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El Comité de Derechos Humanos de la ONU está preocupado por la impunidad
que hay en Uruguay respecto a los crímenes de la dictadura, y por la
última sentencia que dio la Suprema Corte que “contradice las
obligaciones del Estado de investigar, juzgar y condenar”, según el
jurista Fabián Salvioli.
"Pero de pronto, la Suprema
Corte dice que la ley -que permitía juzgar los crímenes de la dictadura-
es inconstitucional en base a un análisis del derecho internacional que
realmente es muy difícil de reconciliar con el enfoque de cualquier
entidad relevante en el derecho internacional", opinó el
presidente del comité de Derechos Humanos de la ONU, Nigel Rodley.
El viernes, 15 de febrero de 2013 decíamos:
Ciudadanos realmente demócratas han ido a manifestar su solidaridad con la Jueza Mariana Mota rechazando la "purga express" llevada adelante por la ex Corte Suprema de Justicia, hoy conocida como la Corte de Suprema INJUSTICIA. Ciudadanos que han comprendido que a la Jueza Mota la han sacado del medio como el primer paso para la imposición del objetivo reclamado por el fascismo: LA CONSOLIDACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA DE LA IMPUNIDAD PARA LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD.El Ministro del Interior Bonomi, torturado y preso cuando la dictadura ha enviado a los Coraceros, grupo de choque policial entrenado según los modelos yanquis aplicados en Irak y Afganistán y los modelos de los genocidas del estado racista de Israel. Los demócratas que acudieron a manifestarle su apoyo a la Jueza Mota y su repudio a la decisión de la SC de Injusticia han resistido el desalojo policial. Ha sido la misma Jueza Mota, demostrando una altura de miras que opaca a todos sus detractores y verdugos, la que ha evitado que los incidentes llegaran a mayores.
Estamos en un momento decisivo. Mujica y el FA que están preparándose para ir a encontrarse con el asesino masivo Obama, y simultaneamente preparando las próximas elecciones del 2014.Dentro de esos preparativos está el "limpiar" el ámbito judicial de los jueces y fiscales que APLICAN LOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA con los que Mujica se hace aplaudir en las tribunas internacionales. Nadie podrá y DEBERÁ OLVIDAR que fué justamente Mujica el que instigó y reclamó públicamente de la SCJ medidas contra la Jueza Mota. Lo que, en esos ámbitos, no es otra cosa que echar a la Jueza Mota. Y así ha sido. Los caraduras de la SCJ se atreven a decir que no han habido presiones políticas cuando ellas fueron divulgadas con altavoces por todos lois medios. Nadie les cree. Y si por acaso algún ingenuo todavía les creía los NO ELEGIDOS POR EL PUEBLO miembros de la SCJ acaban de iniciar una ofensiva en todos los frentes para ESTABLECER DEFINITIVAMENTE LA IMPUNIDAD.
La purga de Mota es la primera salva. Ya anuncian que - para ellos - los remiendos mujiquistas a la ley de impunidad son ilegales. Lo que significa, ni más ni menos, que todos los procesos en curso se liquidan, cierran, archivan, anulan. SE pretenden borrar como si nunca hubieran existido. Entre ellos los 55 casos en los que estaba al frente la Jueza Mota, muchos de los cuales iban en camino de definición y sentencia. Un trámite normal han dicho los NO ELEGIDOS POR EL PUEBLO, Mota debe de conocer también el derecho civil han sostenido, como si la gente en Uruguay fueran igual de retardados que sus alcahuetes. La verdad que ocultan y sobre la que mienten descaradamente (actitudes ambas que de suyo inhiben a estos "personajes" a seguir un minuto más al frente del supuestamente órgano máximo de la Justicia en Uruguay) es bien sencilla: les han exigido echar a la Jueza Mota, los militares, tanto los retirados como los activos, así como también lo han hecho los asesinos condenados, se lo ha reclamado la derecha cómplice y parte de la dictadura fascista y públicamente lo ha manifestado el Presidente Mujica que los ha conminado a deshacerse de la Jueza Mota. Una verdadera coalición de toda la cúpula del poder. Un verdadero "eje del mal" sobre el cual no caben diferenciaciones, que derecha e izquierda, que demócratas o fascistas ya que el "hecho que los une" en la concreta es el resumen de todos los males: LA IMPUNIDAD. Están todos envueltos en el patoteo contra la solitaria y VALIENTE JUEZA MOTA que dicta cátedra no solo jurídicamente sino también MORALMENTE, virtud que el "eje del mal" o nunca tuvo o tiró por la borda a cambio de las "mieles del poder" como es el caso del gobierno del FA calificado como aliado preferido del genocida imperialismo yanqui.
