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Internet y DESC:
¿Por qué enfocarnos en los
derechos económicos, sociales y culturales?
Anriette Esterhuysen
Artículo
publicado en la Revista América Latina en Movimiento, No 521, febrero
2017: Internet
y derechos económicos,
sociales y culturales,
coeditada por ALAI y APC.
ALAI AMLATINA, 13/12/2017.-
¿Avances
en un enfoque de derechos para las políticas de internet?
El reconocimiento de internet como “medio de
comunicación vital para que las personas puedan ejercer su
derecho a la libertad de expresión o el derecho de buscar,
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, como se garantiza en los artículos
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos” fue establecido
expresamente por primera vez en el informe de julio de 2011 de
Frank la Rue, el Relator Especial del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU (CDH) para la promoción y protección del
derecho de libertad de opinión y expresión. Él plantea además que:
El derecho a la libertad de opinión y de
expresión es un derecho fundamental en sí mismo, a la vez que
factor coadyuvante de otros derechos, entre ellos los derechos
económicos, sociales y culturales, como el derecho a la
educación y el derecho a participar en la vida cultural y
gozar de los beneficios del progreso científico y de sus
aplicaciones, así como los derechos civiles y políticos, como
los derechos de libertad de asociación y reunión. Así pues, al funcionar
como catalizador del derecho personal a la libertad de opinión
y de expresión, internet también facilita el ejercicio de
otros derechos humanos diversos[1].
Para mediados de 2012 quedaba claro que otros
Relatores Especiales de Naciones Unidas estaban tomando el
tema de los derechos humanos e internet muy seriamente
–incluyendo el Relator Especial sobre el derecho a la libertad
de reunión pacífica y de asociación[2]; él de derechos culturales[3]; violencia contra las mujeres; y racismo,
discriminación racial, xenofobia e intolerancia–[4]. El 5 de
julio de 2012, 85 países firmaron la resolución del CDH
liderada por Suecia afirmando el simple hecho de que los
mismos derechos que las personas tienen fuera de línea deben
ser protegidos en línea[5].
Desde esta resolución clave del 2012, el CDH
ahora toma en consideración una resolución relativa a internet
cada dos años, que han ido del reconocimiento básico de la
aplicabilidad de los derechos humanos en el entorno en línea,
a cubrir temas críticos como buscar soluciones para la brecha
digital de género, los ataques a las personas por ejercer sus
derechos en línea y terminar con las interrupciones
intencionales de acceso a internet. La resolución de julio de
2016 relaciona los derechos humanos en línea con el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible[6].
Por lo tanto, parece que más gobiernos están
comprometiéndose seriamente con concretar las libertades en
internet, utilizando el discurso de derechos humanos y sus
mecanismos para lograrlo. Podemos
encontrar mayor evidencia de ello en el lanzamiento de la Freedom
Online Coalition de gobiernos en diciembre del 2011[7] y una mayor participación y aceptación de los
derechos humanos como un tema legítimo a tratar en el Foro de
Gobernanza de Internet (FGI)[8].
Ambivalencia
Pero ¿cuán profundo es el compromiso de los
gobiernos en realidad? Los grupos de la sociedad civil
desconfían, particularmente cuando, gracias a las revelaciones
de Snowden, miembros de la Freedom Online Coalition como
Estados Unidos y Gran Bretaña salieron a la luz como
violadores de los derechos de privacidad. Tres años más tarde, la
situación aún continúa luciendo bastante desalentadora.
El bloqueo y filtrado de contenidos[9] son comunes: en algunos países la práctica es
endémica[10]. El
gobierno ruso aprobó en 2013 una ley que le permite bloquear
selectivamente contenidos que considere dañinos para los
niños. Los activistas
de derechos humanos consideran que la ley de protección
infantil está diseñada como “una fisura que posibilita una
censura más amplia en internet”.
A mediados de 2013 el gobierno británico ha introducido
el uso obligatorio de filtros de pornografía infantil. Muchos países en
desarrollo, particularmente en África, Asia y Medio Oriente
también practican activamente la censura online[11]. Aún los
gobiernos comprometidos en general con la libertad de
expresión están tomando acciones para limitarla en línea, tal
como la decisión de Ecuador de junio de 2013 de establecer una
“política de nombre real” que prohíbe la opinión anónima en
línea[12]. Y las
interrupciones de acceso a internet se están volviendo
frecuentes en África y parte de Asia, particularmente durante
las elecciones o protestas políticas[13].
