Red Voltaire
Nancy Flores
Hacienda investiga ocho empresas fantasma creadas en el sexenio de Calderón supuestamente para saquear el erario de la Secretaría de Salud. Dichos “prestadores de servicios” fueron contratados para “difundir” campañas publicitarias durante la administración de Córdova Villalobos. Las irregularidades se detectaron en julio pasado al auditar 4 mil 600 millones de pesos, de los cuales 790 millones constituyeron sobreejercicios. Por órdenes de la Presidencia, en 6 años la Ssa gastó en ese rubro más de 5 mil millones de pesos
Desde julio pasado, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) indaga la creación y operación de ocho empresas y
prestadores de servicios contratados por la Coordinación General de
Comunicación Social de la Secretaría de Salud durante la administración
de Felipe Calderón Hinojosa, de los cuales hasta ahora no se han
encontrado indicios de existencia real.
Las ocho contrataciones para “difundir” campañas publicitarias datan
del ejercicio de 2010, cuando José Ángel Córdova Villalobos se
desempeñaba como titular de la dependencia y Carlos Olmos Tomasini, de
la Coordinación de Comunicación Social; sin embargo, las autoridades no
descartan que se extiendan a otros años, por lo cual mantienen abiertas
las líneas de investigación.La indagatoria ha acreditado que los contratos involucran al menos 4 millones 149.9 mil pesos del erario de Salud, dependencia que destinó 5 mil 285 millones en 6 años a campañas publicitarias por órdenes de Alejandra Sota, entonces vocera de la Presidencia de la República, según la versión que Carlos Olmos dio a Contralínea.
En abril pasado y cuando aún era vocero del Senado de la República, Olmos Tomasini aseguró que las campañas publicitarias se decidían en la Presidencia “por Alejandra [Sota] o Max [Cortázar]. Ellos eran la primera instrucción; pasaba a [la Secretaría de] Gobernación y Gobernación instruía a todas las áreas”. Sin embargo, aceptó que de esas órdenes no hay registro documental: “Presidencia nunca te va a dar nada, porque son [instrucciones] verbales” (Contralínea 331, 332 y 340).
En la lista de las ocho empresas y prestadores de servicios investigados por el SAT se encuentra El Despertador, SA de CV; Crealo Producciones, SA de CV; Especialistas en Imagen Pública, SA de CV; XYZ Ediciones Publicitarias, SA de CV; Análisis y Comunicación Integral, Asesores en Prensa, Relaciones Públicas y Publicidad, SA de CV; Celia García González; Claudia Patricia Ching Pérez y Humberto Cervantes Bravo.
La documentación –a la que Contralínea tuvo acceso– da cuenta de que fueron los auditores de la Función Pública adscritos a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública quienes los denunciaron. Y es que, tras visitar 22 empresas y particulares que obtuvieron contratos directos supuestamente irregulares de la Secretaría de Salud, descubrieron que esos ocho no tenían relación con sus domicilios fiscales y, en la mayoría de casos, nadie los conocía.
Más aún, dos de esas empresas cuentan con el mismo representante legal: José Félix Sánchez Navarro. Según las investigaciones oficiales, se trata de Especialistas en Imagen Pública y de XYZ Ediciones Publicitarias, que en conjunto cobraron 1 millón 300 mil pesos del presupuesto público. La primera, con domicilio fiscal en Luz Saviñón 13, despacho 701, colonia Del Valle; la segunda, en calle Albert 27, casa 3, colonia Albert, delegación Benito Juárez.
Según los auditores, la sede de Especialistas en Imagen Pública se encuentra deshabitada. La información fue corroborada por Gabriel Carrasco, encargado de la vigilancia del edificio, quien les informó que éste fue desocupado desde hacía poco más de 1 año. La empresa en cuestión celebró el contrato 367-DGCS-2010 con la Secretaría de Salud, por 400 mil pesos.
La segunda compañía, XYZ Ediciones Publicitarias, se adjudicó dos contratos (363-DGCS-2010 y 438-DGCS-2010) por 900 mil pesos, a pesar de que en su domicilio fiscal tampoco reside nadie, de acuerdo con los reportes de los contralores de la Función Pública.
Otro caso similar es el de la empresa El Despertador, supuestamente ubicada en Avenida México número 49, colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc. Con ésta, Salud firmó los contratos 380-DGCS-2010 y 444-DGCS-2010, por un total de 800 mil pesos. Sin embargo, cuando los auditores visitaron el lugar sólo localizaron la empresa Pet Central. Según los archivos de la Función Pública, la licenciada Blanca Viridiana Covarrubias Morelos, directora general de dicha firma, manifestó que El Despertador, SA de CV, no se encuentra ubicado en ese domicilio y que el ciudadano Óscar Vicente González González, representante del mismo, nunca ha trabajado en Pet Central.
Lista de los medios beneficiados por el sobreejercicio de 2010
Análisis y Comunicación Integral, Asesores en Prensa, Relaciones Públicas y Publicidad, representada por Víctor Daniel Sánchez Baños, obtuvo el contrato 336-DGCS-2010, por 200 mil pesos. Sin embargo, su domicilio –avenida Baja California 333, colonia Hipódromo Condesa, delegación Cuauhtémoc– fue reportado como inexistente. Asimismo, en la dirección manifestada en la cédula de identificación fiscal –Circuito Economistas 105, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México– “se encuentra una tienda de disfraces”. El encargado de ésta manifestó a los auditores no conocer a Sánchez Baños ni haber oído de la empresa.