La SCJ piensa decretar que los crímenes de lesa humanidad, a lo sumo, son delitos comunes. Es decir que el sistemático robo de bebés cae en la misma categoría que los asaltos o crímenes pasionales. Que la desaparición forzada de cientos de uruguayos es un delito "común" dicen. Común sí, en los ámbitos del fascismo, común sí, entre los cómplices del asesino Obama (como el gobierno uruguayo lo es) que masacran centenares de civiles en todo el mundo, mantienen la totalmente ilegal prisión de Guantánamo, invaden paises y no hay leyes internacionales que valgan para sus fechorías cuyo fin como es bien sabido, es el robo, el saqueo. Delitos que la SCJ seguramente también considerará "comunes". Sí, claro, es "común" en esos ámbitos asesinar, torturar,detener ilegalmente y masacrar para robarle los bienes a esos pueblos que caen víctimas de su codicia. La SCJ piensa ponerse en situación de desacato ante la Corte Interamericana de Justicia que claramente ha manifestado el carácter de delitos de lesa humanidad para estos que ellos pretenden titular comunes. Crímenes de Lesa Humanidad significa que no prescriben, los comunes prescriben y por lo tanto todos los asesinos podrán ser absueltos, declarados inocentes y hasta liberados TAL CUAL MUJICA HA MANIFESTADO QUE ES SU OBJETIVO ANTES DE ENTREGAR EL GOBIERNO. Y después se atreven a hablar de que no han habido "presiones"!.
Crímenes de Lesa Humanidad que no prescriben significa que la desaparición forzada de personas es un DELITO PERMANENTE, QUE SE RENUEVA DÍA A DÍA, QUE A CADA HORA QUE UNA PERSONA SECUESTRADA POR EL ESTADO NO APARECE O SE DESCONOCE SU UERTE O DESTINO SE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO QUE NO PRESCRIBE. La Corte Interamericana de Justicia está por encima de las disposiciones nacionales.(fueron ustedes los que aplaudieron la "globalización" y las "Cortes Internacionales", claro está, siempre que se tratase de otros) pero lo cierto es que Uruguay debe de someterse a sus dictámenes. Y como bien lo explica Juan Gelman, en la medida en que aun el estado uruguayo no ha aclarado la desaparición del padre y de la madre de Macarena, ni tampoco su secuestro y robo como bebé, el caso sigue abierto y no está resuelto. Eso reclama la Corte Interamericana de Justicia cuando los VITALICIOS NO ELECTOS POR NADIE DE LA SCJ piensan colocar a todos los crímenes de lesa humanidad en la categoría de comunes.
Alegan que no se puede juzgar retroactivamente. Demostrando que pisotean todo el derecho internacional acerca de los crimenes contra la humanidad. Se juzga en la Corte Internacional de La Haya a culpables o no , dictadores o no, del África, por crímenes contra la Humanidad. Ninguno de los países de origen de los sentenciados nunca había firmado tales acuerdos. Como tampoco lo habían hecho los nazis que fueron colgados al término de la Segunda Guerra Mundial por crímenes contra la humanidad. Ahí sí que lo de retroactivo no corrió. Si en el presente encuentran a algún verdugo nazi que mandó a la muerte a centenares de judíos, digamos por caso desde Francia, se lo captura, juzga y condena así sean casi centenarios. Sin consideración alguna a que ni los nazis ni el gobierno títere de Vichy en Francia habían reconocido la figura jurídica crímenes contra la humanidad.