Polarización Norte-Sur
Muchos gobiernos de los países en desarrollo
continúan siendo ambivalentes[14]. Se
resisten a apoyar activamente las libertades en internet
porque a) les preocupa la “seguridad” y la amenaza del
cibercrimen y del “terrorismo”; b) consideran que el
crecimiento y desarrollo económico son más importantes; c) no
ven (o no les convencen los argumentos a favor de) la relación
entre los derechos humanos y el desarrollo; y d) ven a la
agenda de libertades en internet como parte de las políticas
exteriores y libre comercio manejadas por EEUU como “líder del
mundo libre” a la vez que ayuda a las empresas norteamericanas
a acceder a nuevos mercados y hacer negocios sin pagar
impuestos ni contribuir a las inversiones extranjeras directas[15].
La cultura política también contribuye a que los
países respondan de manera diferente a internet. Algunos gobiernos,
particularmente en África, desconfían de internet y de su
impacto en los valores tradicionales, la cultura y la
identidad. Algunos
simplemente sofocan la libertad de expresión y asociación como
un medio de control y retención de poder. Esto es particularmente
evidente en países con instituciones estatales débiles y altos
niveles de corrupción. Los
funcionarios del Estado y los políticos temen las
consecuencias de que los ciudadanos tengan la capacidad de
expresarse y participar de la esfera pública.
Estas respuestas ambivalentes y polarizadas a las
políticas y la regulación de internet pueden atribuirse, al
menos en parte, a brechas en la investigación, el conocimiento
y el discurso en materia de derechos humanos y de políticas de
internet. Estos vacíos
son los siguientes:
A) Brecha en el encuadre: Se supone que todos los derechos humanos
–incluidos los derechos civiles y políticos y económicos,
sociales y culturales– son "indivisibles". Sin embargo,
prácticamente todo el encuadre en el discurso de la libertad
de internet se ha hecho desde la perspectiva de los derechos
civiles y políticos[16].
B) Brecha en la participación: La gran mayoría de los participantes en el
discurso de la "libertad de internet" provienen de países
desarrollados. Pocos
tienen experiencia o conocimientos en teoría, políticas o
prácticas de desarrollo.
C) Brecha conceptual: Internet se describe a menudo como ubicuo e
integral a la vida social, política y económica contemporánea. Pero no existe una
conceptualización coherente de internet desde la perspectiva
de cómo el derecho, la política y la regulación deberían
tratarla. Muchos
gobiernos quieren un mayor control sobre internet, mientras
que las empresas, la comunidad técnica y la sociedad civil
tienden a resistirse a esto, aunque no siempre por las mismas
razones.
D) Brecha de investigación: Se ha investigado muy poco a internet a través
del prisma de los derechos económicos, sociales y culturales,
que es distinto al enfoque de los "TIC para el desarrollo"
(tecnologías de información y comunicación). Incluso dentro de la
perspectiva de los derechos civiles y políticos, la
documentación está fuertemente orientada hacia una estrecha
gama de derechos civiles (libertad de expresión, privacidad y
libertad de asociación).
E) Brecha de principios: La mayoría de las declaraciones de principios
para las políticas, regulación y gobernanza de internet se
centran en la privacidad, la libertad de expresión y
asociación, y la protección contra la censura[17]. No
sabemos de ningún conjunto coherente de principios diseñados
para la consideración efectiva de los derechos económicos,
sociales y culturales.
F) Brecha de activismo y redes: las organizaciones de derechos humanos del Sur
global enfocadas al desarrollo rara vez se centran en los
derechos relacionados con internet. El resultado es una
brecha en cómo los grupos de derechos humanos conceptualizan
la relación entre internet y los derechos económicos, sociales
y culturales y cómo éstos se relacionan con el desarrollo.
Las implicaciones son claras: si queremos ampliar
el discurso sobre un enfoque de la gobernanza de internet
basada en derechos, debemos ampliar el discurso para incluir todos
los derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y
culturales. No hacerlo
sirve para reforzar las divisiones geopolíticas que condujeron
a la creación de dos instrumentos de derechos separados desde
su origen –cuando un único instrumento hubiera sido mucho más
fácil de implementar y monitorear– y afecta negativamente la
creación de espacios de configuración y definición de
políticas como el Foro de Gobernanza de Internet.
