Bajo presión
Por Adolfo Pérez Esquivel *
La
división de poderes como forma de organización de nuestro país, vigente
desde el nacimiento de nuestra República, es uno de los pilares
constitucionales más importantes. Cada poder debe funcionar como
contrapeso del otro, siendo esta una de las garantías para evitar la
concentración de poder que lleva irremediablemente al autoritarismo y la
pérdida de la democracia. Por este motivo, es necesario fortalecer las
instituciones del Estado y mejorarlas para su funcionamiento, en vez de
someterla a los intereses del gobierno de turno.
Lamentablemente
el país se encuentra bajo presión del Poder Ejecutivo que busca la
forma de controlar el Poder Judicial y el Legislativo, debilitando
nuestras instituciones. Uno de los objetivos preocupantes que se propone
el gobierno de Cambiemos, y que afecta al Poder Judicial, es lograr la
remoción de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó,
sometida a fuerte presión para lograr su renuncia o la separación del
cargo, sin respetar los tiempos e instancias legales. En esta línea, el
gobierno busca sancionar en estas semanas la Ley de Reforma orgánica del
Ministerio Público Fiscal (MPF), un proyecto de ley claramente
inconstitucional para limitar y someter a la justicia.
En
primer lugar se observa un tratamiento desigual de leyes orgánicas del
MPF y con respecto a la del Ministerio Público de Defensa. Si bien
tienen el mismo rango, sólo se busca acortar el mandato de la
Procuradora, y no se busca reformar ningún aspecto de la justicia
federal o nacional, tan cuestionadas por su lentitud e ineficiencia.
Esto muestra la animosidad que inspira esta reforma, dirigida claramente
contra la gestión de la actual Procuradora General, lo cual vulnera la
autonomía e independencia constitucional del Ministerio Público
(art.120), y por lo tanto, la independencia judicial.
La
actual procuradora fue elegida en un cargo vitalicio. Pretender
sancionar una ley que límite su mandato y que se aplique de manera
retroactiva claramente es un absurdo jurídico gravísimo. En todo caso la
limitación se podrá aplicar a quien la suceda en el cargo. Este caso es
comparable al del Juez Carlos Fayt, a quien no se le aplicó la ley que
disponía la jubilación de los jueces de la Corte Suprema a los 75 años,
porque era posterior a su designación.
En
segundo lugar, es peligrosa y preocupante la creación de una
procuraduría especializada en terrorismo, al mismo tiempo que suprimen
la procuraduría de defensa de la Constitución Nacional y la dirección de
derechos humanos. Esto no es una coincidencia, insinúan la creación de
un campo fértil para el desvío de las investigaciones y la persecución
penal de pueblos originarios, organizaciones sociales, sindicales.
En
tercer lugar, también es muy grave que el Poder Ejecutivo quiera fijar
la política criminal del MPF, permitiendo que el Consejo de Seguridad
Interior (integrado en su mayoría por ministerios del Ejecutivo) pueda
determinar los lineamientos de su política de persecución penal.
A
lo que debemos agregar la intención del gobierno de Cambiemos de
intervenir como jurado en los concursos para fiscales, y de habilitar el
traslado de empleados y funcionarios fuera de su lugar de trabajo, en
clara afectación de los derechos adquiridos por los trabajadores.
Esta
reforma es la intervención directa del Poder Ejecutivo sobre el Poder
judicial, dirigido a lograr la remoción de la actual Procuradora
General, y a imponer condiciones para manipular el organismo en un claro
atentando contra la autonomía de poderes.
Si
se permite este avance del gobierno de Macri estaremos ante un serio
peligro para la salud de la democracia en el país. Por eso reclamamos al
gobierno respetar las disidencias políticas, el pluralismo ideológico y
dejar sin efecto las medidas que dañan al pueblo argentino.
* Premio Nobel de la Paz
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