La SCJ está mintiendo, está estafando con total frialdad y se propone barrer con todo lo que han sido los modestos logros en materia de juicios contra criminales de lesa humanidad. Utilizan artilugios leguleyos que ni ellos mismos se los creen, que serán motivo de escarnio internacional. No les importa porque estan jugados a un pareciera "ahora o nunca" que viene desde la cueva de Domingo Arena pasando por los despachos de los "demonios" que colaboraron y que sienten que el peligro de un deschave completo de su actuación el período del fascismo asesino se acerca.
En ese contexto hay que ver a la purga contra la Jueza Mota y a las medidas ya anunciadas que la SCJ tiene en preparación. Serán verdaderos baldes de agua fría para una opinión pública que se había conformado con el emparche mujiquista de última hora cuando el tratamiento de la ley de caducidad. La gente piensa, en éste tema como en muchos otros, qué "algo es algo". Pero un algo tan endable deviene o devendrá, sí la SCJ se sale con la suya, en un volver a empezar de cero, en un nada sobre todo lo ya hecho en materia de procesamientos y en una victoria del fascismo que levantará cabeza. Repitiendo el reiterado decir del Presidente Mujica cuando habla de huelgusitas, las SCJ le abre la puerta a Hitler. Y según parece quiere abrirle todos los portones y dejar pasar el tropel revanchista hoy en día envalentonado por la política del gobierno mujiquista y...por los "acuerdos estratégicos" firmados con el imperialismo yanqui. Antes, siempre la izquierda marcó a fuego a los golpistas y fascistas de toda laya definiéndolos como lacayos del imperio, seguidores de sus orientaciones, aliados a él, receptores de ayudas. Hoy resulta que todo eso lo ha hecho el gobierno del FA a nombre de la izquierda lo que -lógicamente- conduce a que los asesinos golpistas consideren que tenían razón en aliarse y ser servidores del imperialismo, tanto es así que su enemigo del pasado hoy en día lo reconoce con hechos. Ellos tenían en muchos casos una colaboración clandestina. Mitrione por ejemplo. Hoy en día es abierta y hasta firmada y también filmada. Es lógico pues que se consideren vencedores. Siempre han dicho que "ganaron la guerra" (de la misma manera qué Bush y Obama han proclamado varias "guerras ganadas") ahora pueden -además- decir que en lo estratégico, también han ganado esa guerra en el plano ideológico.
La estrategia imperial en America Latina es combinada como se ha denunciado, explicado e informado. Están las bases militares, están las "minibases", están los "acuerdos estratégicos" así como las reuniones con embajadores, con Obama, con el Comando Sur, etc, pero también están como componentes las variantes Honduras y Paraguay, por ejemplo. Que en concreto son "golpes blandos" cubiertos de una cierta "legalidad". "Institucionales" les llaman, golpes a los que se dota de cierta "legitimidad" para hacer posible su aceptación internacional e incluso de sectores medios en los países afectados. A la sombra de esa "institucionalidad" se suceden las masacres, los escuadrones de la muerte y la sangría permanente de militantes y dirigentes de las organizaciones sindicales, campesinas, movimientos sociales, organizaciones de los DDHH, jueces, fiscales, abogados y periodistas díscolos, es decir los qué no están con el régimen. Esta estrategia, se ha basado en los "veredictos" y aceptación por parte de las SCJ nacionales qué de esta manera legalizan golpes de estado. Y así, como por arte de magia, quedan limpios de la estigmatización como golpistas reduciendo el conflicto a cuestiones de trámites administrativos. Por eso queremos decir: CUIDADO!, MUCHO CUIDADO! CON LA CAMARILLA DE LOS NO ELECTOS DE LAS SCJ ! . Queda desde ya planteada la interrogante de sí ya hemos comenzado un proceso de actuación activa de la SCJ inmiscuyéndose en el destino político del paíis y dando legalidad a las fuerzas retrógradas. Los antecedentes están y el peligro existe. Por lo tanto tratemos qué lo de hoy sea un llamado de atención para tratar de poner en pie un vasto movimiento social y popular que frene estos ataques a la democracia. Empezando por los que tienen en marcha, es decir la pretensión de anular el carácter de los crímenes de lesa humanidad. La purga a la Jueza Mota fue el disparo inicial, las municiones pesadas vendrán pronto si es que no hay una respuesta contundente por parte del movimiento popular.