Respecto de los prestadores de servicios, Humberto Cervantes Bravo fue quien celebró los contratos más redituables: 316-DGCS-2010 y 437-DGCS-2010, por 1 millón de pesos. Sin embargo, los auditores no lo localizaron en su domicilio: Manuel Ávila Camacho 48, lote 20, colonia Lázaro Cárdenas, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Por este motivo, “nos comunicamos con él vía telefónica y nos informó que se encontraba fuera de la ciudad hasta el lunes 17 de junio de 2013, por lo que se dejó citatorio en su buzón. El viernes 14 de junio de 2013 se comunicó con nosotros Flor Quesada, mencionando que sería el enlace de Humberto Cervantes Bravo, ya que posiblemente él estaría fuera de la ciudad más tiempo del programado, y toda vez que fueron posponiendo la cita hasta el 25 de junio, y que Cervantes Bravo, quien firmó los contratos referidos, no podría presentarse a desahogar la diligencia, no fue posible realizarla”.
Los representantes de la Secretaría de la Función Pública también descubrieron que el domicilio fiscal –Georgia 52, colonia Nápoles, delegación Benito Juárez– de Celia García González (contrato 326-DGCS-2010, por 300 mil pesos) corresponde al despacho contable Eljure Consultores, SC. El licenciado Eljure López Raxid, dueño de éste, informó que “dicha persona nunca ha trabajado en esa empresa y que la conoce de vista por ser suegra de Adriana Elizabeth Arellano Embriz, quien fue su empleada en ese despacho, de 2007 a mediados de 2011”.
En el caso de Claudia Patricia Ching Pérez, desde hace años el domicilio fiscal –Revillagigedo 95, edificio G, departamento 1, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc– se utiliza como bodega. No obstante, dicha prestadora de servicios celebró con Salud el contrato 326-DGCS-2010, por 149 mil 999 pesos.
Las ocho personas morales y físicas referidas formaron parte de una muestra de 22. El universo total de la auditoría 005/13 a la Secretaría de Salud fue de 329 contratos, en los cuales se incurrió en sobregiro presupuestal durante el ejercicio 2010 por 480 millones 171 mil pesos.
Como lo informó Contralínea desde abril pasado, la Función Pública también documentó otro sobregiro presupuestal en el ejercicio de 2012, relacionado con el gasto en la publicidad de la Secretaría de Salud: 316 millones 979 mil 408 pesos vinculados a 260 contrataciones fuera del presupuesto, que aún no se liquidan a los medios de comunicación.
Las irregularidades que indagan tanto la Secretaría de la Función Pública como la de Hacienda y Crédito Público se centran en el gasto de las campañas publicitarias para los ejercicios de 2010, 2011 y 2012. Tan sólo en ese trienio, Salud –encabezada entonces por José Ángel Córdova y Salomón Chertorivski– gastó 4 mil 605 millones 802 mil pesos en publicidad oficial, revela la Secretaría de Gobernación en la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000400091513.
Olmos Tomasini pacta su impunidad
Aunque la Secretaría de la Función Pública señala a Carlos Olmos Tomasini –excoordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Salud y exvocero del Senado de la República– de haber contratado de forma irregular y sin licitación a más de 300 medios de comunicación, aún no se ejerce ninguna acción en su contra.
De acuerdo con las auditorías, el perjuicio para las finanzas públicas podría superar los 797 millones 150 mil 408 pesos que se han acreditado como sobreejercicios ocurridos durante los ejercicios de 2010 y 2012. La Función Pública también ha documentado otras anomalías; por ejemplo, su auditoría 005/13 descubrió que “no se acreditó ni se sustentó la justificación y el dictamen para la adjudicación directa de los contratos para la prestación de servicios de difusión en medios complementarios de las campañas Adicciones versión Alcohol y Fomento a una Nueva Cultura de Salud versión Mortalidad Materna 2010”.
Aunado a ello, determinó el “incumplimiento a las condiciones establecidas en los contratos de medios complementarios” relacionados con ambas campañas. Y es que a decir de la Función Pública, Olmos Tomasini no acreditó la urgencia por la cual asignó esas decenas de contratos sin licitaciones de por medio.
No obstante que en su reporte final de auditoría la Secretaría determinó la responsabilidad del funcionario en las adjudicaciones directas de los contratos, Olmos Tomasini no ha sido llamado a cuentas porque ha gestionado a muy alto nivel que no se le inhabilite.
El expediente 005/13, al que Contralínea tuvo acceso, refiere, entre otras cosas, que “con fechas 1 de septiembre y 4 de noviembre de 2010, Carlos Olmos Tomasini, director general de Comunicación Social, emitió los documentos denominados ‘Justificación y dictamen para la excepción de licitación pública, conforme a la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para contratar mediante adjudicación directa los servicios de producción, difusión en televisión, radio, medios complementarios y evaluación cuantitativa de medios de campaña, solicitados por la Dirección General de Comunicación Social’”.
Dichos oficios posibilitaron, según la auditoría, la contratación directa y masiva –que constituyó el sobreejercicio presupuestario– de los medios al cierre de 2010.
A cambio de que no se le inhabilite ni se le multe por los supuestos daños al erario, Olmos Tomasini habría accedido a dejar su puesto en la Coordinación General de Comunicación Social del Senado. Durante su gestión en la Secretaría de Salud se ejercieron más de 5 mil millones de pesos en campañas de publicidad, según él, por órdenes de la Presidencia.
Para la elaboración de este trabajo Contralínea solicitó, desde el 16 de octubre pasado, entrevista con el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, Julián Alfonso Olivas Ugalde, a través de Pascual Cervantes Ojeda, director general de Comunicación Social de la dependencia.
Contralínea (Mexico)
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