(Traducción APC y ALAI).
Anriette Esterhuysen, Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones (APC)
Este artículo es una versión reducida en
español del artículo publicado en inglés por APC en el Global Information Society Watch 2016:
Economic, social and cultural rights and the internet, giswatch.org/node/5783/,
como parte del Monitor Mundial sobre la Sociedad de la
información 2016 http://www.giswatch.org. El contenido se halla bajo licencia Creative
Commons Atribución 4.0 Internacional - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
[1] La Rue, F. (2011). Informe del Relator
Especial sobre la promoción y protección del derecho a la
libertad de opinión y de expresión (A/HRC/17/27)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/27&referer=https://www.google.com/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/27&referer=https://www.google.com/&Lang=S
[2] APC. (2012, 28 junio). Internet: APC sees
progress in the full recognition of the freedom of
association and assembly.
APCNews. https://www.apc.org/en/node/14676
[3] Shaheed,
F. (2012). Report of the Special
Rapporteur in the field of cultural rights, Farida Shaheed
(A/HRC/20/26). https://daccess-ods.un.org/TMP/5280131.69765472.html
[4] Ruteere,
M. (2012). Report of the Special
Rapporteur on contemporary forms of racism, racial
discrimination, xenophobia and related intolerance, Mutuma
Ruteere (A/HRC/20/33). www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/A.HRC.20.33_en.pdf
[5] APC. (2012, 6 Julio). The UN recognises
freedom of expression on the internet as a human right. APCNews. https://www.apc.org/en/node/14772
[6] APC. (2016). APC welcomes Human
Rights Council resolution on the internet and human
rights. https://www.apc.org/en/pubs/apc-welcomes-human-rights-council-resolution-inter
[7] La coalición tuvo
su sexta reunión en Costa Rica en octubre de 2016. Para mayor
información ver: https://www.freedomonlinecoalition.com
[10] La Rue, F. (2011). Op. cit.
[11] El reporte de
Freedom House's Freedom on the Net 2012 considera
a solo dos de los seis países de África subsahariana como
“libres”. Ver www.freedomhouse.org/sites/default/files/resources/FOTN%202012%20Summary%20of%20Findings.pdf
[12] APC. (2012, 15 agosto). New regulation
threatens anonymity on the internet in Ecuador. APCNews. https://www.apc.org/en/node/14993
[13] Vernon,
M. (2016, 6 June). Pushing Back Against
Internet Shutdowns. CIPESA. cipesa.org/2016/06/pushing-back-against-internet-shutdowns and Endalk.
(2016, 11 octubre).
Ethiopian Authorities Shut Down Mobile Internet and
Major Social Media Sites.
Global Voices. https://advox.globalvoices.org/2016/10/12/ethiopian-authorities-shut-down-mobile-internet-and-major-social-media-sites
[14] Ver por ejemplo el
reporte de la Oficina de Alto Comisionado de Derechos
Humanos, Resumen del Panel de Expertos del Consejo de
Derechos Humanos en libertad de expresión y la internet,
Ginebra, 2012.
[15] Esto se refleja en
la atención centrada en la ciberseguridad en la Comisión
de la Unión Africana y en la Unión Internacional de
Telecomunicaciones, un foro donde los países en desarrollo
son en general participantes activos, así como en las
negociaciones relacionadas con la revisión del Reglamento
Internacional de Telecomunicaciones en la Conferencia
Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales en
diciembre de 2012.
[16] Hawtin,
D. (2011). Internet charters and
principles: Trends and insights. In Finlay, A. (Ed.), Global
Information Society Watch 2011: Internet rights and
democratisation. APC e Hivos. https://giswatch.org/mapping-democracy/internet-rights/internet-charters-and-principles-trends-and-insights-0
[17] Hawtin, D. (2011). Op. cit. Ver como ejemplo el
Charter de Derechos y Principios de Internet de la
coalición dinámica de derechos y principios de internet
(2011): internetrightsandprinciples.org/site; la Carta de
Derechos en Internet de APC (2006): https://www.apc.org/en/node/5677; y el Bill of
Privacy Rights (2010) de la Electronic Frontiers
Foundation: https://www.eff.org/deeplinks/2010/05/bill-privacy-rights-social-network-users
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