Para seguir en éste proceso debería ponerse en el debate el carácter de la SCJ y las formas de su elección. Y si hubiera que reformar o cambiar la Constitución, debería hacerse de manera urgente ya que con la situación como esta ahora la SCJ SON UN PELIGRO !. Aunque ya podrían empezar ese proceso YÉNDOSE ! porque están poniendo en peligro a la democracia tratando de borrar los crímenes de lesa humanidad. Que se vaya la Corte !
Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
Fabian Salvioli, miembro del comité, expresó que “existe mucha preocupación acerca de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que contradice las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y condenar graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar”.
Dificultad
Por su parte, el presidente del comité, Nigel Rodley, destacó que “en años recientes se impuso gradualmente, entre los países latinoamericanos que habían aprobado leyes de amnistía o similares, la práctica de revisar estas normas, y que Uruguay fue uno de los que decidió seguir esta vía, como lo hicieron antes Argentina y Chile”.“Pero de pronto, la Suprema Corte dice que la ley, que permitía juzgar los crímenes de la dictadura, es inconstitucional en base a un análisis del derecho internacional que realmente es muy difícil de reconciliar con el enfoque de cualquier entidad relevante en el derecho internacional”, dijo el jerarca.
De todas maneras manifestó su comprensión por la “dificultad que
encuentra ahora el Ejecutivo de Uruguay para superar esta situación”.
Alta Comisionada preocupada por fallo
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó ayer su “preocupación” por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad. La noticia fue calificada como “alarmante” por el comunicado de la ONU.
“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, dijo la jerarca y jurista sudafricana en un comunicado divulgado por el organismo internacional.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó ayer su “preocupación” por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad. La noticia fue calificada como “alarmante” por el comunicado de la ONU.
“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, dijo la jerarca y jurista sudafricana en un comunicado divulgado por el organismo internacional.
Solidaridad con la Jueza Mariana Mota en la Suprema Corte
El lunes, 4 de marzo de 2013 publicábamos:
Un país prisionero del miedo (E. Galeano)
Reciente Sentencia de la Suprema Corte Uruguaya Obstruye La Búsqueda de Verdad y Justicia
Veredicto de Inconstitucionalidad es un nuevo revés en la lucha contra la impunidad
4 mar 2013
Por Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA y Directora de Estudios Latinoamericanos, Universidad George Mason; y Francesca Lessa, investigadora postdoctoral, Centro Latinoamericano y St. Anne’s College, Universidad de Oxford, Reino Unido. Traducción por Lic. Soledad Pache Espasandín.
“Asisto a este acto con mucha indignación” dijo el escritor Eduardo Galeano al Diario La República, “porque ésta Suprema Corte de Justicia parece ser muy suprema, pero en la injusticia”. Galeano fue uno de los miles de uruguayos que tomó las calles el lunes 25 de febrero para expresar su indignación con respecto a la decisión que la Suprema Corte había notificado tres días antes, el 22 de febrero. El fallo declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 18.831, aprobada en octubre de 2011, que efectivamente restableció el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para investigar en su totalidad y procesar a las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura uruguaya (1973-1985). Luego de más de dos décadas de impunidad bajo la Ley de Caducidad de 1986, la Ley 18.831 fue considerada como un paso fundamental para satisfacer las demandas de los sobrevivientes y de los familiares de las víctimas de verdad y justicia. El fallo llegó pisándole los talones a la arbitraria y todavía inexplicada decisión de la misma corte de trasladar a la jueza Mariana Mota a un tribunal civil, dejando más de 50 casos de crímenes de la dictadura vulnerables a aún más demoras (ver nota aquí).
