda actividad, en un esfuerzo desesperado por mantenerse vigente. Tal es la situación, que la salud, la educación, la infraestructura vial, hasta las limosnas que brinda el Estado, llamadas “Familias en Acción”, deben dejarle un porcentaje al sistema financiero, mediante la denominada bancarización.
El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cuál se profundizó, la ya de por sí grave situación de violación a los Derechos Humanos, no fue otra cosa que la manera de enmascarar en un discurso de “recuperación de la institucionalidad y la seguridad”, la aplicación de un modelo económico para favorecer los intereses del capital trasnacional y la inversión privada.
Es importante conocer y analizar cómo durante sus dos períodos de gobierno, se dictaron leyes que han beneficiado de manera exclusiva la inversión privada en detrimento de las garantías y derechos de la mayoría de la población. Por lo tanto, no es casualidad que durante su gobierno, se hayan dictado normas que tuvieron como finalidad, privatizar la justicia y convertir las prisiones en establecimientos comerciales, donde los Derechos Humanos y el respeto a la dignidad humana desaparecen; donde las personas privadas de la libertad, (detenidos o internos), no somos personas en proceso de resocialización, para que devueltas a la sociedad, le sirvan a ésta. Somos simplemente números, cifras de estadística que busca demostrar que el Estado es fuerte y eficiente.
La implementación del modelo Norte Americano de justicia, prisiones y régimen penitenciario, buscó no la eficiencia, sino adecuar el sistema judicial y carcelario al modelo neoliberal.
El sistema penal acusatorio, Ley 906 de 2004, el aumento de las penas, Ley 1121 de 2006, la construcción de cárceles de máxima seguridad, por parte del buró de prisiones de los Estados Unidos, son pruebas fehacientes de cómo las personas privadas de la libertad, perdimos la condición de seres humanos, para convertirnos en mercancía.
Al parecer, la lógica perversa del sistema, es llevar mucha más personas a las cárceles, violando preceptos del Derecho Internacional y sentencias de la Corte, que establecen la privación de la libertad como una acción excepcional y no la regla general. Opera en este mismo sentido, la creación de nuevos delitos, con el fin de llenar hasta más allá de su capacidad, las cárceles; generando nuevos “clientes” a la inversión privada. Por su parte, el aumento de las penas, busca que esta “clientela” permanezca un largo tiempo para asegurar el negocio. No es otro su propósito, ya que el cacareado argumento de aumentar las penas para desestimular el delito, no se ha cumplido.
Una mayor inversión en el sistema judicial y la destinación de recursos para el sistema carcelario y penitenciario, no ha logrado disminuir el hacinamiento en las cárceles, ni mejorado las condiciones de reclusión de los miles de presos que hay en el país. Lo que sí se ha incrementado a todos los niveles, es la corrupción, tanto en el personal administrativo, cuerpo de guardia y contratistas privados que proveen “dotación”, alimentos, salud, transporte y expendios.
En esta danza de los millones, los perjudicados, somos los internos, que padecemos la prestación de un mal servicio de salud, una alimentación que no respeta los estándares de calidad, ni los requerimientos de dietas especiales para personas afectadas por enfermedades de diferente tipo y una supuestas dotaciones que nunca llegan, unos programas ineficientes de “resocialización”. En resumen, la negación del mínimo vital a que está obligado el Estado, con las personas privadas de la libertad.
Tampoco y a pesar de la inversión multimillonaria, se han hecho eficientes los trámites administrativos que tienen que ver con traslados solicitados por los internos por reunificación familiar, ni la suma de los descuentos por redención de penas, afectando en gran medida la libertad de las personas que llenan los requisitos para beneficios de libertad condicional, prisión domiciliaria, permisos de setenta y dos (72) horas.
Vale la pena entonces, preguntarse ¿Cuál es el verdadero objetivo de los cambios en la administración de justicia y el régimen penitenciario y carcelario?.
Esta cruda realidad, merece ser analizada e investigada a profundidad por los organismos de control, como Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo. Igual labor deben cumplir los Colectivos de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Nos negamos a ser mercancía para los contratos privados, nos negamos a ser estadística de la supuesta eficiencia de la justicia.
Somos Prisioneras y Prisioneros Políticos
Nuestra Dignidad no está en venta
Cárcel Nacional La Picota, ERON patio 11
Huber Ballesteros Gómez es Vicepresidente Nacional de la Federación Sindical Agraria (FENSUAGRO) y Secretario de Asuntos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Preso Político de Conciencia desde el 25 de agosto de 2013, cuando fue detenido en el contexto del Paro Nacional Agrario Campesino y Popular.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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