El fallo de la Suprema Corte constituye una nueva y preocupante obstrucción a las investigaciones y sanción de los crímenes de lesa humanidad – incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos, tortura y detenciones ilegales – perpetrados durante la dictadura. De acuerdo a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Navi Pillay, la sentencia “puede reestablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia”. El veredicto de la Suprema Corte fue recibido por una ola de condenas nacionales tanto como internacionales, incluyendo a las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), y la recientemente establecida Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay.
Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos fueron encubiertas bajo un manto de impunidad por más de 30 años, primero durante el periodo del gobierno militar, y luego durante cuatro administraciones democráticas entre 1985 y 2005. A diferencia de Argentina y Chile, donde comisiones de la verdad fueron establecidas al momento de la transición para investigar a los crímenes de las dictaduras y desafiar a la “historia oficial”, en Uruguay los gobiernos democráticos promovieron una política de “olvido y perdón”. Aquella política se institucionalizó en 1986 con la en promulgación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que obstaculizó la investigación penal de los perpetradores de tales crímenes. Como Julio María Sanguinetti famosamente dijo poco después de la vuelta a la democracia en Uruguay, “no hay que tener los ojos en la nuca”.
El fallo sorprendió a los observadores de derechos humanos por su descarado desconocimiento de derecho international de los derechos humanos y por su desprecio de las obligaciones internacionales ratificadas voluntariamente por parte de Uruguay. Solamente dos años atrás, Uruguay recibió su primera condena internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman vs. Uruguay (febrero de 2011). La Corte determinó que el estado Uruguayo estaba obligado según el derecho internacional a investigar la apropiación ilegal de Macarena Gelman, así como también la desaparición de su madre. A raíz de este fallo, así como también por la persistente presión de los grupos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas, y otros actores de la sociedad civil, el Parlamento finalmente aprobó la Ley 18.831 en noviembre de 2011. Como fuera ordenado por la Corte Interamericana, dicha ley removió los obstáculos legales que podían dificultar la investigación y la posible sanción de aquellos responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
El 22 de febrero de 2013, invocando el principio de no-retroactividad de la ley penal (ex post facto), la Suprema Corte, declaró los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831 inconstitucionales por cuatro votos contra uno. Estos artículos establecieron que ningún estatuto de prescripción u otros instrumentos legales podían ser aplicados al periodo entre 1986 y 2011 durante el cual la Ley de Caducidad estuvo en efecto y declaró a los crímenes de la dictadura como crímenes de lesa humanidad en línea con los tratados de derechos humanos ratificados por Uruguay. El veredicto probablemente resultará en el cierre de todas las investigaciones penales de las atrocidades de la dictadura, ya que las define como crímenes comunes—no como crímenes de lesa humanidad—y por lo tanto los considera sujetos a los estatutos de prescripción como establece el código penal nacional. Esto está completamente desfasado con respecto a la jurisprudencia internacional y constituye un gran revés a los esfuerzos de Uruguay para llegar a una solución con respecto a las violaciones de los derechos humanos del pasado reciente.
El fallo hace un uso selectivo de las provisiones de derechos humanos y enfatiza las garantías de los derechos de los acusados; pero no hay ninguna mención de los ampliamente reconocidos derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y los familiares de las víctimas. El fallo cita oscuros y superados códigos penales de Toscana e Italia de 1853 y 1888 para justificar su postura, pero no hace ninguna mención al derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos que se ha desarrollado desde Núremberg.
Solamente la opinión disidente del Juez Ricardo C. Pérez Manrique, que rechazó la apelación de inconstitucionalidad, hace referencia a provisiones relevantes de derechos humanos a nivel internacional y regional ratificadas por Uruguay. En particular, Pérez Manrique cita el derecho internacional para reconocer que los crímenes como los perpetrados durante la dictadura Uruguaya ya ascendieron a crímenes de lesa humanidad en el momento en que fueron cometidos. En particular, él refuta el argumento mayoritario de la no-retroactividad de la ley penal citando varios instrumentos de derechos humanos, señalando que este principio se suspende en casos de crímenes de lesa humanidad, como es reconocido por la comunidad de naciones en diversos tratados, incluyendo el Artículo 15 de la Pacto Internacional en Derechos Civiles y Políticos.
Con este veredicto, Uruguay ha vuelto a caer nuevamente en una situación de casi total impunidad que ha caracterizado durante casi tres décadas. La transferencia de la jueza Mota y el veredicto de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia suscitan serias preocupaciones sobre la postura de esta judicatura, que muchos perciben como la restauradora de la impunidad del pasado. Sin lugar a duda, esto pone a Uruguay—una vez mas—en violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar la verdad y la justicia de las víctimas.
Foto: Uruguayos protestan el veredicto en Montevideo. Kristel Muciño, WOLA.
Política 1.11.13
Según el Observatorio Luz Ibarburu, sólo dos jueces archivaron causas después del fallo de la SCJ contra imprescriptibilidad.
El
Observatorio Luz Ibarburu, de seguimiento de las denuncias penales por
violaciones a los derechos humanos, solicitó hace dos semanas una
reunión con autoridades del Ministerio del Interior (MI) para conocer la
situación de la unidad especial de esa cartera creada para colaborar
con el Poder Judicial en las investigaciones relacionadas con crímenes
cometidos durante la dictadura. También pidió una reunión con la
Institución Nacional de Derechos Humanos, que apoyó la creación de la
unidad. Raúl Olivera, vocero del Observatorio, explicó que en diversas
instancias con operadores judiciales se pudo relevar que “los jueces aún
no han sido informados de la existencia de esa unidad auxiliar” por
parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La unidad fue creada en
agosto y la resolución ministerial establece que se trata de una
dependencia de la Dirección de Asuntos Internos del MI, cuya responsable
es la abogada María Stella González.
González ya comenzó a trabajar al frente de la unidad especial y tras mantener una reunión con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, éste elaboró un oficio por el que informó a los representantes del Ministerio Público sobre la existencia de la unidad auxiliar y sus cometidos. Pero si bien los fiscales ya están al tanto de que pueden pedir la colaboración de este equipo especial en las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado, los jueces no han recibido ninguna circular que les informe sobre la nueva herramienta. Consultado sobre esta situación, el vocero de la SCJ Raúl Oxandabarat explicó que aunque no tiene información de si la SCJ ya recibió un comunicado del MI sobre el tema, “los interesados pueden enviar una nota a la Corte solicitando que se les notifique a los magistrados la resolución del MI. Es un procedimiento habitual”.
A pesar de esta situación, una magistrada ya pidió el auxilio de la unidad para la investigación de un caso a su cargo. Se trata de la jueza Penal de 14º Turno, María Helena Mainard, quien solicitó apoyo para el caso de la denuncia de torturas contra el oficial de la Fuerza Aérea Rodolfo Rolando, destituido y preso político de la dictadura que falleció poco después de ser liberado en 1985. Se trata de una de las dos causas que fueron recientemente desarchivadas por iniciativa del Observatorio, y Mainard fue informada de la existencia de la unidad en una reunión con representantes de la organización. Olivera dijo que “la preocupación” es que “la sociedad civil hace toda la gestión para crear la unidad y después también tiene que estar comunicándole a los jueces que la unidad existe”.
Los integrantes del Observatorio sostienen que la resolución que la creó “está muy bien”, pero advierten que “no va a poder cumplir con su cometido si no le habilitan los recursos materiales y humanos, y si los que pueden hacer uso del instrumento no saben que existe”, expresó Olivera. Oxandabarat dijo que aunque no exista un comunicado de la SCJ los magistrados pueden pedir la intervención de la unidad porque “la Policía es la auxiliar de la Justicia en materia de investigaciones”. Según pudo saber la diaria, ni González ni otras autoridades del MI se han reunido con la SCJ por este tema.
Este fin de semana el Observatorio se reunirá en Tacuarembó, el departamento del interior con mayor cantidad de denuncias presentadas, con denunciantes y abogados para continuar el relevamiento de la situación de las causas.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió ayer una declaración en la que considera que el fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es contraria a la legislación internacional sobre derechos humanos. Según informó Efe, el organismo entiende que la SCJ “no reconoce” que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir.
El informe, que incluye conclusiones y recomendaciones, insiste en que Uruguay debe encontrar “una solución que se ajuste plenamente a sus obligaciones” y recuerda al país que “las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar actos de tortura”. El presidente del comité, Nigel Rodley, dijo en conferencia de prensa que se ha enviado un mensaje directo al Poder Judicial uruguayo, que es la parte del Estado “que se ha puesto en una situación de violación de sus obligaciones”, y que debe reconsiderar su decisión.
González ya comenzó a trabajar al frente de la unidad especial y tras mantener una reunión con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, éste elaboró un oficio por el que informó a los representantes del Ministerio Público sobre la existencia de la unidad auxiliar y sus cometidos. Pero si bien los fiscales ya están al tanto de que pueden pedir la colaboración de este equipo especial en las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado, los jueces no han recibido ninguna circular que les informe sobre la nueva herramienta. Consultado sobre esta situación, el vocero de la SCJ Raúl Oxandabarat explicó que aunque no tiene información de si la SCJ ya recibió un comunicado del MI sobre el tema, “los interesados pueden enviar una nota a la Corte solicitando que se les notifique a los magistrados la resolución del MI. Es un procedimiento habitual”.
A pesar de esta situación, una magistrada ya pidió el auxilio de la unidad para la investigación de un caso a su cargo. Se trata de la jueza Penal de 14º Turno, María Helena Mainard, quien solicitó apoyo para el caso de la denuncia de torturas contra el oficial de la Fuerza Aérea Rodolfo Rolando, destituido y preso político de la dictadura que falleció poco después de ser liberado en 1985. Se trata de una de las dos causas que fueron recientemente desarchivadas por iniciativa del Observatorio, y Mainard fue informada de la existencia de la unidad en una reunión con representantes de la organización. Olivera dijo que “la preocupación” es que “la sociedad civil hace toda la gestión para crear la unidad y después también tiene que estar comunicándole a los jueces que la unidad existe”.
Los integrantes del Observatorio sostienen que la resolución que la creó “está muy bien”, pero advierten que “no va a poder cumplir con su cometido si no le habilitan los recursos materiales y humanos, y si los que pueden hacer uso del instrumento no saben que existe”, expresó Olivera. Oxandabarat dijo que aunque no exista un comunicado de la SCJ los magistrados pueden pedir la intervención de la unidad porque “la Policía es la auxiliar de la Justicia en materia de investigaciones”. Según pudo saber la diaria, ni González ni otras autoridades del MI se han reunido con la SCJ por este tema.
Los menos
El Observatorio se encuentra procesando información para presentar una evaluación del progreso de los procesos judiciales durante el año, y en particular del impacto sobre los jueces del fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad (18.831). Según datos recabados en el relevamiento, solamente dos jueces han procedido a archivar causas luego del fallo de la SCJ. Se trata de la jueza Penal de 6º Turno, Fanny Canessa, y el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal.Este fin de semana el Observatorio se reunirá en Tacuarembó, el departamento del interior con mayor cantidad de denuncias presentadas, con denunciantes y abogados para continuar el relevamiento de la situación de las causas.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió ayer una declaración en la que considera que el fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es contraria a la legislación internacional sobre derechos humanos. Según informó Efe, el organismo entiende que la SCJ “no reconoce” que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir.
El informe, que incluye conclusiones y recomendaciones, insiste en que Uruguay debe encontrar “una solución que se ajuste plenamente a sus obligaciones” y recuerda al país que “las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar actos de tortura”. El presidente del comité, Nigel Rodley, dijo en conferencia de prensa que se ha enviado un mensaje directo al Poder Judicial uruguayo, que es la parte del Estado “que se ha puesto en una situación de violación de sus obligaciones”, y que debe reconsiderar su decisión.
Luis Rómboli- La Diaria
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